Mikaes Patracas Recinos
Expediente 295/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mikaes Patracas Recinos
- Pablo Mauricio Montelongo Martínez
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DEL JUEZ DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE PARCIALMENTE DILIGENCIADO EL EXHORTO 250/2015 DE ORDEN 317/2015, DE ESTE JUZGADO´, hagánse las anotaciones de libro de gobierno. Téngase por debidamente notificados el auto de veintiséis de junio a los quejosos,Pablo Mauricio Montelongo Martínez, Mikaes Patracas Recinos, Rubén Gerardo Cabada Mendoza, Carlos Leopoldo Amador Quintero y José Vicente Aragón Santoyo y por hechas las manifestaciones de la actuaria judicial en torno a que los citados quejosos presenten buen estado de salud. Por cuanto al quejoso Vicente Sánchez López, se advierte que no fue notificado por los motivos que se expresan en la misma, y tomando en cosideración que el Juez Decimoséptimo mediante oficio 29529/15 informó que aceptó la competencia planteada, previa copia certificada que se deje en autos de las constancias necesrias, remitasele el original del exhorto para los efectos que haya lugar, solicitando el acuse respecto via fax.
- Principal
Visto lo de cuenta; téngase por recibido para que obre como corresponda, el oficio 29529/2015, que remite vía fax, la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia planteada por este juzgado y acusa recibo de los autos del juicio de amparo número 295/2015-6, del índice de este órgano de control constitucional, promovido por Pablo Mauricio Montelongo Martínez, Mikaes Patracas Recinos, Rubén Gerardo Cabada Mendoza, Carlos Leopoldo Amador Quintero, Vicente Sánches López y José Vicente Aragón Santoyo, por conducto de su representante legal, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, radicándolo en aquel tribunal con el número 1102/2015-V; en consecuencia, practíquense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Cabe señalar que tal documento tiene pleno valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1ª./J27/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible a página 30, tomo XXV. Marzo de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente expediente es destruible, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo.
- Principal
Se rinde informe en relacioón a la suspensión de plano concedida a los quejosos en el preente juicio; agréguese a los presentes autos y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. (6)
- Principal
Vista la demanda constitucional promovida por Iliana Coral Méndez en representación de los quejosos directos Pablo Mauricio Montelongo Martínez, Mikaes Patracas Recinos, Rubén Gerardo Cabada Mendoza, Carlos Leopoldo Amador Quintero, Vicente Sánches López y José Vicente Aragón Santoyo, a través de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en la ciudad de Villa Aldama, Veracruz; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 295/2015-6. Ahora, por cuanto al acto que se reclama en nombre de los quejosos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, carece de competencia legal para resolver el presente asunto, atendiendo a que los actos reclamados señalados por los quejosos, se están llevando a cabo o tienen ejecución en el Estado de Veracruz, pues los directos agraviados actualmente se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en la ciudad de Villa Aldama, Veracruz, por tanto este juzgado de Distrito es incompetente legalmente para conocer de la demanda constitucional, conforme al citado precepto 37 de la ley de la materia, que dispone. "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda." "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, en cuyo caso es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, y dada la naturaleza de los actos reclamados, que se hacen consistir en: "La negativa de la autoridad responsable en proporcionar al hoy quejoso, la correspondiente atención médica, sin dar contestación a las peticiones verbalmente formuladas para que me sea cubierta tal protección, por los padecimientos que sufre, consistente en lo que yo pudiera considerar, sin ser médico, en fuertes dolores de cabeza, cansancio extremo, náuseas e inapetencia, circunstancias por las cuales está impedido en realizar sus actividades diarias, tanto físicas como las establecidas dentro del penal." Se tiene que en el caso se surte la primera regla competencial, específicamente, la hipótesis relativa al lugar donde se está ejecutando el acto, si se atiende a que los actos que en esta vía se impugnan, por naturaleza no son autónomos sino que envuelven una ejecución material, lo que significa que para determinar, en el caso, la competencia debe establecerse el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. Asentado lo anterior, es patente que el acto que afecta a los directos quejosos tiene ejecución material en la jurisdicción territorial del Estado de Veracruz, en específico en el municipio de Villa Aldama, que es una jurisdicción diversa a la de este órgano de control constitucional; además de que no se advierte dato alguno que indique que se estén verificando o que se llevarán a cabo en la residencia de este Juzgado Federal. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada, sustentada por la entonces Tercera Sala, visible a página doce, Septiembre de mil novecientos noventa y tres, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, se cita por identidad jurídica sustancial la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2005, sustentada por la Primera Sala, visible a página cincuenta y ocho, Agosto de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, anteriormente citado, este juzgado de distrito, declina competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Iliana Coral Méndez en representación de los quejosos directos Pablo Mauricio Montelongo Martínez, Mikaes Patracas Recinos, Rubén Gerardo Cabada Mendoza, Carlos Leopoldo Amador Quintero, Vicente Sánches López y José Vicente Aragón Santoyo; fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda original, con cuatro copias de la misma, a la Oficina de Crrespondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que por su conducto se remita al Juez de Distrito en turno de esa ciudad, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta que de no tener inconveniente legal alguno notifique el presente auto a los impetrantes de derechos fundamentales y remita a la brevedad a este órgano jurisdiccional las constancias de notificación respectivas; de igual forma, se solicita acuse de recibo e informe lo que tenga a bien acordar. No obstante lo anterior y virtud de encontrarnos en un caso urgente, pues en nombre de los quejosos se reclaman sedicentes actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los cuales, si bien es cierto no los señalaron como acto reclamado en forma destacada en el capítulo correspondiente, también lo es que del análisis integral de la demanda de amparo, la cual debe ser vista como un todo, se aprecia en el capítulo relativo a la suspensión que los peticionarios de amparo señalan que pretenden no ser enviados a una celda de castigo donde serán segregados y aislados de los demás reclusos; en esa tesitura y como en el caso, dichas violaciones se traducen en la incomunicación (aislamiento), segregación y tormentos, ocasionados por la falta o inadecuada atención médica por parte de los órganos encargados de ejecutar las sanciones penales, y tomando en consideración que la promovente del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que aquéllos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en la ciudad de Villa Aldama, Veracruz, con fundamento en los artículos 48, segunda parte del párrafo primero, y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS consistentes en el envío a una celda de castigo, lugar donde serán segregados y aislados de los demás reclusos por los ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, para el efecto de que cesen de inmediato los mismos y no se realice ningún acto de los señalados en el citado artículo constitucional en contra de los quejosos, por lo cual se apercibe a la autoridad responsable que deberá rendir su informe respecto a la suspensión decretada de oficio y de plano dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba la notificación del oficio respectivo. Asimismo, con el propio sustento legal precisado en el párrafo precedente, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE OFICIO, respecto del acto reclamado que en nombre de los agraviados, bajo protesta de decir verdad, se hizo consistir en la negativa de la autoridad responsable en proporcionar atención médica, para el efecto de que la autoridad responsable, de inmediato y sin demora tome las medidas que sean necesarias a fin de que de manera urgente se brinde a dichos quejosos el tratamiento médico que requiera; lo anterior en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual prevé que los Estados Partes de ese Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán, entre otras, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; asimismo, la autoridad responsable deberá proporcionar a los quejosos la alimentación que en su caso requieran a fin de garantizarles un trato digno y de respeto a su persona. Ahora bien, toda vez que los quejosos Pablo Mauricio Montelongo Martínez, Mikaes Patracas Recinos, Rubén Gerardo Cabada Mendoza, Carlos Leopoldo Amador Quintero, Vicente Sánches López y José Vicente Aragón Santoyo, se encuentran recluidos fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vía fax gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al que se acompañe copia de la demanda, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción que de inmediato se constituya en el lugar en que actualmente se encuentran recluidos los quejosos, a fin de que realice la notificación respectiva y dé fe sobre la existencia o no de los actos que reclaman los amparistas (tormentos, segregación, aislamiento y falta de atención médica), actos que prohíbe el artículo 22 constitucional; asimismo, dé fe sobre las condiciones físicas y de salud en las que actualmente se encuentran los quejosos, es decir, sobre su integridad física y si presentan o no signos de haber sido objeto de alguno de los actos de que se duelen. En la inteligencia de que la responsable otorgará al Actuario adscrito al Juzgado exhortado, todas las facilidades que el caso requiera para los efectos de que se cerciore de la situación que guardan los detenidos; para tal efecto, ésta tiene la obligación de ponerlo ante la presencia del Actuario judicial. Hágase del conocimiento de dicha autoridad, que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262 de la Ley de Amparo, hechos que de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación, para los efectos legales que procedan. Por otro lado, se solicita al Juez exhortado que haga saber esta determinación al Director del Reclusorio Federal en que se encuentran detenidos los quejosos directos, a fin de que esté en aptitud de informar a este Juzgado el cumplimiento que dé a la medida adoptada. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez exhortado, para el caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el Actuario de su adscripción pueda llevar a cabo la notificación de mérito.
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