Miguel Estrada Guzmán

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Estrada Guzmán
  • Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública de la sentencia dictada en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 364/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde la tercera interesada ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde la tercera los formuló e invocó la improcedencia del juicio, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta fase. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 364/2022, promovido por ***, por conducto de su mandatario judicial, contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza familiar, radicado en un juzgado del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme al dispositivo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca ..., que confirmó el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento de divorcio incausado ... del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. En dicho acuerdo, el a quo fijó el 10% como pensión alimenticia provisional a favor de la aquí tercera interesada. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala y Juez responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. 1. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó como pensión provisional, a favor de la menor de edad ..., el equivalente al veinte por ciento mensual del sueldo y total de prestaciones, de su progenitor. 2. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se acordó la petición de la actora de que se fijara una pensión alimenticia a su favor; en el sentido de dar vista al hoy quejoso. 3. La solicitante acusó la rebeldía del contrario de desahogar la vista; y el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se fijó por concepto de pensión alimenticia para la hoy tercera interesada ..., la cantidad resultante del diez por ciento mensual del salario demandado, aquí quejoso. Esta determinación fue objeto del recurso de apelación que interpuso el demandado, resuelto el dieciocho de marzo de dos mil veintidós en el toca ... del índice de la Primera Sala Familiar de esta ciudad, que lo confirmó. Esta sentencia constituye el acto reclamado. 4. El día y hora señalado para celebrar la audiencia de ley, el juez de la causa decretó el divorcio entre los colitigantes y, entre otras cuestiones, dejó a salvo los derechos de las partes respecto a la pensión alimenticia definitiva; y levantó las medidas provisionales decretadas en autos, excepto la pensión alimenticia decretada a favor de la actora y su hija. 5. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar de esta ciudad; quien por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en el ****, confirmó el auto impugnado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, el quejoso manifiesta que se viola le Ley Suprema y sus derechos fundamentales por lo siguiente: a) El fallo reclamado carece de fundamentación y motivación, transgrediendo con ello sus derechos humanos y sus garantías (promoción, respeto, protección y afianzamiento), pues se violentan bienes y derechos que justamente le pertenecen. b) Se dejó de considerar que su contraria no está en algún supuesto de necesidad de percibir alimentos, como ilegalmente lo consideró el juez de origen, dejándolo en indefensión y lesionando gravemente el patrimonio del quejoso. Ello, puesto que la hoy tercero interesada siempre se ha dedicado a trabajar (nunca al hogar) y cuenta con bienes propios que puede rentar, y de éstos puede vivir y satisfacer sus necesidades básicas. Además, no se atendieron las necesidades del quejoso, y solo se consideró la supuesta e injustificada urgencia. c) Es irregular por deficiente que se imponga al quejoso acudir a una incidencia para pedir la disminución de la pensión. El quejoso ha sufrido acoso por la enorme cantidad de oficios gestionados por su contraria, que derivaron en el despido de su centro laboral. d) La autoridad debió considerar todos los factores inherentes a las partes; y si los alimentos eran procedentes conforme a la ley y la jurisprudencia, ya que su contraria se dedicó a trabajar y nunca al hogar, y cuenta con medios propios para subsistir; ni se valoraron las situaciones económicas de cada parte, sin que la contraria se ubique en un supuesto de necesidad real. e) La tercera interesada no se ubica en los supuestos jurisprudenciales para ser acreedora a alimentos por compensación, porque siempre se dedicó a trabajar y carece de impedimentos para integrase al mercado laboral para satisfacer sus necesidades. Apoya su postura en la tesis VII.2o.C. J/14 C (10a.), intitulada: "PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. SU MONTO DEBE COMPRENDER EL CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO CONCRETO." Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes, pues el acto se apegó al principio de legalidad y certeza jurídica, pues la Sala dio razones acertadas para sustentar el sentido de su decisión; con lo cual satisface los parámetros de constitucionalidad que deben revestir las decisiones judiciales. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Los conceptos de violación a) y b) son infundados, puesto que el fallo reclamado sí cumple con el parámetro de legalidad necesario y consideró lo relativo a las condiciones transitorias del proceso y el estadio y condiciones procesales en que se emitió la pensión provisional, explicándose además, porqué los eventos que puso de manifiesto ante el juez, no eran suficientes para variar el auto impugnado. Para evidenciar lo anterior, conviene acudir al contenido íntegro de la ratio decidendi en el acto reclamado. La Sala desestimó la apelación del quejoso sosteniendo y fundando lo siguiente: 1. Valoró las constancias procesales en términos de los artículos 327, fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; y destacó que conforme a éstas, la madre y su hija habían solicitado vía cautelar una pensión alimentaria; que el apelante había manifestado la fuente y monto de sus ingresos; y que en un primer momento solo se habían decretado para la infanta, y no así para la madre puesto que tenía un empleo en una asociación civil, que luego perdió. Con la alegación de desempleo se dio vista al apelante, quien se abstuvo de desahogarla, recayendo el auto impugnado. 