Miguel Ortega Jaime

Expediente 1317/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1317/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ortega Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA Y SE REMITE EXPEDIENTE AL ARCHIVO

  2. Principal

    Audiencia constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Blas Martínez Aboyte, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, informe justificado y demás constancias. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el período de pruebas, el secretario certifica que la autoridad responsable remitió copia certificada del registro informático de la audiencia de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva de veinte de octubre de dos mil diecisiete, celebrada en el proceso 1338/2017. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza la prueba consistente en el disco versátil digital (DVD) que contiene la grabación en audio y video, misma que adquiere la calidad de prueba documental pública sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia. Resolución constitucional. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Una vez revisado el juicio de amparo indirecto 1317/2017 promovido por Miguel Ortega Jaime, se dicta sentencia. Antecedentes: Primero. Presentación de la demanda Por escrito de demanda presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Miguel Ortega Jaime, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Oralidad del Distrito Judicial Uno del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión y trámite Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, la que se admitió a trámite mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 1317/2017, en el que además se ordenó pedir informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó emplazar al representante social que intervino en el proceso y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se ordenó el emplazamiento de la parte ofendida y de sus asesores jurídicos; hecho lo anterior, en esta fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Segundo. Precisión del acto reclamado En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a cumplir con la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado. El quejoso Miguel Ortega Jaime reclama la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez de Oralidad del Distrito Judicial Uno del Estado de Sonora, en la causa penal 1338/2017, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva. Tercero. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Afirmación que se corrobora con el disco compacto que contiene la grabación en audio y video de la resolución que constituye el acto reclamado, probanza que adquiere el carácter de una prueba documental pública, motivo por el cual, se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sobre el tema se invoca la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Cuarto. Causa de improcedencia Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causas de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se haya hecho valer alguna causa de improcedencia por las partes intervinientes, ni se advierta su actualización de manera oficiosa. Máxime que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuya revisión se reclama afecta temporalmente la libertad del quejoso; por ende, sus efectos son de imposible reparación al lesionar ese derecho sustantivo. Asimismo, respecto de dicho acto se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos de lo que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, lo cual justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, porque el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal y se le imponga una medida cautelar de prisión preventiva, aun temporal, implica necesariamente una afectación a su libertad, ya que la prosecución del procedimiento requiere de su ineludible presencia y, con dicha medida, se le obliga a permanecer interno en el centro de reinserción social de esta ciudad, a fin de asegurar su presencia en el juicio, garantizando la seguridad de la víctima o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; de ahí que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa evidentemente restringe temporalmente su libertad. Quinto. Conceptos de violación Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Estudio de fondo Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta de oficio queja que suplir en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En ellos, el solicitante de amparo aduce que la determinación de la Juez Oral de negar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva penitenciaria, por la domiciliaria, transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 1o. de la Constitución Federal; 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; y 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V, y 5o., fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Que la determinación combatida no se encuentra fundada ni motivada; aunado a que su imposición implica una condena