Miguel Saul Ruiz Corres
Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Saul Ruiz Corres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Reitérese a las partes que el levantamiento de la suspensión operará hasta que se notifique a las partes emplazadas el presente acuerdo, por lo que el cómputo de los plazos concedidos a cada una de ellas se reanudará a partir del punto en que quedó pausado y de que surta efectos la notificación de esta determinación. II. FIRMEZA DE RESOLUCIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Notifíquese por lista al quejoso, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto, intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Del mismo modo, agréguese el diverso oficio UVFyDG/M6/01002/2020 (vía alcance al informe justificado) de la aludida autoridad responsable y anexo al mismo, del cual se advierte la notificación vía correo electrónico al aquí quejoso de la respuesta que recayó a su petición de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación: 1871/2017/AESEX del índice de la responsable en cita. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a los oficios de mérito. En la especie, con base en las constancias que remite la fiscal responsable y del estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Miguel Saúl Ruiz Corres, reclamó de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla: la falta de contestación a su escrito presentado ante la aludida autoridad responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación 1871/2017/AESEX de su índice Al respecto, al rendir su informe justificado la autoridad responsable en cita negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, del diverso oficio UVFyDG/M6/01002/2020 que remitió en vía de alcance a éste, se advierte que la falta de contestación de la que se duele el peticionario de amparo sí existía al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues si bien, se dio respuesta a su petición en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, lo cierto es que ésta le fue notificada vía correo electrónico hasta el diecisiete de diciembre del actual, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, sí es cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las documentales que anexa, consistentes en copia cotejada del acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación: CDI 1871/2017/AESEX de su estadística y su constancia de notificación vía correo electrónico al aquí quejoso, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Pues, en el caso, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por el aquí quejoso, consistente en la falta de contestación a su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación CDI 1871/2017/AESEX del índice de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al haberse dictado el acuerdo el dos del octubre del año en curso y notificado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tampoco se inadvierte que no obra en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta determinación, no resulta necesario su emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido del presente auto, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso; así como mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto, intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Del mismo modo, agréguese el diverso oficio UVFyDG/M6/01002/2020 (vía alcance al informe justificado) de la aludida autoridad responsable y anexo al mismo, del cual se advierte la notificación vía correo electrónico al aquí quejoso de la respuesta que recayó a su petición de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación: 1871/2017/AESEX del índice de la responsable en cita. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a los oficios de mérito. En la especie, con base en las constancias que remite la fiscal responsable y del estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Miguel Saúl Ruiz Corres, reclamó de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla: la falta de contestación a su escrito presentado ante la aludida autoridad responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación 1871/2017/AESEX de su índice Al respecto, al rendir su informe justificado la autoridad responsable en cita negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, del diverso oficio UVFyDG/M6/01002/2020 que remitió en vía de alcance a éste, se advierte que la falta de contestación de la que se duele el peticionario de amparo sí existía al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues si bien, se dio respuesta a su petición en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, lo cierto es que ésta le fue notificada vía correo electrónico hasta el diecisiete de diciembre del actual, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, sí es cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las documentales que anexa, consistentes en copia cotejada del acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación: CDI 1871/2017/AESEX de su estadística y su constancia de notificación vía correo electrónico al aquí quejoso, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Pues, en el caso, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por el aquí quejoso, consistente en la falta de contestación a su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación CDI 1871/2017/AESEX del índice de la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Seis de Violencia Familiar de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al haberse dictado el acuerdo el dos del octubre del año en curso y notificado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tampoco se inadvierte que no obra en autos el emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta determinación, no resulta necesario su emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido del presente auto, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso; así como mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
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San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a sus autos el oficio III-2814/2020, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve diversas copias certificadas del presente juicio de amparo y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja 127/2020 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el veinte de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por Miguel Saúl Ruiz Corres, en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto 774/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual se determinó desechar de plano la demanda de amparo propuesta. SEGUNDO. Se ordena al juez de distrito admitir a trámite la demanda de amparo. En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ... ADMISIÓN. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Miguel Saúl Ruiz Corres, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Número Seis de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Ciudad de Puebla, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14 y 16 constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME JUSTIFICADO. ....APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ...TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesada a Claudia Natalia García Delon, con domicilio para ser emplazada el ubicado en calle San Antonio número diez mil dieciocho (10018), edificio E, interior ciento setenta y cinco (175), Bello Horizonte residencial, San Francisco Ocotlán, Coronango, Puebla. Por lo que, se ordena al actuario judicial de la adscripción, realice lo siguiente: Le notifique a la referida parte tercero interesada el presente proveído; Emplace a dicha parte procesal, en el domicilio indicado; Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, por si a sus intereses conviene se apersonen, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; La requiera para que comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ubicado en en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y, Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda, realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. ........TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ..... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA ...POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Y A LA SUPERIORIDAD.
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