Miguel Gómez Antonio

Expediente 8/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
8/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
08/07/2015

Partes del expediente

  • Miguel Gómez Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    MESA IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se dictó un auto en el que se tuvo por consentido el diverso de once de junio del año en curso, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en dicho asunto; asimismo, que por auto de veinte de enero de dos mil quince e interlocutoria dictada el veintisiete siguiente, se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y en virtud, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del citado acuerdo, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse el auto inicial y la interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil quince, respectivamente, que concedieron la suspensión provisional y la definitiva solicitadas en este incidente. Notifíquese...

  2. Principal

    MESA IVA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió en términos de la certificación que antecede; sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de once de junio de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo General, toda vez que en la sentencia dictada en este expediente se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en lo relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurridos cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de junio de dos mil quince. Vistos los autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de dos del actual, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió en terminos de la certificación de cuenta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. No obstante el silencio de ambas partes, atendiendo a que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, se realizará el estudio oficioso del cabal acatamiento de la ejecutoria, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable, como está ordenado en proveído de dos del mes en curso. Ahora bien, de la ejecutoria en comento, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Gómez Antonio, fue para el efecto siguiente: 1.- Que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, emitida en el toca penal 639/2014 en la que confirmó el auto de formal prisión dictado en la causa penal 92/2014 por el titular del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y con plenitud de jurisdicción dictara una nueva determinación, la que podría ser en el mismo sentido de la anterior, subsanando lo siguiente: 2.- Valorara correctamente la certificación ministerial en la que se dio fe tener a la vista la factura 5971 expedido por Camiones del Pacífico, sociedad anónima de capital variable a Coppel sociedad anónima de capital de capital variable, sobre la propiedad de la unidad marca international modelo 4400-260 4X6 DT-DURA STAR 146 color blanco. 3.- Refiriera cuáles fueron las operaciones y experiencias que su ciencia le sugirió al perito que emitió el dictamen de avaluó, para llegar a dictaminar en el sentido en que lo hace y que ello sea el apoyo que tuvo la sala para realizar la valoración respectiva del dictamen de tránsito terrestre. 4.- La incongruencia existente al tener por acreditado el primer elemento del delito consistente en el traslado del vehículo automotor. 5.- Asimismo y con las pruebas que relacionó acreditara el segundo de los elementos del delito en estudio. 6.- Igualmente acreditara el tercero de los elementos del citado ilícito. 7.- Atinente a la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, expresara qué pruebas son aptas para acreditar que el quejoso fue quien realizó el traslado del vehículo. 8.- Explicara cómo arribó al conocimiento de que el aquí quejoso sabía lo que hacía y conocía los elementos que caracterizan su acción como típica, de igual manera, cómo es que concluyó que después de la ejecución del robo y sin haber participado en éste, el sujeto activo quería trasladar el objeto de robo a sabiendas de esta circunstancia, además, de justificarlo con las pruebas existentes en autos del proceso penal. En acato a la sentencia concesoria, la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante oficio 361, de veintinueve de mayo de dos mil trece, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, en relación al quejoso Miguel Gómez Antonio y remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, en el toca penal 639/2014, donde, en cumplimiento a la resolución dictada en este juicio de amparo resolvió lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, emitida en el toca penal 639/2014. 2.- En cuanto a la valoración de la certificación ministerial en la que el agente del ministerio público dio fe tener a la vista de la factura 5971 expedido por Camiones del Pacífico, sociedad anónima de capital variable a Coppel sociedad anónima de capital de capital variable, sobre la propiedad de la unidad marca international modelo 4400-260 4X6 DT-DURA STAR 146 color blanco, le dio valor probatorio indiciario en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, porque reúne las exigencias de la fracción VII, segundo párrafo del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, al tratarse de un documento privado, que hasta este momento procesal no ha sido objetado por las partes del proceso y por tener la particularidad que señala en artículo 366 del mismo ordenamiento legal; porque fue otorgado por un particular sin intervención de Notario Público mi de la autoridad legalmente autorizada, además dicha documental coincide con todos los elementos de prueba que han sido analizados con anterioridad y que justifica plenamente la propiedad y existencia del automotor en comento. 