Miguel Estrada Guzmán

Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
365/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Miguel Estrada Guzmán
  • Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 365/2022; el licenciado ..., en términos del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2238/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y sus escritos aclaratorios; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la tercera interesada ofreció la documental, la presuncional y la instrumental de actuaciones, relacionadas en su ocurso con folio 11091. Al respecto se provee: Se admiten y desahogan las pruebas precisadas, atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Secretario Encargado del Despacho con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 365/2022, promovido por ., por conducto de su mandatario judicial, contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza familiar, radicado en un juzgado del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Conforme al dispositivo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca 1598/2021, donde confirmó el auto dictado en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno celebrada en el divorcio sin causa 14/2021 del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar de esta ciudad. En dicha determinación el juez tuvo a las partes celebrando convenio definitivo respecto de la guarda y custodia de la menor hija de las partes, se fijó un régimen de visitas y convivencias; y se declaró disuelto el vínculo matrimonial habido entre los colitigantes. Además, se dejaron a salvo los derechos de las partes para que lo relativo a la pensión definitiva y la compensación se hiciera valer en la vía y forma correspondiente; y se levantaron las medidas provisionales decretadas en autos, continuando vigente la relativa a la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la divorciante y su hija. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala y Juez responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. 1. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó como pensión provisional, a favor de la menor de edad M.E.R., el equivalente al veinte por ciento mensual del sueldo y total de prestaciones, de su progenitor. 2. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de ese año para que tuviera verificativo la audiencia de ley. 3. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se fijó por concepto de pensión alimenticia para la hoy tercera interesada ., la cantidad resultante del diez por ciento mensual, del demandado, aquí quejoso. Esta determinación fue objeto del recurso de apelación que interpuso el demandado, resuelto el dieciocho de marzo de dos mil veintidós en el toca 1597/2021 del índice de la Primera Sala Familiar de esta ciudad, que lo confirmó. 4. El día y hora señalado para celebrar la audiencia de ley, el juez de la causa decretó el divorcio entre los colitigantes y, entre otras cuestiones, dejó a salvo los derechos de las partes respecto a la pensión alimenticia definitiva; y levantó las medidas provisionales decretadas en autos, excepto la pensión alimenticia decretada a favor de la actora y su hija. 5. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar de esta ciudad; quien por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca 1598/2021, confirmó el auto impugnado. Este fallo constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, la quejosa manifiesta que se viola le Ley Suprema y sus derechos fundamentales por lo siguiente: La Sala perjudica la esfera jurídica patrimonial del quejoso al hacer prevalecer el pago de alimentos para la tercera interesada, dado que no le corresponden, pues cuenta con ingresos propios, lo cual se dejó de atender en ambas instancias, revelándose un deficiente estudio del problema jurídico. Insiste que ella no se encuentra en el supuesto que marca la ley para que se le entregue un débito alimentario, por lo que se decretó sin fundamento o razón jurídica, siendo una carga sin sentido, ya que se itera, cuenta la contraparte con recursos y bienes propios y estuvo al pendiente de sus labores y cuenta con formación profesional y nunca se dedicó al hogar, de manera que no hay supuesto para otorgarle una pensión compensatoria. De manera oficiosa, la autoridad debió atender al hecho de que el quejoso se ha quedado sin trabajo, aduciendo que fue por el acoso que ha sufrido, por la cantidad de misivas solicitados por su contraria. Sí es posible que la pensión alimenticia sea modificada en términos de lo previsto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, e incluso, atento a la naturaleza del procedimiento, es posible que la autoridad ejerza facultades de oficio, y por ello no realizaron un debido estudio sobre la medida provisional que se dejó vigente y que beneficia injustificadamente a su contraparte al otorgarle un 10% de pensión compensatoria a su costa. Decisión: Los conceptos de violación son infundados, pues el acto se apegó al principio de legalidad y certeza jurídica, pues la Sala dio razones acertadas para sustentar el sentido de su decisión; con lo cual satisface los parámetros de constitucionalidad que deben revestir las decisiones judiciales. