Miguel Rojas Leon
Expediente 291/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Rojas Leon
- Victor Hugo Rojas Leon
- MIGUEL ROJAS LEON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 146 a 149), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de junio al quince de julio dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, el anexo I que se formó con las copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 112/2019/PUEBLA de su índice, así como tres (3) discos versátiles digitales (DVD); sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve (fojas 137 y 138), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez, a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que hayan desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos En principio, es necesario indicar que en sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 86), se concedió el amparo y protección a Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos la continuación de la audiencia inicial celebrada el diez de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 112/2019/PUEBLA; y en su lugar la reponga a partir del momento en que se concedió a la defensa de los aquí quejoso la oportunidad para pronunciarse respecto los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso de los imputados; continúe con el debate y siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales; b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León. En el entendido que deberá ser el juez Abelardo Gil Martínez, quien presida la continuación de la audiencia inicial y, en su momento, resuelva la situación jurídica de los imputados, ya que fue dicho servidor público quien conoció de la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso correspondiente (Foja 84 y vuelta) En acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve (fojas 112 a 114), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento Así, por oficio 11397/2019/JC de cuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 117), Abelardo Gil Martínez, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que en determinación de esa fecha, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, pronunciado en audiencia de diez de marzo del año en curso, dentro de la carpeta judicial administrativa 112/2019/PUEBLA de su índice, y que señaló las doce horas del seis de junio pasado para celebrar la continuación de la audiencia inicial en dicha causa penal Atento a lo informado, en auto de cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 118), se requirió al juez de control responsable para que, una vez que celebrara la audiencia respectiva y resolviera la situación jurídica de los quejosos, lo comunicara a esta autoridad Mediante oficio 11739/2019/JC (foja 121), el juez de control requerido, informó que en audiencia de seis de junio de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de los quejosos y dictó auto de vinculación a proceso contra Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, por considerarlos probables partícipes en la comisión del delito de robo de vehículo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracciones II y VI y 380, fracciones I, X, XI, XVII y XXIV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y remitió el registro de audio y video generado con motivo de esa actuación, contenido en un disco versátil digital (DVD) Sin embargo, esta autoridad advirtió que el referido documento -disco versátil digital- remitido por el juez responsable, no contenía la firma del servidor público que lo expidió, sino únicamente el sello del órgano jurisdiccional; por tanto, como no se tenía certeza sobre la autenticidad de su contenido, por auto de siete de junio de dos mil diecinueve (foja 122), se devolvió la citada documental a su remitente y se requirió al juez de control para que enviara a este juzgado el registro de audio y video de la audiencia de seis de junio del año actual, con la certificación correspondiente En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 11943/2019/JC de diez de junio de dos mil diecinueve (foja 133), el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez, remitió un disco versátil digital (DVD), debidamente certificado, que contiene el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia referida (foja 135) A la documental descrita, consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga Ahora, de las constancias referidas se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez realizó lo siguiente 1. En acuerdo de cuatro de junio de la presente anualidad, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil diecinueve, dictado contra Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, en la causa penal 112/2019/PUEBLA (foja 117), lo que reiteró en audiencia de seis de junio del mismo año (15:53:02 DVD); además, ordenó reponer la continuación de la audiencia inicial en esa carpeta judicial administrativa, a partir del momento en que le concedió el uso de la voz a la defensa de los imputados para que se pronunciara respecto de la solicitud de vinculación a proceso, así como los datos de prueba y argumentos que el fiscal expresó para sustentar su petición. 