Miguel Octavio Loeza Santos

Expediente 1311/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1311/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Octavio Loeza Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio TTSEM/MP/SRÍA.-2149/2023, firmado por el Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y un anexo que acompaña, con el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo. Y dado que mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de trece de octubre de los cursantes, causó ejecutoria la citada resolución, por lo que se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, en los términos indicados en la misma. De manera que el Tribunal responsable estaba obligado a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".Dicha concesión se otorga para el efecto de que, de manera inmediata, el Tribunal responsable proceda al dictado del laudo correspondiente, cuenta habida de que ha transcurrido en exceso el plazo que tenía para tal efecto y se ha abstenido de integrar oportunamente el expediente de origen. Sin que constituya obstáculo para lo anterior, el que la parte quien pudiere tener el carácter de tercero interesada, no hubiere sido emplazada al presente juicio de amparo; ello, cuenta habida que dado el sentido que se otorga la protección constitucional, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales, porque con el mismo se otorga continuidad al controvertido laboral en el que figura como parte demandada...." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante oficio TTSEM/MP/SRÍA.-2149/2023, firmado por el Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, se remitieron copias certificadas del laudo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral de origen 84/2022. De ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña, con los que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de ese plazo, esta Juzgadora Federal resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en audiencia constitucional de veinticinco de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único punto resolutivo, declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 13112023-VII, promovido por Miguel Octavio Loeza Campos, por su propio derecho, contra un acto del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por el Tribunal responsable; así como con la instrumental pública y la de presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1311/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitida el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Miguel Octavio Loeza Santos, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la omisión de dictar el laudo relativo al juicio reclamatorio laboral 84/2022 de su índice. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La omisión del Tribunal responsable de dictar el laudo relativo al juicio laboral 84/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, ya que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen, que remitió el Tribunal responsable como justificación de su informe, pues de ellas se advierte que, hasta la fecha en que se presentó la demanda, no se había dictado el laudo correspondiente. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de fondo. Al no actualizarse ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que ha transcurrido en exceso el término para que la autoridad responsable dicte el laudo correspondiente al juicio laboral de origen; misma omisión que resulta violatoria de sus derechos fundamentales, cuenta habida de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita. Entonces, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados, derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, el ordenamiento jurídico a aplicar en este asunto es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en cuyo artículo 150 se indica que el proyecto de resolución en forma de laudo deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes de declararse cerrada la instrucción. En el caso, consta que ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, se tramita el juicio 84/2022, promovido por el quejoso Miguel Octavio Loeza Santos. Asimismo, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, derivado de la solicitud elevada por el directo quejoso, el treinta de junio de dos mil veintitrés, se otorgó a las partes el plazo de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. Mientras que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del proceso de origen, a los Magistrados integrantes del Tribunal responsable, para que dictaran la resolución correspondiente. Es decir, desde que la parte quejosa realizó la solicitud antes ponderada, treinta de junio de dos mil veintitrés, transcurrieron aproximadamente dos meses, sin que el Tribunal responsable realizara actuación alguna a fin de integrar el proceso laboral en cuestión y, por tanto, estar en aptitud de emitir el laudo relativo, dejando, por ende, en estado de indefensión a la parte quejosa. Ello, cuenta habida que, hasta la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo (veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés), no existe constancia de que se emitido el laudo respectivo o se hubiere dado continuidad al procedimiento laboral natural. Así las cosas, si en el expediente laboral que se analiza no se ha dictado laudo, habiendo trascurrido el plazo que para tal efecto establece el multicitado ordinal de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, cuenta habida que en juicio relativo inició desde el año dos mil veintidós, es obvio que existe una afectación al derecho de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 84/2022. Efectos de la concesión: Dicha concesión se otorga para el efecto de que, de manera inmediata, el Tribunal responsable proceda al dictado del laudo correspondiente, cuenta habida de que ha transcurrido en exceso el plazo que tenía para tal efecto y se ha abstenido de integrar oportunamente el expediente de origen. Sin que constituya obstáculo para lo anterior, el que la parte quien pudiere tener el carácter de tercero interesada, no hubiere sido emplazada al presente juicio de amparo; ello, cuenta habida que dado el sentido que se otorga la protección constitucional, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales, porque con el mismo se otorga continuidad al controvertido laboral en el que figura como parte demandada. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Octavio Loeza Santos, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 84/2022; amparo que se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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