Minerva Reynalda Casares Gonzalez
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Minerva Reynalda Casares Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente de la Junta para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto inicial e informa que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, ya que en auto de trece de mayo del año en curso, se declaró firme el proveído de veinticinco de abril de esta anualidad, que desechó la demanda de amparo, por lo que se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. CÚMPLASE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se agrega diligencia de ratificación. Vista la diligencia de veintidós de abril del actual, realizada en cumplimiento al requerimiento formulado a la promovente en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se advierte que Minerva Reynalda Casares González, estampó su firma en dicha diligencia, y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo aparentemente suscrita por Minerva Reynalda Casares González, así como el escrito de desahogo de la prevención formulada en auto inicial, con el número de promoción 4877 y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se advierte que la promovente del amparo señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ACTO RECLAMADO La omisión o negativa de señalar fecha para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Bertha Porfiria Cruz Santos y Guadalupe Samario González; así como la falta de notificación de dicha fecha. Luego, mediante escrito aclaratorio presentado a nombre de la quejosa (registro 4877), se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial en el sentido de que indicara "la última fecha en que promovió ante la autoridad responsable a fin de que señale fecha para el desahogó de la prueba testimonial a cargo de Bertha Porfiria Cruz Santos y Guadalupe Samario González, lo anterior a fin de verificar el motivo por el que la responsable no se ha pronunciado al respecto en el expediente 6/2020." Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, del aclaratorio y de la diligencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Lo anterior se afirma, atendiendo a las siguientes consideraciones: El cinco de abril de dos mil veintidós, se recibió en el local de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo aparentemente firmada por Minerva Reynalda Casares González; así, mediante auto de seis de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, y 110 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y con las constancias necesarias para cada una de las partes de su escrito aclaratorio, el que formará parte integrante de la demanda, bajo protesta de decir verdad, señalara la última fecha en que promovió ante la autoridad responsable a fin de que señale fecha para el desahogó de la prueba testimonial a cargo de Bertha Porfiria Cruz Santos y Guadalupe Samario González, lo anterior a fin de verificar el motivo por el que la responsable no se ha pronunciado al respecto en el expediente 6/2020. Mediante escrito presentado a nombre de Minerva Reynalda Casares González, presentado el dieciocho de abril del año en curso en la oficialía de partes de este juzgado, se pretendió desahogar la prevención formulada en autos; por lo que en acuerdo de diecinueve de abril de esta anualidad, se requirió a dicha persona, compareciera a plasmar su firma, lo anterior al existir discrepancia entre la firma del escrito inicial y del escrito de desahogo. El veintidós de abril del actual, mediante diligencia realizada en las instalaciones de este Juzgado, la promovente plasmó su firma y bajo protesta de decir verdad reconoció que la firma plasmada en dicha diligencia sí era su firma. En ese orden de ideas, resulta inconcuso señalar que la firma que calza la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, difieren notablemente entre sí, de la firma estampada por en la diligencia de veintidós de abril del actual, que bajo protesta de decir verdad Minerva Reynalda Casares González reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se reitera que en la diligencia en comento Minerva Reynalda Casares González, ante la presencia del secretario judicial adscrito a este Juzgado, que se encuentra investido de fe pública, estampó su firma autógrafa en la diligencia, quien cotejó la firma estampada en la diligencia en comento y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de Minerva Reynalda Casares González, difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio presentados a su nombre (inclusive difieren entre sí), tal como se advierte a continuación: Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio. Firma plasmada en la diligencia de veintidós abril del actual por Minerva Reynalda Casares González. ... Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo, la cual fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el cinco de abril de dos mil veintidós, difiere notoriamente con la del escrito de desahogo de prevención recibido en el local de este órgano jurisdiccional el dieciocho de abril del presente año; así como también con la plasmada en la diligencia de veintidós de abril del año en curso, de la que se advierte que Minerva Reynalda Casares González, una vez que tuvo conocimiento de la sanción prevista en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, para los falsos declarantes, bajo protesta de decir verdad precisó que la firma estampada y enviada para los efectos legales consiguientes sí es su firma. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que Minerva Reynalda Casares González, reconoció como suya en diligencia de veintidós de abril del actual, se concluye que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no fueron suscritos por Minerva Reynalda Casares González, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que el escrito de demanda y el aclaratorio, no fueron signados por Minerva Reynalda Casares González, puesto que las firmas que lo calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia a través del método de videoconferencia y dado lo asentado en la diligencia, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. ... Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ... En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a Minerva Reynalda Casares González, ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad para accionar el juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. En virtud de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada en auto de diecinueve de abril del actual para la diligencia mediante videoconferencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado a nombre de la promovente Minerva Reynalda Casares González, con el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto inicial. REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA. Sin embargo, en atención a que la firma que lo calza difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, en diligencia formal -por el método de videoconferencia-, plasme su firma y muestre su credencial para que obre como corresponda. Se señala fecha y hora para diligencia Se señalan las diez horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para la diligencia de mérito, haciendo uso de la plataforma o aplicación digital ..., con el número de reunión 1877403348, por medio de computadora con acceso a videollamada y audio respectivos, teléfono, celular o tableta, en la fecha y hora programadas. La diligencia efectuada vía videoconferencia deberá ser videograbada, debiendo dejar un respaldo en la plataforma sharepoint o en alguna carpeta de fácil acceso para el personal de este órgano jurisdiccional, para que al momento en el que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así lo permita, sea vinculada al Expediente Único Nacional que corresponde a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- MINERVA AVELINA MUÑOZ RAMIREZ y Otros.27/2020
- Minerva Fuentes Villatoro740/2021
- MINERVA GOMEZ SOSA y Otros.539/2021
- MINERVA LOAEZA RAMIREZ y Otros.629/2021
- MINERVA LOAEZA RAMIREZ y Otros.324/2021
- Minerva Reynalda Casares Gonzalez504/2022
- Minerva Romero Perez717/2023
- MIREILY LEON DURAN y Otros.800/2022
- Mireya Grijalba Paredes692/2022
- Mireya Luna Perez631/2019
- Miriam Bartolo Ruiz1184/2017
- Miriam Cruz Suarez724/2022