a muerte para el quejoso, dado que actualmente tiene ochenta años de edad y que en el Centro de Reinserción Social número Uno no le suministran la alimentación adecuada, un espacio tranquilo para vivir, por el contrario, vive hacinado y en un ambiente que afecta su salud, en particular, su presión arterial, lo que ha debilitado aceleradamente su salud física y mental. Que resulta ilegal la resolución que concluye con la confirmación de la prisión preventiva, porque deja de atender el contenido del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se establece que la prisión preventiva ya sea penitenciaria o domiciliaria (que es la que pretende adquirir el quejoso) tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado al procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendidos, testigos y de la sociedad, así como de no obstaculizar el procedimiento. Por tal motivo, asevera, carece de razón la responsable cuando impide que la prisión preventiva se ejecute en un domicilio particular, toda vez que esa medida cautelar en nada cambia su finalidad pues se siguen conservando las mismas garantías de seguridad para el procedimiento y para las partes intervinientes. Que tal proceder contraviene el principio pro persona en agravio del imputado, ya que desatiende su condición personal como adulto mayor, circunstancias particular que genera la obligación para el juzgador de brindar consideraciones especiales en su beneficio. Afirma que debió declararse procedente la modificación de la prisión preventiva y se estableciera el resguardo domiciliario en la vivienda ubicada en calle Santa Bárbara número 4, fraccionamiento San Francisco, de esta ciudad, puesto que se ofrecieron los datos y medios de pruebas suficientes para acreditar la problemática de salud que presenta el imputado, agravada por su estancia en el centro de reclusión; su edad -ochenta años-; la propiedad del inmueble a favor de su hija Judith Ortega Cons donde se pretende efectuar la estancia domiciliaria; así como el parentesco con ella. Motivos de disenso que resultan infundados. Para comprensión de lo anterior, se trae a colación el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente, dispone: Artículo 19. . El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. . De la interpretación de dicho precepto constitucional se obtiene que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Además, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente cuando se trate de diversos delitos, entre estos, el homicidio doloso. En cuanto a la legislación adjetiva, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la procedencia de la revisión de las medidas cautelares, en los siguientes términos: Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Como se advierte, la revisión de la medida cautelar impuesta al imputado tiene por objeto el que mediante datos o medios de prueba, se demuestre que han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. Lo que en la especie no aconteció. Ahora, en la causa penal 1338/2017 instruida contra Miguel Ortega Jaime, por un hecho que la ley señala como delito, clasificado jurídicamente como homicidio calificado con premeditación y alevosía, se impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, en audiencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete, la defensa solicitó la revisión de la medida cautelar a fin de que ésta fuera modificada, en cuanto a la residencia en que habría de cumplirse con la prisión preventiva; es decir, la petición se formuló con el propósito de que la prisión preventiva que se lleva en el Centro de Reinserción Social Uno de esta ciudad, se modifique para que su cumplimiento se realice en un domicilio particular, atendiendo primordialmente a la edad del imputado y a su estado de salud. La aludida audiencia de revisión de medida cautelar se desarrolló en los siguientes términos: 09:35 Inicio de la audiencia de revisión, sustitución o modificación de medios cautelares 09:36 Individualización de las partes 09:38 La defensa solicita la revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado Miguel Ortega Jaime, debido a que han variado las circunstancias de la imposición de la medida cautelar, para lo cual ofrece diversos datos y medios de prueba; corrió traslado con ellos a la contraparte. 09:40 La fiscalía solicita un receso para imponerse de los datos y medios de prueba y se concede por veinte minutos. 10:17 Testimonio de Esteban Miguel López Ruiz (médico familiar) 10:05 Se reanuda audiencia 10:06 La defensa anuncia sus datos y medios de pruebas consistentes en: Resumen médico del doctor Miguel Ángel Cuevas García, Titular de la Unidad Médica Familiar 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social de San Luis Río Colorado, Sonora. Dictamen Médico Integral de Esteban Miguel López Ruiz (Médico) y Juan Manuel Tong Payán (médico psiquiatra). Contrato de compraventa y crédito hipotecario celebrado entre Judith Ortega Cons y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora; adquisición de la casa habitación ubicada en Santa Bárbara número 4, fraccionamiento San Francisco, de esta ciudad. Recibos de Luz, Telefonía, servicio de cable y predial. Acta de nacimiento de Miguel Ortega Jaime (para acreditar la edad del imputado) Acta de nacimiento de Yudith Ortega Cons (para acreditar el parentesco de hija del imputado) Declaración del imputado. Pericial médica integral (para acreditar padecimientos y las afectaciones del internamiento). Entrevista de Francisco Antonio Aragón Monge, Comisario de la Policía Municipal de Guisamopa, Sonora. 