Miguel Santiago Rodríguez Pech
Expediente 700/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Santiago Rodríguez Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a ambas partes el doce de septiembre del año actual, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ANTECEDENTES En sentencia firmada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución incidental de tres de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral ********************. b) Reponga el procedimiento en el incidente de liquidación, a partir de la audiencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; reitere lo conducente a las pruebas que fueron ofrecidas, y en lo relativo a las ofrecidas por la actora e incidentista, emita nuevo pronunciamiento en el que analice la pertinencia en su admisión, conforme a los lineamientos de los artículos 776, 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, expresando su decisión de manera fundada y motivada." Posteriormente, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio relacionado el once de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del proveído de siete del mismo mes y año, del que se aprecia que se dejó insubsistente el acuerdo reclamado y posteriormente, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, ordenó reponer el procedimiento relativo al incidente de liquidación de tres de abril del año en curso. ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la citada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que se considere destruido el acto que se les atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada el incidente de suspensión. DEPURACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: once de septiembre de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: doce de septiembre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: siete de septiembre de dos mil veintitrés. Data en que se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 700/2023-I-A, promovido por Fredy Ismael Garrido López, apoderado del quejoso MIGUEL SANTIAGO RODRÍGUEZ PECH, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado por buzón judicial el dos de mayo de dos mil veintitrés; recibido, el tres siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este órgano de control constitucional, compareció Fredy Ismael Garrido López, apoderado del quejoso MIGUEL SANTIAGO RODRÍGUEZ PECH a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto aclaratorio y escrito de cumplimiento, por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, motivo por el cual se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de tres de abril del año en curso, dictada en el incidente de liquidación, derivado del juicio reclamatorio laboral 855/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, (número de promoción 8977), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causa de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue, además de que ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, y por tanto, suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias que se allegaron al sumario deducidas del juicio reclamatorio laboral 855/2018, promovido por Miguel Santiago Rodríguez Pech, contra el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; de las que se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia incidental de liquidación promovido por la parte actora, en la que se hizo constar la comparecencia de las partes, se tuvieron por ofrecidas las pruebas (reservándose lo relacionado con el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán) y se señaló fecha y hora para escuchar la resolución del incidente planteado. 2. Mediante resolución de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable determinó procedente el incidente de liquidación planteado y en la parte conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de liquidación, resolvió lo siguiente: ".VISTOS: Para dictar la resolución relativa al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN que fuera promovido por el actor del presente juicio C. MIGUEL SANTIAGO RODRÍGUEZ PECH, y toda vez que esta autoridad mediante audiencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés, se reservó para resolver el incidente de liquidación promovido, por lo que lo primero que esta autoridad realizará es tener por admitidas las pruebas de la parte actora, admitiéndose la documental consistente en una planilla, desechándose el informe en virtud de que ya ha quedado acreditado en autos lo pretendido por la parte actora, por lo que sería ociosa la solicitud del citado informe a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, puesto que esos incrementos serán fácilmente advertibles por esta Autoridad con las otras pruebas ofrecidas en la citada audiencia incidental ofrecidas por la demandada, motivos por los que se desecha dicha prueba, de la misma forma y por los mismos motivos que la prueba antes citada se desecha la prueba de inspección que ofreciera la parte actora en su planilla de liquidación. Y por lo que respecta a las pruebas de la parte demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁ, se admiten la prueba documental consistente en la planilla de liquidación ofrecida en la citada audiencia por medio de un memorial constante de 10 fojas útiles escritas a un solo lado de sus caras, y de igual forma se admiten las presunciones legales y humanas, así como la instrumental de actuaciones del presente juicio; ahora bien, y en virtud de que las pruebas que se admitieron por ambas partes no necesitan de medio de perfeccionamiento alguno, pues se desahogan por su propia naturaleza, no se necesita fijar fecha y hora para el desahogo de prueba alguna. Realizado lo anterior, se procede a resolver el presente incidente de liquidación del laudo, debido a que esta Autoridad, se reservó la facultada para resolver respecto al incidente de liquidación planteado por la parte actora, y por ser procedente conforme a derecho se resuelve lo siguiente: [.]" Nota: Lo destacado en negrillas y subrayado es por parte de este Juzgado. Parte conducente de la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Establecido lo anterior, la parte quejosa en su único concepto de violación, señala medularmente que la resolución reclamada resulta violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues carecen de fundamentación y de motivación, así como igualmente se violan las formalidades esenciales del procedimiento que deben regir toda resolución jurisdiccional. Ello, pues refiere que la Junta responsable, sin fundar ni motivar su decisión desechó las pruebas que ofreció con el fin de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, rindiera un informe para acreditar el salario actual que percibe como policía tercero, tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, para que las pensiones se ajustaran al salario que corresponde a un trabajador en activo, limitándose únicamente a decir que existen otros elementos que se tomarán en cuenta. Primeramente, es pertinente transcribir la parte conducente del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 14. A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito, se desprenden las siguientes prerrogativas de seguridad jurídica; a saber: 1) de irretroactividad de la ley; 2) de audiencia; 3) de legalidad en materia penal; y, 4) de legalidad en el ramo civil. Asimismo, en el segundo párrafo del mencionado precepto se protegen algunos de los derechos humanos de los gobernados como lo son la vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de prerrogativas. Ese derecho del gobernado, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, en el juicio se sigan tales formalidades esenciales, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, y de manera genérica se traducen en los requisitos siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por ende, para que un particular pueda ser afectado por un acto privativo es necesario que, previamente a éste, se siga en su contra un juicio ante los tribunales previamente establecidos en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se resuelva lo conducente de conformidad con el marco jurídico vigente, con la finalidad de permitir al gobernado una defensa adecuada y oportuna frente al acto de privación de derecho. Es ilustrativa de lo considerado, la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Novena Época, de diciembre de 1995, página 130, con registro digital 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, el referido derecho fundamental se encuentra vinculado al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución; y de su interpretación literal se desprende, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la expresión de los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, del tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." El artículo 16 de la Carta Magna, que prevé el derecho fundamental de legalidad, relativa a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, tiene el propósito primordial de dar a conocer al gobernado, en detalle y de manera completa, todas aquellas circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por fundamentación, debe entenderse la sustentación del acto de autoridad en una disposición normativa de carácter general; o sea, la ley debe prever una situación concreta que de respaldo y validez al acto, de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la motivación de un acto de autoridad, es la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, aunque se haga referencia a un fundamento previsto en una norma. Por ello, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que cite los preceptos legales en que apoyó sus determinaciones y además, que exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada. También, es necesario, exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto se explique razonadamente por qué se surten las hipótesis normativas invocadas. Por otra parte, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la parte patronal la carga de probar los pagos efectuados a favor de su contraparte. En la especie, la litis se centra en la parte conducente de la resolución relativa al incidente de liquidación de tres de abril del presente año, en la que no admitió las pruebas que ofreció la parte actora en el juicio de origen (aquí quejoso), consistentes en el informe que debiera rendir la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, respecto de la cantidad que se le cobraba al actor del juicio como pensión por riesgo de trabajo que le confiere una incapacidad permanente total, a partir del mes de octubre del año dos mil doce al mes de febrero de dos mil veintitrés, así como el informe respecto de los sueldos que corresponden al puesto de Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a los años del dos mil trece al dos mil veintitrés, lo anterior, fue ofrecido para acreditar los incrementos y aumentos generados a la pensión que deberá ser cubierta al actor en el juicio. Como se expuso con antelación en el presente fallo, los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa son fundados. En lo tocante al desechamiento de las pruebas ofrecidas por la accionante en el juicio laboral, la junta transgredió su derecho de defensa, en su vertiente relativa a la oportunidad de probar los hechos expuestos -ofrecer y desahogar pruebas-, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Es así, pues en efecto, el actor e incidentista en el juicio Miguel Santiago Rodríguez Pech al exhibir la planilla en el incidente de liquidación planteado por su apoderado, ofreció las pruebas que se enlistan a continuación: ".PRUEBAS: 1.