3.- En cuanto a cuáles fueron las operaciones y experiencias que su ciencia le sugirió al perito que emitió el dictamen de avaluó, para llegar a dictaminar en el sentido en que lo hace y que ello sea el apoyo que tuvo la sala para realizar la valoración respectiva del dictamen de tránsito terrestre, precisó: ". en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que cumple con lo establecido en los diversos numerales 396, 400, 401, 403 y 404 del mismo ordenamiento en cita, ya que para conocer acerca del monto de lo robado se necesita de un conocimiento especial que tiene el referido perito y su designación la realizó el Agente del Ministerio Público Investigador, a quien le discernió el cargo y se le fijó que a la brevedad posible debería emitirlo, por tanto, practicó las operaciones y experiencias que su ciencia le sugirió y expresó los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinión, ya que para arribar a su conclusión se apoyó del método analítico, consistente en el estudio particular y general del vehículo objeto de estudio, el descriptivo por el cual analizó a detalle el elemento en estudio; al realizar la descripción del vehículo de motor, como lo es la marca, tipo, modelo, color y demás características propias, se auxilió además del método comparativo mediante el cual comparó el vehículo de motor con otros del mismo modelo que presenten características similares, así también del método deductivo mediante el cual partió del conocimiento general con que se cuenta que sería saber el tipo de vehículo de motor que se estudia, el modelo y uso que se le ha dado para poder determinar su valor intrínseco, además utilizó la técnica de fotografía, y utilizó material como lo fue una computadora con internet, impresora y cámara fotográfica para sí poder determinar su valor intrínseco, y, de acuerdo a tales técnicas y metodologías empleadas emitió el dictamen de cuenta, en atención a ello, hizo sus conclusiones, presentadolas por escrito y ratificándolas en diligencia formal el mismo día.". 4.- Respecto al primero de los elementos consistente en la existencia de un vehículo robado o partes de éste, como requisito previo a la conducta, lo tuvo por comprobado con el parte informativo de los policías municipales del ayuntamiento constitucionales de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, de nueve de julio de dos mil catorce; la denuncia de José Antonio Muñóz Cervantes y Saúl de Julián Coronado de nueve de julio de dos mil catorce; denuncia de Arturo Reyes Reyes; copia cerificada de la escritura ocho mil trescientos seis, volumen vigésimo noveno; copia certificada de la factura 5971; diligencia de trasalado, inspección ocular y de fe de la existencia de la unidad de motor de diez de julio de dos mil catorce, dictamen de avaluó de diez de julio de dos mil catorce. 5.- En cuanto al segundo de los elementos del tipo en estudio, consistente en que una persona adquiera, posea, comercialice, reciba, traslade, use u oculte dicho objeto material del ilícito, sin haber participado materialmente en el desapoderamiento, manifestó lo siguiente: ". Bajo esta óptica tenemos que existen en la causa penal que se analiza pruebas que adminiculadas entre sí, nos permiten tener por acreditados los hechos base del ilícito; esto es, que de la mecánica de los hechos que se narran se desprende la forma en que el inculpado de mérito, traslado el vehículo de motor, lo que se corrobora en primer término con lo manifestado por el propio indiciado Miguel Gómez Antonio, quien dijo en su propia declaración ministerial de fecha nueve de julio de dos mil catorce, haber aceptado trasladar el objeto material del ilícito, vehículo tipo tracto camión. a sabiendas de que había sido robado, en agravio de la sociedad y en perjuicio patrimonial de la personal moral COPPEL, S.A. DE C.V. . a cambio de una cantidad de trescientos pesos que le iban a pagar por trasladar dicho vehículo automotor, y que si bien no participó en el desapoderamiento de dicho objeto material del ilícito, sí colaboró posteriormente para trasladarlo con la finalidad de ocultarlo en su domicilio, tan es así , que se dirigío en su combi al lugar en el cual lo estaban esperando otras personas junto con el vehículo de motor, dicha conducta también se corrobora con lo manifestado por los diversos indiciados José Juan López Andrés o Juan Diego Soriano Juárez y Daniel Guizar Hernández y que para el caso nos sirven como testimonios de la conducta desplegada por el inculpado, de fecha nueve de julio de dos mil catorce . se tienen indicios bastantes y suficientes para determinar los elementos del cuerpo del delito de equiparable al robo en la modalidad de traslado de vehículo robado, lo que se comprueba con los elementos arriba citados y que se dan por reproducidos íntegramente en este apartado por el pincipio de economía procesal y a los cuales se les añaden los siguientes, bajo las consecuentes