Miguel àNgel Puente Ochoa
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Miguel àNgel Puente Ochoa
- Sub Secretaría de Gobierno del Estado de Baja California En Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Cúmplase.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 988/2022-G, promovido por ********************, contra actos de la Subsecretaria de Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparos y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, el seis de diciembre de dos mil veintidós, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: 1. Subsecretaria de Gobierno en Tijuana, Baja California, de la Secretaría General de Gobierno- en su denominación correcta-. 2. Presidenta Municipal de Tijuana, Baja California -en su denominación correcta- 3. Director de Obras e Infraestructura Urbana del Ayuntamiento de Tijuana 4. Delegado Municipal de La Presa, Este, del Ayuntamiento de Tijuana, en su denominación correcta- 5. Regidor José Cañada, del H. Ayuntamiento de Tijuana 6. Delegado en Tijuana del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI). "IV.- ACTO RECLAMADO D las señaladas en los punto 1 a 5 del punto anterior se reclama el autorizar, permitir, fraccionar, titular, regularizar, o cualquier acto o intervención oficial de su parte que implique un reconocimiento o consentimiento a favor del asentamiento ilegal o invasión conocida como "COLONIA ENRIQUE PEÑA NIETO", así como todo trabajo de vialidad o cualquier tipo de obra tendiente a urbanizar la referida invasión "Colonia Enrique Peña Nieto", toda vez que ésta se encuentra en un predio de mi propiedad privada que actualmente es objeto de la causa penal 2105/2018 que se sigue por el delito de despojo ante al Juez de Control del Poder Judicial de Baja California en Tijuana, estanoo vinculado a proceso en dicha causa penal el C. AGUSTÍN PÉREZ RIVERO presidente de la llamada COALICIÓN DE COLONIAS POPULAES A.C. y coacusados, precisamente por el despojo de dicho predio de mi propiedad para establecer esa invasión que junto con las hoy responsables denominan "Colonia Enrique Peña Nieto". De la autoridad señalada en punto 6 del punto anterior: Se reclama el expedir constancias de impacto ambiental o realizar todo trámite de regularización a favor de terceros ajenos al suscrito sobre supuestos lotes ubicados en la llamada "Colonia Enrique Peña Nieto" en este municipio de Tijuana, al tratarse de una invasión sobre un predio de mi propiedad objeto de la causa penal 2105/2018 indicada anteriormente. El inmueble en que se pretende fundar la colonia ENRIQUE PEÑA NIETO y en el cual las responsables están interviniendo en su regularización y urbanización a pesar de tratarse de una invasión a mi propiedad privada objeto de proceso penal (precisamente por el delito de despojo), se ubica en la vialidad "Camino a valle de las Palmas" aproximadamente a 3.3 kilómetros al sur de la carretera libre Tijuana-Tecate, en la ciudad de Tijuana, y se trata de una PROPIEDAD PRIVADA propiedad del quejoso amparada en título de propiedad expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), con fecha 24 de octubre de 2012 dentro del expediente de enajenación de terrenos nacionales número 507624." Mediante escrito aclaratorio presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso precisó los actos reclamados a cada autoridad responsable en los siguientes términos: 1) De la Sub Secretaría de Gobierno del Estado de Baja California en Tijuana, reclamo la intervención y trabajos que se encuentra realizando su titular Magaly Ronquillo Palacios, tendiente a lograr la regularización y certeza patrimonial de la llamada Colonia Enrique Peña Nieto en Tijuana, trabajos que se traducen en girar instrucciones a las diversas áreas del Gobierno Estatal y coordinarse con la autoridad municipal para lograr la aludida regularización que a su vez implicaría un reconocimiento o validación oficial de dicho asentamiento, lo anterior en virtud de la petición que le han realizado los supuestos vecinos de la citada colonia Enrique Peña Nieto encabezados por el C. Agustín Pérez Rivera, quien aparece en fotografía junto con la servidora pública aquí responsable en la publicación oficial realizada el 23 de agosto en la red social Facebook de dicha dependencia, en donde la aquí responsable hace público su compromiso para lograr dicha regularización. La intervención de la aquí responsable está encaminada a regularizar desde su investidura o en uso de sus facultades lo que ahí llaman colonia Enrique Peña Nieto, es un acto que afecta de manera directa mi esfera jurídica por el hecho de que la superficie donde pretenden fundar y regularizar esa colonia es un predio de mi propiedad privada que fue objeto del delito de despojo, tan es así que el ahí peticionario de regularización, C. Agustín Pérez Rivera, quien preside una asociación llamada "Coalición de Colonias Populares A.C.", se encuentra con sus coacusados vinculados a proceso en la causa penal 2105/2018 (actualmente en etapa de juicio) por el delito de DESPOJO ante la Juez de Control del Poder Judicial del Estado en Tijuana, negándoseles incluso el amparo en contra del auto de vinculación a proceso por tal delito cometido sobre esa superficie que la responsable pretende regularizar, siendo estos actos de regularización y certeza patrimonial sobre un predio de mi propiedad objeto de y materia. de proceso penal en trámite, lo que reclamo. 