MINERVA GOMEZ SOSA y Otros.

Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
539/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • MINERVA GOMEZ SOSA y Otros.
  • Minerva Gomez Sosa
  • Adolfo Gomez Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 539/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra MINERVA GOMEZ SOSA, ADOLFO GOMEZ SOSA, ITZEL GOMEZ AYUSO y MINERVA BLANCA SOSA JIMENEZ, en la causa penal 73/2021, por su probable comisión del hecho que la ley califica como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de María Gómez Morales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, remitió un disco versátil en formato DVD, que contiene el auto de vinculación a proceso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la medida cautelar definitiva, así como el audio de video de las audiencias de diecinueve y veintitrés de abril del año en curso, así como la resolución respectiva en formato PDF. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. ... CUARTO. Previo al análisis del asunto sometido a la potestad de este órgano jurisdiccional, se precisan los siguientes antecedentes: 1. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial, presidida por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, en la cual se individualizó a las partes; así, la Fiscal, formuló imputación contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales. 2. El hecho por el cual se comunicó imputación y quedó acreditado es el siguiente: "Que el 30 de octubre del año 2020 aproximadamente a las 10:30 de la mañana la víctima María Gómez Morales se encontraba en compañía de los ciudadanos Isaac Gustavo Galván, Anabella Matías Villalobos, Erick Concepción Gómez Matías y Segismundo Jaziel Gómez Sosa, los cuales son autoridades de la población de Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; realizando un apeo y deslinde de un predio denominado Rancho el Granadal y el conocido como atrás del rancho en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca. Cuando al lugar llegaron los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Minerva Blanca Sosa Jiménez e Itzel Gómez Ayuso. Quiénes son sobrino, cuñada y sobrinas de la víctima María Gómez Morales respectivamente, agrediendo verbalmente a María Gómez Morales llegaron Minerva Gómez Sosa, Minerva Blanca Sosa Jiménez, Adolfo Gómez Sosa para bloquearle el acceso con una camioneta, troncos, piedras, sin permitirle la entrada a su domicilio desde esa fecha. Que el hecho medular se acredita con el testimonio de la propia víctima y de los testigos presenciales y en sus accesorios con el dictamen pericial emitido al favor de la víctima con la diligencia de inspección ocular y así mismo con los atestados de nacimiento y el instrumento notarial. Además, la Juez preguntó a los imputados si entendieron la formulación de imputación, quienes manifestaron que sí la entendieron y se otorgó la oportunidad a los imputados de rendir su declaración en relación con los hechos, quienes previa consulta con su defensor particular, hicieron uso de su derecho de guardar silencio. 3. En la misma diligencia, la Fiscal realizó solicitud de vinculación a proceso, verbalizando los datos de prueba, así como las razones jurídicas que justifican dicha petición, dándose la vista correspondiente a las demás partes; previa explicación realizada y a pregunta expresa de la autoridad judicial, los imputados por conducto de su defensor solicitaron la ampliación de término constitucional. 4. En audiencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado, la Juez responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, en su calidad de coautores materiales. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. ... SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Son infundados los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Dichos conceptos resumidos en su esencia son: a) Que dentro de la prórroga del plazo constitucional quedó evidenciado que en el presente caso no existe un hecho que la ley califique como delito, en el caso el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, establecido en el artículo 404 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, argumentando los quejosos que la víctima María Gómez Morales y los referidos quejosos, no comparten o tienen en común el mismo domicilio familiar y que los hechos sucedieron en lugares diversos y es patente que no comparten el mismo domicilio familiar. Citando la defensa la tesis con registro digital 2022389, Décima Época, cuyo rubro es: VIOLENCIA FAMILIAR. EL ELEMENTO NORMATIVO "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO FAMILIAR" DE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO SE ACTUALIZA SI LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO TIENEN DIVERSOS DOMICILIOS FAMILIARES Y SÓLO ACUDIERON FORTUITAMENTE AL EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS EN CALIDAD DE VISITANTES. b) Que la Juez de Control infringe el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no funda ni motiva el auto de vinculación a proceso, pues no se estableció de manera clara y precisa cuál es la acción u omisión que se atribuye a cada uno de los quejosos. c) Que el auto de vinculación a proceso viola el mandato constitucional toda vez que la Representación Social no logró establecer si la dominación, control o agresión de la víctima María Gómez Morales, fue de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos y ello transgrede el principio de taxatividad o exacta aplicación de la Ley penal. d) Que el auto de vinculación a proceso carece de motivación, toda vez que no existen datos idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso ya que los hechos reseñados carecen de razonabilidad y lógica. e) Que en la carpeta de investigación existe una comparecencia de la víctima ante la Representación Social en la cual ratificó su escrito de denuncia y nombra asesor pero carece de firma por la representación social y con ello se deja de observar la exigencia del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. f) Que la querella presentada por la víctima se desprenden hechos que carecen de toda razonabilidad y lógica, que no existen datos que corroboren lo narrado por la víctima en su denuncia y que se conduce con falsedad ella y los supuestos testigos. Asimismo, las entrevistas de las testigos Ana Bella Matías Villalobos y Evelyn Concepción Gómez Matías, tienen inconsistencias y que las mismas no debieron servir para resolver la situación jurídica. En principio, debe precisarse que el análisis de la determinación combatida aconteció en la etapa de investigación, la cual tiene por objeto que el Ministerio Público esclarezca los hechos materia de la denuncia o querella y determine si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Hecho lo anterior, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. I. Que se haya formulado la imputación. II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se comunicó imputación contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado (minuto 00:00´56 al minuto 00:50´35 del archivo electrónico denominado FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN 0073_2021.A2P3). El segundo de los requisitos, consistente en que se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como imputados, y asistidos de su defensor particular, se les dio la posibilidad de declarar, a lo que expresaron por conducto de su defensor que no era su deseo declarar (minuto 00:00´05 al minuto 00:00´20 del archivo electrónico denominado FORMULACIÓN DE IIMPUTACIÓN 0073_2021.A2P3). Ahora, para justificar el tercero y cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Representación Social, a los cuales, al emitir el acto motivo de disenso, les dio estimación probatoria de la manera en que a continuación se indica. "Por lo que hace a la denuncia de María Gómez Morales de fecha 15 de marzo de 2021 donde refiere que denuncia a los Señores Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, tomando en consideración que hechos que menciona se advierte que los percibió por sí misma, es decir, a través de sus sentidos, ya que es esta persona que sufrió esta conducta es innegable que ese conocimiento lo tuvo de manera directa, ello hace posible que sus narraciones sean cronológicas, se encuentren plagadas de detalles respecto del