Miguel Guerra Morales

Expediente 695/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
695/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Miguel Guerra Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 695/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 695/2020, promovido por ..., por propio derecho y como comunero de la Comunidad San Lorenzo Acopilco, de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, contra actos del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la autoridad mencionada, por considerarlo violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 27 y 133 Constitucionales. Esta demanda inicialmente se presentó como amparo en materia administrativa, y por turno conoció el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número 1223/2020-VII, quien el veinticinco de noviembre de dos mil veinte declaró carecer de competencia legal en razón de materia. SEGUNDO. El tres de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo aludida, la cual previa aclaración, el nueve de junio de dos mil veintiuno fue admitida otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado, posteriormente se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que el representante social no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de una jurisdicción voluntaria seguida en un tribunal del fuero común en materia civil, con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. La parte quejosa reclama el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 398/2020, por el Juzgado Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el cual no tuvo por opuesta la excepción de incompetencia, por considerar que ese procedimiento se ciñe a una notificación, sin que haya controversia. TERCERO. Existencia. La certeza de las actuaciones combatidas quedó acreditada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen. CUARTO. Antecedentes procesales del juicio de origen. 1. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, ... en su carácter de representante comunal propietario del núcleo agrario de ..., en esta Ciudad, solicitó diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de notificar a ..., ... y ..., el término de quince días naturales para entregar la posesión del predio rústico denominado ... . 2. El primero de septiembre de dos mil veinte, el Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México, las admitió a trámite y mediante notificación personal en el domicilio proporcionado, con la entrega de las copias simples exhibidas ordenó que se hiciera del conocimiento a ..., ... y ..., el contenido de las diligencias de jurisdicción voluntaria (sin que ello implicará requerimiento alguno por parte de esa autoridad). 3. Así, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte compareció ..., por propio a derecho, a efecto de oponerse a dichas diligencias, para lo cual planteó la excepción por incompetencia por declinatoria en razón de materia. 4. Al que le recayó el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, que dice: "CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE ----Agréguese a sus autos el escrito del notificado ..., por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizadas a las persona (sic) que indica. No ha lugar a tenerlo por opuesto respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria que se le hicieron saber toda vez que como lo menciona el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles sólo es una notificación que no es controversia. Guárdese en el seguro del juzgado el documento que exhibe-NOTIFÍQUESE. (.).". Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa sostiene lo siguiente. El acto reclamado contraviene los artículos 1º, 8, 14, 16, 17, 27 y 133 Constitucionales, así como los numerales 2 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precepto 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque carece de fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en resolver la excepción planteada y las pruebas aportadas para fijar su competencia respecto del reclamo de la superficie de terreno que pertenece a los bienes comunales de la comunidad de ..., en la Ciudad de México, de ahí que vulnere el derecho de petición y defensa. Lo anterior, toda vez que lo que se pretende en el asunto de origen, no es de naturaleza civil sino agraria al tratarse de un bien comunal, de ahí que el juzgador debió suplir la deficiencia de la queja, pues la determinación implica una molestia en el domicilio y posesiones del quejoso. Decisión. Los conceptos de violación resultan infundados, examinados en su conjunto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, ello es así porque en el caso es apegada a derecho la decisión de no incorporar una excepción a un procedimiento sin contienda, como la jurisdicción voluntaria. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El precepto 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". Ahora bien, el artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establece: "ARTICULO 893 La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros.": Énfasis añadido. Del precepto transcrito se advierte en la primera parte, que no es procedente la oposición de parte legítima en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues lo que caracteriza a las diligencias promovidas en esta vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, que no existe contienda entre partes. Además, excluye la promoción, previa o simultánea a los actos materia de jurisdicción voluntaria, de cuestión alguna entre las partes, es decir, no hay controversia o litigio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página 2408, materia civil, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. CUANDO SE PROMUEVE PARA COMPELER AL DEUDOR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE NOTIFICARLE ESA INTENCIÓN DEL PROMOVENTE Y NO EXIGIRLE SU SATISFACCIÓN MEDIANTE UN REQUERIMIENTO JUDICIAL. Lo dispuesto en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que las diligencias de jurisdicción voluntaria son aquellas actuaciones en las que la intervención del Juez acontece por disposición legal o a solicitud de los interesados, a condición de que no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, excluye la posibilidad de que con motivo de éstas se formule algún requerimiento para que la persona contra la que se dirigen satisfaga la obligación con la que se vincula, esto es, la actuación del Juez está limitada a informar a la persona contra la que se pide se haga una notificación, que es voluntad de quien promueve solicitarle el pago de lo adeudado, pero de manera alguna que el Juez le ordene categóricamente, a través de la formulación de un requerimiento, que se satisfaga la obligación que se trata, pues dicho actuar desnaturaliza la esencia de estas diligencias.". En la especie, en el acto reclamado se determinó que no era procedente la oposición del interpelado en las diligencias de jurisdicción voluntaria que se le hicieron saber, toda vez que conforme al numeral invocado sólo es una notificación, no controversia; de ahí que sea apegado a derecho desestimar una excepción dentro del procedimiento de origen, pues así, se respeta la naturaleza y fin de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Es aplicable al respecto, la tesis I.3o.C.826 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2305, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS. El supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria establecido en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que deba existir previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Por tanto, el escrito de jurisdicción voluntaria no constituye una propuesta de demanda para la decisión de si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas obligaciones o si es indebida la causa por la cual se incumplieron, pero son aspectos que pueden ser narrados por el solicitante como causa de pedir la intervención judicial para que se haga saber a la contraparte su interés en que cumpla, lo cual no desborda el supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria.": En ese sentido, en la jurisdicción voluntaria únicamente podrá pedirse que se notifique determinada cuestión no así un requerimiento por parte de la autoridad como lo pretende hacer valer el quejoso. Por tanto, contrario a lo alegado por el impetrante, fue correcto que la autoridad responsable desestimara la oposición planteada en las diligencias de jurisdicción voluntaria, basada en una cuestión de competencia por declinatoria, pues conforme al numeral 893 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, una característica inherente a dichas diligencias es la ausencia de contienda entre partes, mientras que la excepción opuesta constituye un mecanismo de defensa propio de la contestación de demanda, es decir, cuando hay litigio. Sin que sea impedimento a lo anterior que el quejoso invoque violación al derecho de debido proceso, petición y defensa adecuada, en relación con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es así dado que el sistema de defensa de los derechos humanos que se reconocen en el precepto 1º de la Ley Fundamental, no permite un uso inexacto de las prerrogativas desconociendo las formalidades procesales. Por analogía se cita la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, que dice: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.": En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados, y al no haber motivo legal para suplir la queja, procede NEGAR el amparo solicitado por ..., por propio derecho y como comunero de la Comunidad ..., contra actos del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho y comunero de la Comunidad ..., contra actos del Juez Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Por recibido el oficio del Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual acompaña las constancias solicitadas, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Con las documentales aludidas fórmense los tomos II y III, para un mejor manejo de este expediente. NOTIFÍQUESE.

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