Miguel Eduardo Bojorquez Quiñones

Expediente 896/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
896/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
06/12/2016

Partes del expediente

  • Miguel Eduardo Bojorquez Quiñones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de dieciséis de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado****. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Bravos; Fiscal General Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Familia; Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal; Coordinador Regional Zona Norte de la Policía Estatal Única, División Investigación; Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, División Investigación, asignado a la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Deleito por Razones de Género; Coordinador Especial "B", de la Policía Estatal Única División Investigaciones asignado a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, División Investigación asignado a la Unidad Especializada en Delitos contra la Familia; Coordinador de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte; SubCoordinador de Órdenes de Aprehensión de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte; y el Coordinador de la Policía Única Investigadora Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó la orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación o aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número *******; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación o aprehensión, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal; Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; Coordinador Regional Interino de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, Contra la Familia y Violencia Familiar de la Policía Estatal Única, División Investigación en la Zona Norte; Sub Coordinador Regional Interino de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Policía Estatal Única, División Investigación en la Zona Norte; la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte (Coordinadora General), Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fm.Zn., adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razón de Género, todos con residencia en esta ciudad y en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por *******, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia de las autoridades responsables Fiscal Especializado en Investigación Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *namm

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de partes de este juzgado, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Bravos; Fiscal General Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Familia; Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal; Coordinador Regional Zona Norte de la Policía Estatal Única, División Investigación; Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, División Investigación, asignado a la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Deleito por Razones de Género; Coordinador Especial "B", de la Policía Estatal Única División Investigaciones asignado a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, División Investigación asignado a la Unidad Especializada en Delitos contra la Familia; Coordinador de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte; SubCoordinador de Órdenes de Aprehensión de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte; y el Coordinador de la Policía Única Investigadora Zona Norte, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó la orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación o aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebra de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual Fem-Zn; el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal; el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; el Coordinador Regional Interino de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; el Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, Contra la Familia y Violencia Familiar de la Policía Estatal Única, División Investigación en la Zona Norte; el Sub Coordinador Regional Interino de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género; el Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Policía Estatal Única, División de Investigación en la Zona Norte, y la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (Coordinador General), Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Contra la Familia, todos con residencia en esta ciudad, y en su denominación correcta, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a acreditar la existencia de los mismos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de dichas autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Por su parte el Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razón de Género, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo, pese a que existe constancia en autos de que fue debidamente requerido para ello foja 16 de autos, por lo que se presumen ciertos los actos que se reclaman a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, se concede la suspensión definitiva para los efectos siguientes: A. Respecto de la orden de aprehensión. I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada; es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva y el Juez de Garantía o Juez de Control, según el caso, no pueda dejar de imponerla, y la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen, a la parte quejosa, como medidas de aseguramiento las siguientes: 1. Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para que sea examinada en preparatoria o para el desahogo de las diligencias que se decreten en el procedimiento, debiendo el quejoso acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; 2. Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que estatuye: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que el quejoso es omiso en precisar el delito por el que se le sigue la causa penal de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el que suscribe, estima prudente fijar a las quejosas una garantía por la cantidad de $*******, la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por el juez responsable o de distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. B. Con relación a la orden de detención. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se prive de la libertad a Miguel Eduardo Bojórquez Quiñones. Ahora bien, en caso de haberse llevado a cabo la detención, sin dilación, el quejoso deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación, según corresponda. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la averiguación de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar a la parte accionante una garantía por la cantidad de $*******, la que deberá exhibir ante este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se sorprenda al quejoso en flagrante delito, se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrá ser capturado. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 896/2016; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. C. Con relación a la orden de presentación. Se concede la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la comparecencia ante el Representante social, obtenida a través del cumplimiento de la orden de presentación del imputado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien no tiene como propósito lograr su detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. De esta manera, procede el otorgamiento de la medida suspensional solicitada para que el quejoso comparezca a la diligencia que motiva su presencia y, de no existir alguna causa legal que lo impida debidamente justificada por el Agente del Ministerio Público, éste le deberá permitir retirarse del lugar cuando concluya la diligencia para la que fue citado; lo anterior es así, porque de esta manera no se impide continuar con las diligencias de la averiguación previa hasta que se culmine con la determinación que finalice esa etapa y se garantiza que el quejoso no sea detenido sin justificación legal. Para tales efectos, se establece como requisito de efectividad que: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley; b) Asimismo, deberá comparecer ante el Representante social de la averiguación previa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, a efecto de que desahogue todas y cada una de las diligencias en la averiguación previa. c) De igual forma, deberá presentarse ante dicha Autoridad cuantas veces sea citada, y en caso de inasistencia el Representante social deberá informarlo a este Juzgado de amparo para que se revoque la concesión de la suspensión decretada. Se apercibe al quejoso que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que pueda ser devuelta al Representante social responsable en caso de no obtener la protección constitucional solicitada. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, materia penal, página 1059, del siguiente tenor: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. D. Con relación a la orden de comparecencia y entrevista. Por otro lado, con relación a la ejecución de la orden de comparecencia y entrevista que aduce la quejosa, procede otorgar la suspensión definitiva solicitada, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal. La medida suspensional se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar una garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. b) Asimismo, deberá comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, para la continuación del procedimiento, lo que deberá acreditar ante este Juzgado Federal dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) De igual forma, deberá presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada. Se apercibe a la quejosa que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado. Apoya las anteriores consideraciones, de manera analógica, la jurisprudencia 1a./J. 35/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XXV, de Mayo de 2007, página 430, materia penal, página 430, del siguiente tenor: ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *******, contra los actos y autoridad que quedó precisada en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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