día, la hora y la forma en que ha sido agredida física y psicológicamente, que dan una explicación de cómo es que conoce a los imputados, puesto que se trata todos ellos de sus sobrinos a excepción de la señora Minerva Blanca Sosa Jiménez, quien resulta ser su cuñada; además de que logra identificarlos, narra de momento a momento lo sucedido, además de que su declaración en sí misma no se contradice y tampoco con el resto de los demás datos de prueba. Aunado a ello, esta declaración esta corroborada con diversos medios que elevan la credibilidad con la que cuenta y que, por supuesto es el dictamen psicológico emitido a su favor, la diligencia de inspección del lugar en donde acontecieron los hechos, el instrumento notarial que también exhibe para corroborar su dicho, así como los testimonios de los testigos y los atestados de nacimiento. De igual modo, no se cuenta aún con alguna información que de acreditada con dato objetivo de prueba que permita establecer que los hechos narrados por la víctima hayan sucedido de manera diferente, así pues en atención a todo eso es que se les otorga valor probatorio. Por lo que hace al dictamen psicológico de fecha 03 de noviembre de 2020 emitido por la perito Alma Luisa Salazar Guzmán quien es perito de la institución ministerial, es evidente que ella cuenta con una cédula profesional que la faculta para emitir esta clase de opiniones. También se advierte de la información para llegar a esta conclusión arribó a la misma a través de las diferentes formas, técnicas y metodologías que describe de manera clara y precisa. Razón por la cual se le otorga valor probatorio. Por lo que respecta a la diligencia de inspección ocular, realizada por un agente estatal de investigaciones en los lugares precisados como en los cuales ocurrió el hecho que denuncia la víctima, se hace constar la existencia de los mismos y se señalan los lugares de intervención, ubicados en el paraje o lugar conocido como rancho el granadal y el domicilio ubicado en calle Benito Juárez número 11 en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lugares donde fue agredida psicológicamente la víctima, por parte de los imputados y que al respecto se tomaron diversas placas fotográficas, que no fueron proyectadas. Y que merece valor probatorio dicha diligencia, en razón que un agente estatal está facultado para la realización de la misma. Así mismo de la declaración de Anabella Matías Villalobos y de Evelin Concepción Gómez Matías de fechas 30 octubre de 2020, dan una narración relativa a los hechos ocurridos el día 30 de octubre de 2020, donde fue agredida psicológicamente la victima por los imputados, dando cuenta del porque conocen a la víctima e imputados y dando razón del motivo por el cual se encontraban en el lugar de los hechos, que sus declaraciones son congruentes en sí mismas y con los demás datos de prueba, y que con ello robustecen el dicho de la víctima, razón por la cual se les otorga valor probatorio. En cuanto a las actas de nacimiento de los imputados también cuentan con valor probatorio al ser expedidas por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones y con lo cual queda relativo a una compraventa de un bien inmueble donde aparece como vendedor Adolfo Gómez Morales y como compradora María Gómez Morales, respecto del bien inmueble ahí descrito, también cuenta con valor probatorio por ser expedida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que se relaciona con lo manifestado por parte de la víctima, robusteciendo con ello su dicho y es la razón por la cual se le otorga valor probatorio. Siendo todos estos datos de prueba incorporados por parte de la representación social, y valorados en esta etapa procesal en la que nos encontramos, los cuales resultan suficientes para acreditar el delito imputado. Asimismo, la Juez de control refirió que el delito de violencia familiar, prevista por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado. Dicho delito para su configuración requiere de los siguientes elementos: I. Una acción u omisión dirigida a dominar, someter controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos; II. Que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio; III. Que el sujeto tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, concubinato, noviazgo o relaciones de convivencias o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima; IV. Que como resultado de lo anterior se tenga una alteración psicoemocional en la víctima. En el caso que nos ocupa, tales hipótesis están suficientemente probadas para el estadio procesal en el que nos encontramos, toda vez que el primer elemento se tiene por acreditado con la declaración de la víctima y de los testigos presenciales, donde describen que fue agredida la víctima por los imputados, a través de insultos y amenazas con acto intimidatorios al portar el imputado un machete y una de las víctimas un bat. Que estas personas realizaron estos actos dirigidos en contra de la víctima. En cuanto al segundo de los elementos, se tiene por satisfecho esto, que se refiere a que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio, se encuentra satisfecho toda vez que de la declaración de la víctima se advierte, que el hecho ocurrió en dos lugares. El primero denominado Rancho el Granadal y el segundo en calle Benito Juárez número 11 en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lo que se ve robustecido con los testimonios de los testigos y con la diligencia de inspección ocular del lugar que acredita la existencia de estos sitios. Contrario a lo que dice la defensa en el sentido que deben habitar a un solo domicilio y hace referencia a una tesis jurisprudencial de número 2022389, relativa al código penal de Veracruz, si bien es cierto, que puede ser orientadora, sin embargo considero que nuestro Código establece distintas clases de convivencia, distintas circunstancias de relaciones humanas. Por ejemplo habla de relaciones de parentesco por consanguinidad, afinidad, concubinato; habla de relaciones de noviazgo por relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima y siendo objetivos, y atendido a las máximas de la experiencia, todo mundo sabemos que un noviazgo, que las relaciones de convivencia no implican que cohabiten el sujeto activo y el sujeto pasivo en un domicilio, en un solo domicilio, es así que esta juzgadora refiere al domicilio que se hace mención en este tipo penal como el lugar en donde habitualmente se desarrollan las convivencias, no el lugar en el que de manera obligada cohabiten el sujeto activo o el sujeto pasivo, en ese caso se encontraría limitado el mismo dispositivo penal, al tipo penal al referirse a relaciones de noviazgo o relaciones de convivencia o relaciones similares con la víctima. Donde atendiendo a las máximas de la experiencia sabemos que en los noviazgos las partes involucradas no cohabitan en el mismo domicilio. Razón por la cual se entiende que esta parte del tipo penal se refiere a que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio. Se refiere al domicilio como el lugar donde actualmente se desarrollan las convivencias, no implica una obligación de residencia habitual obligada para ambas partes procesales, para el sujeto activo y pasivo, razón por el cual se tiene por acreditado este elemento. En cuanto al tercer elemento, se encuentra satisfecho ya que los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, los tres primeros son sobrinos y la última cuñada de la víctima como quedó acreditado con el testimonio de la víctima, así como con los atestados de nacimiento de los imputados, y a las cuales se les otorgó valor probatorio. Finalmente, por lo que hace al cuarto elemento, éste se tiene por acreditado con el testimonio de la víctima y con el dictamen psicológico, así como los testimonios de los testigos presenciales de que precisamente se ejerció violencia psicoemocional, y que del resultado del dictamen psicológico se puede advertir que la perito determina que en efecto existe un estado emocional fuera de lo común en la víctima, en atención a esta situación vivida por parte de las agresiones de los imputados. Tomando en consideración que se tiene por acreditados los elementos del tipo penal, con ello evidentemente no se tiene por acreditada esa causa de atipicidad a que hace referencia la defensa en su argumentación, y que contrario