10:12 Manifestaciones de la fiscalía respecto a los datos y medios de prueba. 10:15 Juez admite los medios de convicción propuestos 10:17 Se recibe testimonio de Esteban Miguel López Ruiz (médico familiar) 10:32 Testimonio de Juan Manuel Tong Payan (médico psiquiátrico) 10:47 Declaración del imputado Miguel Ortega Jaime (en la cual acepta expresamente que privó de la vida a la víctima, con un revolver calibre 22") 10:57 Alegatos de la defensa 11:06 Alegatos de la fiscalía y asesor jurídico 11:08 Manifestaciones del ofendido en la cual se opone a la modificación de la medida 11:09 Replica otorgada a la defensa 11:11 Manifestaciones del imputado 11:14 Resolución de la Juez Oral Penal Los datos de prueba y medios de convicción presentados por la defensa tienen la finalidad de acreditar la edad del imputado, su precario estado de salud y la existencia del domicilio donde habría de llevarse a cabo la prisión preventiva. Sin embargo, la juez responsable en la audiencia de revisión de medidas cautelares, declara improcedente la modificación solicitada conforme a las consideraciones siguientes: .advirtiendo los argumentos planteados por el señor defensor así como por parte el agente del Ministerio Público, el asesor público, el señor José David ya sea como el propio Miguel Ortega Jaime y de los datos de prueba que fueron incorporados en la carpeta de investigación y los medios de convicción aquí desahogados este tribunal procede a declarar improcedente la petición por parte de la defensa para la modificación de la medida cautelar impuesta al señor Miguel Ortega Jaime, es decir que la prisión preventiva sea llevada en un domicilio diverso, en un domicilio que dijo la misma defensa y que se ubica en la casa de Judith Ortega Cons. Esto primordialmente porque el artículo 166 Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado con la tesis que invocó la defensa y el tratado sobre las personas que se encuentran llevados en procesos y también que se encuentran sentenciados, no es factible poderlo aplicar tal y como lo indicó en sus argumentos la defensa, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales efectivamente el artículo 166 establece excepciones en el caso de que el imputado sea mayor de setenta años, en este quedó claro que cuenta con ochenta años de edad, esto no es algún problema para poder llevar a cabo una determinación en contrario. Bien, también indica como excepción que esta persona mayor de setenta años o bien que se encuentre afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenarla prisión preventiva o que se ejecute en un domicilio diverso o en un centro médico bajo las cautelares que se proceda. Sin embargo, en este mismo precepto señala en su último párrafo que no gozaran de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que finja presumible un riesgo social. Analizados los argumentos vertidos por la defensa y los medios de convicción o los datos de prueba que se allegara a la carpeta de investigación y como se dijo de los medios de convicción aquí desahogados, puede ser a manera de consideración subjetiva de parte de este tribunal que no se pueda sustraer de la acción de la justicia. Ponderando este punto de vista o ponderando esta situación es una de las reglas generales que establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como válida, pero también hay una disposición de que manifiesta que hagan presumible un riesgo social, en audiencia previa a esta cuando se llevó a cabo la vinculación a proceso en contra del señor Miguel y se solicitó por parte de la defensa una modificación a la medida cautelar se llevó a cabo la misma y se determinó que no era posible llevar acabo la medida cautelar en un domicilio diverso por un riesgo social pero quedó ahí establecido que al momento del señor Miguel Ortega el día de los hechos cuando se apersonó ante la víctima se encontraba un testigo, ese testigo escuchó que cuando llegó Miguel Ortega preguntó por el occiso Alfonso Coronado Valenzuela, por Alfonso y le dijo que lo iba a matar y que también mataría a su hijo, esa manifestación lo destacó el agente Ministerio Público en la audiencia que solicitó la defensa, en esa misma audiencia de vinculación de proceso. Y con posterioridad la defensa solicitó esta modificación, fue una justificación muy relevante porque parte de este tribunal que sí existe un riesgo social es decir ante la manifestación del propio testigo y que es coincidente con lo que indicó el señor Miguel Ortega al momento de que