Milhu Isabel Torres Villamil

Expediente 2568/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2568/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Milhu Isabel Torres Villamil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2568/2022-VII-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y,********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, la nombrada quejosa solicitó la suspensión definitiva en contra del acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintiocho de octubre del año en curso, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos; se solicitó a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental.********************TERCERO. Por auto de ocho de diciembre del año en curso, emitido en el juicio principal, se admitió la ampliación de demanda en cuanto a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por lo que se ordenó tramitar respecto a la suspensión provisional solicitada en el escrito de ampliación de demanda; se comunicó a la nueva autoridad responsable la fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en:********************La omisión de acordar respecto de la demanda de divorcio incausado que presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, con nuevo registro 813/2022.********************SEGUNDA. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe previo, con número de registro 25393, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa.********************En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada respecto a dichas autoridades, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice:********************"INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."********************TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la nueva autoridad responsable Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que lo negó al rendir el informe previo que le corresponde, con número de registro 28145, lo cierto es que realizó manifestaciones adicionales de las que se evidencia su certeza.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica:********************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."********************CUARTA. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, tomando en cuenta lo informado por la responsable en el sentido de que con fecha doce de diciembre de dos mi veintidós, resolvió lo solicitado por la quejosa en su promoción inicial presentada el veintinueve de septiembre del presente año, mismo que se tuvo por recibido hasta el veintiocho de noviembre siguiente.********************Por tanto, lo procedente es declarar que ha dejado de producir afectación alguna al quejoso el acto reclamado y que consecuentemente este incidente de suspensión carece de materia. ********************Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Materia(s): Común, Página: 363 y Registro: 286440, que dice: ********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Es improcedente conceder la suspensión cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************RESUELVE********************PRIMERA. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva que solicitó en contra de la Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la segunda de las consideraciones de esta interlocutoria.********************SEGUNDO. Se declara sin materia este incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclama a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en la consideración cuarta de la presente resolución. ********************Notifíquese y regístrese.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe previo rendido por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, resérvese para ser relacionado en la audiencia incidental relativa. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signado por la quejosa Milhú Isabel Torres Villamil, con el que, en cumplimiento al acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, amplía su demanda de amparo señalando como nueva autoridad responsable al Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Al respecto, SE ACUERDA: ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN Con fundamento en los artículos 111, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda, respecto de la nueva autoridad responsable, de quien se reclama: La omisión de acordar respecto de la demanda de divorcio incausado que presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, con nuevo registro 813/2022. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con el artículo 127 de la ley de la materia, no obstante que la parte quejosa no solicitó la tramitación del incidente de suspensión, al verse involucrado en el acto reclamado la integridad de un menor de edad, dese cuenta en el cuaderno de suspensión con el escrito de ampliación, para proveer sobre la medida cautelar provisional respecto de la nueva autoridad responsable. TRASLADO A LA NUEVA AUTORIDAD RESPONSABLE Córrase traslado del escrito de ampliación a las demás partes; debiendo además, remitir a la nueva autoridad responsable copia del escrito inicial de demanda y autorizada del auto admisorio de la misma, así como del presente auto. Igualmente, hágasele saber que están señaladas las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MI VEINTIDÓS, para que tenga lugar la celebración de la audiencia constitucional, en la que en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la nueva autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Asimismo, córrase traslado con una copia del escrito de ampliación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los fines legales correspondientes. TERCERO INTERESADO Por cuanto el acto reclamado versa en la omisión de la responsable de atender la demanda de divorcio incausado promovida por la quejosa en contra de Luis Miguel Marfil Echeverría, no se tiene a éste como tercero interesado, al no encuadrar dentro del supuesto previsto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Ya que si el citado precepto legal dispone que será tercero interesado "La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo."; y que, como ya se dijo, no ha iniciado la Litis por lo que a él respecta; este órgano jurisdiccional no puede jurídicamente llamar a juicio a quien todavía no se ha integrado a la misma. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Común, página 265, con registro: 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a la nueva autoridad responsable que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibida que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese la documental exhibida por la parte quejosa; de la cual se hará relación en la audiencia constitucional relativa, en su caso. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a la nueva autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para tal efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Como está ordenado en proveído dictado el día de hoy, en el expediente principal del que derivan los presentes autos incidentales, se tiene a Milhú Isabel Torres Villamil, ampliando su escrito de demanda, señalando como nueva autoridad responsable al Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclama: La omisión de acordar respecto de la demanda de divorcio incausado que presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, con nuevo registro 813/2022. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA En cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de omisivo con efectos positivos, pues aun cuando efectivamente se trata de un no hacer de la autoridad responsable, dicha paralización tiene consecuencias que impactan en la esfera jurídica de la quejosa, al afectar sus derechos a la integridad física, psicológica y emocional y de su menor hija. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 06 de diciembre de 2019, con registro 2021263, que indica: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Ahora bien, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo disponen que: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: [.]". De los preceptos citados, se desprende que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Así, el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por tanto, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si tal consumación ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como sucede en el caso que se conceda el amparo. Esto es, no solamente la suspensión tiene como único objeto mantener viva la materia del amparo, sino que también se propone evitar al agraviado durante la tramitación del juicio constitucional los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Los efectos de la suspensión entonces son obrar sobre la ejecución del acto reclamado, ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución paralizándolas impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado. De ahí que su objeto sea paralizar o suspender dicho acto, con la limitante de no constituir un derecho en favor de quien la solicita. Asimismo, resulta prudente destacar que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 343, Tomo VI, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que establece: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." De la citada jurisprudencia se observa que se estableció que el orden público y el interés social resultan conceptos jurídicos indeterminados, de difícil definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Así, si se solicita la suspensión respecto de un acto que es cierto, susceptible de suspender y no se encuentra en la hipótesis a que alude el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que la medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión. En efecto, la apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Por otro lado, el artículo 147, párrafos segundo y tercero , de la ley de la materia prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Así, el citado artículo 147, de la Ley de Amparo, obliga al juez a analizar cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho, y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan grave pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de la parte quejosa; y defraudar es burlar o no atender a derechos sustantivos de las personas. Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de la autoridad responsable para que provea la demanda de divorcio incausado presentada desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, registrada inicialmente con el número de gestión 651/2022, de la que actualmente conoce la nueva responsable bajo el número 813/2022, en la que además, instó medidas urgentes de protección para ella y su menor hija. Y si bien previamente instó dichas medidas de protección, sólo se le otorgaron de manera temporal con duración de dos meses, las cuales, a la fecha de la promoción de la demanda de amparo estaban por vencer, según su dicho, teniendo el temor que al terminar queden completamente vulnerables ante el señor Luis Miguel Marfil Echeverría (demandado). Por lo que es claro que esa omisión implica un no actuar de la responsable que impide que la aquí quejosa pudiere quedar protegida bajo la tutela judicial ante una posible y eventual situación de riesgo hacia su persona y de su menor hija. Aunado a que al encontrarse involucrado un menor de edad, resulta de interés social y de orden público, dado que a la sociedad le importa el bienestar de los infantes. En este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que, por virtud de la concesión de la suspensión, se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, pero sí con base en un análisis de la apariencia del buen derecho, al continuar la incertidumbre sobre el otorgamiento o no de dichas medidas de protección, resulta posible conceder la medida precautoria solicitada, sólo para el efecto de que la responsable resuelva a la brevedad sobre la procedencia o no de la demanda instaurada en la que la quejosa además promovió con carácter urgente medidas de protección; sin que implique que sea en algún sentido, pues ello es una facultad exclusiva de la autoridad responsable. Además, atendiendo a la apariencia del buen derecho, que consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto (como ya se dijo), en la especie es dable conceder la suspensión solicitada, pues existe una alta probabilidad de que se conceda la justicia federal a que se niegue, dado que la omisión de que se trata, conlleva presuntivamente la violación a los derechos de administración de justicia pronta y expedita. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Así como la tesis PC.IV.A.1 K (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, página 1843, con Registro digital: 2022391, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley". Y en lo conducente la tesis Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: XVII.2o.C.T.6 L (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2819, con Registro digital: 2019977, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS RESPECTO DE LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE PROVEER SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN LA DEMANDA POR UNA TRABAJADORA EMBARAZADA DESPEDIDA, PARA QUE SE LE OTORGUE EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL. Cuando una trabajadora promueve amparo indirecto contra la omisión señalada y afirma haber sido despedida de su empleo por encontrarse embarazada y que como consecuencia de ello se le dio de baja en el seguro social, procede conceder la suspensión provisional a fin de restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce de los derechos que dice fueron violados, en términos del artículo 147, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, considerando la figura de la apariencia del buen derecho, donde se encuentra inmersa la noción del peligro en la demora, pues ante la circunstancia de su embarazo se presupone que el despido ocurrió con motivo de un acto discriminatorio del patrón ante su situación de mayor vulnerabilidad; y, si en razón de ello impugna la omisión de la Junta de proveer respecto de las medidas cautelares solicitadas en su demanda, dentro de las cuales se encuentran: a) ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social que inmediatamente le brinde atención médica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal; b) que el patrón demandado siga pagando a su favor las cuotas obrero-patronales respectivas ante el propio organismo de salud; y, c) que éste le reconozca las semanas cotizadas hasta el momento en que le otorgue la incapacidad por maternidad. Así, conforme a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, prevista en la fracción X del artículo 107 constitucional, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios para que la Junta, con perspectiva de género, que implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer en ese estado de vulnerabilidad, provea lo conducente respecto de las medidas cautelares de "protección reforzada" solicitadas, ya que, de lo contrario, se podrían actualizar las violaciones que, bajo protesta, señaló la trabajadora en su demanda de amparo, las cuales indica, tienen origen en el hecho de que su embarazo es de alto riesgo y podrían quedar consumadas, lo cual, en vía de consecuencia, quedarían sin posibilidad de ser reparables. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL DESPIDO SE DA DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.". Aunado a que, de conformidad con los artículos 128 y 129 de la ley citada, con el otorgamiento de esa medida, no se contravienen el interés social ni las disposiciones de orden público". En consecuencia, en términos del párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, para el efecto de que: La nueva autoridad responsable a la brevedad provea lo que proceda en cuanto a la demanda presentada por la quejosa y que le fue turnada por cuestión de haberse declarado impedida la Juez primigenia; particularmente respecto de las medidas de protección instadas con carácter de urgente y la pensión alimenticia solicitada. Lo anterior, dado el tiempo transcurrido entre la fecha en que fue presentada (veintitrés de septiembre de dos mil veintidós), según se aprecia del acuse de recibo correspondiente. Y si bien la nueva autoridad responsable recién el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, recepcionó dicha demanda, con motivo del impedimento invocado por la juez de origen, no menos lo es que a la fecha ha transcurrido un plazo por demás prudente para que ya hubiera emitido el pronunciamiento respectivo. Lo cual deberá de comunicar la nueva autoridad responsable dentro del término de tres días y acompañando las constancias certificadas que así lo acrediten; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia. En el entendido que el dictado de la presente determinación en modo alguno prejuzga sobre el fondo del juicio de amparo, dado que se resuelve con base en las constancias que obran en el cuaderno de suspensión, así como la apariencia del buen derecho que generó una presunción favorable a la quejosa y el peligro en la demora. AUDIENCIA INCIDENTAL Se le hace saber que se ha señalado las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a la nueva autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que haya necesidad de emitir oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) para notificarle(s) el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá(n) consultar en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este incidente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que solo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

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