a ello tenemos que con esto, se causó una lesión al bien jurídico protegido por la norma penal, que en este caso lo constituyen las convivencias armónicas dentro o fuera del hogar de los integrantes o bien entre las relaciones de los integrantes de una familia, ya que como hemos referido que los imputados son sobrios y una de ellas es cuñada de la víctima, quienes amenazaron e insultaron y amedrentaron a la víctima en la fecha, hora y lugares ya mencionados, con ello se alteró la sana convivencia que debe existir entre los familiares de un núcleo familiar, quedando también acreditado de manera suficiente el hecho que la ley señala como el de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales. Advirtiéndose que la conducta de los imputados es dolosa, en términos de la fracción I del artículo 8º del Código Punitivo Estatal; así mismo, no se advierte hasta este momento y que a su favor exista alguna causa de justificación en términos del artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. En cuanto a la probable responsabilidad penal de Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Blanca Minerva Sosa Jiménez, se tiene a partir del señalamiento que hace la víctima María Gómez Morales, quien es familiar de los imputados ya son sus sobrinos y su cuñada respectivamente, con el testimonio de las testigos presenciales, y que es evidentemente respecto de la víctima que al tener ese grado de parentesco con los imputados, es claro y razón suficiente para poder apreciar que no puede haber equivocación en este señalamiento. Así mismo está establecido que la forma intervención de los imputados fue en calidad de coautores materiales, en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Punitivo Estatal. También tenemos que los imputados resultan ser imputables, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2° del Código Penal de Estado de Oaxaca, atendiendo a que se trata de personas mayores de edad, además de que tampoco está probado que padezcan algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Analizados los datos de prueba que fueron proporcionados por parte de la fiscalía, llevaron a concluir a la Juez de Control que la hipótesis que hasta este momento prevalece para sustentar la vinculación a proceso de los señores Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales (minuto 00:03´20 al minuto 00:28´01 de los archivos electrónicos denominados AMPLIACIÓN DE TÉRMIMO CONSTITUCIONAL 0073_2021.A1P2 y 0073_2021.A1P3). Hasta aquí, las consideraciones que sostuvo el Juez responsable para decretar el auto de vinculación a proceso. Con lo anterior, según se adelantó, se cumple con los requisitos formales establecidos constitucional y legalmente para el dictado del acto que aquí se reclama, pues no advierte que se hubieren violentado los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 19 y 20 de la Carta Magna. ... Además, se encuentra satisfecho el principio de inmediación procesal, tutelado o garantizado cuando el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados, debe percibir a través de sus propios sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. Se trata, de que los jueces presencien directamente en la práctica de las diligencias donde comparezcan las partes, con ello se pretende que el juez conozca a quienes realizan afirmaciones acerca de los hechos observados según las capacidades de percepción, interpretación, memoria y narración explicitadas, por quienes participan en un proceso de corte acusatorio. Entonces, el principio de inmediación procura evitar introducir mediaciones adicionales, con la finalidad de permitir que el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados tenga ante sí la información de la mejor calidad que resulta posible obtener en el contexto del juicio penal adversarial. Dicho principio rige para la totalidad del procedimiento penal y no solamente en la etapa de juicio oral; el cual fue satisfecho en el caso concreto, tomando en consideración que la Fiscal formuló imputación a los aquí quejosos, en una diligencia en la que se encontraban presentes, además de ésta, la víctima, su asesor jurídico, los imputados y su defensa particular, lo que ocurrió en presencia de la Juez de Control que dirigió la audiencia de formulación de imputación y que los vinculó a proceso; además, se hizo saber a los inculpados sus derechos constitucionales, quienes no hicieron uso de ese derecho (declarar); y que dentro del plazo constitucional ampliado se emitió auto de vinculación a proceso, en razón que la parte quejosa así lo solicitó, conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se encuentran satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, porque fue ante presencia judicial que se desahogó de forma directa la diligencia; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación fueron verbalizados directamente por el órgano acusador y cuestionados por la defensa del imputado; esto es, no existió intermediario entre la juez y las partes, al momento en que se suscitó el debate. Además, debe decirse que la Juez de Control llevó a cabo la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, conforme a las características y principios rectores que rigen al nuevo sistema de justicia penal, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes que rigen a dicho sistema de justicia, así como a lo dispuesto por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el derecho de los imputados a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. De ahí que como ya se precisó en párrafos precedentes, de la reproducción de los registros de audio y video de la audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, la Juez actuante ponderó cada uno de los datos de prueba que fueron ofrecidos y que sirvieron como base para dictar el auto de vinculación a proceso recurrido, dentro del término constitucional; además, el Juez de Control tuvo oportunidad de desahogar todas y cada una de las diligencias ya precisadas; e, incluso fue narrando de manera pormenorizada el valor pertinente e inclusive la preponderancia y eficacia jurídica que le otorgó a cada dato, conforme los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Jueza natural no violentó el derecho de igualdad procesal, pues tal y como se hizo patente en la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, concedió el derecho a los imputados de ampliar el término constitucional, con el fin de desahogar los datos de prueba estimara pertinentes, solicitando previa consulta con su defensor que se resolviera su situación jurídica en la ampliación de término constitucional, velando de esta forma la igualdad procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en el artículo 20, apartado A, el cual establece en su parte in fine que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectiva. Como se adelantó los conceptos de violación son infundados: a) En cuanto al primer concepto de violación consistente en que en el presente caso no existe un hecho que la ley califique como delito, ya que los quejosos y la víctima María Gómez Morales, no comparten o tienen en común el mismo domicilio familiar y que los hechos sucedieron en lugares diversos, por ello no se actualiza el delito de violencia familiar. Dicho concepto de violación es infundado, en razón de que, como acertadamente lo asimiló la Juez responsable, el domicilio a que se hace mención el tipo penal de violencia familiar, es el lugar en donde habitualmente se desarrollan las convivencias, no el lugar en el que de manera obligada cohabiten el sujeto activo o el sujeto pasivo. Razón por la cual, el tipo penal se refiere al domicilio como el lugar donde actualmente se desarrollan las convivencias, lo que no implica una obligación de residencia habitual obligada para ambas partes procesales, para el sujeto activo y pasivo. Por ende, no es vinculante el criterio jurisprudencial invocado por la parte quejosa, en el que forzosamente el delito tenga que realizarse dentro del domicilio y que tanto imputado y víctima convivan o habiten el mismo; pues hace referencia a una legislación de diversa Entidad Federativa cuyo contenido normativo es distinto al tipo penal establecido en el Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. b) El segundo concepto de violación, consistente en que la Juez de Control infringe