Miguel Angel Treviño Álvarez
Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Miguel Angel Treviño Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que AMPARA a *****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, cumpla con lo siguiente: "[.] realice todas las gestiones legales que sean necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo Vizuet Piedra y Roberto Vizuet Piedra en el juicio laboral 232/2019, dentro de los plazos señalados en la ley, con la finalidad de que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para lo cual deberá dar puntual seguimiento al exhorto ordenado en la audiencia de dieciséis de agosto de este año, y de ser necesario girar los oficios recordatorios, hasta lograr su diligenciación, o bien, hacerlo del conocimiento del superior inmediato del exhortado. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procesal, no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente lo impida. Para lo cual, también incumbirá a la junta responsable, vigilar que se elaboren y envíen los oficios y exhortos que libre." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se estima procedente otorgar por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración su complejidad y dificultad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro de dicho plazo de diez días hábiles, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibida que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo 3 , se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio 4 . 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la 3 DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 4 Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 pesos mexicanos, el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2022. (Publicado en el D.O.F. 07 ENERO 2022)." separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Así también, se le hace del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad responsable que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En el caso particular la autoridad responsable carece de superior jerárquico para efectos de obligarla al cumplimiento de la sentencia, en términos de los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, tal y como lo determinó la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." (Localizable: Registro: 2000099, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página: 3515). Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 699/2023-III, promovido por *****, por propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda (fojas 2 a 4); auto admisorio de seis de julio de dos mil veintitrés (fojas 5 a 9); constancias de notificación a las partes (fojas 14 a 16); informe justificado rendido por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje (fojas 20 a 31); auto de dieciocho de agosto de este año, en el cual se tuvo por recibido, con su contenido se dio vista a las partes y se le requirió para que remitiera copia certificadas de todo lo actuado en el juicio de origen (foja 32); acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, en el que se tuvieron por recibidas las documentales que remitió la junta responsable y con su contenido se dio vista a las partes (foja 88) y proveído de cuatro de septiembre actual, por el cual se difirió la audiencia constitucional para esta data (foja 91). Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: La Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las partes. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. A continuación, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon, y que la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo 699/2023-III, promovido por Miguel Ángel Treviño Álvarez, por propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno en esa misma fecha, a este Juzgado Cuarto de Distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y el acto reclamado que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio en Calle Juan R. Cabrillo y Avenida Vasco Núñez de Balboa, en el edificio denominado veintidós de agosto, Planta Baja, primer y segundo piso, Fraccionamiento Hornos, código postal 39300, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. IV.- ACTO RECLAMADO.- La inactividad procesal de la autoridad responsable en no desahogar la audiencia Bifásica en el expediente laboral número 00232/2019, que ante ella se tramita." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 699/2023-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Oportunidad de la demanda. Toda vez que en el presente juicio se reclaman actos de naturaleza omisiva, cuyos efectos permanecen en el tiempo, se estima innecesario hacer el pronunciamiento sobre la oportunidad en la que fue presentada la demanda, pues la sola naturaleza del acto hace factible promover la demanda de amparo en cualquier momento. CUARTO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En esa tesitura, del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La dilación procesal de la Junta responsable al no preparar y desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 232/2019. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, reconoció la existencia del acto reclamado, esto es, la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 232/2019. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 749, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." 2 Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitió en apoyo a su informe, así como las requeridas por este juzgado federal, de las que se aprecia 2 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830. que no se ha celebrado la audiencia bifásica en virtud de que la autoridad responsable giró exhorto a su homólogo de la Ciudad de México para emplazar a los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Eduardo Vizuet Piedra y/o Roberto Vizuet Piedra, sin que a la fecha se haya diligenciado el mismo; documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se puede constatar que existe el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153)." SEXTO. Causales de improcedencia. Toda vez que las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta Juzgadora de Distrito, no advierte de oficio alguna, se procede al estudio del concepto de violación, que se contiene en el capítulo respectivo, y que se tiene por reproducido en este apartado para evitar transcripciones innecesarias; además, porque no existe precepto legal en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, materia Común, página ochocientos treinta. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Cabe señalar que en el caso que nos ocupa se alega que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no ha preparado y desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 232/2019, en razón de que no emplazado a los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Eduardo Vizuet Piedra y/o Roberto Vizuet Piedra, pese a que desde el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 62), ordenó realizar dicho emplazamiento mediante exhorto que giró a su homóloga con sede en la Ciudad de México. Por tanto, no se desatiende lo establecido en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, página mil ochenta y seis, y en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro digital 2019400 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." El concepto de violación descrito es fundado. El numeral 17 de la Constitución Federal, dispone lo siguiente: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El precepto de referencia establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 192/2007, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Una vez precisado que la Corte ha definido el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, o bien de autoridades administrativas que materialmente realizan actos jurisdiccionales, como es