Miguel Arcos Díaz y Otros.
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2021
Partes del expediente
- Miguel Arcos Díaz y Otros.
- Miguel Arcos Díaz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Salto de Agua, Chiapas. 2. Encargado de la Comandancia Regional Zona Selva, con sede en Palenque, Chiapas. 3. Jefe de Grupo Encargado de la Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada dependiente de la Comandancia Regional Zona Selva, con sede en Palenque, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 300/2021-2-B. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se arriba a la conclusión que debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercitar la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de detención librada en su contra, con motivo de la orden de aprehensión, dentro de la causa penal ***, del índice del Juez responsable y su ejecución; de lo que se colige que se trata de un acto en el que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezado "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Ahora, de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo ***, radicado en este juzgado, promovido por *** y otros, en el cual se examinó la constitucionalidad de la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ***, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas. En ese orden, de las constancias que integran el referido juicio de amparo, se advierte que la orden de captura reclamada en el expediente ***, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este órgano de control constitucional, situación que constituye un hecho notorio, de conformidad con el numeral 88, del código adjetivo invocado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Bajo esa guisa, del expediente ***, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, ***, ***, *** y ***, promovieron juicio de amparo, en el que reclamaron la orden de detención o aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. 2. Durante el trámite del juicio de amparo, se recibió el informe con justificación del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas, en el que reconoció la existencia del acto reclamado. 3. Desahogado el procedimiento en todas sus etapas, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó resolución definitiva en la que se concedió el amparo y protección solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal ***, únicamente por lo que hace a los quejosos ***, ***, *** y *** y en su lugar, emita una nueva resolución, la que con libertad de jurisdicción, podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, purgando los vicios formales que la afectan; es decir: a) En relación al cuerpo de los delitos de despojo y su calificativa, así como de abigeato, deberá realizar el estudio de todos y cada uno de los elementos conformadores de los delitos de referencia, así como los medios de prueba que demuestran cada uno de ellos, los hechos obtenidos de dichas probanzas que revelaron la existencia de tales supuestos descriptivos del tipo, el juicio valorativo de éstas y la manera en que los hechos demostrados encuadraron en las hipótesis delictivas que se les atribuyen a los indiciados aquí quejosos; b) En lo relativo a la probable responsabilidad penal de los quejosos en la comisión de los delitos de despojo agravado y abigeato, el Juez responsable deberá expresar con precisión, de manera separada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa; es decir, deberá precisar las pruebas con las que se encuentra demostrada la probable responsabilidad de los indiciados en grado de coautoría material, qué conducta probablemente desplegaron en la comisión de los injustos, el valor que tienen cada una de las pruebas, precisando el precepto legal que se los otorga; y qué se obtiene de cada una de dichas pruebas; c) Asimismo, deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los mencionados delitos y qué participación tuvieron los inculpados en los mismos; y d) Deberá abstenerse de otorgar valor probatorio alguno al dictamen contenido en el oficio 9117 al 9117 de nueve de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el perito ***, con la que tuvo por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos imputados a los aquí quejosos." 4. Por lo que en atención a lo anterior, en auto de siete de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien por oficio de cinco de julio de dos mil dieciocho, comunicó que por auto de esa misma fecha, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la orden de búsqueda y aprehensión dictada por esa autoridad el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en autos de la causa penal *** y emitió una nueva, dentro de los autos del expediente penal *** de su índice, atendiendo las directrices señaladas en la ejecutoria concesoria de amparo. 5. Derivado de lo anterior, en auto de veinticinco de julio del mismo año, se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, mismo que fue notificado a la parte quejosa el treinta y uno de julio siguiente, y mediante determinación de siete de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por cumplida la sentencia que resolvió en definitiva dicho expediente Ahora, cabe destacar que en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado, aconteció lo siguiente: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, ***, ***, *** y ***, promovieron juicio de amparo, en el que reclamaron la orden de aprehensión dictada el cinco de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal *** del registro del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Salto de Agua, Chiapas. 2. En acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional, requirió al quejoso ***, para que compareciera a ratificar la demanda, en atención de que ésta carecía de firma, situación que no aconteció, motivo por el cual, en diverso auto de veintisiete de agosto siguiente, se tuvo por no presentada la demanda respecto del referido quejoso y se admitió a trámite por lo que hace a los restantes; inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión en su contra, mismo que fue desechado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en autos del amparo en revisión *** de su índice, y en proveído de veintiocho de noviembre siguiente, quedó firme el diverso auto por el que se tuvo por no presentada la demanda respecto a *** en atención al desechamiento del medio de impugnación intentado en su contra. 