el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no funda ni motiva el auto de vinculación a proceso, pues no se estableció de manera clara y precisa cuál es la acción u omisión que se atribuye a cada uno de los quejosos. Dicho concepto de violación es infundado en razón de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos que debe de cubrir el auto de plazo constitucional. Bajo esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración que se haya formulado una imputación; que el activo haya tenido oportunidad de rendir su declaración o de manifestar su negativa de hacerlo; y, que se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En efecto, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. De ahí que, para dictar auto de vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el Juez de Control sólo debe atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que el esquema de juicios orales, en la etapa preliminar o de investigación, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del Fiscal del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Luego, del auto de vinculación a proceso impugnado, se advierte que la autoridad responsable consideró que existen datos suficientes para considerar que los aquí quejosos realizaron hechos constitutivos del delito de violencia familiar, lo cual se considera no vulnera los derechos de la parte quejosa. Asimismo, el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente fundado y motivado; porque la Juez responsable señaló los artículos aplicables al caso concreto; los cuales sirvieron de base para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, acontecido el treinta de octubre de dos mil veinte; asimismo, desglosó todos y cada uno de los elementos que comprende el delito de violencia familiar y expuso los argumentos para ello. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, con registro 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, página 360, del siguiente contenido. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". c) Que el auto de vinculación a proceso viola el mandato constitucional toda vez que la Representación Social no logró establecer si la dominación, control o agresión de la víctima María Gómez Morales, fue de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos y ello transgrede el principio de taxatividad o exacta aplicación de la Ley penal. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que de los datos de prueba vertidos por la Representación Social y la valoración otorgada por la Juez de Control, el primer elemento del delito que exige el numeral 404 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, quedó acreditado con la declaración de la víctima y de los testigos presenciales, donde describen que fue agredida la víctima por los imputados, a través de insultos y amenazas con acto intimidatorios, lo que se traduce en la agresión verbal y psicológica, que es uno de los elementos que requiere dicha normativa para la configuración del hecho típico que la ley señala como el delito de violencia familiar. Asimismo, fue aportado como dato de prueba por la representación social y valorado por la Juez de Control, el dictamen psicológico de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, emitido por la perito Alma Luisa Salazar Guzmán quien determinó el estado emocional de la víctima, al presentar trastorno adaptativo con ansiedad, debido a un problema psicosocial al ser víctima de un delito; lo que corrobora la agresión de la que fue objeto. d) Que el auto de vinculación a proceso carece de motivación, toda vez que no existen datos idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso ya que los hechos reseñados carecen de razonabilidad y lógica. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que como se precisó en líneas anteriores, los datos de prueba aportados por la Representación Social, valorados en su conjunto, como acertadamente lo valoró la Juez de Control, son jurídicamente aptos y eficaces para sustentar un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 19 Constitucional. Se reitera que, para resolver la situación jurídica de los imputados, no es necesario que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito, y tampoco es requisito constitucional que hayan datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Carta Magna, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo hayan cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. e) Que en la carpeta de investigación existe una comparecencia de la víctima ante la Representación Social en la cual ratificó su escrito de denuncia y nombra asesor pero carece de firma por la representación social y con ello se deja de observar la exigencia del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho concepto de violación es infundado, pues en presencia judicial la Representación Social expuso que la defensa particular de los quejosos tenía copia simple de la carpeta de investigación, a su vez mostró el original de la carpeta en la cual en dicha diligencia se pudo apreciar que esa actuación se encuentra debidamente firmada por las partes. f) Que la querella presentada por la víctima se desprenden hechos que carecen de toda razonabilidad y lógica, que no existen datos que corroboren lo narrado por la víctima en su denuncia y que se conduce con falsedad ella y los supuestos testigos. Asimismo, las entrevistas de las testigos Ana Bella Matías Villalobos y Evelyn Concepción Gómez Matías, tienen inconsistencias y que las mismas no debieron servir para resolver la situación jurídica. Dicho concepto de violación es infundado, ya que esos datos de prueba fueron correctamente valorados por la Juez de Control, al ser la narrativa de manera congruente, sin contradicciones, dieron los detalles de día, hora y fecha del evento delictivo de momento a momento, además lo narrado por las testigos corroboraron el dicho de la víctima. Sin que la parte quejosa exponga argumentos suficientes del por qué dichos datos de prueba no debieron ser tomados en consideración para el dictado del auto de vinculación a proceso. No obstante lo anterior este Juzgador no podría sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por las partes, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí puede analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo la Jueza de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación; de lo que se advierte que dichos datos fueron valorados correctamente. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), publicada la página 260, del Libro 79; octubre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Décima Época, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez. SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra el auto de vinculación a proceso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, emitido en la causa penal 73/2021 por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)

  2. Principal

    MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 539/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución dictada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra MINERVA GOMEZ SOSA, ADOLFO GOMEZ SOSA, ITZEL GOMEZ AYUSO y MINERVA BLANCA SOSA JIMENEZ, en la causa penal 73/2021, por su probable comisión del hecho que la ley califica como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de María Gómez Morales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, remitió un disco versátil en formato DVD, que contiene el auto de vinculación a proceso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la medida cautelar definitiva, así como el audio de video de las audiencias de diecinueve y veintitrés de abril del año en curso, así como la resolución respectiva en formato PDF. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. ... CUARTO. Previo al análisis del asunto sometido a la potestad de este órgano jurisdiccional, se precisan los siguientes antecedentes: 1. