Miguel Elías Favela Galindo
Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Elías Favela Galindo
- Miguel Elías Favela Galindo y Otros.
Actuaciones
- Principal
."Vista la primera y segunda, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. Documentos. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. ."Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, del citado ordenamiento, toda vez que los actos que reclaman los quejosos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta los preceptos invocados, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: I. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se desprende que la autoridad responsable para los efectos del amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría aquellas. De igual forma, prevén que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, debe entenderse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Atento a lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio. En este punto, conviene precisa que de acuerdo con la doctrina, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Por otra parte, conforme al párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, también pueden ser considerados actos de autoridad los realizados por particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, partiendo de la base jurídica expuesta, debe precisarse, que los quejosos reclaman: "ACTO RECLAMADO. Es el acuerdo emitido por el Tribunal Arbitral de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinte, en el sentido que causa agravios a los quejosos en el sentido de los árbitros designados han sido omisos en acordar: PRIMERO. La solicitud de mis mandantes de hacer el cambio de los Árbitros, en términos de los artículos 1426 y 1428 del Código de Comercio en atención al Principio de Imparcialidad. En atención a que con fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve di contestación al procedimiento arbitral. SEGUNDO. El Tribunal Arbitral se ha negado y ha hecho caso omiso en hacer del conocimiento a la Autoridad señalada como el C JUEZ CIVIL COMPETENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En aras de que el procedimiento este conforme a los lineamientos del Código de Comercio en vigor. Tal y como determinó en acuerdo de veinticinco de agosto del año dos mil veinte en su ACUERDO CON NUMERAL CUARTO ".No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado de los promoventes respecto de hacer del conocimiento de la autoridad judicial sobre el presente procedimiento arbitral por las razones fundadas y motivadas expuestas en la parte conducente en este acuerdo.", De lo anterior, se colige que los quejosos reclaman el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, en el que el Tribunal Arbitral no acordó de conformidad el cambio de árbitros solicitado por los quejosos, así como tampoco la petición de hacer del conocimiento el procedimiento arbitral al Juez Civil competente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, se estima que del Tribunal Arbitral de la Ciudad de México, y Árbitros Leopoldo Andrés Soto Moreno y Sebastián Arriasga Vélez Ladrón de Guevara, no tienen el carácter de autoridades para efectos del presente juicio de amparo. Es así toda vez que el arbitraje es un medio jurídico para resolver litigios basado en la voluntad de las partes que eligen a particulares, a quienes les confían la toma de una decisión de suyo obligatoria, con lo que buscan rapidez, economía e imparcialidad; por lo que, como negocio jurídico, sustituye a la jurisdicción civil del Estado, en la medida en que los sujetos obligados acuden a él para evitar un procedimiento jurisdiccional que podría resultar más lento y costoso. Así, por voluntad de las partes, el árbitro se convierte en Juez de esa controversia específica, cuya facultad queda limitada a resolver sobre lo que se le encomienda. El árbitro, por disposición de ley, tiene la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, y como éstos emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual carácter tiene el laudo que emite. Por tanto, el árbitro realiza una actividad materialmente jurisdiccional; sin embargo, carece de fuerza o imperio para ejecutar la determinación que dicta, por lo que debe ser auxiliado por el órgano estatal para tal efecto. De acuerdo con diversos criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen tres clases de arbitraje: i) El voluntario o contractual. ii) El forzoso o necesario, y iii) El intermedio. En esa medida, el acto reclamado deriva de un procedimiento arbitral de tipo convencional, basado en la autonomía de la voluntad y, en esa medida, se considera que los árbitros no tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo respectivo; de ahí que no gozan de facultad de imperio y, como consecuencia, no pueden conceptuarse como autoridades del Estado, ni sus actos son equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el primer párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Orienta la anterior afirmación la tesis aislada I.3o.C.385 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ÁRBITROS PRIVADOS. Los árbitros cuando tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes someten a su consideración, como emana de un compromiso formado entre particulares, su función es privada, esto es, los actos que emiten derivan del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes que da origen al procedimiento arbitral; por tanto, se trata de un arbitraje privado voluntario o contractual, debido a que las partes renunciaron al conocimiento de la controversia por una autoridad judicial para someterse a la decisión de un particular; de ahí que no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley reconoce, y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, lógicamente sus funciones no son públicas, sino privadas, lo que significa que carecen de imperio, de manera que los árbitros no pueden conceptuarse como autoridades del Estado ni sus actos son equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el primer párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la ley de la materia, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra." De igual forma, es ilustrativa la tesis aislada, III.4o.C.10 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad". Consecuentemente, como el acto reclamado no se funda en un acto u omisión de autoridad, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 1º y fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo respectivo epígrafe y tenor es: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción". Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en el escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, téngase por señalado el correo electrónico hrb730520@hotmail.com, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda establecer contacto con los promoventes en los casos que se estime necesario. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yoshie Daniela Fernández Acosta, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tiene por autorizado a Héctor Robles Bonilla, para oír y recibir notificaciones, por no contar con su cédula profesional registrada en el citado sistema, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y para los mismos efectos a las demás personas que indica. Exhortación a las partes. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de los quejosos que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13, de la ley referida; así como para precisar las constancias que, en su caso, considere reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a los quejosos.
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