3. Desahogado el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución definitiva en la que se negó el amparo solicitado, determinación que fue impugnada por la parte quejosa, y del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado indicado con antelación, mismo que en sesión de diez de julio de dos mil diecinueve, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: "Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de cinco de julio de dos mil dieciocho, que libró por los delitos de despojo y abigeato, únicamente en lo que atañe a ***, *** y ***. b) Siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, considere que no se encuentran acreditados los elementos de los delitos en mención. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios." 4. En atención a lo anterior, por auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, requirió al Juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en diverso proveído de diecinueve de noviembre anterior, tuvo por recibidas las copias certificadas de la resolución de dieciocho de octubre del mismo año, dictada en la causa penal *** de su registro, de la que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, respecto a los quejosos ***, *** y ***. De lo expuesto, se colige que el peticionario de mérito tuvo conocimiento de la orden de captura reclamada, desde el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que este órgano jurisdiccional le dio vista con el auto de incoación de cinco de julio de ese mismo año, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Salto de Agua, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este propio Juzgado en autos del diverso juicio de amparo ***. Además, que en acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el diverso expediente ***, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto del aquí quejoso ***. Luego, tomando en consideración que el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ***, del índice del juzgado señalado como responsable, desde el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el escrito de demanda de amparo en la presente instancia, presentada hasta el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, resulta extemporánea, pues lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término de quince días para instar el juicio de amparo. Es aplicable, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de epígrafe "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO". Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama (treinta y uno de julio de dos mil dieciocho); sin embargo, al no hacerlo, la misma resulta extemporánea. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por propio derecho por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, no ha lugar a realizar notificaciones a través del correo electrónico indicado, ya que ese medio de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido por la Ley de Amparo, para tal efecto. No obstante, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De la misma forma y de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Salto de Agua, Chiapas. 2. Encargado de la Comandancia Regional Zona Selva, con sede en Palenque, Chiapas. 3. Jefe de Grupo Encargado de la Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada dependiente de la Comandancia Regional Zona Selva, con sede en Palenque, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 300/2021-2-B. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se arriba a la conclusión que debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercitar la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de detención librada en su contra, con motivo de la orden de aprehensión, dentro de la causa penal ***, del índice del Juez responsable y su ejecución; de lo que se colige que se trata de un acto en el que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezado "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Ahora, de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo ***, radicado en este juzgado, promovido por *** y otros, en el cual se examinó la constitucionalidad de la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ***, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas. En ese orden, de las constancias que integran el referido juicio de amparo, se advierte que la orden de captura reclamada en el expediente ***, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este órgano de control constitucional, situación que constituye un hecho notorio, de conformidad con el numeral 88, del código adjetivo invocado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Bajo esa guisa, del expediente ***, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, ***, ***, *** y ***, promovieron juicio de amparo, en el que reclamaron la orden de detención o aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. 2. Durante el trámite del juicio de amparo, se recibió el informe con justificación del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas, en el que reconoció la existencia del acto reclamado. 3. Desahogado el procedimiento en todas sus etapas, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó resolución definitiva en la que se concedió el amparo y protección solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal ***, únicamente por lo que hace a los quejosos ***, ***, *** y *** y en su lugar, emita una nueva resolución, la que con libertad de jurisdicción, podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, purgando los vicios formales que la afectan; es decir: a) En relación al cuerpo de los delitos de despojo y su calificativa, así como de abigeato, deberá realizar el estudio de todos y cada uno de los elementos conformadores de los delitos de referencia, así como los medios de prueba que demuestran cada uno de ellos, los hechos obtenidos de dichas probanzas que revelaron la existencia de tales supuestos descriptivos del tipo, el juicio valorativo de éstas y la manera en que los hechos demostrados encuadraron en las hipótesis delictivas que se les atribuyen a los indiciados aquí quejosos; b) En lo relativo a la probable responsabilidad penal de los quejosos en la comisión de los delitos de despojo agravado y abigeato, el Juez responsable deberá expresar con precisión, de manera separada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa; es decir, deberá precisar las pruebas con las que se encuentra demostrada la probable responsabilidad de los indiciados en grado de coautoría material, qué conducta probablemente desplegaron en la comisión de los injustos, el valor que tienen cada una de las pruebas, precisando el precepto legal que se los otorga; y qué se obtiene de cada una de dichas pruebas; c) Asimismo, deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los mencionados delitos y qué participación tuvieron los inculpados en los mismos; y d) Deberá abstenerse de otorgar valor probatorio alguno al dictamen contenido en el oficio 9117 al 9117 de nueve de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el perito ***, con la que tuvo por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos imputados a los aquí quejosos." 