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial, presidida por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, en la cual se individualizó a las partes; así, la Fiscal, formuló imputación contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales. 2. El hecho por el cual se comunicó imputación y quedó acreditado es el siguiente: "Que el 30 de octubre del año 2020 aproximadamente a las 10:30 de la mañana la víctima María Gómez Morales se encontraba en compañía de los ciudadanos Isaac Gustavo Galván, Anabella Matías Villalobos, Erick Concepción Gómez Matías y Segismundo Jaziel Gómez Sosa, los cuales son autoridades de la población de Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; realizando un apeo y deslinde de un predio denominado Rancho el Granadal y el conocido como atrás del rancho en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca. Cuando al lugar llegaron los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Minerva Blanca Sosa Jiménez e Itzel Gómez Ayuso. Quiénes son sobrino, cuñada y sobrinas de la víctima María Gómez Morales respectivamente, agrediendo verbalmente a María Gómez Morales llegaron Minerva Gómez Sosa, Minerva Blanca Sosa Jiménez, Adolfo Gómez Sosa para bloquearle el acceso con una camioneta, troncos, piedras, sin permitirle la entrada a su domicilio desde esa fecha. Que el hecho medular se acredita con el testimonio de la propia víctima y de los testigos presenciales y en sus accesorios con el dictamen pericial emitido al favor de la víctima con la diligencia de inspección ocular y así mismo con los atestados de nacimiento y el instrumento notarial. Además, la Juez preguntó a los imputados si entendieron la formulación de imputación, quienes manifestaron que sí la entendieron y se otorgó la oportunidad a los imputados de rendir su declaración en relación con los hechos, quienes previa consulta con su defensor particular, hicieron uso de su derecho de guardar silencio. 3. En la misma diligencia, la Fiscal realizó solicitud de vinculación a proceso, verbalizando los datos de prueba, así como las razones jurídicas que justifican dicha petición, dándose la vista correspondiente a las demás partes; previa explicación realizada y a pregunta expresa de la autoridad judicial, los imputados por conducto de su defensor solicitaron la ampliación de término constitucional. 4. En audiencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ixcotel, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado, la Juez responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal de los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, en su calidad de coautores materiales. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. ... SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Son infundados los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Dichos conceptos resumidos en su esencia son: a) Que dentro de la prórroga del plazo constitucional quedó evidenciado que en el presente caso no existe un hecho que la ley califique como delito, en el caso el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, establecido en el artículo 404 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, argumentando los quejosos que la víctima María Gómez Morales y los referidos quejosos, no comparten o tienen en común el mismo domicilio familiar y que los hechos sucedieron en lugares diversos y es patente que no comparten el mismo domicilio familiar. Citando la defensa la tesis con registro digital 2022389, Décima Época, cuyo rubro es: VIOLENCIA FAMILIAR. EL ELEMENTO NORMATIVO "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO FAMILIAR" DE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO SE ACTUALIZA SI LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO TIENEN DIVERSOS DOMICILIOS FAMILIARES Y SÓLO ACUDIERON FORTUITAMENTE AL EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS EN CALIDAD DE VISITANTES. b) Que la Juez de Control infringe el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no funda ni motiva el auto de vinculación a proceso, pues no se estableció de manera clara y precisa cuál es la acción u omisión que se atribuye a cada uno de los quejosos. c) Que el auto de vinculación a proceso viola el mandato constitucional toda vez que la Representación Social no logró establecer si la dominación, control o agresión de la víctima María Gómez Morales, fue de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos y ello transgrede el principio de taxatividad o exacta aplicación de la Ley penal. d) Que el auto de vinculación a proceso carece de motivación, toda vez que no existen datos idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso ya que los hechos reseñados carecen de razonabilidad y lógica. e) Que en la carpeta de investigación existe una comparecencia de la víctima ante la Representación Social en la cual ratificó su escrito de denuncia y nombra asesor pero carece de firma por la representación social y con ello se deja de observar la exigencia del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. f) Que la querella presentada por la víctima se desprenden hechos que carecen de toda razonabilidad y lógica, que no existen datos que corroboren lo narrado por la víctima en su denuncia y que se conduce con falsedad ella y los supuestos testigos. Asimismo, las entrevistas de las testigos Ana Bella Matías Villalobos y Evelyn Concepción Gómez Matías, tienen inconsistencias y que las mismas no debieron servir para resolver la situación jurídica. En principio, debe precisarse que el análisis de la determinación combatida aconteció en la etapa de investigación, la cual tiene por objeto que el Ministerio Público esclarezca los hechos materia de la denuncia o querella y determine si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Hecho lo anterior, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. I. Que se haya formulado la imputación. II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se comunicó imputación contra Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado (minuto 00:00´56 al minuto 00:50´35 del archivo electrónico denominado FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN 0073_2021.A2P3). El segundo de los requisitos, consistente en que se haya otorgado a los imputados la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como imputados, y asistidos de su defensor particular, se les dio la posibilidad de declarar, a lo que expresaron por conducto de su defensor que no era su deseo declarar (minuto 00:00´05 al minuto 00:00´20 del archivo electrónico denominado FORMULACIÓN DE IIMPUTACIÓN 0073_2021.A2P3). Ahora, para justificar el tercero y cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Representación Social, a los cuales, al emitir el acto motivo de disenso, les dio estimación probatoria de la manera en que a continuación se indica. "Por lo que hace a la denuncia de María Gómez Morales de fecha 15 de marzo de 2021 donde refiere que denuncia a los Señores Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, tomando en consideración que hechos que menciona se advierte que los percibió por sí misma, es decir, a través de sus sentidos, ya que es esta persona que sufrió esta conducta es innegable que ese conocimiento lo tuvo de manera directa, ello hace posible que sus narraciones sean cronológicas, se encuentren plagadas de detalles respecto del día, la hora y la forma en que ha sido agredida física y psicológicamente, que dan una explicación de cómo es que conoce a los imputados, puesto que se trata todos ellos de sus sobrinos a excepción de la señora Minerva Blanca Sosa Jiménez, quien resulta ser su cuñada; además de que logra identificarlos, narra de momento a momento lo sucedido, además de que su declaración en sí misma no se contradice y tampoco con el resto de los demás datos de prueba. Aunado a ello, esta declaración esta corroborada con diversos medios que elevan la credibilidad con la que cuenta y que, por supuesto es el dictamen psicológico emitido a su favor, la diligencia de inspección del lugar en donde acontecieron los hechos, el instrumento notarial que también exhibe para corroborar su dicho, así como los testimonios de los testigos y los atestados de nacimiento. De igual modo, no se cuenta aún con alguna información que de acreditada con dato objetivo de prueba que permita establecer que los hechos narrados por la víctima hayan sucedido de manera diferente, así pues en atención a todo eso es que se les otorga valor probatorio. Por lo que hace al dictamen psicológico de fecha 03 de noviembre de 2020 emitido por la perito Alma Luisa Salazar Guzmán quien es perito de la institución ministerial, es evidente que ella cuenta con una cédula profesional que la faculta para emitir esta clase de