Miriam Gaitanos Chapa
Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Miriam Gaitanos Chapa
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de trece de los actuales, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de trece de los actuales, en que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso en que se actúa, coindicen en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese y regístrese el juicio de amparo con el número 57/2023. Desechamiento de demanda Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Se cita al caso, la tesis de la octava época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, se advierte que la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, es decir, no impugnó el acto reclamado mediante el recurso establecido en la ley de la materia, previo a acudir al juicio de amparo, por lo que actualizada la causal de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del análisis del artículo en cita se advierte que los elementos que integran la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal ordinario; 3) Que mediante ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. El precepto de mérito contiene el principio de definitividad, cuyo objetivo primordial estriba en que el juicio de amparo es procedente solo respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno. En esa misma línea, resulta necesario precisar el contenido de los artículos 914, 915, 928 y 473 del Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, que prevén: "Artículo 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo. Artículo 915. La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. Artículo 928. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, II. Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código." Articulo 473.- En los juicios sumarios solamente los autos que decidan incidentes y las sentencias, serán apelables; el recurso sólo se admitirá en el efecto devolutivo." De los numerales transcritos se advierte que, el recurso de revocación es procedente contra los autos y decretos que no fueren apelables; y que el referido recurso se debe interponer al día siguiente al en que se haya notificado el proveído al recurrente; asimismo, destaca que el diverso recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas o interlocutorias y los autos que específicamente señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. En relación a los juicios sumarios, como lo es el de origen, solamente son apelables los autos que decidan incidentes y las sentencias. Por tanto, si en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye el proveído dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el juicio sucesorio testamentario a bienes de Melissa González Gaitanos, radicado con el número 146/2022, en el que se acordó el escrito de la ahora quejosa ********************, como albacea provisional, sobre la autorización judicial a fin de llevar a cabo la exhumación y traslado del cuerpo de su finada hija, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en diverso de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano su petición; proveídos que se anexaron con la demanda de amparo y, en lo que interesan, dicen: "En la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por recibido vía electrónica, escrito que remite el Licenciado JORGE LUIS MIRANDA NIÑO, en su carácter de autorizado por la parte actora en los amplios términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con su ocurso de cuenta, con el mismo, se le tiene por hechas sus manifestaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, se le dice al compareciente que se esté al proveído de fecha cuatro de Noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 22, 34, 108, 767 y 771 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado; y artículo 350 bis 1 de la Ley General de Salud. Notifíquese. [.]." "En la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por recibido escrito signado por MIRIAM GAITANOS CHAPA en su carácter de albacea provisional dentro del presente juicio sucesorio, con la cual solicita la autorización judicial, a fin de llevar a cabo la exhumación y traslado del cuerpo de la de cujus MELISSA GONZÁLEZ GAITANOS, con dicho escrito se le dice lo siguiente, si bien es cierto en el informe rendido por el gerente de funeraria La paz, refiere en el punto "3.- Al solicitar exhumación prematura (antes de los 5 años) el sistema de salubridad por parte de la dependencia COEPRIS, solicitan que se emita una autorización por algún juez; pudiendo ser cualquier instancia (civil, penal, familiar, etc.). Donde indique el motivo y la justificación de dicha petición"., también lo es que, como refiere el artículo 350 bis 1 de la Ley General de Salud, el cual a la letra dice: "Artículo 350 bis 1.- La Secretaria de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas. Mientras el plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.", aunado a lo anterior, que el negocio que nos ocupa, es la Sucesión Intestamentaria a bienes MELISSA GONZÁLEZ GAITANOS, versa como lo establece el artículo 771 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albacea, tutores, capacidad para heredar y preferencia de derechos, inventario y avalúo de los bienes que formen el acervo hereditario, todo lo relativo a administración, cuentas, su glosa y calificación, así como el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de aquellos, siendo el caso que su petición no se encuentra dentro de los supuestos antes establecidos; Por lo que, por lo anteriormente expuesto y fundado, se desecha de plano su petición, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y firma que corresponda. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 22, 34, 108, 767 y 771 del Código de procedimientos Civiles en vigor en el Estado. Notifíquese. [.]." Lo resaltado es de este Juzgado. Proveído respecto del cual no se encuentra prevista expresamente la procedencia del recurso de apelación (por no tratarse de una resolución incidental o sentencia), de modo que es indudable que es impugnable a través del recurso de revocación conforme al artículo 914 del código adjetivo civil. Cierto, pues, según se expuso, los autos que no fueren apelables serán revocables por quien los dictó, luego, si en el caso el proveído reclamado en esta instancia no se ubica en los supuestos de procedencia del recurso de apelación, es claro que procede el diverso recurso de revocación. En esa tesitura, debe decirse que la quejosa, al ser parte y tener intervención en el juicio de origen, previo al juicio biinstancial, debió respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación precisado en el precepto legal citado, cosa que en la especie no ocurrió, y, por ende, el presente juicio constitucional es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Ilustra lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Es importante señalar que en el caso no se surte alguna de las hipótesis legales para que la parte quejosa no se encontrara obligada a agotar los medios ordinarios de defensa y acudir directamente al juicio de amparo como lo hizo, pues el acto impugnado en esta sede constitucional no se ubica en alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que: 1. No es de aquellos que importen peligro de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni de la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No se trata de actos que restrinjan la libertad personal del quejoso, diversos de la sentencia definitiva. 3. No se trata de persona extraña al procedimiento. 4. El recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad. Autorizados y domicilio Téngase como autorizados de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño y Manuel Cruz Maldonado, toda vez que cuentan cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ********************, ya que no cuenta con el precitado requisito. Sin que proceda acordar de conformidad el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, toda vez que también solicita que se le practiquen las notificaciones por la vía electrónica, por lo cual deberá privilegiarse este último medio. Acceso al expediente electrónico Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo con los nombres de usuario "********************" y "********************", así como la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. En ese contexto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "********************" y "********************", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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