el caso, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en los plazos establecidos, sin que éstos, lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Luego, en este punto se indica que los numerales del código obrero que se invoquen en la presente sentencia, corresponden a la normatividad relativa al Decreto de reforma a la Ley Federal de Trabajo, publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, en razón de que el juicio laboral 232/2019, inició con posterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto. En ese tenor, conviene traer a colación los artículos 685, 750, 753, 757, 758, 759, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley" "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". "Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio en que deban practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana". "Artículo 757. La Junta deberá expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución que los ordene". "Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días". "Artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Los artículos transcritos, disponen que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte; que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; que las notificaciones, citaciones o emplazamientos, deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario; finalmente, que los Presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo; y que la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, se obtiene que las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio en que deban practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana y que los exhortos y despachos deben librarse al día siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución que los ordena, y que cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte, a la autoridad exhortada, y que si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado. En tal virtud, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se deducen los siguientes antecedentes: 1. Que existe un juicio laboral promovido por Miguel Ángel Treviño Álvarez, en contra de Ceragres, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, que en concreto es el expediente 232/2019, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (fojas 38 a 43). 2. Que el veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9), se dictó el auto de radicación y se ordenó emplazar a los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo Vizuet Piedra y Roberto Vizuet Piedra, por medio de exhorto girado a su homólogo de la Ciudad de México, señalando fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, misma que se difirió el tres de octubre de dos mil diecinueve, veinte de enero de dos mil veinte, nueve de marzo de dos mil veintiuno, trece de enero, veintinueve de marzo, veintinueve de junio y dieciocho de octubre de dos mil veintidós, veintidós de febrero, veintitrés de mayo y dieciséis de agosto de este año; lo que evidencia que existe una abierta dilación del procedimiento (fojas 58 a 59, 62, 63, 71, 74, 78, 81, 82, 83, 84, 85 y 86) De ahí que asiste razón a la parte quejosa, puesto que el actuar desplegado por la autoridad responsable, contraviene lo dispuesto en los artículos 750, 753, 757, 758, 759, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues no se demostró en autos que se han realizado los actos tendentes para lograr el emplazamiento de los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo Vizuet Piedra y Roberto Vizuet Piedra en el juicio laboral de origen, dentro de los plazos señalados en la ley, con la finalidad de que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que ha ocasionado una dilación injustificada a la impartición de justicia, desatendiendo e infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. De ahí que el concepto de violación es fundado. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la justicia federal que se solicita, para el efecto de que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice todas las gestiones legales que sean necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados CERAGRES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo Vizuet Piedra y Roberto Vizuet Piedra en el juicio laboral 232/2019, dentro de los plazos señalados en la ley, con la finalidad de que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para lo cual deberá dar puntual seguimiento al exhorto ordenado en la audiencia de dieciséis de agosto de este año, y de ser necesario girar los oficios recordatorios, hasta lograr su diligenciación, o bien, hacerlo del conocimiento del superior inmediato del exhortado. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procesal, no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente lo impida. Para lo cual, también incumbirá a la junta responsable, vigilar que se elaboren y envíen los oficios y exhortos que libre. Por otro lado, debe señalarse a la parte quejosa, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión en lo relativo a las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, determinó abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 528 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732). Por lo anterior, el presente juicio de amparo debe delimitarse al análisis del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores. No es óbice a la conclusión alcanzada el contenido de la jurisprudencia 1a./J.90/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", la cual obligaría a llamar a este juicio a la contraparte de la parte quejosa; sin embargo, en la especie se considera que el hecho de que no haya sido llamada a este sumario, no le acarrea ningún perjuicio, atendiendo a que lo que se reclama es básicamente la dilación procesal observada en el juicio laboral de origen. 3 Novena Época, Registro 162965, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s) Común, Página 448. De ahí que, si en el caso se está concediendo el amparo y la protección de la justicia federal solicitada, ello, incluso, redundará en beneficio de la propia contraparte de la parte quejosa, en estricto cumplimiento a los principios de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 constitucional. Máxime que en el supuesto que la contraparte considere que la autoridad responsable tiene alguna imposibilidad para dar celeridad procesal al juicio natural, está legitimada para interponer recurso de revisión, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , en la jurisprudencia 2a./J.81/2018 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, en contra del acto que reclama de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, consistente en la dilación procesal de no preparar y desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 232/2019, en virtud de que la falta de emplazamiento de los demandados ******, en términos de las consideraciones vertidas en la última parte considerativa de esta sentencia, y para los efectos ahí plasmados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la Secretaria Mariella Jaramillo Pineda, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veintiocho de agosto pasado, se tuvo a la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, residente en esta ciudad, remitiendo copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio laboral 232/2019, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el veintinueve siguiente, surtiendo efectos el treinta de agosto del año en curso, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5). Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de agosto actual, remite copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio laboral 232/2019; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de las documentales que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese
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