expuso su declaración ante este tribunal hace unos momentos y el después de haber sufrido o más bien tener una discordia, sale de ahí del lugar o se retira del lugar de donde se encontraba trabajando el testigo referido así como la víctima y regresa de nuevo pero ya regresa armado aquí incluso lo manifiesto de esa forma, cuando regresó armado llega y pregunta por Alfonso y también que lo iba a matar y también mataría a su hijo, es importante advertir por parte de este tribunal que el hecho de que haya hecho esa manifestación para retirarse del lugar y con un arma de fuego privar de la vida a una persona y ante la manifestación expresa de que mataría a uno de sus hijos, al hijo del hoy occiso si se advierte un riesgo social que tiene de manera categórica la discusión que hace ver el señor defensor para justificar o pretender justificar la modificación de la prisión preventiva en un distinto lugar. Bueno, si bien es cierto este tribunal pudo advertir en el desahogo de los medios de convicción por parte del señor Esteban Miguel López Ruiz, y del señor Tom Payan que el señor tiene ya deterioro cognoscitivo precisamente por la senilidad del señor de ochenta años de edad, sin embargo, se escuchó por parte también de este tribunal que con un tratamiento adecuado el médico lo dijo esto el Señor Esteban Miguel puede llevar a cabo una salud, normal obviamente dentro de los parámetros que permite la misma edad que lleva el señor Miguel Ortega Jaime. Por otra parte, el señor Tom Payan dijo que lo encontraba consciente al señor Miguel Ortega y que derivado de las circunstancias que se encuentra privado de su libertad y él ya estaba impuesto a vivir en una comunidad rural y encontrarse privado de su libertad no puede desarrollar su ambiente de manera natural a como él estaba impuesto y que puede genera un estrés y obviamente acelerar algún daño que pudiera darse debido a ese mismo estrés en su persona. Bien, esta información dada por ambos médicos será considerada por este tribunal para estar monitoreando al director del Centro de Reinserción Social Uno, a efecto de que esté otorgando con debida oportunidad el medicamento que requiere el señor Miguel Ortega Jaime para que pueda él estar en un ambiente distinto a todos los internos que se encuentran en el mismo, aunado al medicamento oportuno, y que también se requiera realizar un estudio constante de su salud, para que le den los alimentos que se requieran en su persona. Es la razón primordial por la cual este tribunal desestima la solicitud hecha por la defensa y se ordena girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social Número Uno a efecto de que haga la valoración de los médicos de su cargo del señor Miguel Ortega Jaime y también el tratamiento oportuno y con los horarios que se requiere para que le estén brindando los mismos así como la salud o más bien los alimentos que requiera para tal efecto." Consideraciones ajustadas a derecho y acordes a los términos de los artículos 166 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales deben de tomarse en consideración al momento de llevar cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, como medida para garantizar, entre otros, la protección de los ofendidos, testigos o la comunidad. Los preceptos 166 y 169 en comento disponen: Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el numeral 166 se establecen que en el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el juez oral podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada bajo las medidas cautelares que procedan. No obstante, en el último párrafo del mismo precepto establece dos excepciones a esa regla, esto es, no se otorgarán dichas prerrogativas a quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que hagan presumible su riesgo social. Excepción esta última -manifiesten una conducta que hagan presumible su riesgo social- que se consideró actualizada por la juez oral, derivado de la manifestación del propio testigo que escuchó cuando llegó el imputado Miguel Ortega, preguntó por Alfonso Coronado Valenzuela (occiso) y le dijo que lo iba a matar y que también mataría a su hijo; manifestación coincidente con lo expuesto por el mismo imputado Miguel Ortega quien al momento de rendir declaración en la misma audiencia de revisión de medida cautelar, refirió que después de haber tenido una discordia con la víctima, se retira del lugar de donde se encontraba trabajando el testigo referido así como la víctima y regresa de nuevo pero ya armado, llega y pregunta por Alfonso, a quien expresamente amenazó de que lo iba a matar al igual que a su hijo; amenaza que, de acuerdo con lo expuesto por el activo, cumplió en agravio de Alfonso Coronado Valenzuela, hechos por los cuales se le juzga. Ante tales circunstancias, se hace presumible la existencia del riesgo latente en perjuicio de los ofendidos, el testigo o en su caso, la sociedad. Además, conforme al artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la protección que debe proporcionarse al