Miguel Antonio Rivas Muñoz y Otros.

Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
614/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Rivas Muñoz y Otros.
  • Miguel Antonio Rivas Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 614/2023-III promovido por ********************y ********************, contra actos de la Juez Segundo Civil por audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día, ********************y ********************, promovieron demanda de amparo en contra de las autoridades responsables, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, de quienes reclamaron los actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con el acto reclamado se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, una vez que la parte quejosa dio cumplimiento a la prevención de tres de mismo mes y año, se registró la demanda bajo el consecutivo 614/2023, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: Juez y Secretario del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la falta de llamamiento al juicio oral ordinario civil de desocupación por falta de pago de rentas ******************** de su índice, y en vía de consecuencia, todo lo actuado en el mismo, incluida la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y la sentencia interlocutoria de ocho de mayo del año en curso, relativa al procedimiento de ejecución, que afecta el derecho de posesión que dice tener respecto del bien inmueble ubicado en Calle ********************* de esta ciudad. A Ministro Ejecutor y Oficial Notificador adscrito a la Oficialía de Turnos del Distrito Judicial Bravos, y Secretario de Seguridad Pública Municipal, en esta ciudad, la ejecución de la diligencia que ejecutó las determinaciones anteriores. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Juez y Secretario del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Ministros Ejecutores y Oficiales Notificadores adscritos a la Oficialía de Turnos del Distrito Judicial Bravos y Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, todos con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado; por ende, se les tiene existente el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora antes señalada a su informe justificado, las cuales la autoridad ejecutora hizo suyas en su informe, consistente en copia certificada de constancias relativas al siguiente proceso: Juicio oral ordinario civil con número de expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias, promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, en contra de ********************. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues consisten en los autos originales del juicio de origen ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente señalar los antecedentes relevantes, los cuales se hacen consistir en los siguientes: El seis de mayo de dos mil veintiuno, ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, demando a ********************, ejerciendo la acción de desocupación. Demanda de la cual correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad Juárez; órgano que el trece de mayo de dos mil veintiuno, la radicó bajo el juicio oral ordinario civil ********************. El nueve de junio de dos mil veintiuno, la demandada dio contestación a la demanda. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia preliminar. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de juicio y se fijó como data para su continuación el treinta de mismo mes y año, en la cual se escuchó sentencia definitiva, en la que entre otras cosas, se condenó a la demandada y a sus causahabientes, a la desocupación y entrega material y jurídica a la parte actora del inmueble en conflicto, así como al pago de rentas vencidas. Posteriormente el dieciocho de octubre, la demandada apeló la sentencia anteriormente mencionada, recurso que se agotó en su totalidad confirmando el Tribunal de Alzada la sentencia recurrida y posteriormente se promovió el amparo directo, negándose la protección constitucional a la demandada en relación al acto reclamado. Mediante auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, la parte actora promovió el incidente de pago de gastos y costas, mismo que fue resuelto mediante interlocutoria de ocho de mayo del año en curso, la que fue apelada el quince de mismo mes y año, la que fue confirmada por el Tribunal de Alzada. En proveído de ocho de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó requerir el cumplimiento de la misma. Mediante diligencia actuarial de veinte de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la ejecución de sentencia y se puso en posesión material del inmueble materia del litigio a la parte actora ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************. Por último, en acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la apelación interpuesta por la parte demandada, recurso que fue resuelto por la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, quien mediante sentencia de treinta de junio, confirmó la resolución recurrida de ocho de mayo, todas del año en curso. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el presente asunto esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, en relación con el numeral 5, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa en mención, en dichos numerales se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estos preceptos se desprende que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Sin embargo, a esta previsión general el numeral en comento establece una excepción tratándose de actos derivados de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos, el solicitante del amparo sólo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo, que se afecte de manera personal y directa, lo que lleva a sostener que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/26 (8va.), del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VIII, Diciembre de 1991, pág. 117, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación), así como la afectación del citado derecho mediante un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De ese modo, se afirma que constituye un presupuesto procesal necesario para la pertinencia del juicio de amparo, la actualización de afectación producida por acto de autoridad sobre derecho o prerrogativa legalmente tutelada o reconocida, que faculte al titular a acceder al medio de control jurisdiccional para que se le restituya en el menoscabo sufrido. Como se aprecia, el interés se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la afectación de que se trate. Por su parte, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Mientras que el interés que refiere la ley para hacer procedente el juicio de amparo, reconoce al particular un derecho subjetivo que protege una norma general, el cual se afecta por un acto de autoridad, lo que ocasiona así un perjuicio a su titular, circunstancia que le da legitimidad para reclamar dicho acto por medio del juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, se afirma que el interés necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho que se afecta