2. Con ello, la Sala consideró que las constancias procesales ponían de manifiesto que ante el señalamiento de su contraria, el hoy quejoso se abstuvo de externar manifestación alguna; de modo que correctamente el juez de origen resolvió con el material y situación que hasta ese momento tuvo a la vista. Ello es acorde a la naturaleza de las medidas cautelares como son los alimentos provisionales, pues el juzgador no tiene todos los datos suficientes que ordinariamente le son proporcionados durante el proceso, como es la capacidad económica real del deudor y las necesidades de los acreedores, y que son la base de la pensión definitiva; por lo que se usa en la primera determinación un sano criterio y la urgencia que implica la medida. Para sustentar lo anterior, citó dos criterios intitulados "PENSION ALIMENTICIA. EL MONTO ENTRE LA PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA, NO NECESARIAMENTE DEBE SER EL MISMO."; y "ALIMENTOS, LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTAN EN EL JUICIO DE DIVORCIO RESPECTO DE, NO CAUSAN ESTADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)." 3. Añadió que bajo este escenario, la determinación provisional del juez fue conforme a su prudente arbitrio, por no tener elementos para restar convicción a las manifestaciones de la actora o para dejar de atenderlas, pues el apelante fue omiso en desvirtuarlas, o revelar que la razón por la que se pidieron es inexistente y que actualmente la acreedora sigue laborando. 4. Sin que ello cause agravio al demandado porque conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, puede pedir la disminución por medio de la incidencia relativa y proporcionar mejores condiciones para informar el criterio del juez; y con ello dar cumplimiento estricto a lo que marca el artículo 311 del Código Civil local, en lo tocante al principio de proporcionalidad. Por ello, la determinación fue acertada porque se definió conforme al prudente arbitrio del juez y la urgencia propia de la medida, no dándose las violaciones que se indican, de acuerdo a lo previsto en el artículo 282, apartado A, fracción II del Código Civil, en relación con los artículos 940 y 941 de la ley adjetiva civil, ambos para esta ciudad. 5. Respecto de sus manifestaciones en el sentido de que ya no tiene empleo y se le hace un diverso descuento por otra acreedora, lo desestimó señalando que esto se hizo del conocimiento del juez con posterioridad a la fijación de la pensión materia del recurso, por lo que el juez estaba impedido para abordar tal circunstancia. 6. Sobre las manifestaciones de que su contraria no se dedicó al hogar y tiene ingresos propios, se dijo que al apelante no le asiste razón, pues tales asertos no están acreditados, por lo que opera la presunción del artículo 311 bis del Código Civil para esta ciudad. 7. Declaró inoperantes los motivos de inconformidad que no guardaban relación con la materia de la apelación por su inadecuación con el tema debatido, lo que apoyó, entre otros criterios, en la jurisprudencia 1a./J. 23/2007 invocada por similitud jurídica, de título: "RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO RECURRIDO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES." 8. Iteró la Sala que al ser una medida provisional puede plantearse la incidencia del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, para aumentarla o disminuirla conforme a las pruebas que se ofrezca en ese procedimiento, lo que apoyó en la tesis de rubro: "MEDIDAS PROVISIONALES. PUEDEN MODIFICARSE EN SENTENCIA DEFINITIVA, LO CUAL NO RESULTA INCONGRUENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."; y así concluyó que la fijación de la pensión provisional fue correcta, y que además ésta subsiste hasta que se fija la definitiva, lo que apoyó en otros dos criterios sobre el tema. Como se ve, la Sala sustentó el sentido de su determinación acudiendo a las constancias de autos, citando y citando disposiciones normativas y precedentes aplicables al caso, en tanto que regulan lo relativo a la pensión provisional, su temporalidad y la posibilidad de cuestionarla incidentalmente; además, expuso razones concretas y eventos particulares para tal efecto, mismos que se consideran atinados y apegados al marco constitucional correspondiente. Lo anterior evidencia que el fallo es apegado al principio de legalidad y además, contiene razones particulares que revelan que no se soslayó lo invocado por el quejoso, sino que al examinarse, resultó desfavorable a sus intereses, pues en esencia, la Sala advirtió que no se opuso oportunamente a lo externado por su contraria para pedir sus alimentos provisionales. También son infundados los conceptos de violación marcados en el inciso c), pues la fijación de una medida provisional no deja indefenso al quejoso ni lesiona sus derechos, ya que constituyen un acto de molestia transitorio y respecto de lo cual, el quejoso tiene medios para cuestionarlos. En efecto, el hecho de que los alimentos provisionales importen una traslación del dinero, no hace que el acto de su fijación se traduzca en un acto privativo, dado que su finalidad no es, en definitiva, imponer la carga alimentaria al quejoso, pues como el propio artículo 943 de la ley procesal establece, esta pensión rige mientras se resuelve el juicio, en