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." La Sala desestimó la apelación del quejoso partiendo esencialmente de los siguientes argumentos: 1. Se a cabo la audiencia donde disolvió el vínculo matrimonial, dejando a salvo los derechos de las partes respecto de los alimentos definitivos y la compensación; así mismo ordenó levantar las medidas provisionales con excepción de las pensiones alimentarias provisionales; lo anterior, lo calificó acorde a lo que establece el artículo 282 del Código Civil para esta ciudad , haciendo correcta la determinación del a quo. 2. Respecto de la oposición del apelante respecto de la pensión alimenticia fijada a favor de su contraria ., se remitió al inconforme a lo resuelto en la misma fecha en diversa resolución del toca 1597/2021, donde se dio respuesta a los agravios relativos, citando el criterio intitulado: "APELACION. EXAMEN DE SITUACIONES YA RESUELTAS PREVIAMENTE." 3. Añadió que el juez está impedido para revocar sus propias determinaciones, aún frente a la situación que se le expuso; señalando la naturaleza y características de las determinaciones en materia familiar; precisando que las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial deben ser resueltas en sentencia que defina la pretensión relativa, de acuerdo a los criterios sostenidos por la autoridad federal. En ese sentido, las manifestaciones de que se debieron examinar los alimentos y ordenar la devolución, y lo relativo a su administración deben ser materia de la incidencia respectiva; sin perjuicio de lo que prevé el artículo 94 de la Ley Adjetiva Civil . Y al efecto citó el criterio de rubro: "DIVORCIO EXPRÉS. RESOLUCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN LA FASE POSTULATORIA (Interpretación conforme a la Constitución, de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal)." Como se ve, la Sala sustentó el sentido de su determinación citado y aplicando disposiciones normativas y precedentes aplicables al caso, en tanto que regulan la fase relativa a la determinación judicial de divorcio y el establecimiento de sus consecuencias; además, expuso razones concretas y eventos particulares para tal efecto, mismos que se consideran atinados y apegados al marco constitucional correspondiente. Es así, dado que efectivamente el tema de la pensión provisional a favor de su contraria se definió, no en la determinación impugnada de la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno llevada en el proceso natural (objeto de la apelación reclamada), sino en la diversa actuación de veintidós de septiembre de ese año, que también recurrió el demandado y que fue materia del toca 1597/2021, que no es el objeto de análisis del presente amparo, sino de otro radicado ante este órgano de justicia federal (364/2022 ). De ahí que es apegado el principio de congruencia que la Sala remitiera al quejoso a una diversa determinación, donde se examinará el tema sobre la pensión provisional de su contraria, pues fue en aquella en donde se definió el tema. Al efecto, se invoca la jurisprudencia VI.3o.A. J/13, de la Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1187, que establece: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." Por otro lado, es apegado a derecho, particularmente al artículo 282 del Código Civil de esta ciudad, que la Sala sostuviera que para cuestionar la situación definitiva de los alimentos, el quejoso debe gestionar lo conducente en la incidencia que corresponde. Lo anterior, dado que de ese numeral se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario a sus acreedores desde el inicio del procedimiento; y al decretar la disolución del vínculo matrimonial, si tal situación no se define, tales providencias deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que las resuelva. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.212 C de la Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 878, que dispone: "ALIMENTOS. SUBSISTEN LOS DECRETADOS DE MODO PROVISIONAL AUN Y CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO DE DIVORCIO SIN CAUSA, SI NO HUBO CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL CONVENIO PROPUESTO, HASTA QUE SE RESUELVA EN LA VÍA INCIDENTAL LO CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que mediante el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, pudiendo ser solicitado por uno o ambos cónyuges, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo, el cual deberá decretarse cuando entre otros requisitos, el solicitante del divorcio exhiba un convenio que regule las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, cuando es promovido unilateralmente, el cual debe contener entre otros requisitos, el modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Por su parte, del artículo 282 del mismo ordenamiento legal, se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda, desde que se presenta la demanda de divorcio y sólo mientras dure el juicio, pero cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial sin llegar a la aprobación del convenio, las medidas provisionales deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que resuelve en incidente la situación jurídica definitiva de los hijos, bienes o alimentos; de lo que se colige que en los casos de divorcio en los que no exista conformidad entre las partes respecto del convenio exhibido para los efectos precisados en los artículos 266 y 267 antes citados, el Juez del conocimiento debe decretar el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental exclusivamente lo relativo al convenio y, por ende, lo referente al otorgamiento de alimentos y el aseguramiento del cumplimiento de dicha prestación por parte de deudor alimentario, por constituir dicha prestación uno de los puntos materia del convenio, subsistiendo mientras tanto las medidas provisionales que hubiera pronunciado el Juez del conocimiento en términos del artículo 282 citado." Lo anterior sin que ello deje al quejoso en incertidumbre o indefensión, pues como lo mencionó la Sala responsable, si desde ahora pretende inconformarse con el quantum provisional determinado, el justiciable tienen a su disposición un medio de defensa a su alcance que es el incidente previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; en donde corresponde al interesado probar que las circunstancias originales en que se gestó la obligación de pago, han sido modificadas, para que la consecuencia de tal evento sea determinada por el juez. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.998 C (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Civil, Página: 629, que establece: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." Y por lo que hace a los señalamientos de pensión compensatoria, tampoco asiste razón al quejoso, porque contrario a lo que señala, no se fijó a su contraria una pensión compensatoria ni se le reconoció una prerrogativa en tal sentido dentro del acto reclamado, ya que solo se dejaron a salvo los derechos para que las partes gestionen lo conducente en la vía y forma que corresponde sobre las prerrogativas que tienen o creen tener; lo que únicamente implica que, de ser su intención, podrán litigar en otra instancia la pretensión relativa, más no que desde ahora exista un juzgamiento o reconocimiento apriorístico sobre la viabilidad del derecho. Al respecto, se invoca por analogía la tesis con registro digital: 355806, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias(s): Civil, que dice:"DERECHOS, DECLARACION DE DEJAR A SALVO LOS. La declaración por la cual se dejan a salvo los derechos que las partes crean tener sobre un inmueble en disputa, para que los ejerciten en la vía y forma que legalmente proceda, no puede considerarse que causa daño o perjuicio, porque con tal declaración y sin ella, quedan las partes capacitadas para ejercitar los derechos que tengan o crean tener sobre dicho inmueble, y por consiguiente, no depende de esa declaración el que terceros queden expuestos a las molestias de un nuevo juicio, y que sus derechos de posesión y propiedad, queden inseguros." Sin perjuicio de que, como ya se mencionó, el porcentaje que por pensión se fijó para su contraria fue por concepto de alimentos provisionales; lo cual es objeto de otra apelación, y hoy, materia de un diverso juicio constitucional. Por lo expuesto se concluye que los conceptos de violación son infundados, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal a su demandante; sin que se advierta cuestión susceptible de repararse en su beneficio en suplencia de la queja; cobrando aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Negativa que se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ., contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió electrónicamente el licenciado ..., en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2238/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL TRES DE AGOSTO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver el juicio de amparo 365/2022, promovido por ., por conducto de su mandatario judicial, contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra el acto de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Previa aclaración, este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, así se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza familiar, radicado en un juzgado del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 183700, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 25, que señala: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Conforme al dispositivo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca 1598/2021, donde confirmó el auto dictado en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno celebrada en el divorcio sin causa 14/2021 del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Familiar de esta ciudad. En dicha determinación el juez tuvo a las partes celebrando convenio definitivo respecto de la guarda y custodia de la menor hija de las partes, se fijó un régimen de visitas y convivencias; y se declaró disuelto el vínculo matrimonial habido entre los colitigantes. Además, se dejaron a salvo los derechos de las partes para que lo relativo a la pensión definitiva y la compensación se hiciera valer en la vía y forma correspondiente; y se levantaron las medidas provisionales decretadas en autos, continuando vigente la relativa a la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la divorciante y su hija. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala y Juez responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. 1. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó como pensión provisional, a favor de la menor de edad M.E.R., el equivalente al veinte por ciento mensual del sueldo y total de prestaciones, de su progenitor. 2. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de ese año para que tuviera verificativo la audiencia de ley. 3. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se fijó por concepto de pensión alimenticia para la hoy tercera interesada ., la cantidad resultante del diez por ciento mensual, del demandado, aquí quejoso. Esta determinación fue objeto del recurso de apelación que interpuso el demandado, resuelto el dieciocho de marzo de dos mil veintidós en el toca 1597/2021 del índice de la Primera Sala Familiar de esta ciudad, que lo confirmó. 4. El día y hora señalado para celebrar la audiencia de ley, el juez de la causa decretó el divorcio entre los colitigantes y, entre otras cuestiones, dejó a salvo los derechos de las partes respecto a la pensión alimenticia definitiva; y levantó las medidas provisionales decretadas en autos, excepto la pensión alimenticia decretada a favor de la actora y su hija. 5. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Familiar de esta ciudad; quien por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca 1598/2021, confirmó el auto impugnado. Este fallo constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, la quejosa manifiesta que se viola le Ley Suprema y sus derechos fundamentales por lo siguiente: La Sala perjudica la esfera jurídica patrimonial del quejoso al hacer prevalecer el pago de alimentos para la tercera interesada, dado que no le corresponden, pues cuenta con ingresos propios, lo cual se dejó de atender en ambas instancias, revelándose un deficiente estudio del problema jurídico. Insiste que ella no se encuentra en el supuesto que marca la ley para que se le entregue un débito alimentario, por lo que se decretó sin fundamento o razón jurídica, siendo una carga sin sentido, ya que se itera, cuenta la contraparte con recursos y bienes propios y estuvo al pendiente de sus labores y cuenta con formación profesional y nunca se dedicó al hogar, de manera que no hay supuesto para otorgarle una pensión compensatoria. De manera oficiosa, la autoridad debió atender al hecho de que el quejoso se ha quedado sin trabajo, aduciendo que fue por el acoso que ha sufrido, por la cantidad de misivas solicitados por su contraria. Sí es posible que la pensión alimenticia sea modificada en términos de lo previsto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, e incluso, atento a la naturaleza del procedimiento, es posible que la autoridad ejerza facultades de oficio, y por ello no realizaron un debido estudio sobre la medida provisional que se dejó vigente y que beneficia injustificadamente a su contraparte al otorgarle un 10% de pensión compensatoria a su costa. Decisión: Los conceptos de violación son infundados, pues el acto se apegó al principio de legalidad y certeza jurídica, pues la Sala dio razones acertadas para sustentar el sentido de su decisión; con lo cual satisface los parámetros de constitucionalidad que deben revestir las decisiones judiciales. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." La Sala desestimó la apelación del quejoso partiendo esencialmente de los siguientes argumentos: 1. Se a cabo la audiencia donde disolvió el vínculo matrimonial, dejando a salvo los derechos de las partes respecto de los alimentos definitivos y la compensación; así mismo ordenó levantar las medidas provisionales con excepción de las pensiones alimentarias provisionales; lo anterior, lo calificó acorde a lo que establece el artículo 282 del Código Civil para esta ciudad , haciendo correcta la determinación del a quo. 2. Respecto de la oposición del apelante respecto de la pensión alimenticia fijada a favor de su contraria ., se remitió al inconforme a lo resuelto en la misma fecha en diversa resolución del toca 1597/2021, donde se dio respuesta a los agravios relativos, citando el criterio intitulado: "APELACION. EXAMEN DE SITUACIONES YA RESUELTAS PREVIAMENTE." 3. Añadió que el juez está impedido para revocar sus propias determinaciones, aún frente a la situación que se le expuso; señalando la naturaleza y características de las determinaciones en materia familiar; precisando que las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial deben ser resueltas en sentencia que defina la pretensión relativa, de acuerdo a los criterios sostenidos por la autoridad federal. En ese sentido, las manifestaciones de que se debieron examinar los alimentos y ordenar la devolución, y lo relativo a su administración deben ser materia de la incidencia respectiva; sin perjuicio de lo que prevé el artículo 94 de la Ley Adjetiva Civil . Y al efecto citó el criterio de rubro: "DIVORCIO EXPRÉS. RESOLUCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN LA FASE POSTULATORIA (Interpretación conforme a la Constitución, de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal)." Como se ve, la Sala sustentó el sentido de su determinación citado y aplicando disposiciones normativas y precedentes aplicables al caso, en tanto que regulan la fase relativa a la determinación judicial de divorcio y el establecimiento de sus consecuencias; además, expuso razones concretas y eventos particulares para tal efecto, mismos que se consideran atinados y apegados al marco constitucional correspondiente. Es así, dado que efectivamente el tema de la pensión provisional a favor de su contraria se definió, no en la determinación impugnada de la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno llevada en el proceso natural (objeto de la apelación reclamada), sino en la diversa actuación de veintidós de septiembre de ese año, que también recurrió el demandado y que fue materia del toca 1597/2021, que no es el objeto de análisis del presente amparo, sino de otro radicado ante este órgano de justicia federal (364/2022 ). De ahí que es apegado el principio de congruencia que la Sala remitiera al quejoso a una diversa determinación, donde se examinará el tema sobre la pensión provisional de su contraria, pues fue en aquella en donde se definió el tema. Al efecto, se invoca la jurisprudencia VI.3o.A. J/13, de la Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1187, que establece: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." Por otro lado, es apegado a derecho, particularmente al artículo 282 del Código Civil de esta ciudad, que la Sala sostuviera que para cuestionar la situación definitiva de los alimentos, el quejoso debe gestionar lo conducente en la incidencia que corresponde. Lo anterior, dado que de ese numeral se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario a sus acreedores desde el inicio del procedimiento; y al decretar la disolución del vínculo matrimonial, si tal situación no se define, tales providencias deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que las resuelva. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.212 C de la Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 878, que dispone: "ALIMENTOS. SUBSISTEN LOS DECRETADOS DE MODO PROVISIONAL AUN Y CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO DE DIVORCIO SIN CAUSA, SI NO HUBO CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL CONVENIO PROPUESTO, HASTA QUE SE RESUELVA EN LA VÍA INCIDENTAL LO CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que mediante el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, pudiendo ser solicitado por uno o ambos cónyuges, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo, el cual deberá decretarse cuando entre otros requisitos, el solicitante del divorcio exhiba un convenio que regule las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, cuando es promovido unilateralmente, el cual debe contener entre otros requisitos, el modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Por su parte, del artículo 282 del mismo ordenamiento legal, se desprende la obligación del juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda, desde que se presenta la demanda de divorcio y sólo mientras dure el juicio, pero cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial sin llegar a la aprobación del convenio, las medidas provisionales deberán subsistir hasta en tanto se dicte la interlocutoria que resuelve en incidente la situación jurídica definitiva de los hijos, bienes o alimentos; de lo que se colige que en los casos de divorcio en los que no exista conformidad entre las partes respecto del convenio exhibido para los efectos precisados en los artículos 266 y 267 antes citados, el Juez del conocimiento debe decretar el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental exclusivamente lo relativo al convenio y, por ende, lo referente al otorgamiento de alimentos y el aseguramiento del cumplimiento de dicha prestación por parte de deudor alimentario, por constituir dicha prestación uno de los puntos materia del convenio, subsistiendo mientras tanto las medidas provisionales que hubiera pronunciado el Juez del conocimiento en términos del artículo 282 citado." Lo anterior sin que ello deje al quejoso en incertidumbre o indefensión, pues como lo mencionó la Sala responsable, si desde ahora pretende inconformarse con el quantum provisional determinado, el justiciable tienen a su disposición un medio de defensa a su alcance que es el incidente previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; en donde corresponde al interesado probar que las circunstancias originales en que se gestó la obligación de pago, han sido modificadas, para que la consecuencia de tal evento sea determinada por el juez. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.998 C (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Civil, Página: 629, que establece: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." Y por lo que hace a los señalamientos de pensión compensatoria, tampoco asiste razón al quejoso, porque contrario a lo que señala, no se fijó a su contraria una pensión compensatoria ni se le reconoció una prerrogativa en tal sentido dentro del acto reclamado, ya que solo se dejaron a salvo los derechos para que las partes gestionen lo conducente en la vía y forma que corresponde sobre las prerrogativas que tienen o creen tener; lo que únicamente implica que, de ser su intención, podrán litigar en otra instancia la pretensión relativa, más no que desde ahora exista un juzgamiento o reconocimiento apriorístico sobre la viabilidad del derecho. Al respecto, se invoca por analogía la tesis con registro digital: 355806, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materias(s): Civil, que dice:"DERECHOS, DECLARACION DE DEJAR A SALVO LOS. La declaración por la cual se dejan a salvo los derechos que las partes crean tener sobre un inmueble en disputa, para que los ejerciten en la vía y forma que legalmente proceda, no puede considerarse que causa daño o perjuicio, porque con tal declaración y sin ella, quedan las partes capacitadas para ejercitar los derechos que tengan o crean tener sobre dicho inmueble, y por consiguiente, no depende de esa declaración el que terceros queden expuestos a las molestias de un nuevo juicio, y que sus derechos de posesión y propiedad, queden inseguros." Sin perjuicio de que, como ya se mencionó, el porcentaje que por pensión se fijó para su contraria fue por concepto de alimentos provisionales; lo cual es objeto de otra apelación, y hoy, materia de un diverso juicio constitucional. Por lo expuesto se concluye que los conceptos de violación son infundados, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal a su demandante; sin que se advierta cuestión susceptible de repararse en su beneficio en suplencia de la queja; cobrando aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Negativa que se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ., contra actos de la Primera Sala y Juez Trigésimo Tercero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió electrónicamente el licenciado ..., en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2238/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

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