Miguel Eduardo Espriella Cano
Expediente 817/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Eduardo Espriella Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Cambio de titular Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Juez Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Estado de autos Por otro lado visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, el once de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo, por las razones ahí expuestas. Causa ejecutoria la sentencia Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia referida en el párrafo que antecede, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por otro lado, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es DESTRUIBLE, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 817/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 817/2022-VI. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado en esa misma data a este juzgado, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua, y Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo se registró con el número 817/2022-VI y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de desalojo del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua , residente en la capital de esta entidad federativa, y Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo; adicionado que el referido inmueble no es propiedad de dicha comisión; y que no cuentan con facultades para realizar actos de esa naturaleza. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas. Ahora, no se soslaya que el quejoso acompañó al escrito inicial de demanda, las documentales siguientes: 1.- Credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con domicilio en *******, en esta ciudad (copia simple); 2.-Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a favor de *******, relativo al domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (copia simple); y, 3.- Recibo expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, a favor de *******, relativo al domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (original). Sin embargo, dichas constancias devienen insuficientes para acreditar la existencia del acto reclamado; por tanto, procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 817/2022-VI, promovido por ******* Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua, sito en la capital; y como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
InterlocutoriaCiudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 817/2022-VI. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de septiembre del año en curso, *******, solicito el amparo y la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Chihuahua, con residencia en la capital de esta ciudad y otra autoridad, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se señaló esta fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, desahogada al tenor de la audiencia que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, con residencia en la capital de esta ciudad, al rendir informe previo, manifestó que no son ciertos los actos reclamados; lo anterior, sin que las documentales ofertadas por la parte quejosa, desvirtuaran dichas negativas. Con base en lo anteriormente expuesto, en términos de los artículos 128 y 146, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto a los actos que se reclamaron a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO.- Existencia del acto reclamado. El Delegado de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante, que fue debidamente requerido para tal efecto, según constancia actuarial; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley del amparo, se tiene por cierto el acto reclamado, únicamente para efectos de resolver la presente incidencia. CUARTO.- Determinación. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia reclamando lo siguiente: IV.-ACTO RECLAMADO. De la autoridad señala como ordenadora reclamo la posible orden de desalojo que se haya librado para privarme de la posesión del inmueble ubicado en ******* en esta ciudad, y de la autoridad ejecutora el cumplimiento de lo que le fuera ordenado por la primer autoridad mencionada, lo anterior fuera de todo procedimiento legal, y que pueda ser ejecutada por la autoridad señalada como responsable y ejecutora en el inciso b). Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: VII.- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- En los términos de los artículos 125, 126 y demás relativos de la Ley de amparo, solicito la suspensión de los actos reclamados, dado que son de imposible reparación los prejuicios que se me ocasionaran al desalojarme del inmueble ubicado en******* en esta ciudad, asimismo y en su oportunidad se decrete la suspensión definitiva que es procedente, ya que con la misa no se lesiona interés general ni disposición de orden público. En el caso, respecto de la suspensión solicitada, se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Sin embargo, debe precisarse que la suspensión peticionada deviene improcedente, toda vez que la parte quejosa no acreditó ni aun de manera indiciaria o presuntiva la titularidad del derecho que refiere ejercer sobre el bien inmueble del cual dice se le pretende desposeer. Lo anterior, en virtud de que conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo para que se otorgue la suspensión es necesario que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, y no se contravengan disposiciones de orden público. Y el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado implica la demostración del interés en forma presuntiva, porque así la parte quejosa demuestra indiciariamente que le agravia el acto reclamado y concilia el interés social y orden público derivado del acto reclamado, con el interés de la parte quejosa en que se suspenda el acto que reclama hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el fondo del juicio de amparo. Ese acreditamiento implica la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer en forma indiciario presuntiva que es realmente titular de un derecho de propiedad sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la desposesión; esto es, la parte quejosa debió ofrecer pruebas que permitan presumir que actualmente mantiene la posesión del bien inmueble. Ahora, el quejoso a fin de acreditar su interés suspensional el quejoso anexo al escrito inicial de demanda lo siguiente: 1.- Credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con domicilio en *******, en esta ciudad (copia simple); 2.-Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a favor de *******, relativo al domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (copia simple); y, 3.- Recibo expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, a favor de Oscar Corella V., relativo al domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (original). Por lo tanto, la sola manifestación de una desalojo, así como la credencial para votar y los recibos relativos a los servicios de agua y luz, no configuran el interés presuntivo, porque no dan certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente el quejoso tiene una causa legal y que realmente posee el citado bien inmueble; y por ende, tener por acreditado presuntivamente su interés suspensional. Igualmente, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página: 956, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa.Por lo expuesto y fundado, se;RESUELVE:ÚNICO. Se niega a *******, la suspensión definitiva en términos de lo expuesto en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución.Notifique por lista electrónica.Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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