Milton de Lucca
Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Milton de Lucca
- Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara firme para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURACIÓN, dado que, en la especie, por un lado se concedió la suspensión provisional, y por otra parte, se negó la definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en el incidente de suspensión. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que se solicitó por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos moneda nacional 00/100) pero no se exhibió en el incidente de suspensión. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MILTON DE LUCCA. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara firme para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURACIÓN, dado que, en la especie, por un lado se concedió la suspensión provisional, y por otra parte, se negó la definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en el incidente de suspensión. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que se solicitó por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos moneda nacional 00/100) pero no se exhibió en el incidente de suspensión. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MILTON DE LUCCA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; ? Oficio de cuenta Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual cumple con lo solicitado en auto de uno de febrero del año en curso y al efecto remite copia certificada del escrito de desistimiento de la acción signado por el endosatario en procuración de la parte actora, así como del consentimiento con dicho desistimiento formulado por la parte demandada, de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, copia certificada de la diligencia de ratificación de documento de dieciséis de enero del año en curso y acuerdo de la misma fecha dictado en el juicio ejecutivo mercantil 780/2018 de su índice, por el cual ordena el archivo definitivo de dicho juicio subyacente. ? Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia Una vez establecido lo anterior, es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, es conveniente señalar que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" La referida fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para comprender con amplitud el supuesto que contiene la norma referida, es conveniente analizar los elementos que la componen, siendo el caso que de su contenido se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: 1. Que el acto reclamado subsista. 2. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el referido motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrían concretarse en perjuicio del quejoso. Finalmente, el tercero de los elementos se encuentra ligado estrechamente con los dos primeros, ya que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y, por ende, surge con posterioridad a la emisión de éste, y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, ya es imposible que surta efectos legales o materiales. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, torna improcedente el juicio de derechos humanos ya que a nada práctico conduciría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se explica toda vez que no obstante subsista en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, por existir alguna modificación del entorno jurídico dentro del cual se emitió el acto reclamado, podrían operar en caso de concluirse que es inconstitucional, dos consecuencias lógicas: 1. Que fuera jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado; o, 2. Que no tuviera ningún efecto jurídico la sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya sea porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En ese sentido, previo a comprobar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es menester destacar su naturaleza objetiva para una mejor comprensión del presente asunto. En efecto, la emisión de cualquier acto de autoridad conlleva el establecimiento de una situación jurídica concreta del gobernado frente al Estado, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse de alguna manera en su esfera jurídica. Como un medio de control contra esos actos de autoridad, surge a favor del gobernado el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto respectivo por vulnerar su esfera de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. De esa manera, el juicio de amparo funge como medio de control constitucional cuyo objeto es reparar esas violaciones y restituir al gobernado en el pleno goce de sus prerrogativas constitucionales vulneradas, para lo cual el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia que condicionan el juicio de garantías a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 780/2018 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en donde la autoridad responsable ordena el embargo con uso de fuerza pública en el domicilio del quejoso, así como la ejecución del mismo. En ese tenor, de las constancias que obran en autos se puede apreciar, en lo que interesa, lo siguiente: a) Admitió a trámite la demanda promovida por José Luis Sánchez Pardo, Everardo Juárez Ibáñez y Sergio Bautista García, en cuanto endosatarios en procuración de José Silva Aguilera, que en la vía ejecutiva mercantil entablaron