Miguel Bailón Bobadilla

Expediente 1121/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1121/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Bailón Bobadilla

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRECE DE LOS CORRIENTES, POR ASÍ HABERLO SEÑALADO EN SU DEMANDA DE AMPARO, ACUERDO QUE DICE: JUICIO DE AMPARO 1121/2022-III-R CUENTA. El trece de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 19253. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por Armando Rivera González, autorizado del quejoso Miguel Bailón Bobadilla, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de seis de diciembre actual y al efecto aclara cual es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación a la Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De acuerdo con lo transcrito, señala la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE Por su parte, las diversas fracciones del numeral 17 de la Ley de Amparo, señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirnos a ellas, pues no se surten en la especie. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afectan sus derechos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En esa tesitura, en el caso concreto, el quejoso se duele del descuento de la cantidad de $15,426.18 (quince mil cuatrocientos veintiséis pesos con dieciocho centavos), que se le realizó por concepto de préstamo personal, y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que en la actualidad ya no se le aplica el mismo, pues el último descuento se le realizó el quince de septiembre de dos mil once. Y al narrar los antecedentes del acto reclamado refiere: "a).- Con fecha dos de junio del dos mil veintidós, el suscrito acudió a las Oficinas de Administrativas de la Autoridad Responsables, para tramitar un préstamo personal especial comúnmente conocido como hoja roja, en las ventanillas de otorgamiento de préstamos de la responsables me indicaron que no podían, debido que el sistema me tenía bloqueado diciendo que debía un préstamo personal, para lo cual le indique que el suscrito no ha solicitado ningún prestamos al ISSSTE. b).- Ante la negativa, con un escrito de fecha trece de junio de dos mil veintidós, signado por el suscrito, mismo que me fue recepcionado con esa misma fecha del presente año, donde referí que acciones legales han realizado para la cancelación de mis descuento del sistema y que los descuentos del ISSSTE ya no me aplican la deducción, como MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 me lo había indicado que ya no lo aplicaría, por lo que le solicite la devolución de la cantidad de $15,426.18 (quince mil cuatrocientos veintiséis pesos con 18/100 moneda nacional) y que me quitara del sistema en donde me tienen considerado como deudor. c).- Para lo cual la Autoridad responsable Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, con Oficio Número DEG/SP/DAPE/1132/2002 de fecha ocho de julio del presente año; mismo que recibí y me notificaron de fecha once de julio del año dos mil veintidós, vía correo electrónico me dan contestación a mi escrito señalando lo siguiente: "En atención a su solicitud de información de las acciones legales para la cancelación de jun (sic) préstamo que le fue otorgado de manera irregular con fecha 17 de mayo de 2011. Al respecto, le informo, que de acuerdo con los Mecanismo de Operación del Programa Anual de Préstamos Personales 2022 del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado en su apartado 18.2 que se refiere a las ACCIONES QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO EL TRABAJADOR, PENSIONADO O JUBILADO QUE DETECTE QUE LE FUE ASIGNADO UN PRÉSTAMO PERSONAL NO SOLICITADO y en el punto3 que a la letra dice."el afectado deberá asesorarse legalmente ante una instancia judicial para que esta emita sentencia correspondiente, ya que solo por esta vía se devolverá el importe de los descuentos improcedente que fueron aplicados y se llevara a cabo la eliminación del préstamo en el historial crediticio del interesado. " De los párrafos previamente insertos, se aprecia que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo menos desde el trece de junio de dos mil veintidós, fecha en la que presentó ante la autoridad responsable, un escrito en el que solicitó la devolución de la cantidad de $15,426.18 (quince mil cuatrocientos veintiséis pesos con dieciocho centavos), que se le descontó por concepto de préstamo personal y cuya petición le fue contestada por oficio DEG/SP/DAPE/1132/2002, mismo que le fue notificado el once de julio del año en curso. En ese contexto, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de juicio de amparo debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se ostenta sabedor del acto reclamado. Por lo que, en el caso concreto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda transcurrió del catorce de junio al cuatro de julio dos mil veintidós, sin contar los días dieciocho, MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 WordSISE diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos y tres de julio del año en cita, por haber sido sábados y domingos, días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado por lo menos desde el trece de junio de dos mil veintidós, y promovió su demanda hasta el cinco de diciembre del año en curso, tal y como se corrobora del sello receptor asentado por el buzón judicial y los datos asentados en la papeleta de turno, expedida por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio, pues se insiste, éste feneció el cuatro de julio pasado; por tanto, cabe concluir que la misma fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida en ese sentido por el promovente en los antecedentes de los actos reclamados, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de garantías y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Lo que además se corrobora con las documentales que adjuntó a la demanda de amparo. Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aun cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Junio, Tomo XI, página 235) Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Bailón Bobadilla, por su propio derecho, contra actos de la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1121/2022-III, y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano judicial debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, que en sus artículos 112 y 114 establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior impone a quien resuelve la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren deficiencias, irregularidades u omisiones en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas. En ese sentido, resulta necesario atender lo dispuesto por el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, que imponen la obligación a todo solicitante de la protección 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA WordSISE de la Justicia Federal de señalar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, la autoridad o autoridades responsables y la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Dicho dispositivo es del tenor literal siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." En la especie, se estima que la parte quejosa no colma dichos requisitos, en virtud de que señala como autoridad responsable a la siguiente: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable: a).