Miguel Elías Favela Galindo
Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Elías Favela Galindo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de catorce de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, pues se desechó la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto, sin que ello implique vulnerar derecho alguno de las partes. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5° de la ley en mención, y que esto podrá hacerse por sí, por conducto de su representante legal o por conducto de su apoderado. De igual modo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), de registro 2018943, sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62-enero de 2019, tomo I, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Como se aprecia del criterio trascrito, cuando se presente una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL", por diversa persona y no por la parte quejosa; el juez de Distrito está facultado para desecharla de plano al no apreciarse la voluntad de quien aparece como promovente. Lo anterior, porque la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica, no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo; puesto que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, a efecto de otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Sobre esa base, la falta de firma electrónica de la quejosa no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenirla para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En el caso se advierte, que la demanda de amparo que dio origen a este juicio se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de Yoshie Daniela Fernández Acosta, no así de quienes figuran como quejosos. Por tanto, se considera que la parte promovente del amparo no incorporó manifestación de voluntad alguna en el ejercicio de un derecho y debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de su ocursante para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Por tanto, lo expuesto conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la multicitada falta de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, no expresa la voluntad de realizar dicho acto y, por ende, de la acción constitucional. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Benjamín Franklin número 20, interior 4, piso 3, colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, código postal 1800. Respecto al correo electrónico hrb730520@hotmail.com, no ha lugar tenerlo por señalado para recibir notificaciones, toda vez que de conformidad con fundamento en la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es para el caso de que este órgano jurisdiccional considere necesario contactar a la parte quejosa por esa vía, sin embargo, no para para que por esa vía se le puedan practicar las notificaciones. En cambio, ténganse por autorizadas de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, Yoshie Daniela Fernández Acosta y Héctor Robles Bonilla, en virtud de no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír y recibir toda clase de documentos, notificaciones, imponerse de autos, recoger documentos y valores, en términos de la última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que precisa. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del expediente. Transparencia. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13, de la ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, considere reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.
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