Miguel Ignacio Villanueva López

Expediente 1312/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1312/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
  • Miguel Ignacio Villanueva López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1312/2022 promovido por ********************, en contra de la omisión del presidente Municipal de ******************** de ********************, ******************** y otras autoridades, consistente en la omisión de recolectar los desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del justiciable los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 4de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES El quejoso ********************, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el ocho de octubre de dos mil veintidós, el Municipio de ******************** de ********************, ********************, anunció que se suspendería de manera indefinida el servicio de recolección de basura. El impetrante tiene su domicilio en avenida ********************, número ********************, colonia ********************, ******************** de ********************, ********************, Código Postal 71233, como se observa de las documentales que el impetrante exhibe. Al respecto, indica que las autoridades que designa como responsables no han brindado el servicio de recolección de basura desde el ocho de octubre de dos mil veintidós hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo origen de este asunto -diecisiete de noviembre de dos mil veintidós-. Siendo la anterior circunstancia, el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós ********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda con número 1312/2022, donde se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión, la cual se atribuye a autoridades municipales que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama de las autoridades que señala como responsables, lo siguiente: Del presidente Municipal y regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático, ambos del Ayuntamiento de ******************** de ********************: Omisión de proporcionar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos -basura-, en el Municipio de ******************** de ********************, ********************, específicamente en la avenida ********************, número ********************, colonia ********************, ******************** de ********************, ********************. Omisión de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************. Del regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social del Municipio de ******************** de ********************, ********************: Omisión de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad municipal que rindió informe justificado en representación de las responsables, negó la existencia de los actos reclamados, como se advierte del siguiente cuadro: No. Denominación autoridades responsables Sentido del informe 1 Síndica Municipal de ******************** de ********************, ********************, en representación del presidente Municipal, regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático y regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social, ambos del Ayuntamiento de ******************** de ********************, ******************** Niega Debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, porque no ofreció pruebas idóneas para probar su existencia, siendo que, en el caso, las documentales que anexó en copia simple a su escrito inicial de demanda, consistentes en una credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y un recibo de teléfono expedido por Teléfonos de México, de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, al no haber sido objetados, tienen valor probatorio en términos de los artículos 197, 202, 203, 207 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, de aquéllos únicamente se aprecia, que en su caso, el domicilio del quejoso a la fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, se ubica en avenida ********************, número ********************, colonia ********************, ******************** de ********************, ********************, Código Postal 71233, más no que exista alguna omisión por parte de la responsable a realizar la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, así como que se omita elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************. Máxime que de las constancias aportadas en copia certificada por la síndica Municipal de ******************** de ********************, ********************, al rendir informe justificado, a las que otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 147 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo, se observan la copia certificada del oficio RMACC/317/2022 de uno de diciembre de dos mil veintidós, así como, acuerdos de diversas fechas, suscritos por -la responsable- regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de ******************** de ********************, ********************, en materia de ahorro de energía, protección o mantenimiento de áreas verdes y arbolado, parques, reforestación, entre otros. En tal misiva, el regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático, informa al consejero Jurídico del Municipio de ******************** de ********************, indica que al ser un ente normativo no tiene facultades operativas, de ahí que no le corresponde la función de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************; y por el contrario si ha elaborado, revisado y ejecutado planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************. Circunstancia que se observa del artículo 79 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de ******************** de ******************** y con la que se dio vista a la parte quejosa desde el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, del diverso precepto 89 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de ******************** de ********************, no se advierte que del cúmulo de obligaciones y facultades que ahí constriñen al regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social, éste tenga la carga de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************; pues lo que le corresponde es proponer mecanismos, estrategias y acuerdos tendientes a mejorar los programas y acciones que en las materias promueva el Gobierno Municipal, tales como: Proponer los proyectos de reglamentos y disposiciones normativas de observancia general municipal en materia de salud, sanidad y asistencia social; Fomentar convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas u organizaciones civiles, en materia de salud, sanidad y asistencia social; Vigilar y proponer el mejoramiento de los planes y programas en materia de salud pública y asistencia social; Verificar a través de la Unidad de Programas de Salud Municipal, que las sexoservidoras y sexoservidores cuenten con la tarjeta de control sanitario correspondiente; Verificar y supervisar a través de las áreas municipales correspondientes que realicen las inspecciones en sitios que expendan alimentos y bebidas para uso consumo directo de la población, cuidando que se encuentren fuera de riesgos sanitarios, a fin de preservar y mejorar la salud individual y colectiva delos habitantes; Proponer estrategias, programas preventivos y campañas de difusión e información en la materia; Coadyuvar en la gestión de recursos económicos ante organismos públicos y privados, estatales, nacionales e internacionales, para fortalecer los programas y proyectos en materia de salud, sanidad y asistencia social; Informar al Ayuntamiento y a la ciudadanía sobre las acciones realizadas en el marco de su competencia; y IX. Los demás que sean necesarios en el desempeño de sus funciones y aquellos que