opiniones. También se advierte de la información para llegar a esta conclusión arribó a la misma a través de las diferentes formas, técnicas y metodologías que describe de manera clara y precisa. Razón por la cual se le otorga valor probatorio. Por lo que respecta a la diligencia de inspección ocular, realizada por un agente estatal de investigaciones en los lugares precisados como en los cuales ocurrió el hecho que denuncia la víctima, se hace constar la existencia de los mismos y se señalan los lugares de intervención, ubicados en el paraje o lugar conocido como rancho el granadal y el domicilio ubicado en calle Benito Juárez número 11 en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lugares donde fue agredida psicológicamente la víctima, por parte de los imputados y que al respecto se tomaron diversas placas fotográficas, que no fueron proyectadas. Y que merece valor probatorio dicha diligencia, en razón que un agente estatal está facultado para la realización de la misma. Así mismo de la declaración de Anabella Matías Villalobos y de Evelin Concepción Gómez Matías de fechas 30 octubre de 2020, dan una narración relativa a los hechos ocurridos el día 30 de octubre de 2020, donde fue agredida psicológicamente la victima por los imputados, dando cuenta del porque conocen a la víctima e imputados y dando razón del motivo por el cual se encontraban en el lugar de los hechos, que sus declaraciones son congruentes en sí mismas y con los demás datos de prueba, y que con ello robustecen el dicho de la víctima, razón por la cual se les otorga valor probatorio. En cuanto a las actas de nacimiento de los imputados también cuentan con valor probatorio al ser expedidas por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones y con lo cual queda relativo a una compraventa de un bien inmueble donde aparece como vendedor Adolfo Gómez Morales y como compradora María Gómez Morales, respecto del bien inmueble ahí descrito, también cuenta con valor probatorio por ser expedida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que se relaciona con lo manifestado por parte de la víctima, robusteciendo con ello su dicho y es la razón por la cual se le otorga valor probatorio. Siendo todos estos datos de prueba incorporados por parte de la representación social, y valorados en esta etapa procesal en la que nos encontramos, los cuales resultan suficientes para acreditar el delito imputado. Asimismo, la Juez de control refirió que el delito de violencia familiar, prevista por el artículo 404, en relación con el 404 bis fracciones I y II sancionado por el 405 todos del Código Penal del Estado. Dicho delito para su configuración requiere de los siguientes elementos: I. Una acción u omisión dirigida a dominar, someter controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos; II. Que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio; III. Que el sujeto tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, concubinato, noviazgo o relaciones de convivencias o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima; IV. Que como resultado de lo anterior se tenga una alteración psicoemocional en la víctima. En el caso que nos ocupa, tales hipótesis están suficientemente probadas para el estadio procesal en el que nos encontramos, toda vez que el primer elemento se tiene por acreditado con la declaración de la víctima y de los testigos presenciales, donde describen que fue agredida la víctima por los imputados, a través de insultos y amenazas con acto intimidatorios al portar el imputado un machete y una de las víctimas un bat. Que estas personas realizaron estos actos dirigidos en contra de la víctima. En cuanto al segundo de los elementos, se tiene por satisfecho esto, que se refiere a que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio, se encuentra satisfecho toda vez que de la declaración de la víctima se advierte, que el hecho ocurrió en dos lugares. El primero denominado Rancho el Granadal y el segundo en calle Benito Juárez número 11 en Santiago Cacaotepec, Etla, Oaxaca; lo que se ve robustecido con los testimonios de los testigos y con la diligencia de inspección ocular del lugar que acredita la existencia de estos sitios. Contrario a lo que dice la defensa en el sentido que deben habitar a un solo domicilio y hace referencia a una tesis jurisprudencial de número 2022389, relativa al código penal de Veracruz, si bien es cierto, que puede ser orientadora, sin embargo considero que nuestro Código establece distintas clases de convivencia, distintas circunstancias de relaciones humanas. Por ejemplo habla de relaciones de parentesco por consanguinidad, afinidad, concubinato; habla de relaciones de noviazgo por relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima y siendo objetivos, y atendido a las máximas de la experiencia, todo mundo sabemos que un noviazgo, que las relaciones de convivencia no implican que cohabiten el sujeto activo y el sujeto pasivo en un domicilio, en un solo domicilio, es así que esta juzgadora refiere al domicilio que se hace mención en este tipo penal como el lugar en donde habitualmente se desarrollan las convivencias, no el lugar en el que de manera obligada cohabiten el sujeto activo o el sujeto pasivo, en ese caso se encontraría limitado el mismo dispositivo penal, al tipo penal al referirse a relaciones de noviazgo o relaciones de convivencia o relaciones similares con la víctima. Donde atendiendo a las máximas de la experiencia sabemos que en los noviazgos las partes involucradas no cohabitan en el mismo domicilio. Razón por la cual se entiende que esta parte del tipo penal se refiere a que esta conducta ocurra dentro o fuera del domicilio. Se refiere al domicilio como el lugar donde actualmente se desarrollan las convivencias, no implica una obligación de residencia habitual obligada para ambas partes procesales, para el sujeto activo y pasivo, razón por el cual se tiene por acreditado este elemento. En cuanto al tercer elemento, se encuentra satisfecho ya que los imputados Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, los tres primeros son sobrinos y la última cuñada de la víctima como quedó acreditado con el testimonio de la víctima, así como con los atestados de nacimiento de los imputados, y a las cuales se les otorgó valor probatorio. Finalmente, por lo que hace al cuarto elemento, éste se tiene por acreditado con el testimonio de la víctima y con el dictamen psicológico, así como los testimonios de los testigos presenciales de que precisamente se ejerció violencia psicoemocional, y que del resultado del dictamen psicológico se puede advertir que la perito determina que en efecto existe un estado emocional fuera de lo común en la víctima, en atención a esta situación vivida por parte de las agresiones de los imputados. Tomando en consideración que se tiene por acreditados los elementos del tipo penal, con ello evidentemente no se tiene por acreditada esa causa de atipicidad a que hace referencia la defensa en su argumentación, y que contrario a ello tenemos que con esto, se causó una lesión al bien jurídico protegido por la norma penal, que en este caso lo constituyen las convivencias armónicas dentro o fuera del hogar de los integrantes o bien entre las relaciones de los integrantes de una familia, ya que como hemos referido que los imputados son sobrios y una de ellas es cuñada de la víctima, quienes amenazaron e insultaron y amedrentaron a la víctima en la fecha, hora y lugares ya mencionados, con ello se alteró la sana convivencia que debe existir entre los familiares de un núcleo familiar, quedando también acreditado de manera suficiente el hecho que la ley señala como el de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales. Advirtiéndose que la conducta de los imputados es dolosa, en términos de la fracción I del artículo 8º del Código Punitivo Estatal; así mismo, no se advierte hasta este momento y que a su favor exista alguna causa de justificación en términos del artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. En cuanto a la probable responsabilidad penal de Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Blanca Minerva Sosa Jiménez, se tiene a partir del señalamiento que hace la víctima María Gómez Morales, quien es familiar de los imputados ya son sus sobrinos y su cuñada respectivamente, con el testimonio de las testigos