Miguel Antonio Rivas Muñoz

Expediente 974/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
974/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Rivas Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieci******************** de enero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 974/2022-V, promovido por ********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veinti******************** de octubre de dos mil ********************, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ********************, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y/O C TITULAR DE LA H.U. ESP. DE DELITOS PATRIMONIALES ADSCRITA A LA H. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES ORDENADORAS. IV. ACTOS RECLAMADOS.- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMO EL DERECHO DE NOMBRAR DEFENSORES PRIVADOS QUE ME DEFIENDAN EN UN JUICIO PENAL Y TAMBIÉN RECLAMO EL QUE NO SE ME QUIERA EXPIDIR (SIC) COPIA SIMPLE DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICADA CON N´. ÚNICO DE CASO ********************, ADEMÁS RECLAMO E ACTO DE QUE LA FISCALÍA QUIERA SEGUIR CON EL PROCEDIMIENTO PENAL IDENTIFICADO CON NO. ÚNICO DE CASO ******************** Y ASÍ SEGUIR NEGÁNDOSE A DARME MI DERECHO A TENER UNA DEFENSA TÉCNICA ADECUADA Y APROPIADA EN EL ASUNTO PENAL EN COMENTO, Y ASÍ TAMBIÉN NEGÁNDOSE A DARME COPIAS SIMPLES DE LA CARPETA PENAL MULTIMENCIONADA, FUNDÁNDOSE SEGÚN ELLOS QUE EN LAS AUDIENCIAS VENIDERAS ANTE EL JUEZ DE CONTROL ME LAS ENTREGARÍAN PORQUE ASÍ LO ORDENA EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil ********************, se admitió a trámite la demanda de amparo 974/2022-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de ******************** de dos mil ******************** (foja 28), se ordenó notificar mediante lista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil ********************, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de ******************** de dos mil ********************, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele el quejoso, es La investigación que se realiza en su contra, con motivo de la integración de la carpeta de investigación ********************, radicada en la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte. La omisión de acordar su escrito presentado el ******************** de ******************** de dos mil ******************** ante la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, a través del cual designó defensores y peticionó copias de la carpeta de investigación ********************. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora del área de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del Fiscal y el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, indicó que son parcialmente ciertos los actos que le endilga el quejoso; remitiendo al efecto copia certificada de la carpeta de investigación ********************. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En este sentido, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, pues si bien la oficiante remitió copia certificada del proveído de ******************** de ******************** de dos mil ********************, a través del cual acordó la solicitud del justiciable, se desprende que únicamente se resolvió sobre la petición de expedición de copias, siendo omisos en proveer respecto a la designación de defensores; del mismo modo, de dichas constancias se advierte que efectivamente se encuentra en curso una investigación penal en contra del promovente. CUARTO. Análisis de hipótesis de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. Por lo que, por cuestión de orden, de manera primigenia se abordará el estudio de la causal de improcedencia que se actualiza en torno al acto reclamado consistente en: La investigación que se realiza en contra del quejoso, con motivo de la integración de la carpeta de investigación ********************, radicada en la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte. Así, esta Juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los numerales 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.) Los numerales 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales esencialmente prevén las obligaciones del Ministerio Público; las etapas del procedimiento penal, el deber de investigación penal, el objeto de la investigación, las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control y, los actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control. El numeral 211 establece las etapas del procedimiento penal, y en lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica la radicación de una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Por otra parte, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora datos de prueba como autoridad, sin perjuicio, de que durante dicha fase realice actos de investigación. Esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos que existan afectaciones a derechos humanos contenidos en la Constitución y los señalados en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 252, se hace necesaria la intervención de un Juez de Control durante la etapa de investigación. Aspectos los anteriores que se traducen en el principio de igualdad ante la ley, y de igualdad en las partes, pues por un lado todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa y, por otro, garantizar a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Por otra parte, de los numerales 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. Sobre el anterior marco legal, debe decirse que la radicación e integración de la carpeta de investigación, por regla general, no afecta algún derecho subjetivo del gobernado, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues la etapa de investigación inicial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 