Miguel Bolaños Gordillo
Expediente 1296/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2017
Partes del expediente
- Miguel Bolaños Gordillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el juicio de amparo 1296/2017, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Ahora, toda vez que el tribunal desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 4 a 9), en el que se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda interpuesta; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 29810/2017, del índice de este juzgado, e informa que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, radicándolo con el número 544/2017. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la parte quejosa ***, por medio del cual promueve recurso de revisión. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de revisión que hace valer en contra del proveído de veinticinco de octubre del año en curso (fojas 4 a 9); en consecuencia, una vez notificado el presente proveído en términos de ley, remítanse los autos originales del juicio de amparo número 1296/2017, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, para la debida substanciación del medio de impugnación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición del recurso de revisión, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. En el entendido de que el trámite dado al presente recurso se realizó en términos de lo dispuesto por los artículos 81, 84, 86 y 88 de la ley de la materia, por así haberlo interpuesto la parte quejosa, no encontrándose facultado este órgano jurisdiccional para reencauzar el medio de impugnación. . Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese. .
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor "PROFECO", con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1296/2017-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se titula "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Por lo que en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente cualquiera que sea la instancia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1º.J/5 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora, de oficio se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217, del mismo ordenamiento y 8º Constitucional, como se verá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. "Artículo 8. Los funcionarios o empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de amparo no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de la Materia, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el ordinal 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal, así como del fuero común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Al respecto, tiene aplicación por las razones que indica, la jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguientes "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". En ese sentido, del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente bajo protesta de decir verdad manifiesta que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, presentó ante la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor "PROFECO", con sede en esta ciudad, un escrito mediante el cual, hizo de su conocimiento que la persona moral denominada Megacable le había suspendido el servicio, pese a que se encontraban en periodo de conciliación, derivado de la queja que se formó bajo el número de expediente 865/2017, solicitándole se le multara y se le previniera a efecto de que le restableciera el servicio; sin embargo, aduce el promovente que hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete), el aludido organismo Público señalado como responsable, no le ha dado contestación a su petición, lo que vulnera su derecho fundamental consagrado en el artículo 8º Constitucional. Cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona goza del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, al cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De ahí que, aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido en el goce de ese derecho fundamental. También cierto es, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por el peticionario, éste debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 42/2001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Además, es preciso señalar que para determinar si una autoridad en ejercicio de sus funciones omitió contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición formulada, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, el ahora quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que formuló petición ante la responsable el día veinte de octubre de dos mil diecisiete, sin que a la fecha de presentación de su demanda que se provee (veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete), haya transcurrido un lapso razonable, tal y como se advierte del siguiente cuadro temático: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Presentación de escrito 21 inhábil 22 inhabil 23 24 presentación de demanda de amparo 25 26 27 28 29 Luego, es incuestionable que la referida autoridad goza del plazo de tres días, para hacer saber al ahora quejoso el acuerdo que recaiga a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en términos de su numeral 114, que a la letra establecen: "ARTICULO 297.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I.- Diez días para pruebas, y II.- Tres días para cualquier otro caso". "ARTÍCULO 114.- El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría le confiere la ley. Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe. El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, podrá requerir la emisión de un dictamen a través del cual se cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, dentro de los quince días siguientes, donde en su caso, hará del conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, las cuales podrán formular durante la audiencia observaciones al mismo. La Procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen a que se refieren los párrafos anteriores, que constituirá título ejecutivo no negociable a favor del consumidor, siempre y cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la que el proveedor podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes. De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En caso de que el proveedor no firme el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa. Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles". Lo anterior es así, ya que el quejoso refiere que su petición la realizó en el procedimiento conciliatorio derivado la queja 865/2017, mismo que se rige bajo los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual, si bien es omisa en establecer algún plazo para dicha actuación, lo cierto es que prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por lo tanto, el breve término a que se refiere el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe comprenderse al plazo relativo a los trámites correspondientes, esto es, a los procedimientos y términos a que están sujetos los funcionarios para dar respuesta y notificar a los promoventes que realizaron sus peticiones, como es el procedimiento conciliador, lo que de una sana lógica, no es posible que a la fecha de presentación de su escrito de demanda, en la que han transcurrido únicamente un día, la autoridad responsable esté en aptitud de emitir el acuerdo correspondiente en relación a su petición. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro siguiente "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos restringidos a Mauro Bolaños Gordillo, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En el entendido que una vez que tenga registrada su cédula en dicho sistema, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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