Miguel Medellín Alvarado
Expediente 1283/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Medellín Alvarado
Actuaciones
- Principal
El cinco de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis al dos de enero del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de diciembre pasado, dentro del juicio de amparo número 1283/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintidós de diciembre pasado, en el que se desechó la demanda promovida por Miguel Medellín Alvarado, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Medellín Alvarado, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de diciembre del año en curso (fojas 4-9) y al efecto informa bajo protesta de decir verdad que: Tiene el carácter de tercero interesado dentro del procedimiento administrativo 660/2013. Los proveídos recaídos a sus solicitudes de diez de diciembre de dos mil quince y veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, fueron emitidos el cinco de enero y veintiséis de agosto, ambos del año en curso, en los cuales la autoridad responsable negó la acumulación de autos solicitada, así como dar trámite al recurso de revocación respecto de dicha respuesta. Que tuvo conocimiento del acto reclamado el dos diciembre del año en curso. No reclama la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Además, exhibe las copias solicitadas de su escrito aclaratorio; por lo que se tiene cumplida la citada prevención. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el siguiente acto: ".IV. La Norma General, Acto u Omisión que se reclama de la autoridad. (.) Reclamo la negativa por parte de la responsable para escucharme en juicio, ya que presente un recurso de REVOCACIÓN el día 23 de agosto del año en curso y el auto recaído señala que no ha lugar a acordar de conformidad por estar citado el negocio para sentencia." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, es posible colegir que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual la autoridad responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición realizada por el aquí quejoso, es decir, no dio trámite al recurso de revocación interpuesto por el éste, con el cual pretendía revocar la negativa decretada en diverso proveído de cinco de enero del año en curso, por el que la referida autoridad responsable negó la acumulación de autos respecto de los juicios 660/2013 y 194/2002, toda vez que el expediente del que emana el acto reclamado se encontraba citado para sentencia. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, la resolución reclamada no constituye un acto pronunciado en el procedimiento cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. En efecto, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador ordinario dio contenido al concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, toda vez que el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en los autos del procedimiento administrativo 660/2013, mediante el cual, como se dijo, se acordó que no era procedente acordar de conformidad, el recurso de revocación interpuesto por el peticionario de garantías, con el cual, impugnaba el diverso auto de cinco de enero del presente año, con el que se negaba dar trámite a la acumulación de autos solicitada, no reviste las características de un acto de ejecución irreparable, pues bien puede ocurrir que a pesar de esa determinación, el aquí quejoso obtenga una resolución favorable en el juicio de origen, despareciendo así cualquier violación procesal que se hubiera cometido en su perjuicio; y en caso de que le sea adverso, se encuentre en condiciones de combatir esa resolución a través del amparo directo que contra ésta se promueva; de manera tal de otorgarle la protección constitucional, quedaría subsanada cualquier violación intraprocesal que se hubiera cometido con motivo de la resolución que en esta instancia combate. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues de así aceptarlo se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; de ahí que resulta improcedente contra actos que únicamente tienen efectos intraprocesales, en tanto que sus consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia definitiva favorable en el juicio de origen de que se trate. Para ilustrar lo antes expuesto, se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo hasta aquí expuesto se obtiene que para efectos del juicio de amparo indirecto resulta improcedente para combatir el acto reclamado por el quejoso, relatado en líneas precedentes, pues, se insiste, dicho acto impugnado en esta vía constitucional no tiene como consecuencia afectación alguna, ni directa ni inmediata, a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en los términos que se precisan en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales y no de imposible reparación, dado que sus posibles resultados pueden ser reparadas mediante la obtención de sentencia favorable, o bien, de serle adversa, tal violación podría quedar subsanada con el eventual cumplimiento que se otorgue a la ejecutoria que se pronuncie en el juicio de amparo directo que contra tal fallo se promueva, en caso de serle favorable. Es aplicable al tema la Jurisprudencia 24/92 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.". De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.