103/2019, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), sostuvo que salvo las excepciones aquí señaladas, obstaculizar injustificadamente la continuación del proceso penal, como en el caso sería la integración de la carpeta de investigación, va en detrimento del interés social y del derecho de las víctimas. Estimar lo contrario, traería como consecuencia el entorpecer la facultad constitucional del Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, el hecho de que el fiscal integre la carpeta de investigación, no implica per se que quede irreparablemente consumada la violación de los derechos fundamentales del quejoso, pues en el caso que nos ocupa, el ******************** de ******************** de dos mil ******************** el quejoso fue citado a comparecer ante la Representación Social (fojas 4), de ahí que se encuentra en aptitud de consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Máxime que, en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, en el sentido de que, si existen méritos suficientes emitirá un auto de vinculación a fin de formalizar la investigación por medio de la intervención judicial, la que concluirá con el cierre de la misma. De ahí que, cuando se señala como acto reclamado la integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos y sin que del informe justificado se advierta dicha vulneración, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social. En sustento a lo anterior, se cita la tesis jurisprudencial PC.VII.P. J/1 P (11a.), del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, Undécima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025663, del rubro y texto: RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social. En segundo plano, se abordará el estudio del acto reclamado por el quejoso, relativo a: La omisión de acordar su escrito presentado el ******************** de ******************** de dos mil ******************** ante la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, a través del cual designó defensores y peticionó copias de la carpeta de investigación ********************. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de ******************** de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, en la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, el quejoso presentó un escrito, a través del cual designó defensores y solicitó la expedición de copias de la carpeta de investigación ******************** (fojas 5). 2. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, ordenó expedir a favor del quejoso copia simple de las actuaciones que obran dentro de la citada carpeta de investigación, de lo cual quedó notificado ******************** el ******************** de ******************** del citado año, según consta al calce de dicho proveído (fojas 42). 3. El ******************** de ******************** de dos mil ********************, la Representación Social acordó de conformidad la designación de defensores y sus auxiliares, hecha por el aquí quejoso; reiterándole que las copias peticionadas se encontraban a su disposición en esas oficinas, lo cual se notificó al quejoso el ******************** de ******************** pasado (fojas 53). Luego, lo resuelto el ******************** y ******************** de ******************** de dos mil ********************, y sus efectos, trascienden ineludiblemente a los actos reclamados en este juicio, pues en los proveídos dictados en esas fechas, se acordó de conformidad la designación de defensores hecha por el quejoso, además de su solicitud de expedirle copias de las actuaciones que integran la indagatoria ********************. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar los autos reclamados, merced a lo acordado el ******************** y ******************** de ******************** de dos mil ********************, de guisa que la omisión impugnada inicialmente ya no tendrá las consecuencias jurídicas que impulsaron a la parte quejosa a promover este juicio constitucional. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica; y a las autoridades señaladas como responsables a través de oficio. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la Coordinadora de Agentes del Ministerio Publico de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte y del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, da cumplimiento al requerimiento formulado el cinco y diecinueve del actual; así, en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de auto de ******************** de ******************** del año actual, donde tuvo al aquí quejoso, designando como defensores particulares a los licenciados ********************, de lo anterior toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 1242 de la legislación en cita. Notifíquese por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que hasta el momento la autoridad responsable, agente del Ministerio Publico, en funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, y agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ha sido omisa en dar cabal cumplimiento al requerimiento hecho en proveído de cinco de diciembre del presente año, del cual quedó debidamente notificada con el oficio 29896/2022, el seis de mismo mes y año. En tal sentido, requiérase para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, envíe las constancias que acrediten que efectivamente el seis de julio de dos mil veintidós, acordó lo relativo al nombramiento de los defensores que refiere la parte quejosa, quedando subsistente el apercibimiento decretado el veinticinco de octubre del actual para en caso de inobservancia. Por tanto, a fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo se señalan las nueve horas con diez minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad resposable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano