Miguel Aurelio Martínez López

Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
379/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Aurelio Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se agrega ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 236/2021 Penal, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." [.]." Archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega escrito del defensor del quejoso directo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, téngase por interpuesto el citado medio de impugnación, se rinde el informe relativo a la materia de la queja y se remite al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, así como el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se agrega escrito del defensor del quejoso directo, por cuanto a lo solicitado, se dice al compareciente que en la parte final del auto de dieciocho de noviembre del año en curso, se proveyó lo peticionado en su escrito de catorce de noviembre del año que transcurre, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho proveído. Notifíquese.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los escritos de Ramiro Chavana Martínez, quien promueve a nombre del quejoso Miguel Aurelio Martínez López, recibidos a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con la firma electrónica y certificado digital institucional de evidencia criptográfica, para los efectos legales procedentes. Cumplimiento prevención Por cuanto al escrito mediante el cual Ramiro Chavana Martínez, cumple con el requerimiento contenido en proveído de dieciséis de los corrientes, y bajo protesta de decir verdad señala que promueve la demanda de amparo en su carácter de defensor del quejoso directo Miguel Aurelio Martínez López, por lo tanto, se le tiene cumpliendo con la referida prevención. Desechamiento de demanda Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ramiro Chavana Martínez, en su carácter de defensor particular del quejoso directo Miguel Aurelio Martínez López, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. De acuerdo con el citado numeral, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, de manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese contexto, de la demanda de amparo, se puede establecer que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La orden de aprehensión dictada el seis de octubre del año en curso, por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, en los autos de la carpeta procesal 81/2021, así como su ejecución. En las relatadas circunstancias, este juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." El precepto y fracción transcritos, disponen que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas, de manera irreparable, las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, de manera tal, que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica. De igual forma, el párrafo segundo de la fracción en comento estipula que cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren consumadas de manera irreparable las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo, resulte o no constitucional. Es aplicable la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, de los antecedentes que narra el promovente bajo protesta de decir verdad, a lo que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Que ante el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, se encuentra registrada la carpeta procesal 81/2021, instruida contra Miguel Aurelio Martínez López, por el delito de violencia familiar y lesiones. Dentro de dicho asunto, el "treinta de abril" de dos mil veintiuno se dictó en contra del quejoso directo auto de vinculación a proceso. Ante la inasistencia del aquí quejoso a la audiencia intermedia, el seis de octubre del año que transcurre se giró en contra de Miguel Aurelio Martínez López orden de aprehensión, misma que fue ejecutada el cinco de noviembre del año en curso. Ahora bien, como se anticipó la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada el seis de octubre del año en curso, por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, en los autos de la carpeta procesal 81/2021. Por tanto debe traerse a colación los artículos 211, 315 y 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado." "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio." De los preceptos anteriores se aprecia que la etapa intermedia, en el procedimiento penal, se inicia una vez que se vinculó a proceso a la persona a quien se le formuló imputación, en la audiencia preliminar o inicial. Por tanto, si como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad ya se encuentra vinculado a proceso, se debe estimar que operó un cambio de situación jurídica; lo anterior, pues los actos que impugna en esta vía no son susceptibles de examinarse, porque la transgresión que, en su caso, la autoridad responsable hubiera cometido, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado de dicho auto. Por su contenido, es aplicable la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1702, con número de registro digital: 2013315, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ramiro Chavana Martínez, en su carácter de defensor del quejoso Miguel Aurelio Martínez López. Por otra parte, como solicita el promovente, se autoriza el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario ramiro_chavana, para enviar promociones, consultar acuerdos y recibir notificaciones personales. Atento a lo anterior, el autorizado está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días, a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 de la referida legislación. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A", realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario ramiro_chavana, únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se tiene como correo electrónico el que señala en su ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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