Miguel Bailon Bobadilla

Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Miguel Bailon Bobadilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a ****, HA CAUSADO EJECUTORIA; para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Dé respuesta congruente, fundada y motivada, a la petición que le fue formulada por el aquí quejoso el once de marzo de dos mil veintitrés; y la notifique." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d. En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración su complejidad y dificultad, habida cuenta que involucra la entrega de recursos públicos. Dicho plazo determinado se estima prudente y razonable para realizar el pago del numerario correspondiente a favor de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo antes referido, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibida que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad, pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 797/2023-V, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, secretario que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos: dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito de demanda; auto admisorio; informe justificado rendido por la autoridad responsable; auto en el que se tuvo por recibido; y constancias de notificación a las partes. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio. Abierto el periodo de pruebas: El secretario da cuenta a la Jueza con las documentales exhibidas, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofertadas por la parte quejosa y documentales remitidas por la autoridad responsable. La Jueza provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, medios de convicción que serán tomados en consideración al momento de resolver este sumario constitucional. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; y que la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado responsable, no formuló intervención ministerial. Acto seguido, la Jueza acuerda: con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 797/2023-V, promovido por *****, por propio derecho, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito, Miguel Bailón Bobadilla, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE "a) Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (.)." ACTO RECLAMADO ". la omisión de dar contestación a mi petición que formulé por escrito, la cual fue recibida por la responsable -con fecha 11 de marzo del año 20223, tal y como lo acredito con los acuses de recibo que al presente me permito acompañar." En este punto, se precisa que mediante proveído de tres de agosto del año que transcurre, esta juzgadora previno al promovente para que precisara el acto que por esta vía reclama, mismo que al no desahogar, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, teniendo únicamente como acto reclamado la omisión de la responsable de dar respuesta a la petición que elevó mediante escrito con sello de recibido de once de marzo de la presente anualidad. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo requerimiento, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda instaurada, misma que se registró bajo el número 797/2023-V; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse una omisión atribuida a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos. En ese sentido, de un análisis integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito de once de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad Jurídica, en representación de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que en específico se le reclama, al indicar que mediante oficio DEG/SP/DAPE/987/2023, de trece de julio de dos mil veintitrés, la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso, misma que le fue notificada en esa misma fecha; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en razón de que si bien la responsable adjuntó la documental que refiere, lo cierto es que de su contenido, se advierte que en ésta se da contestación a diversa petición, pues en lo que interesa, indica: "En atención a su petición fechada el día 23 de junio de 2023, mediante el cual requiere se le devuelva debidamente actualizadas las cantidades que se descontaron por concepto de un préstamo que se le descontó y no solicitó, además de que se le quite del sistema en donde se le tiene considerado como deudor."; por tanto, se tiene por cierto dicho acto. CUARTO. Estudio de fondo. En el particular, no existen causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer o que se advierta de oficio; por ende, procede el estudio del concepto de violación y para ello, no es necesario trascribirlo, al no existir obligación legal de hacerlo, como así se estableció en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página ochocientos treinta. El quejoso expone que se viola en su perjuicio el artículo 8° constitucional, porque la responsable no ha dado respuesta a su escrito de petición de once de marzo de dos mil veintitrés. Concepto de violación fundado. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta (sic) se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior se desprende que el aludido artículo constitucional contiene los siguientes lineamientos: e)Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar respuesta a toda petición. f) No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo cuando los particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa; o que tratándose de materia política, las peticiones no sean requeridas por ciudadanos de la República. g)Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido éste. h)Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve, pudiendo variar la forma de hacerlo según sea el caso. Conforme al precitado artículo 8º constitucional, los funcionarios respetarán el ejercicio del derecho de petición, y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, pues todo funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición otorgado mediante su inclusión en la Constitución Federal, ya que se debe tener presente que cualquier petición que como funcionario se le enderece está dirigida a él como autoridad y no a la persona física, y que el derecho constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, porque se reitera, cuando un funcionario actúa en cualquier orden, público o privado, está obligado como representante del gobierno a actuar con buena fe. El artículo 8º constitucional consagra el derecho de petición, que la doctrina ha clasificado dentro de los derechos de acción, con la limitante de que no está reconocido al individuo frente a otros particulares, sino únicamente en relación a los funcionarios y empleados públicos, en virtud de que su estructura no consiste en un simple respeto de los miembros del poder público, en un no hacer, ante el ejercicio de esa libertad, sino precisamente en una obligación de hacer, ya que se impone que los funcionarios y empleados públicos la obligación de contestar a las peticiones que reúnan los requisitos de haberse formulado por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa; sin que por ello sea dable considerar que la respuesta de la autoridad forzosamente constriña a resolver en sentido favorable al solicitante. Sentadas las anteriores premisas, se tiene que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. En ese orden de ideas, al ser el acto reclamado de carácter omisivo, en específico la falta de respuesta a una petición, se tiene que es la autoridad responsable a quien le compete comprobar mediante las constancias respectivas que no cometió la falta u omisión que se le imputa, es decir, probar que dio respuesta y la notificó; mientras que a la parte quejosa corresponde únicamente demostrar que efectivamente hizo uso de su derecho consagrado en el artículo 8º de nuestra Constitución, en forma escrita, de manera respetuosa y pacífica, tal como lo prevé dicho numeral. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito 3 , de rubro: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE." En la especie, el quejoso demostró que ejerció el derecho de petición consagrado en la constitución, pues como se advierte de autos, mediante escrito de once de marzo de dos mil veintitrés, elevó su petición ante la responsable -Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Representación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, tal como se aprecia del acuse de recibo correspondiente, en el cual tiene sello de recibido; documental a la que se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que deviene inconcuso que la parte impetrante formuló petición de manera pacífica y respetuosa ante la autoridad responsable. Bajo esa premisa, se insiste, quedó evidenciado por la parte quejosa, que ejerció el derecho de petición consagrado en la constitución. En esa tesitura, al demostrarse la existencia de la petición elevada a la autoridad responsable, es evidente que ésta estaba obligada a dar respuesta en el sentido que estimara conveniente, en un breve término, a la solicitud que realizó la parte impetrante el once de marzo de dos mil veintitrés, lo que no ha sucedido, y por ello, 3 Publicada en la página 1031, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. transcendió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que el concepto de violación analizado es fundado. Por lo antes expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable una vez que se le notifique el auto en que se declare ejecutoriada esta sentencia, realice lo siguiente: Dé respuesta congruente, fundada y motivada, a la petición que le fue formulada por el aquí quejoso el once de marzo de dos mil veintitrés; y la notifique. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Décimo Sexto Circuito4 , de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, en contra del acto y autoridad señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones y para los efectos plasmados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica, en representación de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; con su contenido y anexo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, se le tiene señalando domicilio oficial y con fundamento en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que menciona. Asimismo, en términos del numeral 119 de la referida ley, téngase como pruebas de la autoridad citada, las documentales que exhibe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la etapa procesal respectiva. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 797/2023-V; y, R E S U L T A N D O: Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Miguel Bailón Bobadilla, la suspensión definitiva, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese

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