Miguel Candelas González

Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 75 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
471/2021
Año
2021
Actuaciones
75
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Candelas González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 75.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión al haberse concedido la suspensión definitiva solicitada, es conservable, lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso b) del mismo acuerdo. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, deberá destruirse transcurridos seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto; por ello, se ordena estampar en la carátula el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Siendo las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en la fracción I, inciso C), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hago constar que con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa, la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, del índice del de este órgano jurisdiccional, las cuales quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 471/2021-C, promovido por Miguel Candelas González, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad y de otras autoridades; y RESULTANDO Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Miguel Candelas González, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que en su denominación correcta son las siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad Secretario Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de esta ciudad Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad ACTOS RECLAMADOS. "De la autoridades señaladas como responsable marcada en el inciso "1" La falta de emplazamiento que cumpla las formalidades legales, en el juicio 1151/2013, que se siguió ante el Juez responsable, en el que el suscrito aparece como demandada así como seguir un proceso en el que no se le notifico y que se dictó sentencia que me condenó al pago de un monto derivado de un gravamen, y el quejoso se encuentra en estado de indefensión con afectación, por perdida de los derechos de propiedad y de posesión de su patrimonio que se identifica como lote de terreno número 40 de la manzana 3, del fraccionamiento Los Venados, con superficie de 312.50 metros cuadrados, que se ubica en calle del cierro, número 40, Fraccionamiento Los Venados de esta ciudad, que ante Registro Público de la Propiedad y de Comercio se describe como Lote 40, manzana 3, La Presa de esta ciudad, sin dar cumplimiento a los artículos 1 y 14 de la Constitución Federal, ya que bajo su responsabilidad debió de cuidar el emplazamiento, y no lo hizo, así como la nulidad e ineficacia de todo lo actuado en el expediente 1151/2013. De la autoridad marcada en el inciso "2" le reclamo el haber omitido emplazar a la suscrita, para contestar ante la autoridad marcada con el inciso "1", así como la desposesión del inmueble descrito en el párrafo anterior. De la autoridad marcada en el inciso "3" le reclamo la desposesión del inmueble descrito en el primer párrafo de ee apartado, en auxilio a la autoridad marcada con el inciso "2". De la autoridad marcada en el inciso "4", le reclamo la posible cancelación y/o modificación y/o anotación de la partida sección civil, Tomo 197, inscripción 28779 de fecha 27 de diciembre de 1983, que corresponde a la inscripción del quejoso, respecto del inmueble descrito en el párrafo anterior." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se admitió a trámite y se registró con el número de expediente 471/2021-C; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se reconoció el carácter de tercero interesada a Magaly Franco González y se le emplazó a juicio. Tercero. En auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por cuando hace a los capítulos de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, por lo que se requirió a las responsables, a fin de que rindieran el informe respectivo. Cuarto. Mediante escrito con folio 11868, la tercero interesada Magaly Franco González, promovió incidente de falsedad de firma, respecto de la firma que aparece sobre el nombre del quejoso en el escrito inicial de demanda. Quinto. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa por conducto de su autorizado interponiendo recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, misma que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de queja civil 129/2021, declarándola infundada. Sexto. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, desistiéndose en perjuicio de su representado de las testimoniales a cargo de Fernando Arturo Frasquillo Marín y Luis Sánchez Orozco. Séptimo. En treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo por celebrada la audiencia constitucional, por lo que en la etapa probatoria, se tuvo por admitido el incidente de falsedad de firma promovido por la tercero interesada, se fijó fecha para la continuación de la audiencia, a fin de que las partes estuvieran en aptitud de ofrecer las pruebas y contrapruebas que considerara pertinentes; y a efecto de desahogar la pericial en grafoscopía ofrecida por la tercero interesada; por lo que previa citación y a petición de los expertos en la materia, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se citó al quejoso a fin de que compareciera ante este Juzgado a la diligencia correspondiente de estampado de firmas. Octavo. En auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/669/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de la Jueza Martha Blake Valenzuela, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintitrés. Y en auto de diez de febrero siguiente, se les informó el cambio de denominación de este Juzgado de Distrito. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Incidente de falsedad de firma. Por cuestión de técnica, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del juicio de amparo de que se trata, se procede a examinar y resolver lo relativo al incidente de falsedad de documentos, en términos de lo establecido en el numeral 122 de la ley en cita, que dispone: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." De lo transcrito se desprende que cuando alguna de las partes objeta algún documento, en cuanto a su valor probatorio o su autenticidad, debe ofrecer las pruebas respectivas; y, para ello, es admisible la pericial para acreditar dicha pretensión, la cual se estará a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de la materia, con excepción del plazo, ya que en este caso deberá ofrecerse dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la Ley de Amparo abrogada, estableció que al ser la demanda de amparo un documento privado, es susceptible jurídicamente de ser objetado de falso, en términos de su artículo 153 - correlativo del 122 de la Ley de Amparo vigente-, por lo que la prueba pericial grafoscópica -que es la idónea para demostrar la falsedad de la firma que calza una demanda de amparo- es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo, sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación (prueba colegiada), resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional; máxime que en la segunda parte del artículo 122 referido, se previó expresamente que tratándose del incidente de objeción de documentos, en relación con las pruebas relativas a demostrar su autenticidad, como son la testimonial, la pericial o la de inspección judicial, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de 3 días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." De las constancias que integran el sumario en estudio, en lo que aquí interesa se aprecian los siguientes hechos: - La tercero interesada Magaly Franco González, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante este órgano jurisdiccional, interpuso incidente de falsedad de firma -en relación a la estampada en el escrito inicial de demanda-, para lo cual ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía. - En la audiencia constitucional de treinta de junio de dos mil veintitrés, se dio cuenta con el citado escrito y de conformidad con los artículos 120 y 122 de la Ley de Amparo se suspendió dicha audiencia y se abrió a trámite en los términos que fue planteado el referido incidente. - El veintinueve de julio de dos mil veintidós, el perito designado por la parte tercero interesada Óscar Manuel Báez López, aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, el catorce de marzo de este año, el perito designado por este Juzgado Hugo Arturo Rangel Núñez, aceptó y protestó el referido cargo. - Seguidamente, el diecinueve de abril del año en curso, se citó al quejoso Miguel Candelas González, a fin de que compareciera a las diez horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, ante este Juzgado con identificación oficial vigente, para que ante la presencia judicial estampara de su puño y letra las firmas que fueran requeridas por los peritos a fin de que éstas se consideraran indubitables y sirvieran de base para realizar el cotejo y análisis comparativo correspondiente, fecha que fue diferida a petición del perito de este Juzgado dada la carga laboral con que contaba, señalándose como nueva fecha las doce horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo siguiente. - Ahora, no obstante de que el quejoso se encontraba debidamente notificado de la anterior diligencia, éste no compareció sin justificación alguna, por lo que se señaló como nueva fecha para su verificativo las doce horas con cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fecha en la que nuevamente incumplió en asistir el hoy quejoso y toda vez que no justificó su inasistencia, se le hizo el apercibimiento de multa con el que se le conminó y se señaló como nueva fecha para a celebración de dicha diligencia las doce horas con ocho minutos del ocho de junio siguiente. - Posteriormente y ante la actitud contumaz para presentarse al desahogo de la diligencia de firmas, el ocho de junio de este año, se requirió a la autorizada del quejoso a fin de que informara el motivo por el cual su representado no había comparecido al desahogo de la prueba pericial en grafoscopía, para lo cual en escrito recibido en este juzgado el nueve de junio posterior, la autorizada del quejoso Jessica Jazmine Galindo Camacho, renunció al cargo conferido, motivo por el cual se señalaron las doce horas con cinco minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la diligencia de estampado de firmas en comento, asimismo, se apercibió al quejoso que de no comparecer en la fecha y hora fijadas, sin causa justificada, se declararía la imposibilidad para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía ofrecida, lo que en el caso aconteció ante la inasistencia del quejoso. - Finalmente el quince de agosto de este año, se tuvo por celebrada la audiencia constitucional. En tal virtud, ante la actitud contumaz del quejoso para comparecer al estampado de firmas y con ello haber impedido el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la tercero interesada, así como por no haber aportado probanza alguna que desvirtúe lo manifestado por ésta, lo conducente es tener por cierto lo indicado por la incidentista en el sentido de que la firma que calza la demanda y es atribuida al quejoso es falsa. Se sostiene lo anterior, porque el hecho de que la parte quejosa haya omitido comparecer ante este juzgado a fin de estampar su firma para llevar a cabo el desahogo de la referida prueba, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, no implica que el resultado del juicio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u omisión debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del mismo, como se le hizo saber en el caso. Por ende, conforme al último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, al resolver la cuestión jurídica se debe atender a la letra o a su interpretación jurídica y a falta de ésta, en los principios generales del derecho. En ese contexto, conforme al ordinal 124, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se deben aplicar los principios reguladores de la confesión ficta para tener como falsa la firma de la demanda de amparo, debido a la conducta contumaz del quejoso, al no haber comparecido a plasmar ese signo gráfico para la toma de muestras relativa al desahogo de la pericial en comento, sin causa justificada, a pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieron, o en su caso haber ofrecido una diversa probanza que desvirtuara dicha afirmación. Sirve de apoyo a lo anterior únicamente en lo conducente la tesis I.3o.C. J/60, visible en la página 949, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Civil, Novena Época, con registro digital 167289, que señala: "CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba de confesión ficta debe entenderse en el sentido de que establece una presunción favorable al articulante y contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta algún elemento de convicción que desestime la confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos que se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al contestar la demanda la parte demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se niega de alguna manera por su incomparecencia a ser interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es demostrativo de la intención de eludir la contestación de hechos fundamentales controvertidos en el juicio respectivo." Asimismo, en lo conducente, es aplicable por analogía la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3021, registro 164980, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual dice: "OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA RESPECTIVA PUES, DE LO CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El hecho de que la parte demandada se niegue reiteradamente, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, a allegar un documento original para analizar las firmas en él plasmadas, no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio; sin embargo, esto no se plasma expresamente en la ley. No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga a cumplir con el mandato que le ordene allegar un documento, atendiendo al principio de buena fe del proceso, y ante la ineficacia de los medios de apremio, es menester que los juzgadores se conduzcan conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación adjetiva civil del Estado, en establecer una sanción para el caso de negativa injustificada y contumaz en allegar los documentos originales en detrimento de la parte que pretende demostrar la falsedad de la firma, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Así tenemos que si bien la legislación del Estado de Nuevo León, no contiene norma expresa que precise la consecuencia de la negativa a allegar el original para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta contenidos en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles local, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión del demandado de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de las firmas y, en su caso, deberá estar adminiculada con otras pruebas." En consecuencia, se declara fundado el incidente de falsedad planteado por la tercero interesada Magaly Franco González. Por lo cual se concluye que la señalada firma es falsa; lo cual se considerará al momento de revolver el fondo de este asunto. Tercero. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: - La falta de emplazamiento dentro del juicio 1151/2013 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad y sus consecuencias. Cuarto. Existencia. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, no obstante de que al momento de rendir su informe justificado haya negado su existencia, sin embargo hace diversas manifestaciones encaminadas a desvirtuar éste, por tanto, es que se tiene por cierto el acto que en esta vía se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, con registro digital 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que además se corrobora con las copias certificadas allegadas al juicio relativas al expediente 1151/2013, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, esta Juzgadora advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, así como con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal; relativa a la falta de instancia de parte agraviada que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ahora, en la resolución de esta misma fecha dentro del incidente de falsedad de firma relativa a la que calza el escrito de demanda, se determinó que la misma es falsa; es decir, que el directo quejoso no la estampó de su puño y letra. En ese contexto, si el quejoso no exterioriza su voluntad a través de la firma en la demanda de amparo, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, debe entenderse que no existe agraviado y por ende el juicio de amparo resulta improcedente, por no satisfacerse el principio en estudio. Por tanto, en el caso, si la tercera interesada objetó la autenticidad de la firma de la demanda de amparo, cuyo incidente se declaró fundado, es evidente que no se cumplió con el principio fundamental de instancia de parte agraviada, dado que la firma de ese ocurso constituye la manifestación de inconformarse con el acto de autoridad, en razón de que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se expresa mediante ese signo gráfico, o bien, si no sabe firmar, mediante la impresión de la huella digital o la firma de otra persona a su ruego. Es aplicable por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Tomo XXIX, Abril de 2009, página 476, Registro digital: 167401, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO." En consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. Se declara fundado el incidente de falsedad de firma sustanciado en el presente asunto, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Candelas González, contra actos de las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tijuana, Baja California, a las doce horas del quince de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la continuación de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 471/2021-C, promovido por Miguel Candelas González, por propio derecho contra actos del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad y de otras autoridades; ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario con quien actúa y da fe, declarada abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Seguidamente el Secretario hace relación de las constancias relativas a la continuación de la audiencia constitucional celebrada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se tramitó el incidente de falsedad de firma, entre las que se encuentran: a) escrito presentado por la parte tercero interesada registrado con el folio 11868, relativo a la interposición del incidente; b) constancia de notificación de la parte quejosa de uno de agosto de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós; y, c) auto de diez de julio de dos mil veintitrés, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para el desahogo de la prueba pericial en materia de Grafoscopía ofrecida dentro del incidente de falsedad de firma. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias anteriormente señaladas, las que se tomarán en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que el autorizado de la parte quejosa formuló los de su intención mediante escritos con número de registros 11080 y 11446. Por su parte la tercero interesada formuló los de su intención mediante escrito con número de folio 9800, respecto al incidente de falsedad de firma. A lo que la Juez acuerda: Se tienen por reproducidos los alegatos vertidos por el autorizado de la parte quejosa y tercero interesada, asimismo se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formularlos por lo que se cierra este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la resolución del incidente de falsedad de firma y la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe.

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