este caso, hasta que se define incidentalmente la pensión alimenticia definitiva; de lo que se sigue que no es un acto privativo de derechos que deje indefenso al quejoso. Sostiene lo anterior, el criterio 1a. CLXXXIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 359, que dispone: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. Además, la sentencia de la Sala es apegada a derecho, particularmente al artículo 282 del Código Civil de esta ciudad, ya que al sostener que para cuestionar la situación definitiva de los alimentos, el quejoso debe gestionar lo conducente en la incidencia que corresponde, la decisión se apega al sentido de un fundamento aplicable en materia familiar para definir la temporalidad de la medida cautelar de la que se duele el aquí impetrante. Lo anterior, dado que de ese numeral se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario a sus acreedores desde el inicio del procedimiento; y al decretar la disolución del vínculo matrimonial, si tal situación no se define, tales providencias deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que las resuelva. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.212 C de la Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 878, que dispone: "ALIMENTOS. SUBSISTEN LOS DECRETADOS DE MODO PROVISIONAL AUN Y CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO DE DIVORCIO SIN CAUSA, SI NO HUBO CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL CONVENIO PROPUESTO, HASTA QUE SE RESUELVA EN LA VÍA INCIDENTAL LO CORRESPONDIENTE. dado que de ese numeral se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario a sus acreedores desde el inicio del procedimiento; y al decretar la disolución del vínculo matrimonial, si tal situación no se define, tales providencias deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que las resuelva. Lo anterior sin perjuicio de que previamente, como lo indicó la Sala, el justiciable tiene a su alcance el incidente previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; en donde corresponde al interesado probar que las circunstancias originales en que se gestó la obligación de pago han sido modificadas, para que la consecuencia de tal evento sea determinada por el juez; siendo en este procedimiento donde puede externar lo relativo a las consecuencias personales que ha tenido el juicio de origen y la alegada pérdida de empleo. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.998 C (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Civil, Página: 629, que establece: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." Por lo que ve a los motivos de inconformidad previstos en el apartado d), tampoco asiste razón a la parte quejosa, pues contrario a lo que señala, no era dable acudir a todos los elementos que señala, precisamente porque se trata de una pensión provisional, y por ende, el estándar probatorio es distinto; y es así, porque comparten la naturaleza de una medida cautelar. En efecto, debe considerarse que el acto reclamado tiene su origen en la determinación provisional de alimentos, los cuales, por su naturaleza jurídica constituyen un acto de molestia, que se decreta con efectos temporales y hasta que el negocio se define de manera terminal, de lo que se sigue que no gozan siempre de toda la exactitud para determinarse, pues ello corresponde a la sentencia final. De este modo, las medidas cautelares -como son los alimentos provisionales que se examinan- al decretarse no constituyen una prerrogativa de manera definitiva para su solicitante, ni están informados de todos los elementos que ordinariamente se emplean para una determinación final, pues son solo el mecanismo para tutelar la expectativa de derecho, apreciada a la luz de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; y conforme a los principios de necesidad y urgencia. Y precisamente por su naturaleza transitoria prescinden de todos los elementos que serán juzgados en el negocio principal, por ello, para determinarse ni siquiera se hace exigible el derecho fundamental de audiencia, precisamente porque solo son una aproximación objetiva del derecho en disputa, no un reflejo exacto e indudable de toda su extensión. Al respecto, conviene citar las consideraciones que sobre el tema de las providencias ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión ..., donde estableció: "En estos términos, la obtención de una providencia precautoria debe entenderse como una expectativa de derecho cuya admisión o desechamiento constituye un acto de molestia. De hecho, existe una clara doctrina jurisprudencial del Tribunal Pleno en torno a los orígenes y efectos de la distinción entre actos privativos y de molestia, conforme a la cual las medidas cautelares -tanto en lo general como en el caso específico del embargo - constituyen actos de molestia respecto de los cuales no rige la garantía de audiencia. Al respecto, el Pleno encuadró al levantamiento del embargo -en términos del artículo 1180 del Código de Comercio- como parte de esa doctrina , enfatizando que la sustitución de la garantía -fianza en lugar de embargo- no extingue la vigencia de la medida precautoria y que, en todo caso, la garantía que busca asegurar la efectividad del crédito carece de impacto respecto de la cuestión de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción intentada, lo cual será determinado por la sentencia y no por dicha providencia precautoria ." De ahí que no asiste razón al quejoso en lo tocante a la lesión que invoca respecto de la violación al principio de legalidad por falta de parámetros abundantes o factores económicos específicos derivados de las dinámicas entre los contendientes -o de mayor objetividad y fiabilidad- para definir la carga alimentaria transitoria, pues el hecho de que su determinación no sea con