consideraciones: Declaración ministerial de los diversos indiciados José Juan López Andrés o Juan Diego Soriano Juárez y Daniel Guizar Hernández, de nueve de julio de dos mil catorce . declaraciones a las que se les otorga valor probatorio indiciario, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que aún aceptando los hechos que a ellos se les imputa, en este caso al tomarlos en cuenta sirven de testimonios, porque atribuyen hechos al aquí recurrente, como una de las personas que intervinieron en los hechos delictivos y tienen ese carácter de testigos de hechos, por reunir los requisitos del artículo 355, fracción VI, del ordenamiento legal en cita . Con la declaración ministerial del indiciado Miguel Gómez Antonio de nueve de julio de dos mil catorce . Declaración que adquiere valor probatorio en calidad de indicio." 6.- En cuanto a con qué pruebas acreditó el tercer elemento, manifestó lo siguiente: ". Finalmente por lo que se refiere al tercer elemento, es decir, que el sujeto tenga conocimiento sobre la procedencia ilícita, (a sabiendas), quedó debidamente acreditado con lo siguiente: . con lo manifestado por los diversos indiciados José Juan López Andrés o Juan Diego Soriano Juárez y Daniel Guizar Hernández y que para el caso nos sirven como testimonios de la conducta desplegada por el inculpado, de fecha nueve de julio de dos mil catorce . Con la declaración ministerial del indiciado Miguel Gómez Antonio de nueve de julio de dos mil catorce . Declaración que adquiere valor probatorio en calidad de indicio . Declaración ministerial de los diversos indiciados José Juan López Andrés o Juan Diego Soriano Juárez y Daniel Guizar Hernández de nueve de julio de dos mil catorce . Declaraciones a las que se les otorga valor probatorio indiciario . de las anteriores constancias se desprende la existencia de la correspondiente acción.". 6.- En relación a la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, la responsable la tuvo por acreditada con: a) Los señalamientos de los policías municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; b) Lo declarado por los inculpados José Juan López Andrés o Juan Diego Soriano Juárez y Daniel Guizar Hernández y c) La declaración ministerial del indiciado Miguel Gómez Antonio. Y concluyó lo siguiente: "Luego entonces, el cúmulo probatorio integrante del sumario, permite establecer que aproximadamente a las diez horas con treinta minutos del día nueve de juilio de dos mil catorce, sobre la calle de Independencia esquina jcon la calle Nicolás Bravo de la población de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, en donde unas personas dentro de las cuales probablemente resulta ser MIGUEL GÓMEZ ANTONIO, quien trasladó el vehículo tipo tracto camión modelo dos mil trece, placas de circulación UB-94-904 del Estado de Sinaloa, de la población de Santa Rosa Buenavista, Tlacolula, Oaxaca, a la población de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, a sabiendas de que había sido robado, en agravio de de la coidad y en perjuicio patrimonial de la persona moral COPPEL, S.A. DE C.V. y/o "BANCOPEL", S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, causándole un detrimento en su patrimonio, siendo así que el objeto material del delito lo constituye precisamente el vehículo tipo tracto camión, model dos mil trece, placas de circulación UB-94-904 del Estado de Sinaloa, [..] sobre el cual no tenían derecho o estaba autorizado para tal hecho, puesto que esto no se encuentra comprobado en el sumario, más aún, el inculpado no acreditó ser propietario de dicho bien o ser trabajador de la persona moral afectada, como así quedó comprobado con todas y cada una de las pruebas arriba citadas, además dicha disminución en el patrimonio del sujeto pasivo, fue consecuencia de una causa externa, toda vez que el inculpado de mérito fue quien a sabiendas de que se trataba de un vehículo robado, como así se hizo ver de su declaración ministerial, y del señalamiento directo y categórico de los policías municipales, aceptó y realizó el traslado del vehículo de motor a su domicilio, para pretender proceder a ocultarlo, ya que así ha quedado acreditado en considerandos que anteceden [.]". Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable, dio cumplimiento en sus términos con el fallo protector, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; ante la secretaria licenciada Lilia Ramírez Jiménez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA IVA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de junio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informa a este órgano jurisdiccional lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de ampao y remite copia certificada de la resolución dictada el veintinueve de mayo de dos mil quince; en consecuencia, con el oficio y anexo de cuenta se ordena dar vista al quejoso y a la parte tercera interesada; para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que queden notificados de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la sentencia, con base a las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable. Es aplicable, la jurisprudencia con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACION CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Notifíquese personalmente.

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