2. Así mismo, de la reproducción del disco versátil digital que la autoridad responsable envió para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, se aprecia que la audiencia celebrada el seis de junio de dos mil diecinueve, se desarrolló de la siguiente manera a) El juez de control concedió el uso de la voz al defensor particular de los imputados, quien contradijo los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso de sus defendidos (15:53:44 a 16:25:09 DVD) b) La fiscal se ocupó en vía de réplica de las manifestaciones realizadas por la defensa particular de los imputados (16:26:35 a 16:53:21 DVD); c) El juez concedió nuevamente el uso de la voz al defensor de los quejosos, quien ejerció su derecho de contra réplica e insistió en los argumentos que expuso anteriormente (16:53:25 a 16:58:37 DVD) d) El juez de control declaró cerrado el debate (16:58:39 DVD) y, con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica de los imputados, expuso los motivos y fundamentos de su decisión (17:05:26 a 17:36:09 DVD), y dictó auto de vinculación a proceso contra Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, por considerar probable su participación como coautores materiales en la comisión del delito de robo de vehículo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracciones II y VI y 380, fracciones I, X, XI, XVII y XXIV en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (17:36:17 a 17:37:00 DVD) e) La fiscal solicitó dos meses como plazo para el cierre de investigación complementaria (17:37:58 a 17:38:53 DVD); la defensa de los imputados no se opuso a tal petición (17:38:58 DVD), por lo que el juez de control autorizó el plazo solicitado por la fiscal (17:39:38 DVD); posteriormente, el juez de control declaró cerrada la audiencia (17:40:38 DVD) De lo narrado, se colige que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Abelardo Gil Martínez, cumplió con los extremos de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, ya que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, y repuso la continuación de la audiencia inicial, a partir del momento en que concedió a la defensa de los imputados la oportunidad de pronunciarse sobre los datos de prueba y argumentos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso de los aquí quejosos Y, como se estableció en la sentencia de amparo, fue el juez de control Abelardo Gil Martínez, quien presidió la continuación de la audiencia inicial; es decir, el mismo juzgador que conoció y presenció la formulación de imputación y solitud de vinculación a proceso, que tuvo verificativo el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa 112/2019/PUEBLA de su índice; así mismo, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, resolvió la situación jurídica de los quejosos Por ello, se considera que se ha restituido a los peticionarios de amparo en el goce de la garantía que se estimó vulnerada, pues se respetó el debido proceso, específicamente, el principio de inmediación que rige el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de corte oral y acusatorio En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de junio pasado (fojas 122 y 123), remite el registro de audio y video generado con motivo de la audiencia celebrada el seis de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 112/2019/PUEBLA de su índice, contenido en un disco versátil digital (DVD), que cuenta con sello del órgano jurisdiccional y firma del servidor público que lo expidió. En consecuencia, con el contenido de los oficios agregados en acuerdos de cinco y siete de junio del año en curso (fojas 117 y 121), así como con el diverso comunicado y anexo de cuenta, dese vista a los quejosos, al tercero interesado y la autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual manifiesta haber cumplido la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, pues al respecto, informa que en audiencia celebrada el seis de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 112/2019/PUEBLA de su índice, dictó auto de vinculación a proceso contra Víctor Hugo Rojas León y Miguel Rojas León, por el delito de robo de vehículo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracciones II y VI y 380, fracciones I, X, XI, XVII y XXIV en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para reforzar su dicho, envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia, contenido en un disco versátil digital (DVD); sin embargo, esta autoridad advierte que el disco que remitió únicamente contiene el sello del órgano jurisdiccional pero no la firma o rúbrica del servidor público que lo expide, por lo que ésta autoridad no tiene certeza sobre la autenticidad de su contenido. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, a efecto de que el suscrito juzgador cuente con los elementos necesarios para pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, mediante oficio que se gire para tal efecto, devuélvase la documental mencionada (disco versátil digital) y requiérase a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, Región Judicial Centro, para que dentro del término de veinticuatro horas, haga llegar a este juzgado el registro de audio y video de la audiencia celebrada el seis de junio del año en curso, dentro de la carpeta judicial administrativa 112/2019/PUEBLA de su índice, debidamente sellado y firmado o rubricado por quien lo expide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos, pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente." Se apercibe a la autoridad requerida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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