4. Por lo que en atención a lo anterior, en auto de siete de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien por oficio de cinco de julio de dos mil dieciocho, comunicó que por auto de esa misma fecha, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la orden de búsqueda y aprehensión dictada por esa autoridad el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en autos de la causa penal *** y emitió una nueva, dentro de los autos del expediente penal *** de su índice, atendiendo las directrices señaladas en la ejecutoria concesoria de amparo. 5. Derivado de lo anterior, en auto de veinticinco de julio del mismo año, se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, mismo que fue notificado a la parte quejosa el treinta y uno de julio siguiente, y mediante determinación de siete de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por cumplida la sentencia que resolvió en definitiva dicho expediente Ahora, cabe destacar que en el diverso juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado, aconteció lo siguiente: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, ***, ***, *** y ***, promovieron juicio de amparo, en el que reclamaron la orden de aprehensión dictada el cinco de julio de dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal *** del registro del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Salto de Agua, Chiapas. 2. En acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional, requirió al quejoso ***, para que compareciera a ratificar la demanda, en atención de que ésta carecía de firma, situación que no aconteció, motivo por el cual, en diverso auto de veintisiete de agosto siguiente, se tuvo por no presentada la demanda respecto del referido quejoso y se admitió a trámite por lo que hace a los restantes; inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión en su contra, mismo que fue desechado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en autos del amparo en revisión *** de su índice, y en proveído de veintiocho de noviembre siguiente, quedó firme el diverso auto por el que se tuvo por no presentada la demanda respecto a *** en atención al desechamiento del medio de impugnación intentado en su contra. 3. Desahogado el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dictó resolución definitiva en la que se negó el amparo solicitado, determinación que fue impugnada por la parte quejosa, y del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado indicado con antelación, mismo que en sesión de diez de julio de dos mil diecinueve, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: "Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de cinco de julio de dos mil dieciocho, que libró por los delitos de despojo y abigeato, únicamente en lo que atañe a ***, *** y ***. b) Siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, considere que no se encuentran acreditados los elementos de los delitos en mención. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios." 4. En atención a lo anterior, por auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, requirió al Juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en diverso proveído de diecinueve de noviembre anterior, tuvo por recibidas las copias certificadas de la resolución de dieciocho de octubre del mismo año, dictada en la causa penal *** de su registro, de la que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, respecto a los quejosos ***, *** y ***. De lo expuesto, se colige que el peticionario de mérito tuvo conocimiento de la orden de captura reclamada, desde el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que este órgano jurisdiccional le dio vista con el auto de incoación de cinco de julio de ese mismo año, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Salto de Agua, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este propio Juzgado en autos del diverso juicio de amparo ***. Además, que en acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el diverso expediente ***, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto del aquí quejoso ***. Luego, tomando en consideración que el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la orden de aprehensión de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal ***, del índice del juzgado señalado como responsable, desde el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el escrito de demanda de amparo en la presente instancia, presentada hasta el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, resulta extemporánea, pues lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término de quince días para instar el juicio de amparo. Es aplicable, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito de epígrafe "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO". Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama (treinta y uno de julio de dos mil dieciocho); sin embargo, al no hacerlo, la misma resulta extemporánea. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por propio derecho por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, no ha lugar a realizar notificaciones a través del correo electrónico indicado, ya que ese medio de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido por la Ley de Amparo, para tal efecto. No obstante, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De la misma forma y de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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