Miguel Juárez Hernández
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Juárez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil número 87/2019 de su índice, interpuesto por *********, quien se ostentó apoderado legal de *********, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **********, quien se ostenta como apoderado legal de **********, contra el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, quien se ostenta como apoderado legal de **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este tribunal determinó el diecisiete de junio del año en curso, desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta apoderado legal de **********, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 522/2019-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca 251/2019 de la estadística de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, que consideró procedente el incidente de oposición al inventario y avaluó promovido por ************, en su calidad de apoderado legal de ********* también conocida como *********, esta última como heredera y albacea de la sucesión a bienes de ********* conocido como ***********, dentro del juicio especial civil sucesorio intestamentario número *********. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el promovente del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca 251/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la cual declaró procedente el incidente de oposición al inventario y avaluó promovido por ********** también conocida como *************, en su calidad de heredera y albacea de la sucesión a bienes de ********* también conocido como ****************. Sin embargo, dicha determinación no puede ser considerada como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente se relaciona con la exclusión del inventario que propuso, lo cual, en determinado caso, podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera del quejoso, hasta que se dicte la última resolución en la etapa de inventario y avaluó; razón por la cual, no se puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior es así, ya que el juicio sucesorio constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión, la cual comprende el reconocimiento de derechos hereditarios y la declaratoria de herederos, así como el nombramiento y remoción de albaceas e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos, la cual de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, se compone de: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo que forme el albacea; III.- Los incidentes que se promuevan; IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo. En la tercera, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas. Y la cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento. De modo que, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados a juicio y que tuvieron participación activa en él. Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. Así como la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, consultable a página 1025, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de rubro y texto siguientes: "SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS. PROCEDENCIA DEL AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. Las diversas secciones integrantes de un juicio sucesorio tienen un objeto especial y se resuelven por separado; por ello, lo resuelto en los incidentes de nulidad de actuaciones y de petición de herencia hechos valer en una de esas secciones no puede alegarse como violación a las leyes del procedimiento en el amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva en términos del artículo 107, fracciones V y VI, constitucional, puesto que en esta clase de juicios no existe una sentencia definitiva (salvo la referente a la adjudicación de bienes) que abarque todo el procedimiento y por ende no cabe la posibilidad legal de que se reparen las omisiones o violaciones cometidas en el curso del juicio de que se trata. Así, tales resoluciones han de impugnarse en amparo indirecto ante Juez de Distrito, por tratarse de actos en el juicio, cuya ejecución es de imposible reparación previstos por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia. En tal virtud, como se estableció en acápites anteriores, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de marzo del mismo año y que declaró procedente el incidente de oposición al inventario y avaluó, no puede ser considerada como un acto susceptible de análisis constitucional en este momento, ya que su afectación únicamente puede traducirse en violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la última determinación en la etapa de inventarios y avalúos, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla como violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución que ponga fin a la segunda etapa del juicio sucesorio. Bajo ese contexto, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Similar criterio se sostuvo en el amparo en revisión civil 87/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital. Por otra parte, téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Ramírez Hernández y Gonzalo Maya Rico, en virtud de que cuentan con su cédula profesional números 2197759 y 2553977, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Luis Antonio Ramírez Gómez, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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