MIGUEL BARRERAS HERNANDO y Otros.
Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2023
Partes del expediente
- MIGUEL BARRERAS HERNANDO y Otros.
- LAUREN ENRIQUEZ GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual acusa de recibo el oficio librado en auto de tres de febrero de dos mil veintitrés y los autos originales del presente asunto, e informa que no insiste en declinar la competencia a este juzgado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que es destruible en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el oficio número 3316/2022 y anexos que remite el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en San Luis Potosí, al que adjunta el expediente original del juicio amparo 1639/2022, promovido por Eliseo López González, en favor de Nayara Nanci Izquierdo Pérez, Enrique Barreras Hernando, Miguel Barreras Hernando, Rafael Enríquez Pers, Lauren Enríquez González, Zoe González Otaño, Melani Fuentes Matos, Elda Leyva Peña, Yandier Peña López y Dalila Ponce Pineda, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en San Luis Potosí, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 94/2023-E. Expídase el acuse de recibo respectivo. No se acepta competencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Y de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Ahora bien, conviene señalar, sobre el tema, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, la suscrita considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: El promovente señala, en esencia, como actos reclamados los siguientes: 1. La privación de la libertad, derivada de una detención administrativa de los directos agraviados; 2. La prolongación de la detención administrativa por más de treinta y seis horas; 3. La deportación, ejecución de retorno asistido o traslado a otra estación migratoria; y, 4. La negativa de que los directos agraviados se acojan al beneficio de libertad, en términos del artículo 102 de la Ley de Migración. Luego, la Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados por el promovente del amparo se están ejecutando dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Empero, como se adelantó quien resuelve, no comparte el criterio adoptado por el declinante. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Mismo que determina la competencia por territorio al juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecute o tratarse de ejecutarse el acto reclamado, lo cual resulta acorde a lo dispuesto en los diversos numerales 35 y 37, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En términos de las normas de orden constitucional y legal antes referidas, la competencia del juzgador de amparo en razón al lugar de ejecución del acto motivo de reclamo se determina conforme a las siguientes premisas: a) La regla general atiende a la ejecución del acto objeto de reclamo, en tanto es juez competente el que tiene jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia radica en el juez ante quien se presentó la demanda; y, c) Si no requiere de ejecución material, el competente será aquél ante quien se haya presentado la demanda. En ese tenor, cobra puntual aplicación la segunda regla, pues acorde a lo establecido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la Jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), Materias Común y Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, con el rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO". Criterio que, en su parte conducente, este juzgado comparte, al considerar que, la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. Efectivamente, se reitera que no asiste razón a la juez declinante, pues derivado de las manifestaciones realizadas por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, señaló que los directos quejosos Nayara Nanci Izquierdo Pérez, Enrique Barreras Hernando, Miguel Barreras Hernando, Rafael Enríquez Pers, Lauren Enríquez González, Zoe González Otaño, Melani Fuentes Matos, Elda Leyva Peña, Yandier Peña López y Dalila Ponce Pineda, a las veintidós horas del treinta de noviembre de dos mil veintidós, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración sobre la carretera a San Luis Potosí. Aun cuando precisó haber tenido conocimiento de que los quejosos fueron trasladados sin su consentimiento a la estación migratoria en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que los quejosos fueron trasladados a la Estación Migratoria ubicada en la Ciudad de Mexicali, donde se les instauró el procedimiento administrativo correspondiente; incluso una de las autoridades locales negó la existencia de los actos que se le atribuyeron (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad -foja 153-). Por ende, es claro que hasta este momento procesal no existen datos que permitan establecer que los quejosos se encontraban internos en la estación migratoria ubicada en esta ciudad y conforme al estadio procesal del presente juicio de amparo, los actos reclamados si bien podrían tener ejecución en más de un distrito, ello ocurrió en diverso lugar y no en esta ciudad. Por lo que se concluye, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, el juez ante quien se presentó la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por los motivos que informa, la tesis I.1o.P.30 P (10a.), con registro digital: 2011853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2889, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad." Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es, en primer momento, el paradero de la víctima y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), con registro digital 2021413, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." En ese contexto, se estima que el juez competente es ante quien se presentó la demanda de amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo I, abril de 1995, página 31, registro 200824, de rubro: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO". No se inadvierte la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Sin embargo, en concepto de este órgano jurisdiccional dicho criterio no es aplicable, porque interpreta la primera regla contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que coincide medularmente con la primera hipótesis del numeral 37 de ley vigente, pero en el caso se estimó aplicable la segunda regla (ejecución en más de un distrito). En las relatadas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en San Luis Potosí, y se ordena devolver. Cabe señalar que el anterior criterio encuentra sustento en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, dentro del conflicto competencial 32/2022, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y este órgano jurisdiccional, por el cual resolvió declarar competente a aquél juzgado para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente 1109/2022-4ª, de su índice. En consecuencia, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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