Miguel | Santaularia Tomas

Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
14/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Miguel | Santaularia Tomas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere dicho numeral. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, devuélvase a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la copia certificada de las constancias, en un tomo, del expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, que remitió junto con su informe justificado que rindió.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos el oficio 356/2021, signado por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite copia certificada de los acuerdos de uno de octubre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, así como las constancias de notificación relativas; asimismo, debido a la voluminosidad de ese expediente, el cual está integrado de tres tomos, solicita la ampliación del plazo, por un término de cinco días, a fin de que remita las copias certificadas que solicita a este Juzgado. Ahora bien, visto el estado de los autos y las constancias que remitió la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con su oficio de cuenta, así como el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, y las constancias que adjuntó al mismo, de las que se advierte que el uno de octubre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, dictó los acuerdos en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, en los que dio respuesta a las peticiones hechas por el quejoso en sus memoriales presentados ante la autoridad responsable el veinticinco de junio y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil veinte. En el caso, el acto que Miguel Santaularia Tomás, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a sus escritos de veinticuatro de junio y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte, en los que, en el primero, realizó diversas manifestaciones, exhibió copias simples de diversos billetes de depósito correspondientes a los pagos de la pensión alimenticia a su cargo, procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y solicitó se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, y en el segundo, realizó diversas manifestaciones, y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones.Ahora bien, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de la Juez responsable de acordar su escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, con el que exhibió copias simples de diversos billetes de depósito correspondientes a los pagos de la pensión alimenticia a su cargo, procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y solicitó se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, como justificación a su informe de ley y las remitidas con su oficio de mérito, se advierte que el uno de octubre de dos mil veinte, la citada responsable se pronunció respecto al escrito de mérito, esto es, en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de diciembre de dos mil veinte); cuya omisión de dar respuesta se duele el quejoso en el presente asunto, dado que la responsable dictó un acuerdo en el que se tuvo al aquí quejoso haciendo las manifestaciones a que se contrae en su escrito de mérito y exhibiendo copias simples de diversos billetes de depósito procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y respecto a la solicitud que formuló la nombrada parte quejosa en el referido escrito en el sentido de que se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, como se ordenó en acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable, se declaró que no se accede. Acuerdo que fue notificado a las partes, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cinco de octubre de dos mil veinte y se notificó personalmente al aquí quejoso y a la asesora jurídico patrono de Ana Paula Ysita Muñíz, el cinco de octubre citado. Documentales que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se concluye que la denegación de justicia de la autoridad responsable, se subsanó al haber dictado el uno de octubre de dos mil veinte, el acuerdo en el que contestó las peticiones de las que se dolía en su escrito de mérito. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en su referido escrito. Lo anterior es así, toda vez que del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la negativa reclamada a la responsable, consistente en la falta de acuerdo del escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, ya que con anterioridad a la presentación de la demanda, se había dictado el auto en el que contestó las peticiones de las que se dolía el quejoso; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, Por otra parte, se trae a colación que el diverso acto que el quejoso Miguel Santaularia Tomás, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de acordar su escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que realizó diversas manifestaciones y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones. En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la Juez responsable, de acordar su memorial de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, en el que realizó diversas manifestaciones y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su informe con justificación y oficio de cuenta, se desprende que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio contestación al escrito del quejoso de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esto es, tuvo por presentado al quejoso con las manifestaciones que realizó en su escrito de mérito y antes de resolver acerca de la admisión de las pruebas supervenientes a que se refiere, ordenó dar vista a la parte actora en el juicio de origen de dicho escrito, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y hecho, se resolvería conforme a derecho Acuerdo que fue debidamente notificado a las partes, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de veinte de enero de dos mil veintiuno. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dio contestación al escrito de la parte quejosa, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por otra parte, no se soslaya las manifestaciones del quejoso en el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el dos de febrero en curso, en el que expresó que no se sobreseyera el presente juicio de amparo, porque seguía sin resolverse su "incidente", pues lo cierto es, que de la lectura integral de la demanda y de los anexos que envió la autoridad responsable a su informe con justificación y las requeridas por este Juzgadora Federal, se advierte que su causa de pedir radicó en la falta de contestación a los escritos a dos promociones, la del veinticuatro de junio y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte, de cuyo contenido se advierte que no pidió se resolviera ningún "incidente", por tanto, con los acuerdos que emitió la autoridad responsable se satisface la garantía prevista en el artículo 8º Constitucional, pues se resolvió lo expresamente pedido, no advirtiéndose de los actos reclamados, ni las constancias que obran en autos, la pretensión en cuanto al incidente que refiere. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Pues, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, es evidente que al haberse emitido la respuesta en relación a la solicitud planteada por la quejosa en el escrito de mérito, han cesado los efectos de la aludida omisión. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en estos autos, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, toda vez que la Juez responsable en su ocurso de cuenta, solicita la ampliación del plazo por un término de cinco días, a fin de que remita a este Juzgado los tomos de las copias certificadas del expediente de su índice, que le fueron solicitada; no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo resuelto en líneas precedentes.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos el oficio 356/2021, signado por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite copia certificada de los acuerdos de uno de octubre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, dictados en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, así como las constancias de notificación relativas; asimismo, debido a la voluminosidad de ese expediente, el cual está integrado de tres tomos, solicita la ampliación del plazo, por un término de cinco días, a fin de que remita las copias certificadas que solicita a este Juzgado. Ahora bien, visto el estado de los autos y las constancias que remitió la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con su oficio de cuenta, así como el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, y las constancias que adjuntó al mismo, de las que se advierte que el uno de octubre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, dictó los acuerdos en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, en los que dio respuesta a las peticiones hechas por el quejoso en sus memoriales presentados ante la autoridad responsable el veinticinco de junio y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil veinte. En el caso, el acto que Miguel Santaularia Tomás, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a sus escritos de veinticuatro de junio y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte, en los que, en el primero, realizó diversas manifestaciones, exhibió copias simples de diversos billetes de depósito correspondientes a los pagos de la pensión alimenticia a su cargo, procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y solicitó se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, y en el segundo, realizó diversas manifestaciones, y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones.Ahora bien, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de la Juez responsable de acordar su escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, con el que exhibió copias simples de diversos billetes de depósito correspondientes a los pagos de la pensión alimenticia a su cargo, procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y solicitó se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que remitió la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, como justificación a su informe de ley y las remitidas con su oficio de mérito, se advierte que el uno de octubre de dos mil veinte, la citada responsable se pronunció respecto al escrito de mérito, esto es, en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de diciembre de dos mil veinte); cuya omisión de dar respuesta se duele el quejoso en el presente asunto, dado que la responsable dictó un acuerdo en el que se tuvo al aquí quejoso haciendo las manifestaciones a que se contrae en su escrito de mérito y exhibiendo copias simples de diversos billetes de depósito procedentes del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, y respecto a la solicitud que formuló la nombrada parte quejosa en el referido escrito en el sentido de que se gire oficio al Director General del "Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán", para que proceda a retener el cincuenta por ciento de sus ingresos mensuales, como se ordenó en acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable, se declaró que no se accede. Acuerdo que fue notificado a las partes, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cinco de octubre de dos mil veinte y se notificó personalmente al aquí quejoso y a la asesora jurídico patrono de Ana Paula Ysita Muñíz, el cinco de octubre citado. Documentales que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se concluye que la denegación de justicia de la autoridad responsable, se subsanó al haber dictado el uno de octubre de dos mil veinte, el acuerdo en el que contestó las peticiones de las que se dolía en su escrito de mérito. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en su referido escrito. Lo anterior es así, toda vez que del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional al agraviado es para invalidar el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de garantías en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la negativa reclamada a la responsable, consistente en la falta de acuerdo del escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, ya que con anterioridad a la presentación de la demanda, se había dictado el auto en el que contestó las peticiones de las que se dolía el quejoso; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, Por otra parte, se trae a colación que el diverso acto que el quejoso Miguel Santaularia Tomás, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de acordar su escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que realizó diversas manifestaciones y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones. En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la Juez responsable, de acordar su memorial de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, en el que realizó diversas manifestaciones y anunció las pruebas documentales supervenientes públicas y privadas y sus correspondientes aclaraciones. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su informe con justificación y oficio de cuenta, se desprende que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio contestación al escrito del quejoso de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esto es, tuvo por presentado al quejoso con las manifestaciones que realizó en su escrito de mérito y antes de resolver acerca de la admisión de las pruebas supervenientes a que se refiere, ordenó dar vista a la parte actora en el juicio de origen de dicho escrito, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y hecho, se resolvería conforme a derecho Acuerdo que fue debidamente notificado a las partes, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de veinte de enero de dos mil veintiuno. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dio contestación al escrito de la parte quejosa, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por otra parte, no se soslaya las manifestaciones del quejoso en el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el dos de febrero en curso, en el que expresó que no se sobreseyera el presente juicio de amparo, porque seguía sin resolverse su "incidente", pues lo cierto es, que de la lectura integral de la demanda y de los anexos que envió la autoridad responsable a su informe con justificación y las requeridas por este Juzgadora Federal, se advierte que su causa de pedir radicó en la falta de contestación a los escritos a dos promociones, la del veinticuatro de junio y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte, de cuyo contenido se advierte que no pidió se resolviera ningún "incidente", por tanto, con los acuerdos que emitió la autoridad responsable se satisface la garantía prevista en el artículo 8º Constitucional, pues se resolvió lo expresamente pedido, no advirtiéndose de los actos reclamados, ni las constancias que obran en autos, la pretensión en cuanto al incidente que refiere. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Pues, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, es evidente que al haberse emitido la respuesta en relación a la solicitud planteada por la quejosa en el escrito de mérito, han cesado los efectos de la aludida omisión. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en estos autos, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, toda vez que la Juez responsable en su ocurso de cuenta, solicita la ampliación del plazo por un término de cinco días, a fin de que remita a este Juzgado los tomos de las copias certificadas del expediente de su índice, que le fueron solicitada; no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo resuelto en líneas precedentes.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que obra el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, manifestando que remite copia certificada de las constancias conducentes del expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, en tres tomos; sin embargo, envió las constancias del tomo "I", por duplicado; en tal virtud, y toda vez que esta Juzgadora debe contar con todos los elementos necesarios con la finalidad de estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias del expediente 566/2017 y acumulado 655/2017, de su índice, tomo II, así como de los acuerdos dictados el uno de octubre y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte, y las constancias de notificación relativas. Apercibido que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Finalmente, en atención a lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable el tomo "1", de las constancias de referencia, en virtud de que las envió por duplicado.

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