MINERVA AVELINA MUÑOZ RAMIREZ y Otros.
Expediente 27/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MINERVA AVELINA MUÑOZ RAMIREZ y Otros.
- Minerva Avelina Muñoz Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó y declaro infundado el incidente de objeción de documento promovido por el tercero interesado Luis Felipe Martínez Martínez; en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control en Materia Penal Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, dos discos en formato DVD que contienen los registros de audio y video relativos a la audiencia de ampliación del término constitucional; así como el índice cronológico de dichas audiencias, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el(la) Secretario(a) licenciado(a) JOSÉ ERNESTO SALINAS PÉREZ, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI ". VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 27/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: La resolución dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el siete de enero de dos mil veinte en el toca Penal JOTPR/01/2020, mediante la cual determinó la improcedencia de la recusación promovida por Minerva Adelina Muñoz Ramírez, contra de Mónica Alejandra Ramírez Reyes, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca. El acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, dictado por Mónica Alejandra Ramírez Reyes, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en la causa penal 1013/2019, en la que fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de término constitucional. El auto de no vinculación a proceso dictado el quince de enero de dos mil veinte en la causa penal 1013/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia del acto que se les reclamó. Asimismo, la Juez de Control en Materia Penal Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, al rendir informe justificado en torno a los actos que se le reclamaron, aceptó su existencia. Para corroborar lo anterior, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del toca penal JOTPR/01/2020 de su índice; y la Juez de Control en mención, remitió un cuadernillo compuesto de copia certificada de constancias relacionadas con el trámite de la recusación promovida por la parte quejosa; así como los registros de audio y video de las audiencias de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión y ampliación del término constitucional, celebradas dentro de la causa penal 1013/2019. Documentos a los que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Incidente de Objeción de Documentos. Por razón de técnica jurídica y dada la vinculación que existe entre la objeción de documento en virtud de la falsedad de la firma que calza la demanda, con la posible actualización de una causa de improcedencia, se analizará en primer término dicha objeción ya que de ser fundada será motivo de sobreseimiento del presente juicio de amparo, dada su preponderancia. (...) El tercero interesado Luis Felipe Martínez Martínez, propuso la incidencia respectiva (R.E. 4765) y al efecto señaló que la firma que calza la demanda de amparo, no corresponde a la quejosa Minerva Avelina Muñoz Ramírez. Para demostrar su aseveración ofreció la prueba perical en materia de grafoscopia, a efecto de establecer si las firmas indubitadas para cotejo coincidían con la cuestionada; y para ello solicitó a este Juzgado designara al perito correspondiente. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, precisamente en la audiencia constitucional, se admitió el incidente de objeción y falsedad de documento; y se suspendió dicha audiencia; por lo que se dio vista a las demás partes para que ofrecieran las pruebas y contrapruebas que estimaran convenientes. En ese sentido, se desahogó la pericial en materia de grafoscopía; asimismo, se requirió la designación de un perito al Delegado de la Fiscalía General de la República, cuya Coordinadora Estatal de Servicios Periciales tuvo a bien comisionar al licenciado Jasiel Rendón Bravo, quien el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, presentó su opinión técnica, en la que concluyó: "Sí fue puesta del puño y letra de la C. MINERVA AVELINA MUÑOZ RAMÍREZ la firma que obra en el escrito inicial de demanda de amparo de fecha 14 de enero de 2020, en relación con los elementos señalados como base de cotejo y la muestra de escritura y firmas recabada, documentos que se describen en el apartado correspondiente." La experticia desahogada en autos merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que el perito señaló con precisión los métodos que utilizó para analizar las firmas indubitadas y la cuestionada, así como para compararlas y arribar a su conclusión, la cual se considera clara y congruente con el punto a dictaminar. En efecto, se atribuye eficacia probatoria a dicho dictamen, porque el perito después de especificar el material de estudio y los fundamentos que utilizó, precisó los métodos empleados, describiendo los estudios del caso resaltando minuciosamente las similitudes entre las firmas materia de su opinión. De ahí que se le otorgue plena convicción y se le conceda valor probatorio pleno en términos de los numerales 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que permite concluir que tras analizar la firma cuestionada y compararla con las indubitadas, la que calza el escrito de demanda fue plasmada por la quejosa Minerva Avelina Muñoz Ramírez. "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio." Además, es preciso señalar que en los presentes autos no existe indicio alguno que haga dudar del desinterés, imparcialidad y sinceridad con que se condujo el experto al emitir su dictamen, ya que ninguna de las partes manifestó inconformidad alguna sobre su designación. Así, bajo esas condiciones debe declararse infundado el incidente objeción de documento. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el particular, respecto del acto consistente en: La resolución dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el siete de enero de dos mil veinte en el toca Penal JOTPR/01/2020, mediante la cual determinó la improcedencia de la recusación promovida por Minerva Adelina Muñoz Ramírez, contra de Mónica Alejandra Ramírez Reyes, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: (.) Conforme al primero de numerales invocados, se deduce que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Argumento que se robustece con el criterio sustentado en la tesis 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pagina 373, con registro 193829, que establece: (.) Por su parte, el segundo precepto mencionado es claro al establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, señalando en su fracción V, que tratándose de actos de índole intraprocesal, es decir, aquéllos emitidos dentro del juicio, el amparo en esta vía sólo procede cuando los efectos de la actuación reclamada sean de imposible reparación, en el entendido de que ello ocurre, si éstas tienen como finalidad afectar de manera cierta, inmediata y directa alguno de los derechos sustantivos de la persona, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el sólo hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de los derechos humanos. Así, atendiendo a la interpretación en sentido contrario de aquel precepto legal, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando el acto reclamado sólo sea susceptible de lesionar derechos de naturaleza adjetiva, cuyos efectos son estrictamente formales; ello, si se tiene en cuenta que la razón de ser de tales derechos, encuentra su fin último en la obtención de un fallo favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación alegada se reparan y desaparecen, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho fundamental, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que esto ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; siendo por esa razón, que tratándose de actos intraprocesales tendientes a lesionar derechos meramente formales o adjetivos, el juicio de amparo indirecto no resulta procedente en su contra. Al respecto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. (.) Bajo tales directrices, se advierte que la determinación reclamada por la accionante del amparo, es de las que sólo pueden tener efectos intraprocesales, por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, solo será procedente contra aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación, y que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, eliminando la espera que implicaba la obligación de reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se combata la sentencia definitiva en amparo directo. (..) Entonces, es claro que dicho acto, por su origen y características esenciales, no reúne la naturaleza de imposible reparación que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que sólo tiene efectos formales que no inciden en forma directa e inmediata sobre los derechos sustantivos de la impetrante, pues su único efecto fue que la juzgadora recusada continuara conociendo del asunto. Y si bien, la aludida Juzgadora, con motivo de dicha declaratoria de improcedencia, se avocó nuevamente al análisis del asunto y posteriormente dictó un auto de no vinculación a proceso, como más adelante se hará notar, la parte quejosa podía interponer el recurso de apelación a efecto de que la resolución emitida por la Juzgadora recusada, fuera sometida a revisión de la Sala Penal correspondiente, lo que haría, en su caso, desaparecer la transgresión procedimental aquí alegada, sin dejar secuela alguna en su esfera jurídica, porque de ese modo, las consecuencias del acto reclamado no habrían trascendido en su perjuicio. Dicho en otras palabras, el acto combatido que se atribuye a la Sala responsable, no trastoca derechos subjetivos que permitan la procedencia del juicio de amparo biinstancial, virtud a que no causa perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas; de ahí que los actos que pretende impugnar a través de su demanda de amparo, en todo caso, transgreden derechos adjetivos, los cuales producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República; pues, en realidad no ocasionan de manera cierta e inmediata una afectación a sus derechos fundamentales, cuenta habida que el hecho de que se declaró improcedente la recusación hecha valer en contra de la Juez de Control Mónica Alejandra Ramírez Reyes, en autos de la causa penal 1013/2019, no deja a la aquí quejosa en estado de indefensión, pues queda intacta su capacidad de defensa, como se dijo, a través del recurso de apelación que podría hacer valer contra el auto de no vinculación a proceso dictado por dicha Juzgadora. Ciertamente, el único efecto que producirá la resolución reclamada es que la Juzgadora recusada continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, la cual en el caso es una violación procesal prevista por disposición expresa en la Ley de Amparo en el artículo 173, apartado B, fracción XIX, reclamable en amparo directo. (.) Ahora, por lo que hace al acto reclamado, consistente en: El auto de no vinculación a proceso dictado el quince de enero de dos mil veinte en la causa penal 1013/2019. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto y fracción transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando existan recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que no afecte la libertad personal del quejoso. En el caso, de la lectura integral del escrito de ampliación de la demanda de amparo, se advierte que la víctima en el procedimiento penal de origen 1013/2019, por conducto de su progenitora, reclama de la Juez de Control en Materia Penal Circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, el auto de no vinculación a proceso dictado el quince de enero de dos mil veinte. Por tanto, la promovente del amparo, con el carácter de víctima en la causa penal de origen, tiene expedito su derecho para agotar el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye el medio ordinario de defensa establecido en la ley procesal respectiva, previo a acudir al juicio de amparo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 355/2019, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, sobre el tema consideró en lo conducente, lo siguiente: ". I. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER 1. Establecido el marco constitucional y legal respecto de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio, toca establecer que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el relativo a que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales 16 , los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C, del artículo 20 de la Constitución federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. 2. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Para corroborar esta afirmación, es necesario interpretar lo que establecen los artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales 17 , de los que se advierte que con la no vinculación, no se continuará con la investigación, en su fase complementaria, lo que impedirá que se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño. Entonces, resulta claro que el auto de no vinculación a proceso cancela de facto que la reparación del daño ocurra. 3. Si bien, el Ministerio Público puede seguir la investigación y formular una nueva imputación, ello dependerá de que éste decida ejercer sus facultades para tal efecto. 4. Ahora, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer recurso de apelación, también asegura su derecho de acceso a la justicia, pues a través de una revisión, por parte del tribunal de alzada, de la decisión de no vincular a proceso se controla la legalidad de la misma, pues dadas las consecuencias que trae consigo dicha determinación (y a la que nos hemos referido en párrafos que anteceden) debe asegurarse que la misma se actualice solo en los casos en que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. 5. Una vez que se ha establecido que, el auto de no vinculación a proceso afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, podemos concluir que éstos sí están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de tal determinación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, en virtud de que dicha norma los faculta expresamente para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito y además porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. Derecho que pueden ejercer aunque no se hayan constituido como coadyuvantes del Ministerio Público. 6. Se adopta esta decisión, porque es la que mejor garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y de reparación del daño de las víctimas u ofendidos por un ilícito de índole penal, mismos que se encuentran ubicados dentro del apartado material del ordenamiento de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. 7. Finalmente, en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. .". (...) Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Sin que se advierta actualizada alguna de las excepciones previstas por la Ley de Amparo en la hipótesis de improcedencia estudiada; pues el acto no restringe el derecho a la libertad de la quejosa; tampoco se trata el acto reclamado de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña al juicio de origen; el acto reclamado tampoco lo es el auto de vinculación a proceso; ni la interposición del recurso en cuestión está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues como se hizo notar, existe criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la víctima está legitimada para interponer el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el auto de no vinculación a proceso, al restringir la posibilidad de lograr la reparación del daño. De ahí que, al actualizarse los aludidos motivos de improcedencia, se sobresee el juicio de amparo, en términos del artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto consistente en: El acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, dictado por Mónica Alejandra Ramírez Reyes, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en la causa penal 1013/2019, en la que fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de término constitucional. Pues no fue combatido por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución mediante la cual, la Sala Penal responsable calificó de improcedente la recusación promovida por la quejosa contra la Juez de Control responsable. SEXTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se declara infundado el incidente de objeción de documento promovido por el tercero interesado Luis Felipe Martínez Martínez; en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por (.), por derecho propio y en representación de la menor E.G.V.M.; en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de esta resolución, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que se encuentra pendiente de ser notificado el perito oficial de este juzgado del proveído de veintitrés del actual, por lo que a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Miguel Yovanni Garcia Martinez743/2019
- MIGUEL ZAFRA ZAMORA y Otros.1317/2021
- Milton Abimael Nava Luna758/2023
- Milton Osmar Rios Saviñon540/2018
- Minerva Araceli Jarquin Cortes1/2018
- Minerva Araceli Jarquin Cortes1494/2016
- Minerva Fuentes Villatoro740/2021
- MINERVA GOMEZ SOSA y Otros.539/2021
- MINERVA LOAEZA RAMIREZ y Otros.629/2021
- MINERVA LOAEZA RAMIREZ y Otros.324/2021
- Minerva Reynalda Casares Gonzalez504/2022
- Minerva Reynalda Casares Gonzalez381/2022