el Honorable Ayuntamiento le encomiende. De lo anterior se evidencia que, en primer lugar la autoridad responsable en cuestión no tiene facultades para ejecutar los actos que se le atribuyen y en segundo, negó la existencia del acto reclamado sin que el quejoso la hubiere exhibido prueba alguna para establecer lo contrario. Por lo que hace al presidente municipal del Ayuntamiento de ******************** de ********************, la negativa del informe justificado únicamente se entenderá que es por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección y restauración ambiental en el Municipio de ******************** de ********************, ********************, pues, la atribución para realizar lo anterior, corresponde a una diversa responsable -regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático- quien afirma que ha participado en la elaboración, revisión y ejecución de diversos planes de protección y restauración ambiental, como se observa de las copias certificadas remitidas por la síndica Municipal de ******************** de ********************, ********************, al rendir informe justificado, mismas que fueron valoradas en líneas precedentes y que hacen prueba plena, al tratarse de documentales públicas. De ahí que se considera una negativa categórica de la responsable administrativa, únicamente por los actos precisados en el párrafo anterior. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron en el informe con justificación ni demostró con alguna prueba la intervención de tales entes públicos en las omisiones que les reprochó, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. VI. SE DESVIRTÚA LA INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS RECLAMADOS Y SE TIENEN POR CIERTOS Ahora, si bien la autoridad responsable presidente Municipal del Ayuntamiento de ******************** de ********************, ********************, al rendir su informe justificado por conducto de la síndica Municipal de ******************** de ********************, ********************, negó los actos reclamados; dicha negativa se desvirtúa, toda vez que la síndica en cuestión remitió copia certificada de diversas constancias, a solicitud de este órgano jurisdiccional por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, a las que otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 147 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Entre dichas constancias se encuentra la misiva SS3/DAP/DRRS/602/2022, de dieci******************** de diciembre de dos mil veintidós, por la que el jefe del Departamento de Recolección de Residuos Sólidos adscrito a la Dirección de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Municipales del Municipio de ******************** de ********************, informó al Secretario de Servicios Municipales del Ayuntamiento de ******************** de ********************, que el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, el chofer ********************, acompañado de personal sindicalizado operativo adscrito al Departamento de Recolección de Residuos Sólidos a su cargo, realizó la recolección de residuos sólidos urbanos, partiendo de la Farmacia del Ahorro ubicada en la avenida ******************** hasta llegar a la Bodega Ahorrera en la colonia ********************, ******************** de ********************, ********************, y ese mismo punto en la Bodega Ahorrera hasta el Hospital ******************** en la colonia del mismo nombre, a efecto de que los vecinos de dicha colonia realizaran el depósito de la basura que generaron en sus domicilios, lugar en el que se encuentra ubicado el domicilio del disidente. Por lo que, si bien la autoridad en cuestión en un inicio negó la existencia de los actos reclamados, de la constancia antes referida, misma que no fue objetada, se observa que sí existe, pues en este caso, lo expuesto en la documental en cuestión refiere que fue hasta el dieci******************** de diciembre de dos mil veintidós, que se realizó la recolecta de residuos sólidos en la colonia donde habita el impetrante, a saber ********************, ******************** de ********************, ********************. En ese orden, este Juzgado constitucional tiene por ciertos el acto omisivo reclamado, consistente en la omisión de proporcionar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos -basura-, en el Municipio de ******************** de ********************, ********************, específicamente en la avenida ********************, número ********************, colonia ********************, ******************** de ********************, ********************. Lo anterior, tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. VII. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El referido precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En el caso, de las constancias que obran en autos y valoradas en líneas precedentes, se advierte que mediante misiva SS3/DAP/DRRS/602/2022, de dieci******************** de diciembre de dos mil veintidós, el jefe del Departamento de Recolección de Residuos Sólidos adscrito a la Dirección de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Municipales del Municipio de ******************** de ********************, informó al Secretario de Servicios Municipales del Ayuntamiento de ******************** de ********************, que el diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, el chofer ********************, acompañado de personal sindicalizado operativo adscrito al Departamento de Recolección de Residuos Sólidos a su cargo, realizó la recolección de residuos sólidos urbanos, partiendo de la Farmacia del Ahorro ubicada en la avenida ******************** hasta llegar a la Bodega Ahorrera en la colonia ********************, ******************** de ********************, ********************, y ese mismo punto en la Bodega Ahorrera hasta el Hospital ******************** en la colonia del mismo nombre, lugar en el que se encuentra ubicado el domicilio del disidente -avenida ********************, número ********************, colonia ********************, ******************** de ********************, ********************-, lo que, se realizó ulterior a la presentación del presente juicio constitucional, por lo que se evidencia que la omisión reclamada a dicha autoridad, ha desaparecido. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente, esencialmente, en la omisión a recolectar los residuos orgánicos e inorgánicos, comúnmente conocidos como -basura-. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, así como la diversa causa de improcedencia contenida en precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de lo precisado en los apartados V y VII de esta resolución. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la síndica Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo requerido en el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en representación del presidente Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras, remite copia certificada de diversas constancias relativas al sentido del informe justificado rendido en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad ocursante cumpliendo con lo solicitado en la determinación de catorce de diciembre de dos mil veintidós; téngase a la autoridad ocursante reiterando el sentido en que rindió en informe justificado que obra en autos y ténganse como prueba las documentales que exhibe, relativas a la recolección de los residuos a que se refiere el quejoso, e indicando que lo relativo a la omisión de elaborar, revisar y ejecutar planes de protección al ambiente, corresponde a la diversa responsable Regiduría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, en términos de los preceptos citados en el párrafo anterior. Notifíquese por lista.

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