frente a Ma. Cecilia Álvarez Cos. b) Ordenó emplazar a Ma. Cecilia Álvarez Cos, aquí tercera interesada. c) En veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho tuvo verificativo el emplazamiento de la tercera interesada en el domicilio ubicado en la calle Isidro Huarte, número 75-B, de la colonia Ventura Puente, de esta ciudad. d) En razón de que la tercera interesada se opuso al secuestro de bienes embargables en la misma diligencia de emplazamiento a juicio, la autoridad responsable en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, ordenó el embargo con uso de fuerza pública en el domicilio antes citado, el cual, al dicho del quejoso , es de su propiedad. e) La aquí tercera interesada -demandada en el juicio de origen- dio contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que la parte actora desahogó vista respecto de la contestación de la demanda. f) Asimismo, se tuvo por ofrecidas las pruebas propuestas tanto por el accionante, como por la parte demandada. No se soslaya que la parte quejosa acudió al juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, en virtud de que, a su decir, se le pretende embargar bienes en el domicilio del cual tiene posesión, afirmando que él no es parte de la relación jurídico procesal del juicio natural. Y en lo que se refiere al auto por el cual el quejoso se duele, el juez responsable determinó lo siguiente: ".se advierte que hubo oposición de la parte demandada para llevar a cabo la diligencia de embargo ordenada por auto de 5 cinco de septiembre del año en curso, como lo solicita, se autoriza el uso de la fuerza pública, para que auxilien al Ministro ejecutor en la práctica de la diligencia ordenada en el citado proveído, autorizándose para que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la demandada o se impidiere el acceso al mismo, requiera el auxilio de la fuerza pública para hace respetar esta determinación judicial." Esto es, la autoridad responsable ordenó el embargo con uso de fuerza pública en un domicilio donde la parte quejosa sostiene es de su propiedad, además de que sostiene no es parte de dicho controvertido judicial 780/2018. Por lo que, desde la perspectiva del quejoso, la determinación antes citada donde la autoridad responsable ordenó el embargo con uso de fuerza pública en el domicilio de Milton de Lucca, era violatoria de derechos al no tener vínculo jurídico procesal en el juicio ejecutivo mercantil, en el que se pretendía embargar bienes de su propiedad en el multicitado domicilio. Empero, con posterioridad la autoridad responsable remitió a este juzgado copia certificada de las documentales siguientes: ? Copia certificada del desistimiento de la acción cambiaria directa de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, signado por el endosatario en procuración de la parte acreedora, así como de la parte demandada. ? Copia certificada de la diligencia de ratificación de documento -desistimiento- de dieciséis de enero del año en curso. ? Copia certificada del acuerdo de la misma fecha dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 780/2018 de su índice, por el cual ordena el archivo definitivo de dicho juicio subyacente. De dichas documentales se obtiene que la parte actora y la demandada dentro del juicio mercantil de origen presentaron ante la autoridad responsable un desistimiento de la acción cambiaria directa, mismo que fue ratificado por ambas partes y sancionado de legal por la autoridad responsable. En esas circunstancias, se advierte que si bien el acto reclamado subsiste jurídicamente, lo cierto es que las consecuencias que éste produjo ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Pues, previo a que tuviera verificativo la orden de embargo con uso de fuerza pública en el domicilio del cual el quejoso se ostenta poseedor, tanto la parte acreedora como la deudora -ambos terceros interesados en el presente sumario constitucional- presentaron un desistimiento de la acción judicial respecto de un título de crédito firmado por la parte demandada, a saber Ma. Cecilia Álvarez Cos. Por lo que, con independencia de que la parte quejosa llegara a acreditar ser poseedor del inmueble donde se ordenó el embargo con uso de la fuerza pública y que el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 780/2018 fuera inconstitucional por haber proveído respecto del embargo de bienes en el domicilio propiedad de la parte quejosa, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya que el desistimiento que se exhibió en tal juicio mercantil torna insubsistente cualquier acto de molestia que se hubiese ordenado, por lo que a nada provechoso llevaría entrar al estudio de una acto que no sigue causando sus efectos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de reaprehensión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." ? Insubsistencia de fechas para el desahogo de inspección judicial y audiencia constitucional Por lo expuesto, se deja sin efectos la hora y día para el desahogo de prueba ofertada por la parte quejosa, a saber las TRECE HORAS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el domicilio ubicado en la calle Isidro Huarte, número 75-B, colonia Ventura Puente, de esta ciudad. Asimismo, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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