Miguel Guzmán Aguirre y Otros.

Expediente 566/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Catalina Rodríguez Colunga
  • Miguel Guzmán Aguirre y Otros.
  • Miguel Guzmán Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 4379/2018, por el que se le notificó a dicha autoridad que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, y se le devolvió las constancias que remitió como sustento de su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que el término de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para el Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, así como el Agente del Ministerio Público que le está adscrito (tercero interesado), toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstos carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del auto mencionado, puesto que la determinación de sobreseimiento emitido en el presente juicio, fue dictado en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto deberán ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexaron el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de los diversos 3118/2018 y 3120/2018, con el que se le notificó a dicha autoridad, así como al Agente del Ministerio Público de su adscripción, el sobreseimiento decretado en el presente juicio fuera de audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de un análisis realizado a la constancia derivada del proceso penal 244/2016, que remitió la Jueza Única Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, a la cual el suscrito le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al pleno convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene realizar una narrativa breve de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del presente juicio y de la copia certificada de la causa penal 244/2016, así como del toca de apelación 26/2017, de lo que se tiene que: Dentro del proceso penal citado, de la estadística del Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, se giró orden de aprehensión en contra de **********, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de ********** y **********, ambos de apellidos **********. Mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable tuvo por recibido el oficio de cumplimentación 1526/GEMAJ/2016, dejándose al inculpado a su disposición en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Posteriormente el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, de dictó auto formal prisión en contra de **********, al haberse acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado que se hace referencia en puntos precedentes. Inconforme con lo anterior, el inculpado interpuso recurso de apelación, ordenando el juez de la causa notificar personalmente a las víctimas indirectas ********** y **********, quienes son los padres de los ofendidos que en vida respondía a los nombres de ********** y **********, ambos de apellidos **********. Por razón de turno conoció de la apelación la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, y por resolución de diez de mayo de dos mil diecisiete, y en su lugar dictar a favor de **********, auto de libertad por falta de elementos para procesar. Inconformes con lo anterior, los aquí quejosos ********** y **********, promovieron juicio de amparo indirecto, del que por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se registró en el libro de gobierno respectivo bajo el número 566/2017-I. En la aludida data se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en providencia de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se reconoció el carácter de tercero interesado a **********, ordenando su emplazamiento a juicio. En proveído de veinte de febrero pasado, se tuvo a la Jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, devolviendo sin diligenciar el despacho 31/2018 del índice de este Juzgado, con motivo de la imposibilidad que tuvo el Actuario de su adscripción para emplazar a juicio al tercero interesado **********, por haber fallecido. Asimismo, en auto de veintiséis de febrero pasado, se tuvo al Juez responsable, remitiendo copia certificada del acta de defunción de la persona mencionada en el párrafo que antecede. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste la resolución de diez de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del toca de apelación 26/2017 de la estadística de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, impugnada en esta vía, la misma no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que el inculpado dentro de la causa de origen a favor de quien se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar falleció el trece de septiembre de dos mil diecisiete. Entonces, si el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala que revocó el auto de formal prisión de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso penal 244/2016 del índice del Juzgado Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, instruido en contra de **********, determinando dictar a su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar; y si como se vio, el trece de septiembre de dos mil diecisiete, el inculpado Gabriel Alejandro Serrato Martínez falleció; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra del agraviado efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, pues como quedó visto el tercero interesado, a favor del cual, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar falleció. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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