- La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." No se soslaya el hecho de que si bien es cierto que el aquí quejoso reclama el proveído de veintiséis de agosto de la presente anualidad por medio de la cual la autoridad responsable no dio trámite al recurso de revocación interpuesto por éste y con el cual pretendía impugnar, y en su caso, revocar el diverso auto de cinco de enero del año en curso, en el que se negó la acumulación de autos solicitada por éste, ya que de esto se colige, que dichos actos están vinculados entre sí y parten de donde mismo, toda vez que al no haber dado trámite al recurso de revocación interpuesto por el quejoso, sigue firme la negativa declarada en proveído de cinco de enero del año en curso. Por tanto, debe concluirse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Miguel Medellín Alvarado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Medellín Alvarado, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14, 16 y 27 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1283/2016-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;". Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia dispone, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De la fracción IV del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la inexacta precisión del acto reclamado en esta instancia constitucional; es decir, que su escrito de demanda no se advierta con claridad el acto que transgrede en perjuicio del quejoso, y en consecuencia, se debe de requerir para que éste lo aclare con precisión y estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda; así como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Del ocurso de demanda se desprende que el quejoso en su apartado de actos reclamados señala lo siguiente: ".IV. La Norma General, Acto u Omisión que se reclama de la autoridad. Ley de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zac., en vigor. Reclamo la negativa por parte de la responsable para escucharme en juicio, ya que presente un recurso de REVOCACIÓN el día 23 de agosto del año en surso y el auto recaído señala que no ha lugar a acordar de conformidad por estar citado el negocio para sentencia." De lo anterior, se colige que en el caso, el quejoso reclama de la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, lo siguiente: La Ley de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, vigente. El proveído dictado por la autoridad responsable dentro del expediente 660/2013, mediante el cual informó al aquí quejoso que no había lugar a acordar favorablemente su solicitud, en la que interpuso el recurso de revocación, en contra del diverso auto donde se negó la acumulación de autos solicitada. De lo anterior, se advierte que el peticionario de garantías se duele de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas en vigor; sin embargo, no precisa qué reclama de dicho ordenamiento legal, ni señala autoridades legislativas a quienes les atribuye tal acto, por lo que resulta necesario que el peticionario de garantías aclare dicha circunstancia, para estar en condiciones de proveer de conformidad. Asimismo, reclama el proveído dictado dentro del expediente 660/2013 del índice de la responsable por medio del cual el director responsable negó dar trámite al recurso de revocación interpuesto el veintitrés de agosto del año en curso; pero es omiso en manifestar qué carácter tiene dentro de dicho juicio, así como la fecha que se emitió el citado proveído. Además, menciona que dicho medio de impugnación lo interpuso para combatir el diverso auto donde le fue negada la acumulación de autos que solicitó; sin embargo, también es omiso en manifestar la fecha de dicho proveído. Por otra parte, del marco normativo expuesto antelativamente, se tiene como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales o actos seguidos en forma de juicio, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre la fecha de notificación de éste, bajo protesta de decir verdad. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis: XX.2o.3 P (10a.), por la razón que informa, con registro 2007769, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2886 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, materia común, que establece "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Luego, en el supuesto de que se reclaman actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe señalarse la fecha de notificación del acto reclamado, pues dichos actos también están sujetos a los plazos del artículo 17 de la Ley de la materia. En el caso, el quejoso reclama el proveído emitido por la autoridad responsable, en el que negó dar trámite al recurso de revocación interpuesto por éste dentro del expediente 660/2013. De manera que se reclama una determinación derivada de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; por lo que es necesario se precise la fecha de notificación de tal resolución. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso hubiese precisado tal circunstancia, pues se limitó a afirmar la fecha en que presentó tal solicitud, sin que conste la de su notificación. REQUERIMIENTO. Se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Qué carácter tiene dentro procedimiento administrativo 660/2016. La fecha de los proveídos en que se negó dar trámite a la acumulación de autos y al recurso de revocación interpuesto el veintitrés de agosto de la presente anualidad. En caso de ser parte en el procedimiento administrativo de origen, la fecha en que se le notificó el acto que reclama; y Si también reclama en esta vía constitucional la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y, de ser así, diga qué reclama de dicho ordenamiento legal y a qué autoridades le atribuye tal acto. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere al promovente para que exhiba tres copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, una para la autoridad señalada como responsable, otra más para el tercero interesado y la restante para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. LUGAR Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado Amador Valenzuela Luevano, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que únicamente se tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal fin el ubicado en la calle Dr. Hierro, número trescientos uno (301), zona Centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Medellín Alvarado, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14, 16 y 27 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1283/2016-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;". Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia dispone, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De la fracción IV del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la inexacta precisión del acto reclamado en esta instancia constitucional; es decir, que su escrito de demanda no se advierta con claridad el acto que transgrede en perjuicio del quejoso, y en consecuencia, se debe de requerir para que éste lo aclare con precisión y estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda; así como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Del ocurso de demanda se desprende que el quejoso en su apartado de actos reclamados señala lo siguiente: ".IV. La Norma General, Acto u Omisión que se reclama de la autoridad. Ley de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zac., en vigor. Reclamo la negativa por parte de la responsable para escucharme en juicio, ya que presente un recurso de REVOCACIÓN el día 23 de agosto del año en surso y el auto recaído señala que no ha lugar a acordar de conformidad por estar citado el negocio para sentencia." De lo anterior, se colige que en el caso, el quejoso reclama de la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, lo siguiente: La Ley de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, vigente. El proveído dictado por la autoridad responsable dentro del expediente 660/2013, mediante el cual informó al aquí quejoso que no había lugar a acordar favorablemente su solicitud, en la que interpuso el recurso de revocación, en contra del diverso auto donde se negó la acumulación de autos solicitada. De lo anterior, se advierte que el peticionario de garantías se duele de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas en vigor; sin embargo, no precisa qué reclama de dicho ordenamiento legal, ni señala autoridades legislativas a quienes les atribuye tal acto, por lo que resulta necesario que el peticionario de garantías aclare dicha circunstancia, para estar en condiciones de proveer de conformidad. Asimismo, reclama el proveído dictado dentro del expediente 660/2013 del índice de la responsable por medio del cual el director responsable negó dar trámite al recurso de revocación interpuesto el veintitrés de agosto del año en curso; pero es omiso en manifestar qué carácter tiene dentro de dicho juicio, así como la fecha que se emitió el citado proveído. Además, menciona que dicho medio de impugnación lo interpuso para combatir el diverso auto donde le fue negada la acumulación de autos que solicitó; sin embargo, también es omiso en manifestar la fecha de dicho proveído. Por otra parte, del marco normativo expuesto antelativamente, se tiene como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales o actos seguidos en forma de juicio, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre la fecha de notificación de éste, bajo protesta de decir verdad. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis: XX.2o.3 P (10a.), por la razón que informa, con registro 2007769, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2886 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, materia común, que establece "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Luego, en el supuesto de que se reclaman actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe señalarse la fecha de notificación del acto reclamado, pues dichos actos también están sujetos a los plazos del artículo 17 de la Ley de la materia. En el caso, el quejoso reclama el proveído emitido por la autoridad responsable, en el que negó dar trámite al recurso de revocación interpuesto por éste dentro del expediente 660/2013. De manera que se reclama una determinación derivada de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; por lo que es necesario se precise la fecha de notificación de tal resolución. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso hubiese precisado tal circunstancia, pues se limitó a afirmar la fecha en que presentó tal solicitud, sin que conste la de su notificación. REQUERIMIENTO. Se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Qué carácter tiene dentro procedimiento administrativo 660/2016. La fecha de los proveídos en que se negó dar trámite a la acumulación de autos y al recurso de revocación interpuesto el veintitrés de agosto de la presente anualidad. En caso de ser parte en el procedimiento administrativo de origen, la fecha en que se le notificó el acto que reclama; y Si también reclama en esta vía constitucional la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas y, de ser así, diga qué reclama de dicho ordenamiento legal y a qué autoridades le atribuye tal acto. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere al promovente para que exhiba tres copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, una para la autoridad señalada como responsable, otra más para el tercero interesado y la restante para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. LUGAR Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, se tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado Amador Valenzuela Luevano, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que únicamente se tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal fin el ubicado en la calle Dr. Hierro, número trescientos uno (301), zona Centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué"
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