Miguel Pelegrin Cano Brito
Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Pelegrin Cano Brito
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que la citada sentencia que sobreseyó en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; acción que podrá realizarse una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años que establece el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado. Asimismo, se hace notar que no se tramito el incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Por último, en cuanto al valor documental, se estima que el presente asunto no lo tiene. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con siete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, hora y día señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1099/2021-V, promovido por MIGUEL PELEGRÍN CANO BRITO, por conducto de su apoderado, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes; asimismo, doy cuenta con el registro de oficialía de Partes número 11375, correspondiente al alegato ministerial número 381/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, por conducto del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado, y actuario de su adscripción; los que obran agregados a los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de la documental ofrecida por la parte quejosa con su demanda de amparo, así como con las constancias que las responsables adjuntaron a sus informes justificados; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial número 381/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niega o en su caso se sobresea en el presente juicio de amparo, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo; asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, entréguese copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno, por lo que al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1099/2021-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, MIGUEL PELEGRÍN CANO BRITO, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se especifican: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El H. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, y/o el Actuario adscrito al H. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, ambos con domicilio en el predio sin número de la calle 39 por las calles 72 y 66, de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán". "ACTO RECLAMADO: Que hasta la presente fecha la autoridad responsable ha paralizado de manera incongruente el proceso, al no dictar el laudo condenatorio que de fin al presente procedimiento, contraviniendo a lo dispuesto también en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en la cual se encuentra consagrados los principios procesales de la materia, en relación con una justicia pronta y expedita e imparcial. De igual forma se señala que con fundamento en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, que es obligación de la autoridad responsable de los juicios que ante ella se tramitan, no queden inactivos, de tal suerte que es una violación procesal de grado exorbitante, y que nos causan serios perjuicios a nuestras garantías constitucionales". SEGUNDO. Por auto de dieciocho de junio del año en curso, se admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1099/2021-V; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó emplazar a los terceros interesados, lo que se realizó por medio de oficios y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.COMPETENCIA. Esta juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 49 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado. Lo anterior, con motivo de que el acto destacado que aquí se reclama, no tiene ejecución material por tratarse de conductas omisivas de las autoridades responsables, al no dictar el laudo correspondiente en la controversia laboral de origen, y de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, será juez competente para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que, si la parte quejosa reclama de las responsables la omisión de dictar el laudo correspondiente en la controversia laboral de origen, es un acto sin ejecución material de cuyo conocimiento con base en el precepto legal invocado, corresponde a esta Jueza de Distrito con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". SEGUNDO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la ley de la materia, ya que se trata de omisiones de las responsables que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen; por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse a la peticionaria de garantías, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de las constancias que conforman el expediente del juicio de amparo. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama como acto destacado, la omisión del tribunal responsable y actuario de su adscripción, de emitir el laudo correspondiente en autos del juicio laboral 320/2018. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN RELACIÓN CON EL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. El actuario responsable al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclamó, consistente en la omisión de emitir el laudo correspondiente en autos del juicio laboral de origen, con número de expediente 320/2018; sin embargo, a pesar de que dicha autoridad aceptó la existencia del mencionado acto, deberá tenerse por inexistente por las siguientes razones. El artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, señala, que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios es el encargado de conocer y resolver las controversias laborales sometidas a su potestad, y para ello, contará con plena autonomía en el dictado de sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables. A su vez, el numeral 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, menciona, que dicho Tribunal es la autoridad encargada de conocer y resolver los conflictos que se susciten en la aplicación de esta Ley, con la integración, competencia y atribuciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, de los reproducidos numerales se desprende, que es la diversa autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo, siendo ésta, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, quien emite los laudos correspondientes, con el objeto de solucionar las controversias sometidas a su potestad, y no el actuario, pues la función de éste es la de notificar las resoluciones o determinaciones que emita el mencionado tribunal en ejercicio de sus funciones. Por tanto, aun cuando el actuario adscrito al tribunal de los trabajadores responsables, haya aceptado la existencia del acto que se le reclamó, consistente en la omisión de emitir el laudo correspondiente en autos del juicio laboral 320/2018, debe considerarse inexistente, pues como se indicó, no se encuentra entre sus funciones realizar dicha actuación, pues esa función únicamente le corresponde al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por conducto de su titular. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, página 433, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como el del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, página 32, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL QUE SE IMPUTA A AUTORIDAD DISTINTA DE LA QUE EMITIO. El acto reclamado, como lo consideró el a quo, es inexistente en los términos en que fue señalado en la demanda de amparo pues la quejosa señaló como autoridad responsable a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo que la resolución combatida la emitió el Magistrado instructor de la referida Sala Fiscal, con fundamento en las facultades que a tal autoridad otorga la fracción II del artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. No es óbice a la anterior conclusión el hecho de que la Sala Fiscal señalada como responsable en la demanda de garantías haya rendido informe justificado, pues lo hizo precisamente por haber sido señalada como autoridad responsable, pero ello no eximió a la quejosa de llamar al juicio a quien directamente y en uso de facultades propias emitió la resolución señalada como acto reclamado". En consecuencia, al resultar inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio constitucional. QUINTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, por conducto del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclama, pero agregó, que no en los términos en los que lo reclamó la parte quejosa, pues el veintidós de junio del año en curso, había emitido un auto en el que otorgó un término a las partes para que presentaran sus alegatos, en consecuencia, se encontraba transcurriendo dicho plazo; y con el propósito de verificar lo expuesto, señaló que anexaba una copia certificada relativa al proveído citado. Documental a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, el tribunal responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la parte quejosa, pues aún se encontraba transcurriendo el término para que presentaran sus alegatos las partes, y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió una constancia del acuerdo mediante el cual, le otorgó a las partes del juicio laboral un término de tres días para que presentaran sus alegatos correspondientes. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de la constancia que remitió, consistente en copia certificada del acuerdo de veintidós de junio del año en curso, mediante el cual, le otorgó a las partes un término de tres días para que presenten sus alegatos, se desprende que la omisión apuntada por la titular de la acción constitución, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dicha constancia se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra en la fase de alegatos, y no en estado de resolución, pues la última actuación que obra en la controversia laboral es de fecha veintidós de junio del año en curso, en donde se le otorgó a las partes de la controversia laboral, un término para que presentaran sus respectivos alegatos. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la agraviada, sino en una etapa anterior, resultando en consecuencia inexistente la omisión reclamada. En efecto, como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral no estaba en condiciones de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, pues incluso al momento de que la quejosa accionó este juicio constitucional (dieciséis de junio del año en curso), no se había otorgado un término para que presentaran las partes sus alegatos, pues esto aconteció hasta el veintidós de junio siguiente, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que la etapa procesal hasta el momento de presentarse la demanda de amparo, era la del período de pruebas, tal como lo establece el artículo 149 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, quedando pendiente otorgar un término para alegar, lo que ya aconteció, pero de forma posterior a la fecha de presentación del ocurso constitucional, que incluso, en este último momento procesal, tampoco se tenía las condiciones para emitir el fallo respectivo, pues de conformidad con el ordinal 152 de la citada ley burocrática, una vez transcurrido el término de alegatos pero antes de pronunciarse el laudo, el Magistrado Presidente podrá solicitar mayor información, así como también, ordenar el desahogo de pruebas que estime para mejor proveer. Y en el supuesto caso de que resultare innecesario realizar lo anterior, y una vez transcurrido el término para alegar, el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes (artículo 150 de la citada ley). En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral se encontraba en la fase de conclusión de desahogo de pruebas, quedando pendiente de otorgar término para alegatos, esto es, ni si quiera se había cerrado la instrucción del juicio laboral, para que se tuvieran las condiciones de emitir el fallo correspondiente, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MIGUEL PELEGRÍN CANO BRITO, por conducto de su apoderado, respecto de los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de emitir el laudo respectivo, en el juicio laboral 320/2018, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida del Secretario Pablo Pérez Pacheco, que autoriza y da fe de todo lo actuado. Doy fe.
- Principal
Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y Actuario de su adscripción, y anexos que adjuntaron; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Simón Suárez Lire, quien se ostenta apoderado legal de Miguel Pelegrin Cano Brito, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce al ocursante la calidad con la que se ostenta de apoderado del citado quejoso, tal como lo acredita con la copia con firmas autógrafas de la audiencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el tribunal laboral responsable dentro del expediente 320/2018 de su índice. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artícu lo 117 de la Ley de Amparo, requiérase su informe con justificación a las autoridades responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas, que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la responsable para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos. asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. ??????Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados en este juicio a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Por tanto, mediante sendos oficios que al efecto se libren, notifíqueseles la admisión de la demanda, adjuntándoles copia simple de ella, e indicándoles que puede comparecer con tal carácter a este juicio, si a su interés conviniere; comunicándole además la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, y como sus autorizados, a Gustavo Antonio Manzano Osorio, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los diversos autorizados, con las limitaciones que establece el referido numeral. Asimismo, la parte quejosa solicita acceso y consulta al expediente electrónico, así como notificaciones a través de esa vía, y señala correo electrónico y reitera su domicilio para el caso en que se requiera realizar notificación diversa a la electrónica. En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario "gmanzano81", que proporciona el ocursante, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios, quedando facultados para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizarán a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con los nombres de usuario gmanzano81", pues las demás se realizarán por lista. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental a que hace referencia la parte quejosa en su escrito de demanda, para ser valorada y tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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