Miguel Ortiz Torres

Expediente 870/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
870/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ortiz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de mayo dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que transcurrió para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, devuélvase a la autoridad directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Zacatecas, el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Por último, agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción con folio 10733, signada por el licenciado César Ezequiel Arenas Gómez, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. ...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta, firmada por la Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Zacatecas, por la que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, remite las copias certificadas requeridas; y, solicita se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que se dio cumplimiento a la omisión señalada como acto reclamado por la parte. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como pruebas de la referida autoridad las documentales que acompaña a su informe, consistente en el procedimiento de desistimiento y adjudicación número 434; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan. Dado el volumen de las referidas constancias, se determina formar un tomo de pruebas por separado, debidamente identificado. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Miguel Ortiz Torres, señaló en su escrito inicial de demanda como actos reclamados: "La falta de expedición de título de propiedad que me acredite como adjudicatario de los lotes ya mencionado UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DE "RÍO GRANDE" TERRENOS EXPROPIADOS A LA HACIENDA SAN FELIPE, MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, ZAC." Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por el quejoso de mérito, en relación a la petición hecha por éste respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Zacatecas, de expedir el título de propiedad ordenado dentro del Procedimiento Administrativo de Desistimiento y Adjudicación instado por Miguel Hipólito Varela, radicado bajo el número de expediente 434/2019, ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales en el Estado; no obstante, en el oficio que se provee, la responsable adjuntó copia certificada del titulo expedido a nombre del quejoso Miguel Ortiz Torres, marcado con el número 694. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la Directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del estado de Zacatecas, remitió copia copia certificada del titulo expedido a nombre del quejoso Miguel Ortiz Torres, marcado con el número 694; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes. ...

  3. Principal

    El doce de enero de dos mil veintidós, María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado certifica: - Que se encuentran fijadas las once horas con veinte minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado autos, se advierte que la autoridad responsable Subsecretario de Regulación de la Tenencia de la Tierra, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó su imposibilidad de remitir los originales del juicio de origen 434/2019 relativo al procedimiento Administrativo de Desistimiento y Adjudicación promovido por Miguel Hipólito Varela, en virtud de haberlos remitido a la Dirección de Revisión y Expedición de Títulos y Escrituras. En consecuencia, a efecto de dejar en estado de resolución el expediente en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la ley que rige el juicio constitucional, requiérase a la referida responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, haciendo uso de sus facultades recabe copia certificada del procedimiento administrativo supracitado y las remita a este órgano jurisdiccional , completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento en los términos indicados, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones, en la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy; y, en su ligar se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción con folio 18506. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno; y como lo solicita, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. ...

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