Miguel Hernández Jiménez
Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********** quien se ostenta apoderado legal de **********, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Se ordena el registro de la demanda con el número 393/2018-III. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso que se analiza, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en el capítulo de acto reclamado señaló: "El auto de 4 de abril de 2018, notificado el día 13 siguiente, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato dentro del juicio ordinario laboral número 1508/2016/L1/CB/IND. En el que se negó a mi representado el embargo precautorio sobre bienes del establecimiento en donde se encuentra el centro de trabajo demandado, porque consideró que no se acreditó la insolvencia ni la identidad del patrón, al no existir prueba alguna. La autoridad responsable dejó de considerar el hecho notorio consistente en el diverso expediente 703/2017/L1/CD/IND en donde el mismo patrón que en el juicio natural ya fue condenado mediante laudo condenatorio. También soslayó que la medida cautelar puede ser dirigida al establecimiento y no así al patrón, en todos los casos." Asimismo, en los puntos vigésimo segundo y vigésimo tercero del capítulo correspondiente a los antecedentes apuntó: "VIGÉSIMO SEGUNDO. En contra del auto de 29 de agosto de 2017, promoví a nombre de mi representado, demanda de amparo indirecto la cual se radicó ante el Juzgado Sexto de Distrito con número 870/2017. Seguido el curso procesal, el citado órgano jurisdiccional resolvió dicho juicio en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable emitiera nuevo auto en donde fundara y motivara su determinación. VIGÉSIMO TERCERO. La autoridad responsable emitió nuevo auto con fecha 4 de abril de 2017, notificado personalmente el día 13 siguiente. El sentido de dicha resolución consistió en negar nuevamente la medida al ignorar la invocación del hecho notorio consistente en el expediente 703/2017/L1/CD/IND, al decir que no se acreditó la necesidad de la medida cautelar ni se encuentra determinada la identidad del patrón." En ese sentido, si bien el quejoso manifestó que el trece de abril del año en curso, se le notificó personalmente el proveído de cuatro del mismo mes y año; sin embargo, adversamente a lo que afirma en su demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte como hecho notorio que el diez de abril del año que transcurre, tuvo conocimiento de la existencia del citado proveído, dictado el juicio ordinario laboral 703/2017/L1/CB/IND, con anterioridad a la fecha que expresó bajo protesta de decir verdad. Lo anterior es así, porque dentro del juicio de amparo 870/2017-V, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por **********, en su carácter de apoderado legal de **********, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que resulte necesaria la certificación de las constancias que lo integran, pues basta que se tenga a la vista al momento de adoptar la determinación de que se trate, por ser una facultad que otorga la ley y que puede ejercerse para resolver una contienda judicial, se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral 1508/2016/L1/CB/IND de su índice, en la que, entre otras cosas, no acordó favorable la petición de ordenar el embargo precautorio sobre los bienes del establecimiento demandado. Asimismo, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 870/2017-III, del índice de este Juzgado, se observa que el seis de marzo del año en curso, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: Se dejara insubsistente la determinación reclamada de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva, pero purgando la violación detectada. La citada sentencia causó ejecutoria el veintisiete de marzo del año que transcurre y el nueve de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las constancias con las que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y se dio vista al quejoso con ello, teniéndose el dieciocho del mismo mes y año, por cumplida la sentencia de amparo. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución y, no hasta el momento en el que se le notifique dicha resolución, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en el presente expediente, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y al quejoso el diez de abril de dos mil dieciocho, se le notificó el proveído en el que se le dio vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, es claro que si presentó la demanda que se estudia hasta el ocho de mayo del año en curso, lo hizo con una marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, el acto reclamado fue consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO c, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE nueve de mayo de dos mil dieciocho, a la parte quejosa: Vista la demanda de amparo promovida por ********** quien se ostenta apoderado legal de **********, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Se ordena el registro de la demanda con el número 393/2018-III. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso que se analiza, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en el capítulo de acto reclamado señaló: "El auto de 4 de abril de 2018, notificado el día 13 siguiente, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato dentro del juicio ordinario laboral número 1508/2016/L1/CB/IND. En el que se negó a mi representado el embargo precautorio sobre bienes del establecimiento en donde se encuentra el centro de trabajo demandado, porque consideró que no se acreditó la insolvencia ni la identidad del patrón, al no existir prueba alguna. La autoridad responsable dejó de considerar el hecho notorio consistente en el diverso expediente 703/2017/L1/CD/IND en donde el mismo patrón que en el juicio natural ya fue condenado mediante laudo condenatorio. También soslayó que la medida cautelar puede ser dirigida al establecimiento y no así al patrón, en todos los casos." Asimismo, en los puntos vigésimo segundo y vigésimo tercero del capítulo correspondiente a los antecedentes apuntó: "VIGÉSIMO SEGUNDO. En contra del auto de 29 de agosto de 2017, promoví a nombre de mi representado, demanda de amparo indirecto la cual se radicó ante el Juzgado Sexto de Distrito con número 870/2017. Seguido el curso procesal, el citado órgano jurisdiccional resolvió dicho juicio en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable emitiera nuevo auto en donde fundara y motivara su determinación. VIGÉSIMO TERCERO. La autoridad responsable emitió nuevo auto con fecha 4 de abril de 2017, notificado personalmente el día 13 siguiente. El sentido de dicha resolución consistió en negar nuevamente la medida al ignorar la invocación del hecho notorio consistente en el expediente 703/2017/L1/CD/IND, al decir que no se acreditó la necesidad de la medida cautelar ni se encuentra determinada la identidad del patrón." En ese sentido, si bien el quejoso manifestó que el trece de abril del año en curso, se le notificó personalmente el proveído de cuatro del mismo mes y año; sin embargo, adversamente a lo que afirma en su demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte como hecho notorio que el diez de abril del año que transcurre, tuvo conocimiento de la existencia del citado proveído, dictado el juicio ordinario laboral 703/2017/L1/CB/IND, con anterioridad a la fecha que expresó bajo protesta de decir verdad. Lo anterior es así, porque dentro del juicio de amparo 870/2017-V, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por **********, en su carácter de apoderado legal de **********, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que resulte necesaria la certificación de las constancias que lo integran, pues basta que se tenga a la vista al momento de adoptar la determinación de que se trate, por ser una facultad que otorga la ley y que puede ejercerse para resolver una contienda judicial, se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral 1508/2016/L1/CB/IND de su índice, en la que, entre otras cosas, no acordó favorable la petición de ordenar el embargo precautorio sobre los bienes del establecimiento demandado. Asimismo, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 870/2017-III, del índice de este Juzgado, se observa que el seis de marzo del año en curso, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: Se dejara insubsistente la determinación reclamada de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva, pero purgando la violación detectada. La citada sentencia causó ejecutoria el veintisiete de marzo del año que transcurre y el nueve de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las constancias con las que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito y se dio vista al quejoso con ello, teniéndose el dieciocho del mismo mes y año, por cumplida la sentencia de amparo. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución y, no hasta el momento en el que se le notifique dicha resolución, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en el presente expediente, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y al quejoso el diez de abril de dos mil dieciocho, se le notificó el proveído en el que se le dio vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, es claro que si presentó la demanda que se estudia hasta el ocho de mayo del año en curso, lo hizo con una marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, el acto reclamado fue consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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