Miguel Culej Culej y Otros.

Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
15/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Miguel Culej Culej y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia Judicial de Ocosingo, el original del expediente 81/2017, relativo al juicio Ordinario Civil (un tomo con 250 fojas), que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de diez de enero del presente año, por las consideraciones que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, el proveído de mérito y las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto señale domicilio actual y correcto para tales efectos. Notifíquese. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento el contenido del auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del amparo directo 7/2018, de su índice; del que se desprende que la Superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y remite: 1) Escrito original de demanda promovida por Miguel Culej Culej y Juan José Reyes Gómez, y una copia de la misma; 2) Oficio número 1392-C/2017, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, con residencia en esa ciudad; por el que rinde informe justificado. 3) Constancia de emplazamiento de Francisco Lara Moscoso, en su carácter de tercero interesado y el libelo de alegatos exhibido por aquél. 4) Original del expediente 81/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil, con acción de división de copropiedad, promovido por Francisco Lara Moscoso contra los ahora quejosos. Para el mejor manejo de las constancias citadas en el inciso "4)", se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contiene; el cual queda en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 15/2018 3-C; Acúsese de recibo a la Superioridad. COMPETENCIA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda promovida por Miguel Culej Culej y Juan José Reyes Gómez, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas. 2. Actuaria civil adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas. Respecto del acto reclamado consistente en:  La resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, emitida dentro del juicio ordinario civil, con acción de división de copropiedad, con número de expediente 81/2017, que declaró improcedente el recurso de revocación contra el auto de veinticuatro de marzo de la citada anualidad, que en rebeldía de los quejosos, designó perito en materia de agrimensura. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 , fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Los preceptos invocados establecen que el juicio de amparo bi-instancial resulta improcedente contra actos emitidos dentro de juicio y/o procedimiento que no sean de imposible reparación, siendo estos actos aquellas resoluciones o actos que no afectan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, por lo que tratándose de actos que produzca una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que es de la voz siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". En ese tenor, no es dable considerar que el acto de autoridad produce una afectación trascendental a los derechos sustantivos de la parte quejosa, si las consecuencias de la posible violación ocurrida dentro del juicio pueden extinguirse en la realidad -sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica-, porque tal violación es susceptible de ser reparada a través de la sentencia definitiva que resulte favorable a la parte y, aún en la hipótesis que la resolución definitiva del juicio natural le resulte adversa a la parte que se dice agraviada, esa violación procedimental puede ser reparada a través del juicio de amparo uni-instancial que se promueva contra la resolución definitiva al impugnarse la misma. Como se anticipó, la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida por 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, del Estado de Chiapas en el recurso de revocación deducido del juicio ordinario civil 81/2017 de su índice, no es un acto que produzca afectación en los derechos sustantivos de los quejosos, pues, en ésta el juez de origen declaró improcedente el citado medio de impugnación que se hizo valer contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el que se efectuó la designación de perito en materia de agrimensura (apeo y deslinde) en rebeldía de los peticionarios, al considerar la autoridad responsable que los demandados habían perdido ese derecho en el contradictorio de origen, al no haber hecho el señalamiento de algún experto en esa materia al contestar la demanda, siendo -desde la perspectiva del juez natural- ese momento el estadio oportuno para ello. En efecto, se considera demostrada de forma indudable y manifesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, debido a que los efectos de la resolución aquí reclamada no afectan directa e inmediatamente alguno de derechos sustantivos de la parte quejosa establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que, en su caso, pudiera resentir la parte demandada -ahora solicitantes de amparo- en sus derechos, corresponden a esa naturaleza adjetiva, en virtud de la designación en rebeldía de éstos, de un perito en la materia citada en el párrafo anterior. Además, a consideración de este órgano de control constitucional, la determinación adoptada por la responsable, al designar un perito en rebeldía ante la pérdida del derecho procesal que tuvieron los peticionarios para ello, no produce efectos de imposible reparación, pues contrario a ello, a través del experto designado por el juzgado natural, los quejosos contaron con la oportunidad de hacer valer el dictamen en la materia de agrimensura (apeo y deslinde) que a su derecho corresponda, y en su caso oponerse a la evaluación que rinda el experto señalado por su contraparte. En ese tenor, la designación del perito en rebeldía realizado por el Juez natural a favor de los peticionarios, implica el desahogo de un medio de prueba permitido por la legislación procesal civil del Estado de Chiapas, y los efectos de su desahogo, en virtud de su naturaleza, no implican la violación a derecho sustantivo alguno reconocido en la Constitución, o bien en los instrumentos internacionales reconocidos por el Estado, dado que, el mecanismo de su desahogo es través de la medición y comparación de superficies, sin que ello repercuta en los derechos personales de los quejosos, como podrían ser integridad física, salud psicológica o estado emocional, entre otros. Por tanto, el desahogo de la probanza a cargo de un perito en rebeldía no produce en modo alguno afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues en todo caso, su desahogo, valoración y efectos probatorios repercuten en el fallo que ponga fin al juicio ordinario civil de origen y, de ocurrir ello, se estaría en presencia de violaciones de carácter procedimental, contra las cuales es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por analogía, sirve de aplicación la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que es de la voz siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL"." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a Lilian Marina Escobedo Martínez y Mary Llenner Villatoro Córdova, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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