- La Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, con domicilio conocido en la Avenida Costera Miguel Alemán Valdés número 63, Planta Baja del Edificio Centro de Congresos Copacabana del Fraccionamiento Club 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Deportivo, Código Postal 39690 de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. No obstante ello, al precisar los actos reclamados en lo que interesa dice: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama como Acto Inconstitucional carente de sustento legal y falta de motivación el Oficio Número DEG/SP/DAPE/1132/2022 de ocho de julio del Dos Mil veintidós, notificado y recibido el once de julio del presente Año en curso; vía correo electrónico, signado por la C. Lic. Delia Garzón Campos, jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado; quien me niega a devolverme la cantidad que descontó indebidamente y a quitarme del sistema en donde me tienen considerado como deudor del ISSSTE, hasta en tanto no exista una sentencia emitida por parte de la Autoridad Judicial en la que se ordene se cancele el préstamo otorgado a mi nombre y se me devuelva el descuento efectuados por el préstamo denominado especial número 20110177486 otorgado de manera irregular." Por otra parte, en los conceptos de violación refiere: En el caso particular, causa perjuicio a mi patrimonio la ilegal orden de aplicar indebidamente el acto de la privación ejecutada por el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del ISSSTE; pues jamás hizo de mi conocimiento, ni se dictó previo juicio, en el que se siguiera las reglas del proceso y conforme a las leyes previamente establecida; y por supuesto, no hubo mandamiento por escrito de la Autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En efecto, la ilegal aplicación de los descuento en mi pago que corresponde a la total cantidad de $15.426.18 (quince mil cuatrocientos veintiséis pesos 18/100 moneda nacional)implica (sic) específicamente de una privación y un acto de molestia; pues jamás se hace de mi conocimiento, procedimiento alguno tendiente a privarme de mis ingresos, es decir, jamás hubo un mandamiento por escrito de la responsable, en el que fundarán y motivaran la causa el acto de autoridad que se impugna a través del presente ocurso. Atento a lo anterior, creo necesario insistir, que en ningún momento he solicitado a la responsables ningún préstamo personal, en el cual indebidamente y sin razón alguna me aplican descuento causando con eso un perjuicio a la economía del suscrito, mismo perjuicio que repercute en el sustento, en la salud y el bienestar y la tranquilidad de mi familia; cantidad que por descuento me aplica la responsable, en un monto considerable; razón por el cual el suscrito hoy quejoso ante tal violación recurre ante este H. Órgano Jurisdiccional, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Así, también, es ilegal el acto de privación que se 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA WordSISE combate, porque la responsable, tampoco cumplieron con las formalidades prescrita por el Artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que no se me notificó orden alguna por escrito, emitida por una autoridad competente, en la que fundara y motivara la causa legal del procedimiento y como resultado de ello, generara el acto privativo consistente en el descuento de la cantidad mencionada en mi salario quincenal, por lo cual debe considerarse ilegal el acto de molestia, por carecer de fundamentación y motivación, por lo que me provoca un estado de incertidumbre jurídica y de ilegalidad al no tener la certeza de los fundamentos y motivos por los cuales se me priva del y de derecho de percibir mi salario en forma completa, ya que indebidamente me están aplicando un descuento ilegal e inconstitucional, por carecer de fundamentación y motivación alguna, como se indicó." De igual manera, al solicitar la suspensión de los actos reclamados manifiesta: "En términos de lo que establece los preceptos 125 y 130 y demás relativos y aplicables a la Ley de Amparo, debido a la violación y la privación del suscrito en sus emolumentos ya que al privárseme de estos me inciden llevar un nivel de vida adecuado o digno, privándome además de otros derechos fundamentales, tales como a la vida, la alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, razón por lo cual es pertinente promover el incidente de suspensión, por lo que solicito se me otorgue la suspensión provisional, y en su momento procesal oportuno se me otorgue la suspensión definitiva del acto reclamado, eso lo reclamo sustentando el principio de la apariencia del buen derecho, esto es así para efectos de las cosas se mantengan en el estado que se encuentra hasta en tanto este H. Órgano Jurisdiccional resuelve el fondo del presente juicio de garantías, con la finalidad de que no se me siga descontando de mi salario el cual tengo derecho a percibirlo de manera integro sin ningún gravamen, ya que en ningún momento he solicitado préstamo a la Responsable..." Lo antes transcrito, crea confusión e incertidumbre respecto a cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias suficientes del escrito aclaratorio 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA para correr traslado a las demás partes y tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. ACLARE CUÁL ES EL ACTO RECLAMADO EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, ES DECIR, EL OFICIO DEG/SP/DAPE/1132/2022, DE OCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, O BIEN, ALGÚN DESCUENTO REALIZADO A SU SALARIO POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PERSONAL. EN LA INTELIGENCIA QUE DE IMPUGNAR ÉSTE ÚLTIMO, DEBERÁ ADEMÁS MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SI EN LA ACTUALIDAD SE LE ESTÁN APLICANDO DICHOS DESCUENTOS, O BIEN, LA FECHA DEL ÚLTIMO DESCUENTO APLICADO A SU SALARIO. Sirve de apoyo, lo sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 211, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, correspondiente al Apéndice de 1995). En consecuencia, se apercibe al quejoso que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que cita en la demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Hernández Montufar, Lucas Moisen Catarino y 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA WordSISE Armando Rivera González, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Arturo Galeana Olivar y Uriel Rivera Rivera, por no contar con dicho requisito. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA WordSISE las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente. LA NOTIFICACION ES POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR ASI ESTAR SEÑALADO EN SU DEMANDA DE GARANTIAS.

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