el mismo rigor probatorio como él pretende, no contraviene derechos fundamentales, atento a la naturaleza de las medidas cautelares. Ello, dado que tal exigencia opera para el proceso principal, mientras que en estos casos es más laxo el estándar de acreditamiento, sin que ello sea una carga definitiva para el deudor. Por su consideración sobre las providencias alimentarias, se invoca la tesis VII.2o.C.233 C (10a.), con registro digital: 2022340, Décima Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1941, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO DEJA SIN OBJETO LA CONTROVERSIA DEL JUICIO. Las medidas cautelares buscan una adecuada y oportuna protección a los derechos controvertidos, pues a través de ellas se pueden evitar daños irreparables en los sujetos o la materia de la controversia, que se causen con el tiempo que conlleve el dictado de la sentencia, logrando así el aseguramiento y eficacia de la función jurisdiccional. Por lo que el objetivo principal de las medidas cautelares es preservar la materia del juicio, ya sea: 1) conservando la situación jurídica; o, 2) adelantando los efectos del fallo definitivo; para lo cual debe procurarse celeridad en el dictado de ése. Lo anterior no significa que la medida cautelar trate de acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino solamente suministrar anticipadamente medios idóneos para fomentar un panorama apto en la ejecución de la eventual sentencia. En ese sentido, en vista de la sumariedad de las medidas cautelares, éstas deben dictarse tomando en consideración el material probatorio aportado hasta ese momento del juicio, con base en un estándar probatorio mucho más laxo en tanto que, generalmente, las pruebas que se pueden aportar son limitadas; sin embargo, la decisión definitiva debe tomarse una vez satisfechos los extremos del artículo 14 constitucional, ya que la ponderación de los principios constitucionales no debe tener el alcance de anular el núcleo duro del derecho con menor satisfacción. Así, los principios que rigen en general a las medidas cautelares resultan aplicables a los alimentos provisionales. Por ello es que la resolución del recurso de reclamación en contra del auto que fija el monto de los alimentos provisionales previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no deja sin objeto la controversia del juicio; ello es así, porque si las circunstancias procesales sobre la discusión del derecho no variaran, de conformidad con las demás pruebas que pudieran allegarse al juicio una vez resuelta la reclamación, la sentencia definitiva tendría que pronunciarse en el mismo sentido; mientras que para el proceso principal, la cognición del juzgador es más amplia, pues no se limita a aquellas pruebas que se desahoguen por su propia y especial naturaleza, sino a las permitidas por la ley; de ahí que si con vista en los datos probatorios que pudieran allegarse cambiasen las apariencias procesales, la sentencia definitiva puede dictarse en sentido diverso al de la resolución interlocutoria de alimentos." Finalmente, lo que hace a los señalamientos de pensión compensatoria plasmados en el concepto de violación e), se consideran inoperantes, puesto que estos son distintos a los que se fijaron en el acto reclamado. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." En efecto, los alimentos compensatorios obedecen no solo el deber asistencial, sino también el resarcitorio derivado del desequilibrio económico que puede presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial; por lo que se trata de una figura jurídica con autónoma a la que se estudió ante la Sala, y con elementos propios; mientras que lo definido en el acto reclamado fue la pensión alimentaria provisional durante el procedimiento de divorcio, por presunción de necesidad no redargüida. Ilustra lo anterior la tesis 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 725, del Libro 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, intitulada: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO." Por lo expuesto se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal a su demandante; sin que se advierta cuestión susceptible de repararse en su beneficio en suplencia de la queja; cobrando aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Negativa que se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación del Juez Trigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Con las documentales aludidas fórmese el tomo IV, para un mejor manejo del presente expediente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. De otro lado, agréguense los escritos de la tercera interesada mediante los cuales, se le tiene apersonándose al presente juicio y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; ya que de no ser así únicamente lo estarán para oír y recibir notificaciones. En el mismo orden, se tienen por autorizadas a las diversas personas que indica para los efectos que refiere, (con excepción de la entrega de valores). En otro orden, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuario proporcionados PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE POR ESA VÍA. Por otro lado, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, por invocada la causal de sobreseimiento y con fundamento en el dispositivo 119 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas que indica, las cuales se ordena hacer relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con la documental anexa fórmese el tomo V, para un mejor manejo del expediente. Por lo que hace, a que se relacione la prueba ofrecida en el diverso amparo 365/2022, dígase que no ha lugar ya que son juicios autónomos, cuya substanciación y resolución se realiza de manera independiente. NOTIFÍQUESE.

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