Minelia María Auxiliadora Angulo Yupit

Expediente 441/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
441/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Minelia María Auxiliadora Angulo Yupit

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde su respectivo informe justificado. Asimismo, informa que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio ordinario familiar de guardia y custodia ********************, dio contestación a los escritos presentados por la aquí quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintidós, y catorce de febrero de dos mil veintitrés, para lo cual remite copia certificada de las constancias conducentes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de dar contestación a los escritos presentados el nueve de diciembre de dos mil veintidós, y catorce de febrero de dos mil veintitrés, en autos del expediente ********************. Sin embargo, de las constancias que anexó la Jueza responsable a su informe justificado, se advierte que mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dio contestación a los ocursos presentados por la aquí quejosa. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable diera contestación a los escritos de mérito mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, esto es, con antelación a la presentación del escrito de demanda (diecisiete de marzo de dos mil veintitrés), toda vez, que fue hasta el veintiuno de marzo del año en curso, cuando se le notificó a las partes dicha determinación; es decir, con posterioridad a la presentación del líbelo de amparo. En ese sentido, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento del proveído del cual reclamaba su omisión hasta esa fecha, y al ser así, es claro que ahora se actualiza la causal de improcedencia de mérito. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Tampoco es obstáculo a la determinación alcanzada, el que no se haya emplazado a la parte tercero interesada; toda vez que, al margen de que el sentido de la presente determinación no le depare un agravio y podría a través del recurso correspondiente hacer valer causales de improcedencia que a la postre resultaren fundadas; lo cierto es que el resultado de lo que aquí se provee sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del presente año, se dio vista a la persona denunciante con lo informado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la resolución dictada en autos; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y la documental remitida por la autoridad responsable, la resolución ha sido cumplida o no. ANTECEDENTES En resolución dictada el veintiséis de enero del año en curso, se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, promovida por ********************, en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. De manera que de conformidad con el término que establece el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida, en los términos siguientes: "Dejen insubsistente el oficio ********************, de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta resolución. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando sólo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria." Luego, a fin de cumplir con la resolución dictada, por oficio ********************, de seis de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, por conducto de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, remitió la diversa misiva ********************, de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dejó insubsistente el oficio ********************, de veintinueve de julio de dos mil veintidós, asimismo, se inaplicó la Ley General de Salud en lo referente al último párrafo del artículo 235 y último párrafo del artículo 247, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), con fines recreativos. De igual forma, emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, del estupefaciente y psicotrópico referidos, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación, así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la autoridad denunciada, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio ******************** y a dictar otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, resolviera la solicitud del gobernado; acciones que acreditó fehacientemente dicha responsable con las constancias respectivas. DETERMINACIÓN En tal virtud, de conformidad con el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la responsable ha dado cumplimiento a la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, emitida por este Juzgado. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a la parte denunciante con el cumplimiento: ocho de marzo de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a la parte denunciante de la vista de cumplimiento: trece de marzo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: siete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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