- INSPECCIÓN, que se ofrece en los términos de los artículos 782, 827 y 828 de la Ley Federal del Trabajo, la cual deberá practicarse en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con domicilio en calle 59 sin número, de la colonia centro en esta ciudad de Mérida, Yucatán, respecto de las nóminas de pago del personal a cargo de la demandada Secretaría de Seguridad Pública, en especial sueldo que percibe y que corresponde al puesto de POLICÍA TERCERO, por el periodo comprendido del día 16 de octubre del año 2012 al 28 de febrero del año 2023. Esta prueba tiene como finalidad que el C. Actuario se cerciore de las siguientes circunstancias: A).- Si de los recibos de pagos o nóminas del personal se desprenden los aumentos señalados en el presente incidente de liquidación. Por lo que solicitó se aperciba a la demandada, en los términos del artículo 828 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que para el caso de no poner a la vista del C. Actuario los documentos materia de la Inspección que se pide, se le tendrán por ciertos los hechos y extremos que se pretenden probar con la misma." Probanzas que adujo tendrían verificativo en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en relación con los recibos de pago correspondientes del personal a cargo de la demandada en el juicio de origen Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, relativo al sueldo que percibe y que le corresponde al puesto de policía tercero, por el periodo correspondiente del dieciséis de octubre de dos mil doce al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Sin embargo, en la resolución de tres de abril de dos mil veintitrés, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, desechó tales probanzas, bajo el argumento de que lo que se pretendía acreditar con tales medios de convicción quedó demostrado en autos, sin exponer mayor razonamiento en ese sentido y fundamento alguno, es decir, omitió externar el porqué de su aseveración, pues no expuso con qué material probatorio estimó acreditado lo pretendido por el quejoso y el motivo por el que consideró innecesario el desahogo de la probanzas ofrecidas, es decir, con qué material probatorio del ya exhibido con antelación se demostraba lo que ahora pretendía acreditar, el hoy quejoso, con el medio de convicción ofrecido, que lo hacía innecesario su desahogo. En ese sentido, se actualiza la trasgresión referida por el quejoso. En efecto, no se puede coartar el derecho de las partes -de manera injustificada- a ofrecer las probanzas que estimen conducentes para acreditar los hechos materia de la litis, cuya naturaleza tiene que ponderarse para determinar su idoneidad y su valoración al decidir el sentido del fallo, siempre que cumplan las exigencia de ley y no sean contrarias al derecho y la moral, acorde al contenido de los dispositivos 776, 777 y 779 del ordenamiento obrero. De los preceptos referidos en el párrafo que precede se obtiene que son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan la prueba confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías, cintas cinematográficas, entre otros de índole tecnológico; constancias de notificación hechas a través de buzón electrónico, así como los recibos de nómina con sello digital. Asimismo, las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos, siempre que no hayan sido confesados por las partes, y queda al arbitrio del tribunal desechar aquellos medios de convicción que no se relacionen con la litis del asunto, o bien que resulten intrascendentes o inútiles, y se deberá expresar siempre el motivo de ello. Sin que esta última frase deba observarse de manera restrictiva, sino por el contrario, deben exponerse a cabalidad -de manera completa y exacta- las razones por las que los medios de convicción ofertados no se consideran idóneos para el esclarecimiento de la verdad. Por ende, si en el incidente de liquidación se persigue acreditar precisamente el cumplimiento de la condena del laudo, esto es, el pago total de las diferencias salariales relativas a la pensión del dieciséis de octubre de dos mil doce al mes de marzo de dos mil veintitrés, era necesario que al sostener no admitir dichas pruebas, se expusiera el fundamento y motivo suficiente de su decisión. Se determina lo anterior, pues en el fallo reclamado la junta condenó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán a pagar a los actores las diferencias salariales y demás prestaciones reclamadas. De ahí que el desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora e incidentista, vulnera en su perjuicio el derecho constitucional de legalidad, pues carece de fundamentación y motivación, pues únicamente se enunció que los hechos a demostrar ya estaban acreditados en autos, sin exponer de manera detallada el motivo de tal afirmación, o bien el porqué de su consideración. En esa tesitura, resultan fundadas las inconformidades relacionadas con las transgresiones denunciadas por la parte quejosa, en vulneración a los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la tutela constitucional a Miguel Santiago Rodríguez Pech, para efecto que la junta responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución incidental de tres de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 855/2018. b) Reponga el procedimiento en el incidente de liquidación, a partir de la audiencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; reitere lo conducente a las pruebas que fueron ofrecidas, y en lo relativo a las ofrecidas por la actora e incidentista, emita nuevo pronunciamiento en el que analice la pertinencia en su admisión, conforme a los lineamientos de los artículos 776, 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, expresando su decisión de manera fundada y motivada. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MIGUEL SANTIAGO RODRÍGUEZ PECH, en contra de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, su Presidente y el actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación la vista que se dio a las partes en proveído de dos de junio en curso, del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, que obra agregado en los presentes autos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, secretario con quien actúa y da fe.
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