Miguel Raya Díaz

Expediente 979/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
979/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Raya Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Miguel Raya Díaz, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables antes precisadas puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De igual manera, por lo que hace al original del incidente de suspensión, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar provisional y definitiva. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Por otro lado, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión correspondiente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-979/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Miguel Raya Díaz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 5o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, relató bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito, la que fue admitida en acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho previa emisión de dos autos preventivos (fojas 28 a 31), se requirió a las autoridades responsable el informe justificado, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta a los tribunales administrativos que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal virtud, de la interpretación integral de la demanda armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las actuaciones, se advierte que la intención de la parte quejosa es combatir: La clausura del comercio ubicado en la avenida Canteras número 1280, colonia Villas del Pedregal de esta ciudad. La infracción con número de folio 0065 de trece de noviembre de dos mil dieciocho. Que se demandan de forma indistinta al Presidente y a la Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán así como al Director de Inspección y Vigilancia de este Municipio. Es conveniente señalar, que en el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 53), se aclaró que el acto reclamado era la infracción contenida en el folio 0065 de trece de noviembre de dos mil quince y que ésta ascendía a la cantidad de $806.00 (ochocientos seis pesos moneda nacional), lo que se determinó en ese sentido porque dentro de los documentos que la parte quejosa acompañó a la demanda, se advirtió el recibo de pago 7395702 por la cantidad antes enunciada, la que topográficamente hablando está colocada después del acta de infracción 0065 (fojas 14 y 15); sin embargo, dicho pago no corresponde a la infracción antes indicada. Lo anterior, porque el acta en que fue asentada la infracción -número de folio 0065- se levantó el trece de noviembre de dos mil ocho, mientras que el recibo 326658-D que contiene el pago de la cantidad mencionada se expidió el quince de octubre de dos mil dieciocho; esto es, un mes antes del acta en comento. Además de que en dicho recibo de pago se lee que fue por concepto de multa, respecto de la infracción "9789 de 09 de octubre de 2018". Por tanto, no es factible que se refiera al mismo acto jurídico. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. 1. No son ciertos los actos que se reclaman al Presidente (fojas 42 a 47) y a la Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán (fojas 36 a 41), ya que al rendir el informe justificado que les fue requerido negaron haber emitido la orden de clausura o la boleta de infracción que se reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar el sentido de los informes; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. 2. Por las mismas razones, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta al acto reclamado a la Dirección de Vigilancia e Inspección del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán porque al rendir el informe justificado negó haber emitido una orden de clausura (foja 63), y la parte quejosa omitió ofrecer pruebas para desvirtuar esa negativa; por tanto también deberá decretarse el sobreseimiento del juicio por lo que a dicho corresponde. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a la Dirección de Inspección y Vigilancia de este Municipio, ya que así se desprende del contenido del informe justificado (fojas 63) consistente en la infracción que se levantó a través de la boleta 0065 (foja 14) y se corrobora con la copia al carbón que la quejosa acompañó a la demanda, la que tiene valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Improcedencia y sobreseimiento. 1. Este tribunal advierte, de oficio, que el juicio de amparo es improcedente virtud a que el acto reclamado no constituye un acto definitivo para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación funcional de este apartado normativo se advierte, que las hipótesis contempladas en las veintidós fracciones que preceden a la transcrita no son las únicas que hacen improcedente el juicio de amparo, sino que existen otras que se encuentran diseminadas en la Ley Suprema de toda la Unión y en la propia Ley de Amparo; sin embargo, para su integración es necesario que el operador jurídico realice una interpretación sistemática de los preceptos que contiene los principios que impiden que se ejerza sobre el acto reclamado un control de regularidad constitucional. Al respecto, por las razones que en ella se exponen cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 175/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". En este orden, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Ahora, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio para efectos del juicio de amparo, comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla. Criterio que fue sustentado, en la tesis de jurisprudencia 22/2003 que establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". En el caso, del estudio integral de la boleta de infracción 0065 (foja 14), se advierte que la actuación del inspector que la levantó, no es el último acto emitido en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, al contrario, con ella dio inicio un procedimiento sumarísimo en que se brinda al quejoso la garantía de audiencia, la que estuvo en aptitud de ejercer en dos momentos; el primero, en la diligencia ya que de su contenido se advierte lo siguiente: " [.] ACTO SEGUIDO SE CONCEDE QUE MANIFIESTE EL O LA C. YURIANA RAYA BUSTOS LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN ATENCIÓN AL RESPETO DE SU GARANTÍA DE AUDIENCIA [.]" (foja 14). La segunda oportunidad, también se desprende del contenido del acta en la que se asentó: "[.] SE PROCEDE EN ESTE MOMENTO A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DEL INTERESADO (A) QUE DEBERÁ COMPARECER DENTRO DEL TÉRMINO DE HASTA CINCO DÍAS HÁBILES ANTE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA, UBICADA EN [.] A FIN DE QUE SE LE CALIFIQUE LA INFRACCIÓN AQUÍ DETECTADA Y SE DETERMINE EL MONTO DE LA SANCIÓN A QUE SE HIZO ACREEDOR, DE ACUERDO AL TABULADOR CONTENIDO EN EL REGLAMENTO [.] ASIMISMO SE LE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTUACIÓN PUEDE SER RECURRIDA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS [.] PARA LO CUAL CUENTA CON EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE AQUÉL EN QUE SE ACTUÓ [.]" (foja 14). Puede advertirse, entonces, que no se trata de la última resolución pronunciada en el procedimiento seguido en forma de juicio, pues antes de individualizarse la sanción, la infracción a las leyes debe ser calificada con base en las facultades que el artículo 9o., fracción VII, del Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de Morelia, establece en favor del Secretario del Ayuntamiento. Así las cosas, si el acto reclamado no es el último emitido en el procedimiento administrativo el juicio de amparo es improcedente, porque no puede considerarse que el caso se ubique en la hipótesis del inciso b), de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado viole derechos sustantivos ya que el acta relativa a la infracción no determina por sí una situación jurídica concreta y particular al no ser definitiva, pues será hasta que el Secretario del Ayuntamiento en uso de la facultad que le confiere el reglamento individualice la sanción en que se producirá tal afectación; por tanto, el juicio de amparo es improcedente. En consecuencia, al haberse acreditado de manera fehaciente la causal de improcedencia estudiada, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Por lo anteriormente expuesto se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Raya Díaz, en contra de los actos que reclamó al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Morelia, virtud a la inexistencia decretada en el considerando tercero apartado 1 y respecto de los actos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, e Inspectores adscritos de ese Municipio, por las razones expuesta en mismo considerando apartado 2; así como respecto del Dirección de Inspección y Vigilancia descrito en el considerando cuarto por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MIGUEL RAYA DÍAZ. Por lo anteriormente expuesto se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Raya Díaz, en contra de los actos que reclamó al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Morelia, virtud a la inexistencia decretada en el considerando tercero apartado 1 y respecto de los actos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, e Inspectores adscritos de ese Municipio, por las razones expuesta en mismo considerando apartado 2; así como respecto del Dirección de Inspección y Vigilancia descrito en el considerando cuarto por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 74), se dio vista a las partes con el contenido de los informes justificados rendidos por el Presidente y Síndico Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que se impongan de su contenido. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior y a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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