presenciales, y que es evidentemente respecto de la víctima que al tener ese grado de parentesco con los imputados, es claro y razón suficiente para poder apreciar que no puede haber equivocación en este señalamiento. Así mismo está establecido que la forma intervención de los imputados fue en calidad de coautores materiales, en términos de la fracción III del artículo 11 del Código Punitivo Estatal. También tenemos que los imputados resultan ser imputables, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2° del Código Penal de Estado de Oaxaca, atendiendo a que se trata de personas mayores de edad, además de que tampoco está probado que padezcan algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Analizados los datos de prueba que fueron proporcionados por parte de la fiscalía, llevaron a concluir a la Juez de Control que la hipótesis que hasta este momento prevalece para sustentar la vinculación a proceso de los señores Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de María Gómez Morales (minuto 00:03´20 al minuto 00:28´01 de los archivos electrónicos denominados AMPLIACIÓN DE TÉRMIMO CONSTITUCIONAL 0073_2021.A1P2 y 0073_2021.A1P3). Hasta aquí, las consideraciones que sostuvo el Juez responsable para decretar el auto de vinculación a proceso. Con lo anterior, según se adelantó, se cumple con los requisitos formales establecidos constitucional y legalmente para el dictado del acto que aquí se reclama, pues no advierte que se hubieren violentado los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 19 y 20 de la Carta Magna. ... Además, se encuentra satisfecho el principio de inmediación procesal, tutelado o garantizado cuando el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados, debe percibir a través de sus propios sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. Se trata, de que los jueces presencien directamente en la práctica de las diligencias donde comparezcan las partes, con ello se pretende que el juez conozca a quienes realizan afirmaciones acerca de los hechos observados según las capacidades de percepción, interpretación, memoria y narración explicitadas, por quienes participan en un proceso de corte acusatorio. Entonces, el principio de inmediación procura evitar introducir mediaciones adicionales, con la finalidad de permitir que el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados tenga ante sí la información de la mejor calidad que resulta posible obtener en el contexto del juicio penal adversarial. Dicho principio rige para la totalidad del procedimiento penal y no solamente en la etapa de juicio oral; el cual fue satisfecho en el caso concreto, tomando en consideración que la Fiscal formuló imputación a los aquí quejosos, en una diligencia en la que se encontraban presentes, además de ésta, la víctima, su asesor jurídico, los imputados y su defensa particular, lo que ocurrió en presencia de la Juez de Control que dirigió la audiencia de formulación de imputación y que los vinculó a proceso; además, se hizo saber a los inculpados sus derechos constitucionales, quienes no hicieron uso de ese derecho (declarar); y que dentro del plazo constitucional ampliado se emitió auto de vinculación a proceso, en razón que la parte quejosa así lo solicitó, conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se encuentran satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, porque fue ante presencia judicial que se desahogó de forma directa la diligencia; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación fueron verbalizados directamente por el órgano acusador y cuestionados por la defensa del imputado; esto es, no existió intermediario entre la juez y las partes, al momento en que se suscitó el debate. Además, debe decirse que la Juez de Control llevó a cabo la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, conforme a las características y principios rectores que rigen al nuevo sistema de justicia penal, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes que rigen a dicho sistema de justicia, así como a lo dispuesto por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el derecho de los imputados a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. De ahí que como ya se precisó en párrafos precedentes, de la reproducción de los registros de audio y video de la audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, la Juez actuante ponderó cada uno de los datos de prueba que fueron ofrecidos y que sirvieron como base para dictar el auto de vinculación a proceso recurrido, dentro del término constitucional; además, el Juez de Control tuvo oportunidad de desahogar todas y cada una de las diligencias ya precisadas; e, incluso fue narrando de manera pormenorizada el valor pertinente e inclusive la preponderancia y eficacia jurídica que le otorgó a cada dato, conforme los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Jueza natural no violentó el derecho de igualdad procesal, pues tal y como se hizo patente en la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, concedió el derecho a los imputados de ampliar el término constitucional, con el fin de desahogar los datos de prueba estimara pertinentes, solicitando previa consulta con su defensor que se resolviera su situación jurídica en la ampliación de término constitucional, velando de esta forma la igualdad procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en el artículo 20, apartado A, el cual establece en su parte in fine que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectiva. Como se adelantó los conceptos de violación son infundados: a) En cuanto al primer concepto de violación consistente en que en el presente caso no existe un hecho que la ley califique como delito, ya que los quejosos y la víctima María Gómez Morales, no comparten o tienen en común el mismo domicilio familiar y que los hechos sucedieron en lugares diversos, por ello no se actualiza el delito de violencia familiar. Dicho concepto de violación es infundado, en razón de que, como acertadamente lo asimiló la Juez responsable, el domicilio a que se hace mención el tipo penal de violencia familiar, es el lugar en donde habitualmente se desarrollan las convivencias, no el lugar en el que de manera obligada cohabiten el sujeto activo o el sujeto pasivo. Razón por la cual, el tipo penal se refiere al domicilio como el lugar donde actualmente se desarrollan las convivencias, lo que no implica una obligación de residencia habitual obligada para ambas partes procesales, para el sujeto activo y pasivo. Por ende, no es vinculante el criterio jurisprudencial invocado por la parte quejosa, en el que forzosamente el delito tenga que realizarse dentro del domicilio y que tanto imputado y víctima convivan o habiten el mismo; pues hace referencia a una legislación de diversa Entidad Federativa cuyo contenido normativo es distinto al tipo penal establecido en el Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. b) El segundo concepto de violación, consistente en que la Juez de Control infringe el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no funda ni motiva el auto de vinculación a proceso, pues no se estableció de manera clara y precisa cuál es la acción u omisión que se atribuye a cada uno de los quejosos. Dicho concepto de violación es infundado en razón de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos que debe de cubrir el auto de plazo constitucional. Bajo esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración que se haya formulado una imputación; que el activo haya tenido oportunidad de rendir su declaración o de manifestar su negativa de hacerlo; y, que se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En efecto, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. De ahí que, para dictar auto de vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el Juez de Control sólo debe atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que el esquema de juicios orales, en la etapa preliminar o de investigación, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del Fiscal del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Luego, del auto de vinculación a proceso impugnado, se advierte que la autoridad responsable consideró que existen datos suficientes para considerar que los aquí quejosos realizaron hechos constitutivos del delito de violencia familiar, lo cual se considera no vulnera los derechos de la parte quejosa. Asimismo, el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente fundado y motivado; porque la Juez responsable señaló los artículos aplicables al caso concreto; los cuales sirvieron de base para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, acontecido el treinta de octubre de dos mil veinte; asimismo, desglosó todos y cada uno de los elementos que comprende el delito de violencia familiar y expuso los argumentos para ello. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, con registro 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, página 360, del siguiente contenido. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". c) Que el auto de vinculación a proceso viola el mandato constitucional toda vez que la Representación Social no logró establecer si la dominación, control o agresión de la víctima María Gómez Morales, fue de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos y ello transgrede el principio de taxatividad o exacta aplicación de la Ley penal. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que de los datos de prueba vertidos por la Representación Social y la valoración otorgada por la Juez de Control, el primer elemento del delito que exige el numeral 404 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, quedó acreditado con la declaración de la víctima y de los testigos presenciales, donde describen que fue agredida la víctima por los imputados, a través de insultos y amenazas con acto intimidatorios, lo que se traduce en la agresión verbal y psicológica, que es uno de los elementos que requiere dicha normativa para la configuración del hecho típico que la ley señala como el delito de violencia familiar. Asimismo, fue aportado como dato de prueba por la representación social y valorado por la Juez de Control, el dictamen psicológico de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, emitido por la perito Alma Luisa Salazar Guzmán quien determinó el estado emocional de la víctima, al presentar trastorno adaptativo con ansiedad, debido a un problema psicosocial al ser víctima de un delito; lo que corrobora la agresión de la que fue objeto. d) Que el auto de vinculación a proceso carece de motivación, toda vez que no existen datos idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso ya que los hechos reseñados carecen de razonabilidad y lógica. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que como se precisó en líneas anteriores, los datos de prueba aportados por la Representación Social, valorados en su conjunto, como acertadamente lo valoró la Juez de Control, son jurídicamente aptos y eficaces para sustentar un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 19 Constitucional. Se reitera que, para resolver la situación jurídica de los imputados, no es necesario que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito, y tampoco es requisito constitucional que hayan datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Carta Magna, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo hayan cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. e) Que en la carpeta de investigación existe una comparecencia de la víctima ante la Representación Social en la cual ratificó su escrito de denuncia y nombra asesor pero carece de firma por la representación social y con ello se deja de observar la exigencia del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho concepto de violación es infundado, pues en presencia judicial la Representación Social expuso que la defensa particular de los quejosos tenía copia simple de la carpeta de investigación, a su vez mostró el original de la carpeta en la cual en dicha diligencia se pudo apreciar que esa actuación se encuentra debidamente firmada por las partes. f) Que la querella presentada por la víctima se desprenden hechos que carecen de toda razonabilidad y lógica, que no existen datos que corroboren lo narrado por la víctima en su denuncia y que se conduce con falsedad ella y los supuestos testigos. Asimismo, las entrevistas de las testigos Ana Bella Matías Villalobos y Evelyn Concepción Gómez Matías, tienen inconsistencias y que las mismas no debieron servir para resolver la situación jurídica. Dicho concepto de violación es infundado, ya que esos datos de prueba fueron correctamente valorados por la Juez de Control, al ser la narrativa de manera congruente, sin contradicciones, dieron los detalles de día, hora y fecha del evento delictivo de momento a momento, además lo narrado por las testigos corroboraron el dicho de la víctima. Sin que la parte quejosa exponga argumentos suficientes del por qué dichos datos de prueba no debieron ser tomados en consideración para el dictado del auto de vinculación a proceso. No obstante lo anterior este Juzgador no podría sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por las partes, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí puede analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo la Jueza de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación; de lo que se advierte que dichos datos fueron valorados correctamente. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), publicada la página 260, del Libro 79; octubre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Décima Época, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los quejosos Minerva Gómez Sosa, Adolfo Gómez Sosa, Itzel Gómez Ayuso y Minerva Blanca Sosa Jiménez. SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra el auto de vinculación a proceso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, emitido en la causa penal 73/2021 por la Juez de Control de Etla, perteneciente al Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE RESOLUCION SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREFIO AVISO, EN TWERMINOS DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado DEMNIS MERLIN ROBLES, quien autoriza y da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el Secretario certifica: que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el Secretario relaciona las constancias de autos y da cuenta con el escrito de la tercera interesada María Gómez Morales (R.E. 16598); a lo que el Secretario en funciones acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que antecede y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese el escrito de la tercera interesada María Gómez Morales, por medio del cual formula alegatos. Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, por su parte la autoridad judicial responsable, remitió un disco en formato DVD que contiene el auto de vinculación a proceso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la medida cautelar definitiva, así como el audio de video de las audiencias de diecinueve y veintitrés de abril del año en curso, en que apoyó su informe justificado. El Secretario en funciones acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa, así como el formato de audio y videograbación remitidos; por lo que no habiendo pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho período. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que la tercera interesada formuló sus alegatos respectivos al inicio de esta audiencia. El Secretario en????????????? funciones acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la tercera interesada María Gómez Morales, formulando sus alegatos respectivos. Como no existen alegatos de las partes, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución: LIC. RAMIRO GARCÍA SIMÓN SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 43, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE MAYO DE 1995, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, AUTORIZADO POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN SESIÓN DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, Y COMUNICADO MEDIANTE OFICIO CCJ/ST/3190/2021 DE ESA DATA, SIGNADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN CITADA. EL SECRETARIO DE JUZGADO LIC. DEMNIS MERLÍN ROBLES

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; lo anterior, toda vez que toda vez que con fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo a María Gómez Morales apersonándose como tercera interesada en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

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