Miguel Morales Larios

Expediente 1322/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1322/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
04/12/2015

Partes del expediente

  • Miguel Morales Larios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Agente del Ministerio responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. cecy*

  2. Principal

    Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 1322/2015, promovido por Miguel Morales Larios, contra actos del Agente del Ministerio Público Número Dos con sede en Tlaltenango, Zacatecas y otra autoridad, que considera violatorio de los artículos 8, 14 y 20, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Morales Larios demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: COMO ORDENADORA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALTENANGO, ZACATECAS: COMO AUTORIDAD POSIBLEMENTE EJECUTORA EL JUEZ EN TURNO. IV.- ACTO RECLAMADO: Es el no desahogo de la prueba, consistente en el careo a que tengo derecho, con el C. MARCELINO MORAMONTES CORREA, misma que fue ofrecida dentro de la averiguación previa penal marcada con el número 19/I/2014, ofrecida conforme a derecho, y aceptada por la autoridad responsable, lesionando la esfera jurídica de mis derechos, violando garantías constitucionales. II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de doce de agosto de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 1322/2015, previa prevención al quejoso; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión, inexistencia y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La omisión en el desahogo de la diligencia de careos solicitado. II. 2. 1. Inexistencia: La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto al acto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II.2.2. Certeza: La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Número Dos del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye, precisado en el inciso a), de este considerando, en su punto II.1. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las copias certificadas de la averiguación previa 19/I/2014, que remitió el Agente del Ministerio Público número Dos con sede en Tlaltenango, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la omisión reclamada, la cual estuvo a cargo del Agente del Ministerio Público Número Dos de Tlaltenango, Zacatecas, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte, de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que ha ocurrido un cambio de situación jurídica. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, de las copias certificadas de la averiguación previa número 19/I/2014 que remitió el Agente del Ministerio Público Número Dos, se infiere que el veintinueve de mayo de dos mil diez, inició dicha averiguación previa con la querella formulada por Marcelino Miramontes Correa, en contra de Miguel Morales Larios y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE cometido en su perjuicio. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil quince, el aquí quejoso Miguel Morales Larios ofreció la prueba de careos entre él y el querellante, a lo que el representante social del orden común señaló las diez horas del siete de mayo de dos mil quince, misma que no se desahogó dada la inasistencia del citado quejoso, según se advierte a fojas 2100 de las copias certificadas de la averiguación mencionada, que remitió el Agente del Ministerio Público Número Dos de la ciudad de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Luego, el dieciocho de junio de dos mil quince, la responsable determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Morales Larios y otros, por lo que solicitó al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, emitiera orden de aprehensión en su contra. Tal información se adminicula con el contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltanango de Sánchez Román, Zacatecas (foja 49), en el cual señaló en lo que interesa, que el dieciocho de junio de dos mil quince, fue consignada la averiguación previa 19/I/2014, por el Agente del Ministerio Público Instructor Número Dos, sin que a la fecha de remisión del informe justificado se hubiera pronunciado respecto de la procedencia de la emisión de la orden de aprehensión solicitada. Así pues, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Miguel Morales Larios reclama la omisión a cargo del Agente del Ministerio Público Número Dos de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, de desahogar la prueba de careos que solicitó se realizara con su denunciante Marcelino Miramontes Correa en autos de la averiguación previa 19/I/2014, sin que la misma se hubiera desahogado, en razón a que la citada responsable, el dieciocho de junio del año en curso, consignó la citada averiguación previa al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en la que solicitó dictara orden de aprehensión en contra del ahora quejoso y, según se advierte del informe justificado que al respecto rindió el Juez Segundo de Primera Instancia y Familiar de Tlaltenango, de Sánchez Román, Zacatecas (foja 49), se encuentra pendiente pronunciarse en cuanto a la emisión de la orden de captura solicitada. En efecto, de las copias fotostáticas certificadas de la averiguación previa 19/I/2014, que remitió el Agente del Ministerio Público Número Dos, al rendir su informe justificado, se advierte adjuntó copia certificada de la resolución de dieciocho de junio de dos mil quince, de la que se desprende que se ejercitó acción penal de su competencia en contra de Miguel Morales Larios y otros por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE POR SIMULACIÓN QUE EXCEDE DE QUINIENTAS CUOTAS, cometido en perjuicio de Marcelino Miramontes Correa. Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al quejoso, toda vez que durante la tramitación del juicio de amparo sobrevino dicho cambio respecto de la situación jurídica del quejoso. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos aducidos, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado contra la primer situación jurídica, en el caso particular, contra la omisión de desahogar la prueba de careos por parte de la responsable en perjuicio del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación jurídica. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa resolución referente a la situación jurídica del quejoso Miguel Morales Larios, esto es, la determinación de consignación ante el Juez también responsable, se dio origen a un impedimento legal para que el Agente del Ministerio Público responsable se encontrara en aptitud de desahogar la prueba cuya omisión se le reclama, y resulta incuestionable que en el caso a estudio operó un cambio de situación jurídica del quejoso, de conformidad con la fracción XVII del 61 de la Ley de Amparo vigente, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de garantías. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en: la omisión de desahogar la prueba de careos por parte de la autoridad investigadora, la determinación de ejercicio de acción penal en su contra ante el juez responsable, por el delito de fraude por simulación; siendo este acto de autoridad reclamado con motivo de la averiguación previa instaurada en contra del quejoso; y, posteriormente se dictó determinación de ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Morales Larios y otros, por lo que al recibir la averiguación previa 19/I/2014, el Juez responsable, la misma salió de la jurisdicción del órgano investigador, para entrar a la del Juez responsable, es decir, dicha determinación de ejercicio de la acción penal cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dichas determinaciones, sin afectar la nueva situación jurídica; lo anterior se fortalece si se toma en consideración que a partir de la resolución de ejercicio de la acción penal, la averiguación previa sale del ámbito de decisión del Agente del Ministerio Público Número Dos e ingresa al del Juez que deberá pronunciarse sobre la petición de orden de aprehensión, que es autónoma e independiente de aquélla resolución mediante la cual se determinó ejercitar acción penal; consecuentemente, ha operado un cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de amparo en vigor a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por virtud de las reformas de las que fue objeto, lleva a colegir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, cuando por vía de amparo indirecto se reclama violación a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia. Por lo que si el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión por violación directa al artículo 16 constitucional, la hipótesis de que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, no se adecua a dicho acto, ya que carece de ese alcance. Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de indiciado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que se aducen." También orienta al respecto, la Tesis Aislada IV.2o.P.43 P visible a foja 1373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Epoca, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 166,233, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER el presente juicio de garantías promovido por Miguel Morales Larios. No pasa inadvertido para este Juzgado, como ya se dijo, que durante la integración de la Averiguación previa el quejoso manifestó que se cometieron violaciones en su perjuicio en cuanto a su integración, sin embargo este Juzgado no puede abordar el estudio de dichas violaciones, esto es así, en razón de que el quejoso acude ante este órgano Jurisdiccional reclamando la omisión de desahogar el careo que solicitó con el querellante; y, además de que durante la tramitación del juicio se dio el cambio de situación jurídica y como consecuencia de ello, no resulta viable un pronunciamiento que afecte la nueva determinación que rige el status jurídico (determinación de consignación), y en todo caso, esas violaciones procesales que refiere deberá reclamarlas en el amparo que en su caso promueva en contra de la orden de aprehensión que en su caso dicte el Juez responsable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Miguel Morales Larios, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en su considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores, hoy cuatro de noviembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´FRF

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) y c) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Miguel Morales Larios, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en su considerando tercero."

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a once de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público Instructor de Averiguaciones Previas número Dos de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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