ofendido, testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Ante ese panorama, se determina que la actuación del juez oral se apega a los lineamientos jurídicos aplicables. En esa tesitura, carece de razón jurídica el quejoso al sostener que la determinación de la juez penal transgrede las disposiciones constitucionales, internacionales y legales a que hace mención, toda vez que se emitió acorde con los lineamientos que para tal efecto establecen el artículo 19 de la Constitución Federal, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, si bien existen diversas disposiciones que abordan el trato preferente que debe darse a aquellas personas consideradas como adultos mayores -sesenta años o más- no debe pasar desapercibido que, como lo sostuvo la juez oral- existe el riesgo social, principalmente para los ofendidos y en su caso el testigo que declaró contra el imputado, de que pueda surgir una agresión en su contra, ya que se tiene el antecedente de amenaza de muerte sobre la víctima y su hijo, misma que se cumplió sobre uno de ellos. También satisface los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, mismos que se han plasmado en el cuerpo de esta determinación; en particular, la excepción al otorgamiento de la prisión preventiva domiciliaria prevista en el último párrafo del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que deriva de la manifestación de conducta del imputado que haga presumible su riesgo social. En cuanto a las condiciones médicas del imputado y la tendencia al menoscabo en su salud, se determinó que, actualmente, era inexistente una enfermedad grave o terminal que sufriera el activo, por el contrario, se concluyó que sus padecimientos derivan en gran medida del estado de senectud en que se encuentra. Tópico sobre el cual en la misma audiencia el juzgador penal ordenó la implementación de diversas medidas a cargo del Director del Centro de Reinserción Social Uno de esta ciudad, a fin de observar y mejorar la estancia del imputado en ese centro, así como el tratamiento de sus padecimiento y la facilitación de los medicamentos. Tampoco asiste razón al solicitante de amparo al argumenta que se dejó de atender el contenido del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que entre los objetivos de las medidas cautelares contemplados en ese dispositivo, se ubica la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima, ofendido o testigo; garantía que trata de salvaguardar el juzgador oral al conservar la medida cautelar impuesta. En diverso motivo de disenso refiere que la modificación de la medida para que la prisión preventiva se ejecute en domicilio particular, en nada cambia la finalidad de la cautela, pues se siguen conservando las mismas garantías de seguridad para el procedimiento y para las partes intervinientes; sin embargo, con independencia de que asista o no razón al respecto, la negativa en la revisión de la medida cautelar se dio por motivos diversos -conducta que haga presumible un riesgo social-. En cuanto al alegato relacionado con la desatención al principio pro persona, tampoco encuentra sustento, toda vez que la pretensión del imputado en que en atención a ese principio y condición de adulto mayor se otorgara la prisión preventiva domiciliaria; empero, no puede dejarse de lado la necesidad de asegurar los objetivos de la cautela, entre los que se encuentra la seguridad de los ofendidos, testigos y la sociedad. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." En el entendido que la prisión preventiva oficiosa y justificada que se le impuso al quejoso, no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2, en relación con el ordinal 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; en razón a que, puede limitarse la libertad de los individuos cuando exista una hipótesis legal que así lo permita. Máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada, pues el hecho de que se impuso una prisión preventiva oficiosa y justificada no vulnera en ninguna forma el principio de presunción de inocencia, pues no debe perderse de vista que no se impone la restricción de libertad como una pena anticipada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. En este orden, ante lo infundado de los conceptos de violación, al no existir motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional a Miguel Ortega Jaime. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74 y 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como el precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve en los siguientes términos: Resolutivo: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ortega Jaime, contra la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez de Oralidad del Distrito Judicial Uno del Estado de Sonora, en la causa penal 1338/2017, relativa a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva, por las razones contenidas en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Blas Martínez Aboyte, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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