Miguel Sánchez Torres
Expediente 296/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Sánchez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito presentado por Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa identificación y recibo que de dicha entrega se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que indica. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que obste lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables jurisdiccionales; ello es así porque de conformidad con el precepto 87 de la mencionada ley, aquéllas no están legitimadas para interponer recurso de revisión. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DESTRUÍBLE dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no fue exhibida, ni por lo que hace a la devolución de documentos originales, dado que no fueron adjuntados al juicio. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, envió en apoyo al informe justificado que rindió copia certificada de las constancias de donde emanó el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LAS TERCERAS INTERESADAS NORMA PATRICIA DUARTE TORRES Y FANNY SCARRLET SÁNCHEZ DUARTE...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo I-296/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido ese día en el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán, Miguel Sánchez Torres solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos de las autoridades siguientes: ? Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia. ? Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia. ? Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia. ? Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A LAS TRES PRIMERAS AUTORIDADES LES RECLAMO La emisión de requerimientos de pago y embargo, derivado de supuestas deudas de pensiones alimenticias, y la ejecución de los mismos acuerdos, en la que me embargó bien de mi propiedad, llevada a cabo el día 26 de enero de dos mil dieciocho, y con dichos actos me dejan en insolvencia, y no se motiva cómo cuantificaron dicho adeudo, ya que los que me demandan habitan el inmueble embargado, mi hijo labora actualmente. Y A LA ÚLTIMA AUTORIDAD RESPONSABLE LE RECLAMO EL EMBARGO REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2018, EN EL CUAL NO SE IDENTIFICÓ ADECUADAMENTE Y PRACTICÓ DICHOS EMBARGOS, SIN EXPLICARME CÓMO SE CUANTIFICÓ LAS PRESTACIONES EXIGIDAS". Actos que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección; asimismo, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, la demanda correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien por proveído de veintiuno de febrero siguiente admitió a trámite (fojas 29-33); solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado correspondiente; y emplazó como terceros interesados a Fanny Scarrlet Sánchez Duarte (foja 49), Norma Patricia Duarte Torres (foja 52). Seguidos los trámites legales, por auto de dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 101-104), se ordenó la separación de juicios con el argumento toral de que provenían de juicios diversos, por tanto, resultaba necesario para lograr un mejor análisis de los actos, evitar sentencias contradictorias y porque los actos se encontraban desvinculados entre sí. Por lo anterior, se remitió oficio 6426 de esa misma fecha al jefe de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, para efecto de que registrara las demandas como nuevas, el cual, por diverso OCC/C11/JDM/177/2018, por razón de turno, remitió las constancias correspondientes al Juzgado Cuarto de Distrito, razón por la cual, por auto de dieciséis de abril ulterior (fojas 112-114), se avocó al conocimiento del asunto con relación al acto reclamado a la jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia y, su ejecución atribuida a la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán; dio intervención a la representante social adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados tienen ejecución donde ésta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000 , estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso. Ahora, en el caso concreto, en atención a la literalidad del apartado IV de la demanda (foja 7) y, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, el siguiente: ? El auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria número 289/2010, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, mediante el cual se ordenó requerirlo del pago de diversas cantidades adeudadas con motivo del incumplimiento de pago de pensión alimenticia en favor de Norma Patricia Duarte Torres y, Scarrlet Sánchez Duarte y, en caso de incumplir con el pago, embargar bienes suficientes para garantizar el monto correspondiente. De la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán: ? La ejecución de ese auto y, por ende, el embargo trabado en un bien inmueble de su propiedad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados las autoridades responsables siguientes: N° Autoridad Fojas Sentido 1 Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia. 44 Es cierto 2 Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán. 53 Es cierto Por tanto, son ciertos los actos que se les atribuyen, por así manifestarlo en sus respectivos informes justificados; máxime que lo anterior se corrobora con las constancias allegadas al sumario constitucional; las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, ninguna de las partes invocó la actualización de alguna causa de improcedencia; además, este órgano jurisdiccional, de oficio, inadvierte la objetivación de alguna, razón por la cual, se procede a analizar el fondo del presente asunto. Habida cuenta que el juicio resulta procedente contra el mandamiento de embargo y la ejecución de éste, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los embargos dentro de sede jurisdiccional constituyen actos de imposible reparación según jurisprudencia del texto EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que en contra de las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio, procede el amparo indirecto, como excepción, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal y no sólo derechos adjetivos o procesales; hipótesis en la que encuadra el embargo practicado en el juicio, dado que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (venderlos, arrendarlos, darlos en comodato, prenda o garantía, etcétera), además de constituirse el depósito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no será susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio, en el momento en que se produce, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, razón por la cual no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente o se decrete el remate durante el procedimiento de ejecución, para poder combatir la actuación relativa mediante el juicio de amparo indirecto . QUINTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio alguno a las partes e inexistir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En primer término, no se soslayan las manifestaciones expuestas por el inconforme en su escrito inicial de demanda, en la cual manifiesta tener ochenta y un años de edad (foja 7), así como las realizadas por su defensor de oficio, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio constitucional (fojas 38-42, 55-59, 62-66 y 95-99), mediante las cuales se expone, en esencia, que el inconforme es adulto mayor, razón por la cual, debe suplirse la deficiencia de la queja en su favor, para lo cual se citan diversas tesis que estiman aplicables. Sin embargo, esa petición es improcedente, porque los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en materia civil, en los supuestos en los que se afecten derechos de menores o incapaces, se afecte la estabilidad de la familia, o se advierta una violación evidente, es decir, clara, innegable de las constancias del expediente del juicio ordinario, sin que derive de una serie de razonamientos y planteamientos, y afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Orienta al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1417, Libro 15, Tomo II, Febrero de 2015, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)." En el caso justiciable, la materia de controversia deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, relativa al pago de pensión alimenticia provisional, en el que las partes contendientes son personas mayores de edad; además, del análisis del expediente del procedimiento natural, este órgano constitucional tampoco advierte actuación de las autoridades jurisdiccionales que transgrediera de manera evidente preceptos legales, con la consecuente vulneración de los derechos sustantivos de la parte quejosa. En cambio, las transgresiones aducidas por ésta, que califica como afectación directa e inmediata de tales derechos derivan de los razonamientos y planteamientos que hace en sus conceptos de violación. Por tanto, están sujetas a constatación y comprobación, mediante las razones jurídicas que expone a efecto de que este juzgado constate dichas violaciones, a su decir, cometidas por las autoridades responsables con la emisión y, ejecución del acto reclamado. Ahora, aun cuando se considere que el quejoso es adulto mayor, la circunstancia de su edad no constituye por sí misma razón suficiente, porque no provoca desventaja evidente que conduzca a darle, en todo momento, trato preferencial, o se supla a su favor la queja deficiente en esta instancia, pues, inexiste medio de prueba tendente a demostrar esa circunstancia, salvo la manifestación analizada. En esas condiciones, al inobjetivarse los supuestos para que opere a su favor el beneficio de suplencia de la queja, el asunto se decidirá con base en los motivos de inconformidad expresados al efecto. Precisado lo anterior, previo al análisis de los motivos de inconformidad, es necesario indicar que, de las actuaciones de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales 289/2010, enviado por la jueza responsable en apoyo de su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral segundo, se aprecian los antecedentes siguientes: 1. Promoción de las diligencias. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil diez ante la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en Morelia, Norma Patricia Duarte Torres, por propio derecho y, en representación de Fanny Scarrlet Sánchez Duarte -en esa data menor de edad-, en la vía de jurisdicción voluntaria, solicitaron de Miguel Sánchez Torres, el pago de alimentos provisionales, con base en las circunstancias de hecho expuestas en el capítulo correspondiente, las cuales, son intrascendentes para la resolución del presente juicio de amparo (fojas 1-11 del tomo de prueba). 2. Admisión. Por razón de turno, la demanda se remitió al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, cuya titular, por acuerdo de catorce de abril siguiente, admitió a trámite las diligencias con el número 289/2010 y, entre otras cuestiones, ordenó requerir a diversas instituciones la práctica de distintas diligencias, les solicitó información con la finalidad de establecer las necesidades de las solicitantes y las condiciones económicas de los involucrados (fojas 20-21 del aludido tomo). 3. Resolución. Seguidos los trámites legales, por fallo de ocho de junio de dos mil diez, la jueza natural declaró la procedencia de la solicitud sobre fijación y pago de pensión alimenticia provisional y, con base en diversos medios de prueba, estableció el monto de la pensión provisional, a saber, en total por ambas solicitantes, cuatro mil novecientos dos pesos con treinta centavos mensuales; en consecuencia, ordenó requerir del pago al deudor alimentario (fojas 53-64 ídem). 4. Apelación. Inconforme con esa decisión, Norma Patricia Duarte Torres, por propio derecho y, en representación de Fanny Scarrlet Sánchez Duarte, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer al magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, quien, en los autos del toca I-218/2010, por resolución de dieciséis de julio siguiente, modificó la resolución impugnada para aumentar el monto de la pensión a nueve mil ochocientos cuatro pesos con sesenta centavos (fojas 66-80 y 85-94 del tomo de prueba). 5. Solicitud de requerimiento de pago. Seguidos diversos trámites en el procedimiento de origen, por escrito de seis de septiembre de dos mil diecisiete, Norma Patricia Duarte Torres solicitó requerir al deudor alimentista el pago de la pensión correspondiente del período de noviembre de dos mil quince a abril de dos mil dieciséis, la cual asciende a doce mil setecientos sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (fojas 251-252 ibídem). 6. Requerimiento de pago. En atención a la solicitud reseñada, por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 253-254 del referido tomo), la jueza natural ordenó requerir del pago de las cantidades reclamadas al deudor alimentista y, de no efectuarlo, autorizó el embargo de bienes suficientes para garantizarlo. El acuerdo reseñado constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa expone, en esencia, que con los actos reclamados se le dejó en estado de insolvencia; además, no se expuso cómo se cuantificó el adeudo de las cantidades que se le requieren. Quienes lo demandan habitan el inmueble que se le embargó, incluso, su hijo ya labora. Reitera, no se le explicó cómo se cuantificó el adeudo reclamado; se soslayó considerar que es desempleado y está enfermo, carece de ingresos y, por ende, no se garantiza su subsistencia. Por otra parte, refiere que sus hijos Irineo, Mariela y, Miguel Sánchez Duarte cohabitan en el inmueble que le embargaron, razón por la cual, deben pagarle renta, pues, incluso, ya cuentan con empleo. Por último, manifiesta que las personas que acudieron a practicar el embargo nunca se identificaron, ni expresaron su nombre, únicamente querían que firmara un documento sin permitir leerlo. Los argumentos reseñados son ineficaces. En efecto, lo atinente a que no se expuso de qué forma se cuantificó el monto requerido, resulta contrario porque el auto impugnado tiene su origen en la cantidad determinada en favor de las acreedoras, mediante resolución de dieciséis de julio de dos mil diez, reseñada en el antecedente número cuatro, pues en ese fallo -visible de fojas ochenta y cinco a noventa y cuatro del tomo de pruebas-, se aprecia que el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, expuso los motivos y razones particulares por las cuales el deudor alimentario debía cubrir los montos ahí señalados, consideraciones que rigen la situación jurídica de las cantidades reclamadas. Además, la argumentación correspondiente a que se omitió precisar por