Miguel Piñón Ramos
Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Piñón Ramos
- J. Sacramento Santana Mendiola
- J. Amparo Guillén Salud
- J. Sacramento Santana Mendiola y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA J. SACRAMENTO SANTANA MENDIOLA, MIGUEL PIÑÓN RAMOS, JUAN ANTONIO MENDIOLA SÁNCHEZ, J. AMPARO GUILLÉN SALUD, JOSÉ GUTIÉRREZ ÁVILA, CÉSAR ÁLVAREZ COLOR, CARLOS SOLORIO ELORSA, RÓMULO SOLORIO ELORSA, JOSÉ LUIS GAONA SANTILLÁN Y EVERARDO GUZMÁN CRUZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que, al haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Además, toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos, en términos del último párrafo del artículo décimo primero del referido acuerdo, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA J. SACRAMENTO SANTANA MENDIOLA, MIGUEL PIÑÓN RAMOS, JUAN ANTONIO MENDIOLA SÁNCHEZ, J. AMPARO GUILLÉN SALUD, JOSÉ GUTIÉRREZ ÁVILA, CÉSAR ÁLVAREZ COLOR, CARLOS SOLORIO ELORSA, RÓMULO SOLORIO ELORSA, JOSÉ LUIS GAONA SANTILLÁN Y EVERARDO GUZMÁN CRUZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Gobernador, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 27 a 35), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por J. Sacramento Santana Mendiola, Miguel Piñón Ramos, Juan Antonio Mendiola Sánchez, J. Amparo Guillén Salud, José Gutiérrez Ávila, César Álvarez Color, Carlos Solorio Elorsa, Romulo Solorio Elorsa, José Luis Gaona Santillán y Everardo Guzmán Cruz. Inconforme con la sentencia, el delegado de la autoridad responsable, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, interpuso recurso de revisión (fojas 43 a 47), el cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida (fojas 67 a 77). Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 78 y 79), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Gobernador, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Michoacán remitieron la notificación de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, oficios 70/2019, 0289 y 100/2019 (fojas 89 a 92). Bajo ese contexto, por auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 93), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daban las autoridades responsables, la que fue desahogada mediante escrito presentado el once de marzo del presente año (foja 96). Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables dieran respuesta, de inmediato, a la petición formulada por los quejosos mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que podía ser en el sentido desde informar los trámites que se estuvieran realizando, hasta una decisión definitiva del caso (foja 34 vuelta). Al respecto, el Gobernador, por conducto del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Michoacán, informaron lo siguiente: 1. Que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se notificó a los quejosos el contenido del oficio CJEE/DACL/70/2019, con el cual se les informó que su solicitud fue turnada mediante oficio 289 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (foja 89 a 91). 2. Mediante oficio 100/2019 dirigido a los aquí quejosos, la Directora de Asuntos Jurídicos del Secretaría de Seguridad Pública del Estado les informó que, mediante oficio SSP/SP/1507/2018, se remitió su solicitud a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, asimismo les comunicó que para dar seguimiento a su denuncia era necesario que se presentaran ante dicha dirección, para que aportaran elementos que consideraran pertinentes y procedieran en consecuencia (foja 92). Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado contenido en el artículo 8 constitucional, en razón de que dio contestación a la solicitud de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de los trámites que se están realizando para atender dicha solicitud. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que las responsables, cumplieron con el fallo protector, pues acataron los efectos precisados en la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Esto es así, porque la responsable ordenadora acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dio contestación a la solicitud de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de los trámites que se están realizando para atender dicha solicitud; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Manifestaciones de la parte quejosa En relación al escrito presentado por el autorizado de los quejosos, en el sentido de que las constancias fueron remitidas por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Estado y la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mas no por el Gobernador, así como que el oficio C.JEE/DACL/70/2019 tiene una falta de concordancia en los tiempos y que el oficio SSP/DAJ/DA/100/2019 es discordante; se precisa lo siguiente: 1.- El oficio remitido por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Estado, fue en representación del Gobernador del Estado de conformidad con el artículo 11, fracciones II, VI, VII y X del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Estado de Michoacán , por tanto, las facultades atribuidas le otorgan la potestad para actuar en representación del Ejecutivo del Estado. 2.- Lo mismo acontece con la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien de conformidad con el artículo 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo , actuó en representación del Secretario de Seguridad Pública, ya que es una de sus atribuciones. 3.- Por lo que ve a que el oficio CJEE/DACL/70/2019, no obstante que hace referencia al año en curso (dos mil diecinueve), en relación a la solicitud hecha por los quejosos, fue un error que no trasciende en lo pretendido por la autoridad, toda vez que el propio quejoso remitió la constancia de su escrito, mismo que está fechado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho; lo mismo sucede respecto a la fecha en que se turnó el oficio 289 a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que de la constancia que obra a foja 91 se advierte que el oficio fue turnado el cinco de abril de dos mil dieciocho, sin embargo, como se mencionó ese error no trasciende en lo que pretendieron informar las autoridades a los quejosos. 4.- Por último, en relación al oficio SSP/DAJ/DA/100/2019, se precisa que la información que le brinda al quejoso, no obstante que no resolvió la solicitud, le informó los trámites que se realizan para poder dar atención a la misma. Por tanto, contrario a lo que los quejosos manifiestan, la ejecutoria de amparo sí se encuentra cumplida como se precisó en párrafos precedentes, toda vez que el efecto fue que se le diera respuesta inmediata, ya sea en el sentido de informar trámites o resolver de forma total, y en el caso, la autoridad les informó los trámites que se están realizando. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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