Miguel Francisco Barceló Leyva

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Francisco Barceló Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió... sin que lo hubiera hecho. En consecuencia... se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO...

  2. Principal

    Se agrega exhorto sin diligenciar y se ordena notificar por lista a la parte quejosa...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO MIGUEL FRANCISCO BARCELO LEYVA, el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado a nombre de Miguel Francisco Barceló Leyva, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. Formación y Registro del expediente: Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo número 633/2022 y su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Desechamiento: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que en la especie se surte de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen: El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada...". Por su parte, el artículo 6° de la ley de la materia dispone: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la firma autógrafa de quien refiere ser el peticionario de amparo, constituye la manifestación de la voluntad por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). Sirve de orientación a lo anterior por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 2a. XXII/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 862, libro 53, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado. En el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, en virtud de que no contiene la firma del promovente Miguel Francisco Barceló Leyva, pues fue presentada con la firma de José Eduardo Carballo Carrasco, a quien únicamente se le otorga el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, y la persona con dicha autorización no se encuentra facultada para promover la vía constitucional intentada, salvo los casos que establece el citado ordenamiento legal que no es exigible la manifestación de la voluntad del directamente agraviado (cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 68, Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". En ese sentido, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma autógrafa del promovente, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Es así, ya que un presupuesto lógico del principio de instancia de parte agraviada consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el agraviado por el acto de autoridad, ello, ya que si tal escrito constituye la base del juicio es indispensable -como requisito de su admisibilidad y procedencia- que contenga un signo expreso inequívoco de la voluntad del gobernado, pues de no ser así, se estimaría que es el propio órgano de control constitucional quien oficiosamente está verificando la regularidad de las actuaciones de las autoridades; situación que también debe regir para todas las promociones que se presenten durante la substanciación del juicio de amparo. Ergo, la ausencia de algún signo que conduzca al tribunal de amparo a considerar que, efectivamente, es el agraviado quien incita su actividad jurisdiccional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito relativo no constituya propiamente una demanda y, por ende, que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó; así como que no fue su voluntad presentar las promociones. No es óbice a lo anterior, que en el artículo 12 de la ley de la materia se contemple la posibilidad de designar autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, dicha autorización no constituye una representación, sino solo una autorización respecto de facultades amplias o limitadas para intervenir en el juicio de mérito, las cuales se circunscriben al trámite y resolución de dicho proceso; es decir, únicamente se confieren facultades para la realización de actos procesales tendientes a lograr una defensa adecuada. En ese sentido, si bien el autorizado por el quejoso, en términos amplios, según lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede: ".realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", resulta que dicha autorización implica una diversidad de facultades, mas conforme al principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en el artículo 107 constitucional y en el numeral 6 de la Ley de Amparo, ello no puede llevar a la conclusión de que el referido autorizado, aun cuando se le otorguen las facultades señaladas, pueda promover a nombre de su autorizante, el escrito inicial de demanda, y mucho menos quien o quienes estén autorizados exclusivamente para oír y recibir notificaciones. Máxime que del escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es de concluirse que Miguel Francisco Barceló Leyva, no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, y esta no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pues al no contenerla no queda de manifiesto su voluntad de promover; es decir, no hay instancia de parte agraviada. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Miguel Francisco Barceló Leyva, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea óbice arribar a la anterior determinación, la existencia del documento que se anexa al ocurso de cuenta, de cuyo análisis se advierte que consiste en una carta poder simple, en virtud de que de la misma, si bien se aprecia que Miguel Francisco Barceló Leyva -directamente agraviado- otorga diversas facultades a José Eduardo Carballo Carrasco, para realizar y llevar a cabo asuntos y trámites ante la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, no se advierte que dicho poder haya sido otorgado expresamente para acudir a instancias judiciales o promover el juicio de amparo. Máxime que del aludido documento, no se advierte de manera fehaciente la intervención de las personas involucradas, pues si bien consta una firma de quienes fungieron como testigos, no se acompañó copia del documento con el que se identificó cada una de las personas que lo suscribieron, por lo que carece de certeza. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 12 de Octubre M407 L5, Colonia Industrial, Casas Grandes, Chihuahua, C.P. 31850. Ahora se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Eduardo Carballo Carrasco y Martha Alicia García Jiménez, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notificación a parte quejosa: En virtud de que el peticionario de amparo señaló un domicilio fuera de esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua (Chihuahua), en turno, por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda: Notifique personalmente de la presente determinación a Miguel Francisco Barceló Leyva y en el acto de la notificación lo requiera a efecto de que, en el acto o dentro de los tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se practicarían por medio de lista..."

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