y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, volumen 72, Séptima Parte, de la página 55, con número de registro 245886, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, en lo que atañe al interés jurídico se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual manera, resulta oportuno destacar que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse con base en presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, pág. 17, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual forma, conviene citar la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Asimismo, es aplicable la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, del libro XXIV, septiembre de 2013, pág. 1854, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por su parte, debe decirse que será poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, emitida al resolver la contradicción de tesis 17/91, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Énfasis propio. Ahora, en el caso, la parte quejosa controvierte en esta vía la falta de llamamiento al juicio oral ordinario civil de acción de desocupación bajo expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y en vía de consecuencia, todo lo actuado en el mismo y su ejecución. Lo anterior, ostentándose como terceros extraños al juicio de origen, lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, de las cuales se advierte que no son parte; y con tal carácter manifiestan que cuentan con la posesión de dicho bien inmueble, pues son cónyuge e hijo, respectivamente de la demandada ********************, por lo que consideran ilegal que se haya condenado a la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble en cuestión, sin ser parte en dicho juicio. Para acreditar la posesión que dicen tener los quejosos respecto del bien inmueble materia del juicio de arrendamiento de origen, donde se pretende ejecutar el acto reclamado, ofrece como pruebas, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo las siguientes: a) Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ******************** (aquí quejoso) y ********************, (demandada en el juicio de origen). b) Copia certificada apostillada, del acta de nacimiento de ******************** (aquí quejoso e hijo de la demandada). c) Las constancias que conforman el juicio ordinario civil de origen ********************. Probanzas que son insuficientes para acreditar el interés jurídico de los quejosos para acudir al presente juicio de amparo, como enseguida se expone. En efecto, las documentales anteriormente descritas, no son las idóneas para acreditar la posesión jurídica del bien inmueble, pues no constituyen un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, que los faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado. Esto es así, pues la copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ******************** (aquí quejoso) y ******************** (demandada en el juicio de origen), precisada en el inciso a); así como la copia certificada apostillada, del acta de nacimiento de ********************, establecida en el inciso b), lo único que demuestran es la unión matrimonial de las personas que se señalan en la aludida acta de matrimonio, y el régimen de sociedad conyugal que se optó en su celebración; y por la segunda documental, lo único que demuestra es el parentesco en línea recta ascendente por consanguinidad en primer grado, entre el quejoso ********************, con la demandada en el juicio de origen; sin que se llegue al extremo de acreditar que los quejosos tiene la posesión jurídica del bien inmueble materia del juicio oral de arrendamiento de génesis, ya que dichos documentos no constituye la causa legal de la misma. Por su parte, la marcada en el inciso c), consistente en la copia cotejada de las constancias que obran en el expediente ordinario civil de origen ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil Por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, no le beneficia a los promoventes porque no se advierte que tenga alguna injerencia en la controversia natural o que posee el inmueble afecto. Sirve de apoyo, por las razonas que la exponen, la jurisprudencia 1a./J. 47/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, que a la letra dice: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama." Sin que se soslayen las manifestaciones que vierte en el sentido de que tiene la posesión del inmueble materia de la litis con motivo de que habita en él con su cónyuge y madre respectivamente, ya que el ser simples ocupantes no les genera algún derecho de posesión que esté tutelado por la ley, cuenta habida que el interés jurídico debe quedar plenamente demostrado y no inferirse con base en presunciones. Resulta aplicable, la tesis aislada 2a. LIII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Así como, las jurisprudencias 3a./J. 27/90 y 2a./J. 16/94, emitidas, en su orden, por la otrora Tercera Sala y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, al no haber ofrecido la parte promovente de amparo elementos de prueba idóneos para acreditar el derecho que estima infringido, pese a que tenían obligación de hacerlo al ostentarse como terceros extraños, es evidente que en el caso concreto se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el interés jurídico debe acreditarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto; sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras, al no haberse reclamado por vicios propios. Esto último encuentra sustento en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 134, Tomo 163-168, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS." Dado el sentido del fallo, no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento, en atención al criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable con registro 254008, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." No sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a la actuación del poder público, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa. Lo anterior en términos del criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.15 K (10a.), con registro 2006083, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron jurisprudencias, que aunque fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables, de acuerdo con lo previsto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, porque lo que en ellas se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75 y 76, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO.- SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ********************y ********************, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la licenciada **************, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, el licenciado *****************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficialía General de Actuarios del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que mediante proveído de catorce de los actuales se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable, Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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