2) De la Presidenta Municipal de Tijuana reclamo el autorizar y girar instrucciones a sus subordinados para realizar vialidades o todo tipo de trabajos u obras de urbanización dentro del predio en el que se pretende fundar y regularizar una colonia de nombre Enrique Peña Nieto, lo anterior en virtud de la petición que le han realizado al Municipio que la aquí responsable encabeza, a través del Delegado Municipal en la Delegación La Presa, Este, los supuestos vecinos de la citada colonia Enrique Peña Nieto. Las acciones encabezadas por la Presidenta municipal tendientes a realizar vialidades o todo tipo de obra en el predio donde se ubica lo que ahí llaman colonia Enrique Peña Nieto, es un acto que afecta de manera directa mi esfera jurídica porque la superficie donde pretenden fundar, regularizar y urbanizar desde el ámbito municipal la referida colonia, es un predio de mi propiedad objeto del delito de despojo, existiendo actualmente un proceso penal en trámite en el que los ahí peticionarios de regularización encabezados por el C. Agustín Pérez Rivera, quien preside una asociación llamada "Coalición de Colonias Populares A.C.", se encuentran vinculados a proceso (causa penal 2105/2018) por el delito de despojo ante la Juez de Control del Poder Judicial del Estado en Tijuana, negándoseles inclusive el amparo (como ya se mencionó anteriormente) en contra del auto de vinculación a proceso por tal delito cometido sobre esa superficie que la aquí responsable pretende urbanizar, siendo estos actos de urbanización sobre un predio de mi propiedad, objeto de despojo y materia de proceso penal en trámite, lo que concretamente se le reclama. 3) De la Dirección de Obras Públicas de Tijuana reclamo los trabajos de raspado de vialidades realizados y todo tipo de obras a realizar dentro del predio en el que pretenden fundar, regularizar y urbanizar la colonia llamada Enrique Peña Nieto, trabajos que fueron anunciados públicamente en la red social oficial de Facebook de la Delegación La Presa, Este, el 07 de noviembre de 2022 por el delegado municipal Elvis Raúl Arce Beltrán. Los trabajos aquí reclamados tendientes a realizar vialidades u obras en el predio donde se ubica lo que ahí llaman colonia Enrique Peña Nieto, afectan de manera directa mi esfera jurídica por el hecho de que la superficie donde pretenden fundar, regularizar y urbanizar desde el ámbito municipal la multicitada colonia, es un predio de mi propiedad privada objeto del delito de despojo, existiendo un proceso penal en trámite actualmente en el que los ahí peticionarios de regularización encabezados por el C. Agustín Pérez Rivera, quien preside una asociación llamada "Coalición de Colonias Populares A.C.", se encuentran vinculados a proceso (causa penal 2105/2018) que se sigue por el delito de DESPOJO ante la Juez de Control del Poder Judicial del Estado en Tijuana, negándoseles el amparo (287/2021 ya citado en párrafos anteriores) en contra del auto de vinculación a proceso por tal delito cometido sobre esa superficie que la responsable pretende urbanizar, siendo estos trabajos de urbanización sobre un predio de mi propiedad objeto de despojo y materia de proceso penal en trámite, lo que aquí reclamo. 4) Del Delegado Municipal de la Delegación La Presa, Este, en Tijuana, se reclama su intervención o gestión tendiente a lograr el trazado de vialidades y cualquier tipo de trabajos u obras dentro del predio en el que se pretende fundar, regularizar, y urbanizar una colonia de nombre Enrique Peña Nieto, lo anterior en virtud de las peticiones que le han realizado en la Delegación La Presa, Este, supuestos vecinos de la citada colonia Enrique Peña Nieto, tal y como de manera pública lo hizo saber a través de la red social oficial de Facebook de dicha Delegación su propio delegado, Elvis Raúl Arce Beltrán, en publicaciones de 29 de octubre y 7 de noviembre de 2022, respectivamente. Las acciones encabezadas por el Delegado Municipal de La Presa tendientes a - intervenir desde su cargo para lograr la realización de vialidades y obras públicas en el predio