Miguel Rosas Ines
Expediente 744/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 58 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Rosas Ines
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 1884/2023, signado electrónicamente por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que comunica que el tres de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado en funciones de Presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, contra el auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, y lo radicó como recurso de revisión ********************/2023 del índice del citado tribunal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que el presente acuerdo genera una notificación. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la resolución dictada en el presente sumario constitucional el uno de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional. ********************En consecuencia, como se ordenó en proveído de veintiuno de junio pasado, remítase este expediente, un anexo de pruebas, el escrito de expresión de agravios con registro de entrada 9297 y copia de este último, al tribunal de alzada, para los efectos legales correspondientes.********************Además, se instruye al oficial judicial "A", para que habilite o vincule la disponibilidad del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para que esté en aptitud de consultarlo integralmente.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se estima innecesario integrar el presente acuerdo al expediente impreso, pues su contenido no trasciende en el procedimiento.********************Cúmplase.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************; y, visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra del auto dictado el uno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase copia del ocurso entre las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de expresión de agravios y copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, junto con el expediente en que se actúa y un anexo de pruebas; para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente acuerdo al expediente impreso, por la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, donde se encuentra recluido y a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, diversa tercera interesada y agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
-citatorio-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada, el proveído de 01 de junio de dos mil veintitrés: an Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil veintitrés. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; lo anterior, para los efectos legales conducentes. I. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que el término de tres días concedido a las partes, para que desahogaran la vista otorgada en auto de doce de mayo del año en curso, respecto al dictamen emitido por ********************, perita oficial en materia de grafoscopía designada por este Juzgado, trascurrió del veintinueve al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; sin que lo hubieran hecho. II. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Precisado lo anterior, con base en las constancias que obran en autos, específicamente, la prueba pericial en grafoscopía ordenada por este juzgado Federal -y desahogada a través del dictamen rendido por la perita oficial en dicha materia-, se advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. III. Antecedentes. En principio, es necesario indicar que el cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 54 a 56), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo (foja 11), y la diversa estampada por -quien se ostentó como parte quejosa- ******************** en la constancia de notificación del auto de dos de agosto del año en curso (foja 53); tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo. 2. Constancia de notificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir a la parte quejosa para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el nueve de agosto de dos mil veintidós (foja 58), en las instalaciones del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. En dicha diligencia, se requirió al compareciente para que se condujera con la verdad, haciendo de su conocimiento las consecuencias jurídicas de afirmar hechos falsos; y, ante el cuestionamiento directo realizado por la actuaria de la adscripción, ******************** manifestó que sí ratificaba la firma de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, y reconocía el contenido de la misma. Luego, el once de agosto del año en curso (fojas 59 a 69), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella; y, ante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de once de agosto de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), la firma que estampó el peticionario de amparo ante la presencia judicial del actuario adscrito a este juzgado en la diligencia en la que fue notificado personalmente -en el lugar de su reclusión- del acuerdo dictado en este sumario el dos de agosto de dos mil veintidós (foja 53), así como la signatura hecha por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el nueve de agosto pasado, en donde reconoció como suya la firma que calza el escrito inicial de demanda (foja 58) y la diversa plasmada por el quejoso en el acta de datos del imputado de veintiséis de junio de dos mil veintidós, recabada en la carpeta judicial administrativa de origen ********************, del índice de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (********************) (foja 78). Lo anterior, sin perjuicio de que el perito oficial que se designara, si lo consideraba necesario, pidiera que el quejoso realizara ejercicios caligráficos para estar en aptitud de rendir el dictamen pericial correspondiente. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de la solicitud formulada por ********************, perita oficial en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 169 a 172), se ordenó llevar a cabo una diligencia de muestras de escritura y firmas ante la presencia judicial, ello con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar; fijando para tal efecto el catorce de noviembre de dos mil veintidós. En auto de dieciséis de noviembre del año pasado (fojas 212 a 214), se tuvo al actuario judicial informando la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la referida diligencia, toda vez que el quejoso se opuso a realizar los ejercicios caligráficos ordenados; por lo que, en el propio acuerdo, se señaló nueva fecha para el desahogo de la diligencia (misma que fue reprogramada en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós -fojas 232 a 234-); apercibiendo al quejoso ******************** que, en caso de negarse a realizar los ejercicios correspondientes, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se entendería que él no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). Así, ante la oposición de ******************** a realizar las muestras de escritura y firmas ordenadas por este órgano jurisdiccional (foja 288), por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluyó que la parte quejosa no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda), y en la misma data se determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional por las razones esgrimidas (fojas 291 a 298). Inconforme con la mencionada determinación, el quejoso ******************** interpuso recurso de revisión, el cual, fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca en revisión 23/2023; por lo que, mediante ejecutoria dictada el treinta de marzo de dos mil veintitrés (fojas 376 a 409), dicho Tribunal de Alzada revocó la resolución impugnada y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto siguiente: "(.) En consecuencia, y en términos de los criterios existentes en relación con la facultad del Juez de Distrito para establecer la falsedad de una firma en las promociones relativas al juicio de amparo, y en las circunstancias que preceden a este caso concreto con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal, solicite a la perito nombrada realice el dictamen correspondiente con los elementos que obren en autos, y si estima que no puede realizarse la pericial con ellos, deberá manifestar por qué son insuficientes, y con base en ello, el Juez de Distrito deberá determinar si está o no acreditada la falsedad de la firma dubitada, tomando en cuenta las razones expuestas para no desahogar la prueba pericial." En ese tenor, por auto de catorce de abril pasado, el suscrito juez Federal dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós -que sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional-, repuso el procedimiento y requirió a la perito oficial nombrada ********************, para que en el plazo de diez días, rindiera su dictamen pericial en materia de grafoscopía con los elementos que obran en autos -dada la negativa del quejoso de realizar las muestras de escritura y firmas que en su momento se solicitó-, a saber: i. Notificación del auto de doce de agosto de dos mil veintidós (foja 72); ii. Notificación del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós (foja 106); iii. Notificación del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós (110); iv. Notificación del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (foja 187); v. Diligencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós (foja 211); vi. Notificación del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós (foja 219); vii. Notificación del auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós (foja 252); viii. Notificación del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 258); y, ix. Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (foja 288). En cumplimiento a lo anterior, la mencionada experta en la materia ********************, emitió su dictamen con número de folio 5207/2023, el cual presentó -vía electrónica- el cuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 427 a 433), mismo que ratificó el once de mayo siguiente (foja 439). IV. Análisis al dictamen pericial. A efecto de analizar el contenido del dictamen rendido por la experta oficial, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada -de contenido idéntico al de los artículos 119 y 120 de la ley de la materia-, estableció que la prueba pericial sería calificada por el juez según su prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino libre. En ese sentido, la perita oficial, al emitir su dictamen, expuso que la firma que obra al calce del escrito de demanda que dio origen a este juicio, no corresponde por su ejecución al quejoso ********************, concluyendo lo siguiente: "(.) Única: NO corresponde por su ejecución por su ejecución al señor ******************** la firma que a su nombre aparece en el escrito de la demanda de amparo; respecto de las firmas señaladas como base de cotejo a nombre de ********************, lo anterior por las razones de índole técnica expuestas en el cuerpo del presente estudio. (.)" Al respecto, del dictamen citado, se advierte que la experta describió el documento cuestionado y los documentos base de cotejo, como se reproduce a continuación: Descripción del documento cuestionado. Es motivo del presente estudio: 1.--Tipo de documento: Escrito de demanda de amparo. -- Fecha: quince de julio de dos mil veintidós -- Fecha sello: 18 JUL 22. -- Contante de diez fojas útiles -- Agregado de foja 002 a 011 del presente expediente -- Firma al calce en la parte media sobre el texto que a la letra dice "********************" Documento que tuve a la vista en original y que se encuentra agregado al presente expediente; el cual una vez concluido el análisis y toma de impresiones fotográficas es devuelto en las mismas condiciones en que se me entregó. Descripción de los documentos base de cotejo. A --Tipo de documento: Notificación del auto de doce de agosto de dos mil veintidós. -- Foja 72. -- Firma al calce, en el rubro "PARTE QUEJOSA" sobre el texto que a la letra dice "********************." B --Tipo de documento: Notificación del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós -- Foja 106 -- Firma al calce, en el rubro "QUEJOSO" sobre el texto que a la letra dice "********************." C --Tipo de documento: Notificación del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós -- Foja 187 -- Firma al calce, sobre el texto que a la letra dice ""QUEJOSO ********************." D --Tipo de documento: Notificación del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós -- Foja 219 -- Firma al calce, en el rubro "QUEJOSO" sobre el texto que a la letra dice "********************." E --Tipo de documento: Notificación del auto dieciséis de noviembre de dos mil veintidós -- Foja 252 -- Firma al calce, en el rubro "QUEJOSO" sobre el texto que a la letra dice "********************." F --Tipo de documento: Notificación del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós -- Foja 258 -- Firma al calce, en el rubro "PARTE QUEJOSA" sobre el texto que a la letra dice "********************." G --Tipo de documento: Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós -- Foja 288 -- Firma al calce, sobre el texto que a la letra dice "******************** Quejoso" Documentos que se tuvieron a la vista en original y que se encuentran agregados al presente expediente; los cuales una vez concluido el análisis y toma de impresiones fotográficas son devueltos en las mismas condiciones en que se me entregaron. Enseguida, explicó la especialista los métodos (analítico, descriptivo y comparativo) que utilizó y los pasos que siguió; además, indicó que realizó una serie de reiteradas y metodológicas observaciones a las firmas base de cotejo, como la firma cuestionada, con el fin de identificar sus características de orden general y sus particularidades gráficas; observando, de acuerdo con la ubicación de los elementos gráficos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siguiendo el desarrollo de cada uno de sus elementos gráficos con el auxilio de una lupa de 30X y 60X con luz blanca, trasluz, luz rasante; y, una cámara fotográfica, Marca Canon, Modelo EOS T7, con lente Ef-S 1855 mm y lente macro EFS 60mm. Con lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre los elementos indubitables y dubitables, la perita oficial advirtió lo siguiente: En cuanto sus características del orden general: CARACS. DE ORDEN GENERAL FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA Inclinación Mixta A la derecha Dirección Ascendente Horizontal Alineamiento básico Imbricando Imbricando Presión muscular Mixta Apoyada Tensión de línea Media Firme Velocidad escritural Rápida Media Habilidad escritural Buena Media Por lo que se refiere a gestos gráficos: PARTICULARIDADES GRÁFICAS FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA Grama "M" 1.- Inicio en la parte superior del trazo magistral 2.- Primer trazo vertical presenta una gaza 3.- Final en punta 4.- Grama por arriba del trazo de referencia 1.- Inicio sobre el trazo de referencia 2.- Primer trazo vertical recto 3.- Final redondo 4.- Trazos verticales descienden sobre el texto de referencia Grama "i" 5.-Inicio redondo 6.-Final en punta NO PRESENTA Grama "g" 7.- Rasgo inicial en gancho 8.-Jamba presenta una gaza NO PRESENTA Grama "R" 9.- Inicio en la parte superior del trazo vertical 10.- Punto inicial redondo 11.- Cuerpo del grama redondo 12.- Final por arriba del texto de referencia 5.- Inicio en la parte inferior del trazo vertical 6.- Rasgo inicial en arpón 7.- Cima del cuerpo del grama con ángulo 8.- Final sobre el texto de referencia De lo anterior, se advierte que la experta realizó una descripción comparativa de la firma que calza el escrito de demanda de amparo y las estampadas en los documentos que tomó como base al realizar el comparativo -indubitables-; ello, al confrontar y comparar gráficamente las mismas. Así, del estudio efectuado la especialista indicó que entre las firmas base de cotejo y la firma cuestionada, existen notables y significativas DIFERENCIAS. De ahí, que lo expresado por la perita oficial otorga convicción en este juzgador, pues corrobora lo que a simple vista se advirtió oficiosamente, es decir, que la firma cuestionada es diferente de las auténticas. En efecto, la experta en la materia confirmó que de una comparación entre la firma dubitable y las indubitables, se aprecian diferencias notables y significativas en sus características generales y en sus gestos gráficos, es decir, que no corresponden a un mismo origen gráfico, no tienen la misma inclinación, tensión, velocidad y habilidad escritural; sus rasgos iniciales, secundarios y finales, son diferentes; y, los trazos tampoco son iguales. Debe decirse que el dictamen pericial es un auxiliar eficaz para el funcionario que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece. Por tanto, para que pueda ser estimado, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano. Por tales motivos, se colige que las firmas tanto dubitable como indubitables, no comparten elementos gráficos generales y particulares, situación que resultó apreciable para este juzgador mediante los sentidos al comparar las firmas referidas, y fue probado con la opinión de la experta en la materia; lo que lleva a determinar que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por el quejoso ********************. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, no se cumplen los requisitos previamente establecidos; pues, la parte quejosa reclamó el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados en su contra el veintiocho de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado; por tanto, dicho acto no se ubica en ninguno de los supuestos previamente indicados, ni el agraviado se encontraba imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, toda vez que la prueba pericial desahogada en autos aportó que la firma plasmada en la demanda de amparo es apócrifa, por no provenir del puño y letra del quejoso ********************, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando los actos reclamados afectan la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. En tales condiciones, el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada -a través de la pericial relativa- la falta de voluntad del quejoso para instar y proseguir este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". V. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de junio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VI. Vista al Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de delito. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. En ese sentido, de autos se advierte, en específico de la diligencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, que el quejoso ******************** reconoció como suya la firma que calza el escrito inicial de demanda, no obstante que en la propia diligencia fue prevenido que, de no conducirse con la verdad, se actualizaría el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal; asimismo, se le hizo saber que este juzgado federal se encontraba facultado para ordenar de oficio el peritaje correspondiente para dilucidar dicha situación y, de ser el caso, se procedería a realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial federal competente para iniciar la investigación criminal. Esto es así, pues afirmar hechos falsos, como manifestar haber suscrito la demanda cuando no fue así o presentar documentos con firmas falsificadas ante este órgano jurisdiccional, constituye un delito federal. Luego, se tiene que de la pericial en grafoscopía desahogada en autos, se concluyó que la firma que obra en la demanda de amparo es apócrifa, es decir, que no proviene del puño y letra de ********************, lo cual significa que pudo haber afirmado hechos falsos ante esta autoridad. Por tanto, una vez que quede firme la presente determinación, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que inicie una investigación penal en contra de dicho sujeto, por los hechos antes aludidos y por los que pudieran derivar de su participación procesal en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejoso (por conducto de sus autorizados procesales) y a la parte tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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