qué razón el monto requerido era incorrecto, contrario a ello, de autos se aprecia que no desconoce la existencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria de donde derivan los actos reclamados, ya que, en reiteradas ocasiones se han trabado embargos en el mismo inmueble de su propiedad y se le dio intervención en las diligencias correspondientes ; además, ha comparecido al procedimiento de origen a solicitar copias de todo lo actuado , incluso, de la resolución reseñada, de segunda instancia, razón por la cual, es evidente que conoce las razones por las cuales se fijó el monto que ahora se le reclama por el período reseñado; sin embargo, se reitera, omite exponer por qué, éste es incorrecto. Aplica a lo afirmado la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Por otra parte, son ineficaces las manifestaciones relativas a que sus hijos cohabitan en ese domicilio y ya trabajan, por lo cual, incluso, le deben pagar renta; se soslayó que no tiene empleo y, está enfermo; y, lo relativo a que se le dejó en estado de insolvencia; lo anterior, en razón de que esas circunstancias no tienen relación con la litis constitucional -requerimiento de pago y embargo por incumplimiento de pago de pensión alimenticia provisional-, ya que las mismas constituyen manifestaciones tendentes a evidenciar el cese de la obligación alimenticia, derivado de su insolvencia, su estado de salud e, incluso, porque sus hijos son autosuficientes; no obstante, tiene expedito sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime convenientes. Habida cuenta que de las diligencias de las cuales deriva el acto reclamado, se advierte que sus hijos Irineo, Mariela y Miguel Sánchez Duarte no son acreedores alimentarios. En diverso orden de ideas, contra lo expuesto por el inconforme, es ineficaz lo atinente a que las personas que practicaron el embargo no se identificaron ni expresaron su nombre. Así, pues, de conformidad con los artículos contenidos en el Título Segundo, Capítulo Tercero, relativo a las notificaciones, del Código Familiar de Michoacán -vigente a la fecha de la diligencia, por tratarse de cuestiones adjetivas-, se inadvierte disposición legal en el sentido de que el actuario o, en su caso, su asociado, deban identificarse o indicar sus nombres, como un requisito para la validez de la diligencia; por tanto, se reitera, el argumento analizado es ineficaz. Por otra parte, expone el inconforme que el acto reclamado -requerimiento de pago y, embargo, por el incumplimiento de pago de pensión alimenticia provisional-, le privó de su propiedad sin garantía de audiencia. El argumento reseñado es inoperante, porque se objetiva impedimento de análisis por existir jurisprudencia aplicable al tema planteado, que da respuesta integral al tópico de fondo, como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 1a./J. 14/97, aplicable por similitud jurídica sustancial , que se lee: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Sobre el tema en cuestión, a saber, que el acto reclamado, consistente en una medida cautelar, transgrede su garantía de audiencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 21/98 , de rubro y textos siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Por ende, lo expuesto con relación a que el requerimiento de pago de la pensión alimenticia provisional transgrede su garantía de audiencia es inoperante, toda vez que mediante las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia relatada, obligatoria para este Juzgado de Distrito, conforme a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se da respuesta integral al planteamiento de la parte quejosa. No se soslayan los diversos criterios invocados por la parte quejosa en el capítulo IX, de su demanda de amparo, relativo a la suspensión del acto reclamado; no obstante que algunas guardan relación con el fondo del asunto, sin embargo, al desestimarse los motivos de queja, la simple cita de éstos es insuficiente para evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, porque los argumentos que sustentan su aplicación al caso concreto se declararon ineficaces. Por otra parte, resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117, de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 42, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del tomo VI, parte SCJN, página 27, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Sánchez Torres contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente ejecutoria.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Miguel Pacheco Barajas896/2019
- Miguel Piñón Ramos628/2018
- Miguel Rafael Gómez Ortega224/2017
- Miguel Raya Díaz979/2018
- Miguel Ríos Jaimez1118/2018
- Miguel Salgado Paredes473/2020
- Miguel Sánchez Vargas1169/2017
- Miguel Sotelo Chávez898/2019
- Miguel Tejeda Alcazar482/2018
- Miguel Trejo Mora349/2022
- Miguel Vaca Aguilar393/2019
- Miguel Valdez Ruiz95/2014