donde se ubica lo que ahí llaman colonia Enrique Peña Nieto, es un acto que afecta de manera directa mi esfera jurídica por el hecho de que la superficie donde pretenden fundar, regularizar y urbanizar la multicitada colonia, es un predio de mi propiedad privada objeto del delito de despojo, existiendo un proceso penal en trámite actualmente en el que los ahí peticionarios de urbanización encabezados por el C. Agustín Pérez Rivera, quien preside una asociación llamada "Coalición de Colonias Populares A.C.", se encuentran vinculados a proceso (causa penal 2105/2018) por el delito de despojo ante la Juez de Control del Poder Judicial del Estado en Tijuana, negándoseles el amparo en contra del auto de vinculación a proceso por tal delito cometido sobre esa superficie que la responsable pretende urbanizar, siendo estos actos de intervención o gestión de urbanización sobre un predio de mi propiedad objeto de despojo y materia de proceso penal en trámite lo que reclamo a esta autoridad. 5) Del Regidor de nombre José Cañada, del Ayuntamiento de Tijuana, se reclama el estar interviniendo y gestionando en conjunto con personas que se hacen pasar como vecinos de la llamada Colonia Enrique Peña Nieto, acciones y peticiones tendientes a lograr el trazado de vialidades y demás trabajos u obras de urbanización dentro del predio en el que se pretende fundar, regularizar, y urbanizar la referida colonia Enrique Peña Nieto, esa intervención del regidor aquí responsable fue hecha saber de manera pública por el Delegado municipal de la delegación La Presa, Este, a través de la red social oficial de Facebook de dicha Delegación en publicación de fecha 29 de octubre de 2022, inserta en mi escrito de demanda. Las acciones del regidor aquí señalado tendientes a intervenir, gestionar, o de cualquier manera colaborar desde su cargo para lograr la realización de obras públicas en el predio donde se ubica lo que ahí llaman colonia Enrique Peña Nieto, es un acto que afecta de manera directa mi esfera jurídica por el hecho de que la superficie donde pretenden fundar, regularizar y urbanizar la multicitada colonia, es un predio de mi propiedad privada objeto del delito de despojo, existiendo un proceso penal en trámite actualmente en el que los ahí peticionarios de urbanización encabezados por el C. Agustín Pérez Rivera, quien preside una asociación llamada "Coalición de Colonias Populares A.C.", se encuentran vinculados a proceso (causa penal 2105/2018) por el delito de despojo ante la Juez de Control del Poder Judicial del Estado en Tijuana, negándoseles el amparo que éstos promovieron en contra del auto de vinculación a proceso por tal delito cometido sobre esa superficie que la responsable pretende urbanizar, siendo estos actos de intervención y gestión de urbanización sobre. un predio de mi propiedad objeto de despojo y materia de proceso penal en trámite, lo que concretamente reclamo al regidor responsable. 6) Del Delegado en Tijuana, Tecate y Rosarito, del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda para al Estado de Baja California, se reclama el expedir constancias de impacto ambiental y realizar trámites desde el ámbito de sus atribuciones, tendientes a lograr la regularización de la llamada "Colonia Enrique Peña Nieto" en este municipio de Tijuana, al encontrarse la misma sobre un predio de mi propiedad privada objeto de la causa penal 2105/2018 que se sigue precisamente por el delito de despojo, tal y como se acreditará en este amparo." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, ordenó el registro de la demanda con el número 988/2022, y previno a la parte quejosa a efecto que subsanara las irregularidades precisadas en dicha determinación. Mediante escrito aclaratorio recibido el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa subsanó las irregularidades precisadas y en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos atribuidos a autoridades administrativas ejecutados en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados a las autoridades responsables -en el ámbito de sus respectivas competencias- son: Cualquier tipo de obra tendente a regularizar, fraccionar y/o urbanizar la colonia Enrique Peña Nieto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Subsecretaria de Gobierno en Tijuana, Baja California, de la Secretaría General de Gobierno- en su denominación correcta y Delegado en Tijuana del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), ambas con residencia en esta ciudad, negaron los actos a ellas atribuidos, al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo tendente a desvirtuar dichas negativas, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos informes. Por otra parte, las autoridades responsables, Presidenta Municipal de Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-, Director de Obras e Infraestructura Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Delegado Municipal de La Presa, Este, del Ayuntamiento de Tijuana, en su denominación correcta-, negaron los actos que les fueron atribuidos, consistentes, entre otro, en cualquier tipo de obra tendente a regularizar o fraccionar la colonia Enrique Peña Nieto, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo tendente a desvirtuar dichas negativas. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, la autoridad responsable Regidor José Cañada, del H. Ayuntamiento de Tijuana, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello; sin embargo, no es el caso presumir cierta su existencia, ya que ello se contrapone con las atribuciones con las que cuenta dicha autoridad responsable, las cuales están contempladas en el artículo 9 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California en relación con el diverso 10 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, entre las cuales, en lo conducente, son participar en las sesiones de cabildo y en la gestión de los intereses del Municipio en general y de las demarcaciones territoriales interiores en su caso, así como tener a su cargo, la atención de la gestión comunitaria, de conformidad con lo que al efecto establezca la reglamentación interna de cada Ayuntamiento; integrarse y formar parte de las comisiones ordinarias y extraordinarias que establezca el Ayuntamiento, ejerciendo las facultades de inspección y vigilancia de los ramos de la administración pública a su cargo; obtener del Presidente Municipal, información, datos o antecedentes relativos a los servicios de las diferentes dependencias del órgano ejecutivo, que resulten necesarios para el desarrollo de su función, y las demás relativas a su función, que el propio Ayuntamiento establezca en su reglamentación interna o de gobierno o por virtud de los acuerdos respectivos. Por lo que no es posible establecer ni aun presuntivamente la certeza de los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la regularización, fraccionamiento de la colonia Enrique Peña Nieto. Sin que, para determinar lo anterior, se soslaye la existencia de los medios de prueba consistentes en: Copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 1313/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio de amparo 287/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio de amparo 287/2021, del índice del citado órgano jurisdiccional. Inspección judicial realizada el once de agosto de dos mil veintidós, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 523/2022, del índice del entonces Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Hechos notorios, consistentes en: Publicación en la red social "facebook" de la Secretaría General de Gobierno de Baja California el veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Publicación en la red social "facebook" de la Delegación La Presa Este, el veintinueve de octubre de dos mil veintidós y siete de noviembre de dos mil veintidós. Ya que aún y cuando las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, con estas únicamente se demuestra, en su caso, la existencia del predio por esta vía defiende y el posible derecho de posesión del mismo, pero no la existencia de las acciones de regularización, fraccionamiento y/o urbanización de la colonia Enrique Peña Nieto como afirma el quejoso. Por otra parte, en relación a los hechos notorios consistentes en la publicación realizada en la red social "Facebook", de la autoridad responsable Secretaría General de Gobierno de Baja California, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós; no obstante que dicha publicación realizada en la referida plataforma digital adquiere notoriedad pública y se convierte en relevante para el interés general, es insuficiente para acreditar la existencia de los actos reclamados, en virtud que, de su contenido únicamente se obtiene que el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Subsecretaria de Gobierno en Tijuana, se reunió con una comitiva de vecinos de la colonia Enrique Peña Nieto, de quienes recibió un pliego petitorio; sin embargo de ésta no se advierte que se hayan girado instrucciones para la regularización de dicho asentamiento humano, como lo refiere el quejoso. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados consistentes en las obras de urbanización de la colonia Enrique Peña Nieto, atribuidos a las autoridades responsables Presidenta Municipal de Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-, Director de Obras e Infraestructura Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Delegado Municipal de La Presa, Este, del Ayuntamiento de Tijuana, en su denominación correcta. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos a ellas atribuidos, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud que conforme a los numerales 6 y 7 del Reglamento de Acciones de Urbanización para el Municipio de Tijuana y 16, fracción XIV, 25, fracción I, 33, fracción XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; 7, fracción I y 36, ambos del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Municipio de Tijuana, Baja California, corresponde a ellas las facultades para efecto de llevar a cabo las obras de urbanización; es decir, realizar las acciones y obras que tienen por objeto mejorar las condiciones de vida, tanto de seguridad como de comodidad, ajustadas a proyectos previamente aprobados por las autoridades competentes. Quinto. Improcedencia y sobreseimiento. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, este Juzgado Federal considera que en relación con los actos de urbanización de la colonia Enrique Peña Nieto, se actualiza la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en función de que, el accionante de amparo no demostró la afectación actual y real que le irroga en su esfera de derechos y, por ello, se estima que los actos reclamados no afectan su interés jurídico. Es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De los preceptos reproducidos, se tiene que el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien afecte el acto o la norma general que se reclame. Entendiéndose por esa afectación aquella que es real y actual en relación a un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, es decir, debe existir una afectación al interés jurídico del justiciable. O bien, que dicha afectación actual y real tenga lugar con motivo de su especial posición frente al acto de autoridad ya sea individualmente o de forma colectiva, es decir, sin gozar de un derecho subjetivo, sino de un interés difuso (interés legítimo). En el primer caso, el gobernado debe alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable y la afectación que produce en su esfera de derecho, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". Es importante significar que al acudir al juicio de amparo el promovente debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o del "interés legítimo". Con base en tal concepción, la causa de improcedencia de que se trata, se actualiza cuando los actos de autoridad que se combaten en el juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del demandante, o cuando no se acredita tal extremo. En relación con el presente asunto, la suscrita considera que el estándar de agravio aplicable al caso concreto es el relativo al interés jurídico, toda vez que el quejoso reclama las obras de urbanización de la colonia Enrique Peña Nieto; que aduce se realizan en el bien inmueble -que dice- es de su propiedad. Sentado lo anterior, conforme al numeral 3, fracción XXXIX del Reglamento de Acciones de Urbanización para el Municipio de Tijuana, se entiende como obra de urbanización las requeridas para logar la integración al contexto urbano de la acción de urbanización, tales como movimiento de tierras, vialidades e integraciones viales, infraestructura, mobiliario urbano, vial y de servicios, equipamiento urbano, vial y de servicios, equipamiento urbano, amojonamientos y protección de talud. Asentado lo anterior, es oportuno traer a colación lo previsto en los numerales 16, fracción XVI del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; 4 y 5 del Reglamento de Acciones de Urbanización para el Municipio de Tijuana, son del siguiente tenor literal: "Articulo 16.- Para el cumplimiento de sus funciones como órgano ejecutivo del Ayuntamiento y el despacho de los asuntos administrativos, la persona titular de Presidencia tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones: . XVI. Emitir los acuerdos y permisos que autoricen la utilización del suelo, el uso temporal de la vía pública, la realización de eventos o espectáculos públicos, actividades mercantiles, así como la ejecución de acciones de urbanización, edificación o instalación, de conformidad con lo dispuesto por las leyes y reglamentos de la materia. ." "Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por Acción de Urbanización a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y producciones de bienes y servicios tales como: I. El fraccionamiento, subdivisión, fusión y relotificación de predios o áreas y sus correspondientes obras físicas para dedicarlos a usos urbanos; II. La introducción de redes de infraestructura de servicio de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, electrificación, alumbrado público, telefonía y otras instalaciones especiales para las actividades productivas; III. La apertura de vialidades y sus elementos complementarios como andadores peatonales, entronques, enlaces y estacionamientos de vehículos; IV. La previsión y ubicación de las áreas dedicadas a equipamiento urbano destinado a satisfacer las necesidades de educación, salud, esparcimiento, comunicación, transporte, abasto y servicios; V. Los componentes del paisaje urbano, como arboledas, jardines, mobiliario urbano y señalización; VI. La modificación de la naturaleza o topografía de un predio, para su utilización, para la intensificación o modificación de su uso, y VII. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad. Artículo 5. Las acciones de urbanización en áreas y predios, ya sean de propiedad pública o privada, dentro del Municipio de Tijuana, Baja California, se sujetarán en sus proyectos, autorización y ejecución, a cumplir con las disposiciones de este Reglamento, con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, las Declaratorias de Usos y Destinos del Suelo y Reservas correspondientes; así como con el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California, siendo su observancia obligatoria tanto para las dependencias y entidades públicas como para los particulares. En lo conducente, se aplicarán las NOM, las Normas Técnicas de Acciones de Urbanización aprobadas por el Cabildo, y las demás normas relativas a infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, a la planeación urbana y los usos del suelo." De los preceptos reproducidos se advierte que para efecto de llevar a cabo acciones de urbanización en el Municipio de Tijuana, es necesario se cumplan con las disposiciones del Reglamento de Acciones de Urbanización para el Municipio de Tijuana, con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, las Declaratorias de Usos y Destinos del Suelo y Reservas correspondientes; así como con el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California; por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta vía, no interfiere con la esfera legal del quejoso, de modo que le irrogue alguna afectación, perjuicio o daño y, por ello, no colma el interés jurídico que debe asistirle, pues no debe soslayarse que éste se compone de dos elementos concomitantes entre sí, esto es, el derecho subjetivo legítimamente tutelado y la afectación actual y real. En ese orden de ideas, es claro que a través de las supuestas obras de urbanización reclamadas, no se produjo en la esfera de derechos del quejoso una afectación presente o actual y real respecto de un derecho, en la medida que, ello solamente acontecería si se autorizaran las obras de urbanización a efecto de lograr el movimiento de tierras, construcción de vialidades e integraciones viales, infraestructura, mobiliario urbano, vial y de servicios, equipamiento urbano, vial y de servicios, equipamiento urbano, amojonamientos y protección de talud, en el bien inmueble del que dice ejercer actos de propiedad. Sin embargo, ese aserto no aconteció en la especie, porque no está acreditado en autos, que en su caso dichas obras de urbanización se estén realizando en el inmueble que dice, es de su propiedad, y tampoco que con motivo de dichas obras, se le esté generando una afectación, por ende, el acto reclamado no irroga en la esfera de derechos del justiciable un perjuicio actual y real, dado que la afectación alegada se hace depender de las obras de urbanización realizadas por las responsables en el predio de su propiedad y eso no está debidamente probado. Sin que para arribar a la anterior determinación, se desatiendan los medios de prueba aportados por el justiciable, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de transcripciones innecesarias; sin embargo, se estima que éstos son insuficientes para demostrar el interés jurídico pretendido por el quejoso, pues con ellas únicamente se demuestra, en su caso, la existencia del predio que por esta vía defiende, el posible derecho de posesión del mismo, y la posible realización de las obras de urbanización, pero no que aquéllas se están llevando a cabo precisamente en el predio de su propiedad. Asertos que permiten sostener a este Juzgado de Distrito que el medio de control constitucional intentado por el justiciable deviene improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento se impone sobreseer en el juicio. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Subsecretaria de Gobierno en Tijuana, Baja California, de la Secretaría General de Gobierno y de otras autoridades, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que por el cual se desecharon las documentales ofrecidas por la parte quejosa, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
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