Miguel López Hernández
Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel López Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se negó el amparo, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 17, fracción III, inciso a) del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su conservación. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria pronunciada el uno de agosto de este año, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 696/2023, promovido por********************, en contra de los actos que reclama al Juez Calificador de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y otra autoridad. R E S U L T A N D O S : ANTECEDENTES Del escrito inicial de demanda el quejoso********************, refiere que aproximadamente a las veinte horas del siete de julio del año en curso, mientras conducía su unidad de motor tipo motocicleta marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del estado de Oaxaca, número de motor ********************, fue detenido por elementos de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y puesto a disposición del Juez Calificador de la Policía Vial de dicho municipio, para después ser privado de su libertad por el plazo de treinta y seis horas, a la par, refiere que con motivo de lo anterior, le fue asegura dicha unidad motorizada, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda, le haya sido devuelta. Desposesión material que lo incitó a promover la presente acción constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por propio derecho, presentó demanda de amparo el diez de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados el contenido en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se registró bajo el número 696/2023; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se otorgó intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, misma en la que se dejó de tener como autoridad responsable al "Juez Calificador de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca"", de ahí que ya no formara parte de pronunciamiento alguno en esta resolución. C O N S I D E R A N D O S : COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de Director o Comandante de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, la negativa de devolverle su unidad de motor tipo motocicleta marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del estado de Oaxaca, número de motor ********************. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Director o Comandante de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante de haber quedado notificado de su petición el trece de julio de esta anualidad, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le reclama. Hecha esta precisión, procede ahora analizar el acto reclamado. PROCEDENCIA Esta autoridad federal advierte que no existe alguna causal de improcedencia que deba analizarse de oficio, ni alguna otra que hubiese sido invocada por las partes, razón por la cual, se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en su demanda de amparo, mismos que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. ESTUDIO DE FONDO El concepto de violación planteado por el quejoso, resulta infundado, como se pasa a demostrar. En efecto, el quejoso señaló como acto reclamado la negativa de devolverle su unidad de motor tipo motocicleta marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del estado de Oaxaca, número de motor ********************. Al respecto, el impetrante adujo como concepto de violación, en esencia, que el acto reclamado dictado, carece de una debida fundamentación y motivación, lo que afecta sus derechos de propiedad y posesión. El argumento que antecede viene a ser infundado, tomando en consideración que el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, por lo que quedaba a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad, sin que en el presente asunto haya aportado ninguna prueba apta e idónea para demostrarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En otra fórmula, la detención del vehículo de motor por parte de la autoridad vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no resulta violatoria de derechos fundamentales, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se hubiese fundado el propio acto, y queda así, a cargo de la quejosa acreditar la inconstitucionalidad de ese acto reclamado, y si ésta no aportó pruebas que se relacionen íntimamente con la indicada inconstitucionalidad, es decir, si ni siquiera conoce este órgano judicial los fundamentos o motivos que tuvo la autoridad ministerial responsable para ordenar el aseguramiento del señalado bien, evidentemente está imposibilitado legalmente para ingresar a su análisis, motivo por el cual debe negarse a la agraviada el amparo impetrado. Por ello, deviene infundado el concepto de violación en examen. En apoyo de lo anterior, se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 387, tomo CVII, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ASEGURAMIENTO EN EL PROCESO PENAL, CONSTITUCIONALIDAD DEL, CUANDO FALTA EL INFORME JUSTIFICADO. Una orden de autoridad judicial, dictada en un proceso, mandando asegurar un bien, u ordenar su depósito por estar en disputa, no resulta violatoria de garantías en sí misma, si no que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se hubiese fundado el propio acto, y queda así, a cargo de la inconstitucionalidad de ese acto reclamado, y si el promovente no aportó pruebas que se relacionen íntimamente con la indicada inconstitucionalidad, es decir, si ni siquiera conoce este tribunal federal los fundamentos o motivos que tuvo el Juez responsable para ordenar el aseguramiento o el depósito del bien de que se ha tratado, tiene que negarse al agraviado el amparo de la Justicia Federal, por lo que ve al Juez señalado como ordenador, quien no rindió su informe, negativa que lógica y jurídicamente tiene que alcanzar al Juez señalado como ejecutor, que confesó la existencia del acto reclamado." No es obstáculo para la anterior conclusión, la circunstancia de que la quejosa haya allegado a este juicio, entre las más destacadas, las siguientes documentales: Original de la orden oficial de pago 2023 emitida por el Ayuntamiento Constitucional de Santa lucía del Camino, Oaxaca, con folio ********************; copia certificada de la factura con número de serie y folio ********************, expedida a su favor por "******************** Implementos el pescador Sociedad Anónima de Capital Variable; de la tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca correspondiente al año dos mil veintitrés; y, copia simple de su licencia para conducir expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca con número ********************, expedida el ocho de febrero de dos mil veintitrés. No obstante, que a excepción de la copia simple que exhibe, las restantes documentales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las mismas resultan insuficientes para probar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior se estima así, pues de las constancias descritas solamente se infiere que el quejoso: Es propietario del vehículo de motor tipo motocicleta marca ********************, color ********************, modelo ********************, número de serie ********************, placas de circulación ********************del estado de Oaxaca, número de motor ******************** y cuenta con la tarjeta de circulación vehicular correspondiente al año dos mil veintitrés. Que el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, emitió la orden de pago 2023 con folio ********************, dirigida al público en general y contiene como concepto el pago de infracción por conducir un vehículo de motor o medio de transporte con concentración de alcohol en la sangre y el pago de "corralón", por la cantidad total de $8,085.50 M.N. (ocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 50/100 Moneda Nacional) Sin embargo, de las precitadas documentales aportadas por el quejoso, no se acredita la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues aquéllas son ajenas e independientes de éste; motivo por el que el inconforme no satisfizo la carga procesal impuesta por el invocado artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, debido a que la existencia del acto reclamado es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta, como se dijo, depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde a la quejosa, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, quien aquí resuelve estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión, y en tales condiciones, esta potestad federal no está en aptitud legal de analizar si el acto reclamado es acorde con el orden constitucional ni de ingresar al examen general de dicho acto. Orienta el criterio aquí asumido, por identidad de razón, la jurisprudencia V.2o. J/16, publicada en la página sesenta y nueve, tomo IX, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." Aunado a que, con las pruebas que aportó no se demuestra la inconstitucionalidad del acto reclamado, esto es, que el vehículo que defiende esté detenido al día de hoy por la autoridad responsable y que exista la negativa de su devolución, sin sustento legal alguno. De igual manera, procede decir que en la especie no era procedente requerir a las mencionadas autoridades responsables por las constancias relativas a tal acto, en términos del numeral 75 de la Ley de Amparo, ya que la certeza de ese acto deriva de una presunción de su existencia y no de una aceptación por parte de las responsables o de su demostración en el juicio. Resulta aplicable puntualmente en el caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 108, novena época, Materia común, que reza: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." VI. DECISIÓN Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional a la impetrante. Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a********************. Notifíquese.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 696/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. R E S U L T A N D O S I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades señaladas como responsables realizaron la detención y desposesión de su unidad de motor tipo motocicleta marca Yamaha, color rojo, modelo 2018 clásica, número de serie LBPKE0979J0507012, placas de circulación MEE3C del estado de Oaxaca, número de motor JYM154FMI1704770. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el once de julio del año en curso. La parte quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras (i) Juez Calificador de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (ii) Director o Comandante de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de quienes reclama la detención y desposesión de la unidad de motor tipo motocicleta marca Yamaha, color rojo, modelo 2018 clásica, número de serie LBPKE0979J0507012, placas de circulación MEE3C del estado de Oaxaca, número de motor JYM154FMI1704770. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 696/2023 y fue admitida el doce de julio de dos mil veintitrés. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar - por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada, respecto de la orden de detención y desposesión reclamada a diversas autoridades, por lo que en la presente resolución únicamente se realizará el estudio correspondiente a la suspensión definitiva respecto de la orden de detención. En la audiencia que antecede, se dejó de tener como autoridad responsable a la autoridad señalada como "Juez Calificador de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca"", de ahí que la misma, ya no formara parte de pronunciamiento alguno en la presente resolución. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S I COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. II FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Director o Comandante de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de quien reclama la detención y desposesión de la unidad de motor tipo motocicleta marca Yamaha, color rojo, modelo 2018 clásica, número de serie LBPKE0979J0507012, placas de circulación MEE3C del estado de Oaxaca, número de motor JYM154FMI1704770. III EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director o Comandante de la Policía Vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no rindió su informe previo, pese haber quedado legalmente notificados de la petición del mismo; por lo tanto se le hace efectivo el apercibimiento y se tiene por cierto el acto reclamado. IV. ESTUDIO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Ahora, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, primero debe considerarse lo siguiente: El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Además, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De manera que la afectación o no del interés púbico no depende de que se justifique o no la apariencia del buen derecho (requisito que se identifica con la existencia real y jurídica del derecho legítimamente reconocido cuya tutela se pretende con la medida cautelar), pues como se dijo esos requisitos involucran temas de estudio diverso que no deben confundirse. Ahora, en el caso se advierte que los requisitos indicados no se encuentran colmados. Es así, por del escrito inicial se desprende que el quejoso ********************, reclama la desposesión de su unidad de motor tipo motocicleta marca Yamaha, color rojo, modelo 2018 clásica, número de serie LBPKE0979J0507012, placas de circulación MEE3C del estado de Oaxaca, número de motor JYM154FMI1704770; asimismo, solicita la suspensión del acto reclamado de forma genérica y para acreditar su interés mediante exhibió copia fotostática simple de: su licencia para conducir expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca; así también, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de año en curso, presentó copia certificada de la factura con número de serie y folio KE 04058, expedida a su favor por "Yamaha Implementos el pescador Sociedad Anónima de Capital Variable, de la tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca correspondiente al año dos mil veintitrés y la orden oficial de pago con número de folio ******************** del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. También se advierte que la certeza de los actos reclamados está demostrada con la omisión de rendir su informe previo la autoridad responsable así como de las manifestaciones que el justiciable realizó bajo protesta de decir verdad y que la solicitud de la medida cautelar proviene de la inconforme, a quien afecta la detención del vehículo de motor, porque esa actuación tiene una trascendencia en su patrimonio; además, la naturaleza de esos actos permite su paralización, porque son de carácter positivo. De igual manera, se encuentra probado en forma presuntiva el derecho sustantivo cuya titularidad invoca el agraviado, porque con los documentos que acompañó a su escrito recibió el diecinueve de julio último, se demuestra la titularidad respecto del bien que defiende. Empero, aun cuando se encuentran acreditados los aspectos indicados, en el caso no es factible conceder la medida cautelar solicitada, porque de otorgarse la suspensión se seguiría perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en razón que de la orden oficial de pago con número de folio ******************** del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que obra en autos, se advierte que el quejoso fue infraccionado por conducir un vehículo o medio de transporte con concentración de alcohol (estado de ebriedad). Se afirma lo anterior, toda vez que de conceder la suspensión, no se lograrían tomar las medidas preventivas y de concientización por parte de los individuos sobre los riesgos y consecuencias que pudieran conllevar el conducir en estado de ebriedad, tales como los incidentes que pudieran culminar con accidentes o hasta con la muerte propia del conductor o de terceros, lo que genera un perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.IV.A. J/32 A (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, página 1762, Materia Común, Administrativa, con registro digital: 2013602, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA ANOTACIÓN EN EL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN, CUANDO LOS MOTIVOS QUE LES DIERON ORIGEN ATIENDEN TENTATIVAMENTE A CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, PUES DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 59/2012 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que con posterioridad a que se cumplan los requisitos previstos para el otorgamiento de la medida cautelar en casos de desposeimiento de la licencia de conducir, debe atenderse a las causas que la hayan originado y a la finalidad perseguida con ese acto de autoridad, lo que deberá valorar en cada caso el órgano que conozca de la suspensión. Así, tratándose de casos en los que el motivo de la retención de la licencia de conducir y de la orden de inscripción respectiva en el historial de conducción atiendan, tentativamente a conducir en estado de ebriedad, no procede conceder la suspensión, pues se considera de hacerlo se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, toda vez que no se lograrían tomar las medidas preventivas y de concientización por parte de los individuos sobre los riesgos y consecuencias que pudieran conllevar el conducir en estado de ebriedad, tales como los incidentes que pudieran culminar con accidentes o hasta con la muerte propia del conductor o de terceros, lo que genera un perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, y en oposición a lo ordenado en el artículo 129, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. En ese contexto, este Juzgado Federal considera que debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo. RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, por las razones expresadas en el considerando III de esta resolución. Notifíquese.
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