Miguel Monrroy Galaviz

Expediente 546/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
546/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Miguel Monrroy Galaviz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa; asimismo, que la autoridad responsable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, presentó pruebas documentales, las cuales integran los anexos I y ll de pruebas. Por tanto, al resultar innecesaria su retención, hágase devolución de las referidas documentales, previa certificación que se deje en autos para constancia.

  2. Principal

    CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y SE ORDENA ARCHIVO...

  3. Principal

    Se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL EL AUTO DICTADO EN VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO AL QUEJOSO MIGUEL MONRROY GALAVIZ QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por el cual devuelve sin diligenciar la comunicación oficial por la que se encomendó emplazar a la tercero interesada Francisca Carolina Coronado Monroy. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte que en proveídos de trece y veintiocho de julio de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional proveyó respecto al emplazamiento de los terceros interesados Araceli, Francisca Carolina, Jesús Ernesto, Rosalba, Elida, Martin Alonso y Juan Antonio, todos de apellido Coronado Monroy, ordenando la búsqueda oficiosa de los domicilios de dichos terceros, en virtud de que la parte quejosa no dio contestación a los requerimientos realizados en autos, respecto de proporcionar sus domicilios. Asimismo, se desprende que a pesar de investigaciones realizadas por este Juzgado, no se ha logrado la ubicación, ni mucho menos el emplazamiento de Francisca Carolina Coronado Monroy y Rosalba Coronado Monroy. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, procédase a emplazar por medio de edictos a las terceras interesadas en comento Francisca Carolina Coronado Monroy y Rosalba Coronado Monroy, las cuales deberán contener una relación suscinta de la demanda, que se publiquen a costa de la quejosa en el "Diario Oficial de la Federación" y en el periódico "Excelsior", por ser éste uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio nacional, los que se publicarán tres veces de siete en siete días. Se ordena fijar en la puerta de este tribunal, copia de los edictos correspondientes por todo el tiempo que dure el emplazamiento, comunicándole al tercero interesado que deberá señalar domicilio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por lista en términos de los artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo; asimismo, hágasele saber que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por apoderado o por gestor que pueda representarlos a defender sus derechos. Además, se le hace saber a la parte quejosa que quedan a su disposición los edictos en la secretaría de este juzgado, a efecto de que los reciba para su publicación y requiérasele para que dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al del día de su recepción, exhiba ante este juzgado los ejemplares de las publicaciones. De igual manera, se hace del conocimiento del peticionario de amparo que, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la ley de la materia, el plazo precisado en el párrafo que precede -veinte días- abarca: I. La recepción de los edictos en este juzgado; II. La entrega de los mismos para su publicación; y, III. El acreditamiento ante este órgano jurisdiccional de su entrega, o en su defecto, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos. Término que conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo en el que se ponen a disposición los edictos en comento. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P/J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Se le apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con requerimiento formulado en párrafos precedentes, en los términos que se establecieron y en el plazo fijado -veinte días- se decretará el sobreseimiento de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que de un análisis detallado de las constancias que obran en autos, no se desprende dato o indicio alguno que permita a este órgano jurisdiccional arribar a la convicción de que el ahora quejoso se encuentre imposibilitado económicamente para sufragar el costo de la publicación de los edictos en comento, pues como se adelantó, no existen indicios en autos que confirmen la situación de precariedad relevante. Se sigue que obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse el mismo, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado dispositivo 17 constitucional, circunstancia que no aconteció en la especie. Resulta ilustrativa a lo anterior la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1110, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor siguientes: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." Ello es así, pues sólo obra en autos el escrito de demanda, de donde no se desprende dato alguno que permita establecer el estado de insolvencia del quejoso, pues en la misma sólo controvierte cuestiones atinentes al procedimiento del que deriva el acto reclamado. De ahí que, resulte procedente el requerimiento efectuado al agraviado en el presente proveído para la exhibición de los edictos en comento. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que con posterioridad, la mencionada parte proporcione los medios de prueba que al efecto estime pertinentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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