Miguel Elías Favela Galindo

Expediente 582/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
582/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Miguel Elías Favela Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintitrés de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, pues se desechó la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. Se hace constar que en el presente no obran documentos originales a devolver. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la demanda de amparo,..." Fórmese expediente ." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que del estudio integral de la demanda que se analiza se advierte, que resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, del citado ordenamiento, toda vez que los actos que reclaman los quejosos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta los preceptos invocados, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se desprende que la autoridad responsable para los efectos del amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría aquellas. De igual forma, prevén que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. ."Así, debe entenderse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Atento a lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio. En este punto, conviene precisa que de acuerdo con la doctrina, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Por otra parte, conforme al párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, también pueden ser considerados actos de autoridad los realizados por particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, partiendo de la base jurídica expuesta, debe precisarse, que los quejosos reclaman: "4. ACTO RECLAMADO. Es el acuerdo emibdo por el Tribunal Arbitral de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, en el sentido que causa agravios a los quejosos en el sentido que los árbitros designados han sido omiso en acordar: PRIMERO. La solicitud de mis mandantes de hacer el cambio de los Árbitros, en términos de los artículos 1426 1428 del Código de Comercio en atención al Principio de Imparcialidad- En atención a que con fecha tres de del año dos mil diecinueve di contestación al procedimiento arbitral- SEGUNDO. El Tribunal Arbitral se ha negado y ha hecho caso omiso en hacer del conocimiento a la Autoridad señalada como el C. JUEZ CIVIL COMPETENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En aras de que el procedimiento este conforme a los lineamientos del Código de Comercio en vigor. Tal y como lo determino en acuerdo de veinticinco de agosto del año dos mil veinte en su ACUERDO CON NÚMERAL CUARTO. No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitud de los promoventes respecto de hacer del conocimiento de la autoridad judicial sobre el presente procedimiento arbitral por las razones fundadas y. motivadas expuestas en la parte conducente en este acuerdo." De lo anterior, se colige que los quejosos reclaman el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, en el que el Tribunal Arbitral no acordó de conformidad el cambio de árbitros solicitado por los quejosos, así como tampoco la petición de hacer del conocimiento el procedimiento arbitral al Juez Civil competente de la Ciudad de México. Al respecto, se estima que el Tribunal Arbitral de la Ciudad de México, y los Árbitros Leopoldo Andrés Soto Moreno y Sebastián Arriaga Vélez Ladrón de Guevara, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Es así toda vez que el arbitraje es un medio jurídico para resolver litigios basado en la voluntad de las partes que eligen a particulares, a quienes les confían la toma de una decisión de suyo obligatoria, con lo que buscan rapidez, economía e imparcialidad; por lo que, como negocio jurídico, sustituye a la jurisdicción civil del Estado, en la medida en que los sujetos obligados acuden a él para evitar un procedimiento jurisdiccional que podría resultar más lento y costoso. Así, por voluntad de las partes, el árbitro se convierte en Juez de esa controversia específica, cuya facultad queda limitada a resolver sobre lo que se le encomienda. El árbitro, por disposición de ley, tiene la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, y como éstos emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual carácter tiene el laudo que emite. Por tanto, el árbitro realiza una actividad materialmente jurisdiccional; sin embargo, carece de fuerza o imperio para ejecutar la determinación que dicta, por lo que debe ser auxiliado por el órgano estatal para tal efecto. De acuerdo con diversos criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen tres clases de arbitraje: i) El voluntario o contractual. ii) El forzoso o necesario, y iii) El intermedio. En esa medida, el acto reclamado deriva de un procedimiento arbitral de tipo convencional, basado en la autonomía de la voluntad y, en esa medida, se considera que los árbitros no tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo respectivo; de ahí que no gozan de facultad de imperio y, como consecuencia, no pueden conceptuarse como autoridades del Estado, ni sus actos son equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el primer párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Consecuentemente, como el acto reclamado no se funda en un acto u omisión de autoridad, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 1º y fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Benjamín Franklin número 20, interior 4, piso 3, colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, código postal 1800. Correo electrónico. Respecto al correo electrónico hrb730520@hotmail.com, no ha lugar tenerlo por señalado para recibir notificaciones, toda vez que de conformidad con fundamento en la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es para el caso de que este órgano jurisdiccional considere necesario contactar a la parte quejosa por esa vía, sin embargo, no para para que por esa vía se le puedan practicar las notificaciones. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yoshie Daniela Fernández Acosta, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tiene por autorizado a Héctor Robles Bonilla, para oír y recibir notificaciones, por no contar con su cédula profesional registrada en el citado sistema, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y para los mismos efectos a las demás personas que indica. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del expediente. Notifíquese por el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A MIGUEL ELÍAS Y MIGUEL HUMBERTO, AMBOS DE APELLIDOS FAVELA GALINDO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 23 DE OCTUBRE DE 2020.

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